“Entiéndenos, si tú sacas esa información nos van a romper la madre…” Joaquín Vargas, presidente de MVS
“Por esa razón el trabajo no fue divulgado por MVS sino por el portal de internet Aristegui Noticias, así como por el semanario Proceso y el periódico La Jornada.“
Revista
Proceso # 2031, 4 de octubre de 2015..
Va
con todo/RAFAEL CRODA
En
plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió el Premio
Gabriel García Márquez de Periodismo, Carmen Aristegui decidió dar el siguiente
paso en su lucha contra la censura: acudir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El jueves 1, sus abogados radicaron ante el organismo
regional una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su
caso de violación del derecho a la libre expresión. En entrevista con Proceso,
Aristegui relata que el apoyo de cientos de colegas del Continente fue
fundamental para su decisión, y adelanta el argumento central de su alegato.
MEDELLÍN,
COLOMBIA.- El viernes 2, a punto de abordar un avión para regresar a México, la
periodista Carmen Aristegui saca cuentas de su visita de cuatro días a esta
ciudad colombiana. El balance, dice, es “extraordinario”.
Cumplió
su expectativa de compartir con colegas de toda América Latina su ruta crítica
de los últimos meses: desde su despido del Grupo MVS en marzo pasado, como
secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto,
hasta el juicio de amparo que, “por consigna”, le negó un tribunal colegiado.
Y
el 30 de septiembre, en esta ciudad colombiana, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) le entregó a
su equipo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de
cobertura, precisamente por su reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.
En
esa investigación, los reporteros del equipo de Aristegui revelaron que el
presidente de México y su esposa, Angélica Rivera, poseen una mansión de 7.5
millones de dólares construida y financiada por el Grupo Higa, beneficiario de
millonarios contratos gubernamentales. En respuesta, la empresa MVS los
despidió con argumentos que han cambiado en el curso del juicio.
La
periodista chilena Mónica González, integrante del consejo rector del
prestigiado premio, considera que haberlo conseguido constituye “un triunfo
moral de Carmen y sus reporteros frente a la censura que ha impuesto sobre
ellos el gobierno mexicano a través de MVS”.
Aristegui
recibió el premio a nombre de su equipo y constató la solidaridad de decenas de
periodistas latinoamericanos que participaron en la ceremonia de premiación y
en otros foros organizados por la FNPI.
Entrevistada
por Proceso, la comunicadora señala que ese respaldo la animó a presentar el
jueves 1 una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia, censura y
presiones atentatorias contra la libertad de expresión.
Aristegui
sabía del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su
despido de MVS, pero su estancia en Medellín del 28 de septiembre al 2 de
octubre le permitió conocer el interés real de sus colegas por apoyarla con acciones
concretas.
Por
ello, su demanda ante la CIDH fue acompañada de un documento anexo en el que
decenas de periodistas del hemisferio firman como “peticionarios”. Entre ellos
figuran integrantes del consejo rector del Premio Gabriel García Márquez, como
Mónica González, el argentino Martín Caparrós y el estadunidense Jon Lee
Anderson, así como el exdirector del diario colombiano El Tiempo Enrique
Santos, y el director general de la FNPI, Jaime Abello.
El
jueves 1, la entrevista en la que relató cómo su equipo desarrolló la
investigación en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto sirvió de portada al
diario El Tiempo. Su demanda ante la CIDH fue noticia en Latinoamérica. La
mayoría de quienes escriben sobre ella la identifica como la periodista que se
atrevió a informar acerca de la millonaria mansión del presidente mexicano y
fue castigada con su salida del aire.
–¿El presidente
de México sigue siendo intocable? –se le pregunta.
–Pues a los
hechos me remito.
Recuerda,
por ejemplo, la negativa de MVS a transmitir el reportaje exclusivo sobre la
mansión y las palabras de Joaquín Vargas, el presidente de la empresa:
“Entiéndenos, si tú sacas esa información nos van a romper la madre”. Por esa
razón el trabajo no fue divulgado por MVS sino por el portal de internet
Aristegui Noticias, así como por el semanario Proceso y el periódico La
Jornada.
“Regresiones autoritarias”
Después
sobrevino el despido de la conductora del noticiario estelar de MVS Noticias y
de sus colaboradores, con la negativa de las instancias judiciales a procesar
adecuadamente su demanda de amparo.
–Usted
y sus abogados argumentan que la justicia actuó por consigna…
–Absolutamente.
–¿Por
consigna de la presidencia?
–Ahí dejamos
abierta la interpretación. Yo supongo que el Poder Judicial podría saber muy
bien de quién recibe llamadas.
–¿Y
qué evidencias presentó ante la CIDH para sustentar que la denegación de
justicia fue por consigna? ¿Hay nuevas pruebas?
–Sí.
Aunque las consignas no se hacen por escrito, sí hay un recurso recientemente
presentado por mis abogados en contra de los tres magistrados (del Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, María Elena Rosas López, Pablo Domínguez Peregrina y Marco Antonio
Bello Sánchez, quienes enterraron el juicio de amparo de Aristegui al admitir
una queja de MVS). En ese recurso se argumenta que ahí hubo una acción de
consigna y se establece un conjunto de informaciones que prueban este
argumento.
“Se
sustenta con argumentos, y con una revisión de la conducta de esos magistrados
en los últimos años, que ellos no aplicaron en mi caso jurisprudencia que en
muchos otros casos sí aplicaron, lo cual nos indica que hubo algo extraño. Si
esos magistrados en casos distintos a éste aplicaron esa jurisprudencia y no
permitieron que una queja impidiera un juicio, ¿por qué sí la aplicaron en
éste? Eso está absolutamente documentado.”
–¿Su
caso es sintomático de las relaciones entre el poder político, los empresarios
y el periodismo en México?
–Este
caso puede ser ilustrativo de lo que ocurre en México con un sistema de
concesiones, en los medios electrónicos, que coloca a los empresarios en
situaciones en las cuales pueden ser sometidos a presión y a incurrir en
acciones que restringen el ejercicio informativo. Es lo que nos muestra este
caso: el tipo de relaciones entre el poder político y el empresarial, que
afectan directamente el trabajo periodístico.
–En este
sentido, ¿cómo evalúa la gestión de Peña Nieto en relación con la libertad de
expresión?
–Estamos
viendo regresiones autoritarias en México en muchos ámbitos. Uno de ellos es el
de la libertad de expresión, con casos de asesinatos de periodistas que no son
resueltos y con el uso del dinero público para hacer propaganda gubernamental.
Esto modula directamente líneas editoriales de medios de comunicación que
reciben publicidad oficial.
“Y
hay casos, como el mío, en los que el Poder Judicial y concesionarios como MVS
actúan por consigna política en contra de los periodistas. Nosotros fuimos
sacados del aire. Esto nos da un retrato de la situación que se está viviendo
en México en materia de libertad de expresión y de información.”
–Uno
de los temores ante el regreso del PRI al poder era que revivieran viejas
prácticas autoritarias…
–No
es que hayan vuelto las viejas prácticas, sino que no se fueron del todo. Hemos
vivido un proceso transicional en el que no se pueden negar algunos avances en
libertad de expresión, gracias al esfuerzo de periodistas y a exigencias de la
sociedad. Pero en lo que corresponde a la conducta del poder, parece que de lo
que se trata es de no ganar más terreno en favor de la democracia, mientras la
sociedad trata de no perder lo que creemos ganado en esa materia.
–¿Y
qué pasa cuando un periodista decide investigar a quienes detentan poderes
avasallantes, como el presidencial?
–Ese
es exactamente el corazón del problema. Cuando los periodistas debemos
preguntarnos si difundir algo nos va a traer consecuencias y si es mejor tomar
distancia, esto nos genera un fenómeno mucho más grave y mucho más eficaz que
la propia censura: la autocensura. Cuando los periodistas tienen que pensar si
publicar o no lo que la gente tiene derecho a saber, se va copando el tamaño de
nuestras libertades.
–Es
una práctica muy extendida…
–Sí,
porque podrás decir algo sobre el gobernador de tal lado, pero ya del
presidente… Esa percepción de que tu integridad está en peligro hace que te
autolimites. Hay que ir contra la censura, pero también revisar los modelos de
autocensura instalados en el ADN latinoamericano. Y hay que discutir el cúmulo
de intereses diversos que afectan el ejercicio pleno del periodismo,
particularmente en los medios concesionados.
–¿En
ese ámbito entran casos polémicos, como el de Joaquín López Dóriga?
–Creo
que ahí estamos frente a un asunto amplio que tiene que ver con el dinero
público utilizado para campañas políticas, para promoción gubernamental o para
inserciones en los medios. Llamémosle a esto “inversión publicitaria
editorial”, en vez de comunicación. Y el caso en cuestión es un elemento que
muestra este tipo de prácticas, las cuales, desde luego, tendrían que ser
revisadas. Por cierto, forman parte de lo que en su momento este gobierno, en
su decálogo de arranque, prometió transparentar.
–¿Los
gastos en propaganda gubernamental, por ejemplo?
–Sí,
el uso de dinero público para medios de comunicación. Si el dinero público se
utiliza como garrote o zanahoria para financiar medios de comunicación o
periodistas, distorsiona y afecta la independencia editorial, modula, regula y
achata el ojo crítico de los medios y de los periodistas.
Problema
regional
Diversas
organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han
documentado que en Latinoamérica quienes determinan lo que se publica son los
grandes conglomerados o el Estado.
En
Colombia, los tres más poderosos grupos económicos del país son propietarios de
los dos principales diarios (El Tiempo y El Espectador), de las emisoras
radiales RCN y Blu y de las dos mayores cadenas de televisión, Caracol y RCN
Televisión.
Esta
problemática común respecto de la forma en que concesionarios privados
usufructúan el espectro radioeléctrico y lo llegan a utilizar para restringir
las libertades de expresión e información mediante la censura y la autocensura
generó empatía con la causa de Aristegui entre los periodistas que asistieron a
la entrega del Premio Gabriel García Márquez en Medellín.
“Yo
les dije a mis colegas –indica la comunicadora– que había evaluado acudir a la
CIDH para que el Estado mexicano respondiera por la denegación de justicia y la
censura. Lo que vino después fue algo sorprendente, porque gente de tan alto
nivel como los miembros del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez me
dijeron que respaldarían a título individual mi demanda. Por eso aquí mismo me
decidí a presentarla.”
Considera
que el “punto de conexión y de empatía es una pregunta que se repite en todos los
países de la región: hasta dónde los periodistas y la sociedad estamos en el
uso pleno de nuestras libertades cuando los espacios informativos en la radio y
la televisión están constreñidos por intereses extraperiodísticos o por
empresarios que no cumplen su deber legal de garantizar el buen uso de un bien
público: las radiofrecuencias que les concesiona el Estado”.
Explica
que ese es el argumento de fondo que deberá evaluar la CIDH: si los
concesionarios, como agentes del Estado en cuanto tales, están obligados a
garantizar en sus coberturas noticiosas la libertad de expresión y a evitar
todo tipo de censura.
“Le
estamos diciendo a la CIDH que el Estado mexicano no procesó judicialmente
esto, que no nos permitió un juicio y nos denegó justicia al impedir que un
juez dijera si tienen derecho o no los concesionarios a cambiar un modelo
editorial de libertad por un modelo de censura y restricciones editoriales.”
Al
respecto, el director general de la FNPI, Jaime Abello, señala que esa
institución creada por García Márquez respalda “de manera general” cualquier
acción en defensa de la libertad de expresión. Y si bien como institución no
acompañará la demanda de Aristegui, la mayoría de sus integrantes serán
peticionarios a título personal en el recurso presentado ante la CIDH.
“Lo
hemos discutido en nuestras redes de ética y por supuesto que estamos en contra
de las coerciones que han recibido Carmen y su equipo. Es una postura muy
extendida en el gremio latinoamericano; por eso centenares de periodistas han
firmado como peticionarios y pensamos que hay razones para que este caso se
analice a nivel de la justicia interamericana”, señala.
El
caso, dice Abello, tiene trascendencia regional porque puede sentar un
precedente útil en toda América Latina sobre la responsabilidad que le compete
al titular de una concesión televisiva o de radio para respetar los derechos
fundamentales como la libertad de expresión y de información.
Aristegui
espera que la demanda sea valorada con celeridad por la CIDH, que en otros
casos ha emitido medidas cautelares o recomendaciones de manera rápida para
evitar más violaciones a los derechos de los ciudadanos por parte de los
Estados.
–¿Aspira
a una medida cautelar? –se le pregunta.
–Aspiro
a que la CIDH pueda tomar el caso con cierta rapidez. Ojalá que lo considere.
No tengo una respuesta sobre qué alcance pueda tener una situación de esta
naturaleza. Probablemente derive en una recomendación o en una medida cautelar,
pero eso es algo que está en curso.
Para
la periodista chilena Mónica González, quien es maestra de la FNPI e imparte
talleres en México, el caso de Aristegui es emblemático porque refleja la grave
problemática del periodismo en un país donde no sólo matan físicamente a los
comunicadores sino también moralmente.
“Eso
es propio de una dictadura, y eso le pasa a cientos de colegas en México. Uno
no puede seguir observando desde el balcón. El caso de Carmen es la otra cara
del asesinato físico. En ella fue un asesinato intelectual al sacarla del aire,
al censurarla”, sostiene.
Añade:
“Carmen tiene todo el apoyo del gremio periodístico latinoamericano y de su
audiencia. Esto se lo ha ganado con un trabajo honesto, profesional y de
excelencia, y porque su caso representa a miles de periodistas en todo América
Latina que viven lo que ha vivido ella, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela,
en México mismo”. l
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