Se
trata de Yazmín Esquivel Mossa; se le acusa de decisiones controversiales en
casos como la Supervía Poniente y los parquímetros de Coyoacán
La Silla Rota, REDACCIÓN
| METRÓPOLI | 2015-08-25 11:44:00
Un
grupo de ciudadanos y organizaciones criticaron la ratificación de Yazmín Esquivel
Mossa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso
Administrativo, la cual fue propuesta por el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera, ante la Asamblea Legislativa de la capital del
país.
Este
pronunciamiento ciudadano proviene desde el mismo aviso de la ALDF, lanzado a
través de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, publicado el
21 de agosto de 2015, en el que llama a los habitantes capitalinos a hacer
llegar sus comentarios sobre dicha postulación.
Ciudadanas,
ciudadanos y organizaciones firmantes demandan que Yazmín Esquivel Mossa no sea
ratificada como magistrada por la ALDF cuando concluya el periodo para el cual
fue nombrada, pues la acusan de conflicto de interés en casos como la Supervía
Poniente y los parquímetros de Coyoacán.
Subrayaron
que su ratificación sería un agravio para la ciudadanía, y una declaración de
que la justicia administrativa en la Ciudad de México continuaría relegada y en
buena medida inexistente.
La
actuación de la magistrada Esquivel, como magistrada presidente del Tribunal
Contencioso, ha estado marcada por conflicto de intereses dado que su esposo,
José María Riobóo Martín, es socio de una importante constructora que ha
participado en la construcción de obra pública y algunos de sus litigios se han
ventilado en el Tribunal Contencioso que ella preside, como fue el caso de la
llamada Supervía Poniente, apuntaron en un comunicado.
También
la acusaron de permitir que más de medio centenar de demandas presentadas por
vecinos en contra de la instalación de parquímetros en Coyoacán fueran
concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular pues las
demandas debieron ser conocidas por distintos magistrados.
En
noviembre de 2013, un grupo de ciudadanos y de organizaciones demandamos al
jefe de Gobierno y a la ALDF la remoción de la Presidenta del Tribunal y que
fuera sujeta a investigación por sus acciones de ilegalidad y de presunta
comisión de delitos, sin que nuestra petición fuera atendida.
Además,
de acuerdo con la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción
y para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción (27 de mayo de 2015), el DF
debe realizar las reformas que transformen al Tribunal Contencioso en uno de Justicia
Administrativa, de manera que además de conocer las controversias entre los
particulares y el Gobierno del Distrito Federal, también imponga sanciones a
los servidores públicos de la administración pública local que incurran en faltas administrativas graves
e inclusive a los particulares vinculados a tales faltas, agregaron.
Para
cumplir cabalmente con las atribuciones que la Constitución le otorga, el nuevo
Tribunal de Justicia Administrativa tiene que desempeñarse de manera diferente
a como lo ha venido haciendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que
en los últimos años se ha caracterizado por ser un Tribunal puesto al servicio
del Gobierno y no atento a la justicia administrativa; un Tribunal de consigna
como se ha visto en casos relevantes de demandas ciudadanas, como ocurrió con
la Supervía Poniente y con la instalación de parquímetros a los que legalmente
se opusieron sectores importantes de ciudadanos, al igual que en casos notables
de construcciones ilegales, destacaron.
Esto,
además de la opacidad y de la inaceptable discrecionalidad con los que se han
manejado los recursos públicos en el propio Tribunal.
El
documento fue firmado por Sergio Aguayo, Mónica Tapia, Luis Zambrano González,
Lorena Velazco Díaz, Daniel Gerhenson, Marco Buenrostro, Cristina Barros,
Rafael Martínez, Gerardo Moreno Ballesteros, Leticia Moreno Ballesteros,
Lourdes Moreno Ballesteros, Margarita Pérez Negrete, María Ana Portal, Cristina
Sánchez Mejorada, Gilberto Anguiano, Simón Hernández León, Rocío Culebro, Edgar
Cortez, Laura Velazco Díaz, Margarita Pérez Negrete, Alberto Serdán Rosales,
José Antonio Guevara Bermúdez, Salvador Medina Ramírez, Mayela Delgadillo
Bárcena, Edgar Avilés Gómez, Ximena Ramos Pedrueza, Iván Azuara Monter,
Gabriela Rodríguez, Amparo Sevilla Villalobos, Irma Hernández Jiménez.
Así
como por las siguientes organizaciones: Alarbo, A. C.; Al Consumidor, A. C.;
Asociación en Defensa Roma-Condesa; Bicitekas, A. C.; Centro de Derechos
Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.; Centro de Derechos
Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.; Defendamos la ciudad. Frente
ciudadano; Frente Amplio contra la Supervía Poniente; Greenpeace México, A. C.;
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.; Investigación,
Organización y Acción Comunitaria Altepetl A. C. y Litiga Ole, A. C.
Otros
escándalos de la magistrada
Y
si organizaciones no gubernamentales acusan una mala actuación de la magistrada
Yasmín Esquivel Mossa, en estos días se ha denunciado otra probable falta de la
encargada de impartir justicia.
De
acuerdo con la columna de Ricardo Alemán, Itinerario Político, de El Universal,
una pareja venezolana fue encarcelada luego de denunciar anomalías en una
escuela de Santa Fe llamada Colegio Westhill Institute, donde estudiaba su
hijo.
Antonio
José Urbina y Coral Rojas Acosta huyeron de la crisis venezolana, pero
encontraron otra de justicia en México. Él es un especialista en sistemas y
ella administradora de empresas.
En
diciembre de 2014 fueron detenidos al reclamar daño psicológico y moral a la
escuela, pues pagaban 15 mil pesos mensuales y a cambio recibieron boletas
falsas y amenazas de muerte.
Se
les acusó de fraude procesal y se les impuso una fianza de 30 millones de
pesos, pues el colegio en cuestión es propiedad de José María Rioboó, esposo de
la magistrada Esquivel. Ambos presumen de su amistad con Miguel Ángel Mancera y
Andrés Manuel López Obrador.
lrc
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