Aristegui “Va con todo“ va a la CIDH, y despues a la Corte, quizá

“Entiéndenos, si tú sacas esa información nos van a romper la madre…” Joaquín Vargas, presidente de MVS

“Por esa razón el trabajo no fue divulgado por MVS sino por el portal de internet Aristegui Noticias, así como por el semanario Proceso y el periódico La Jornada.“

Revista Proceso # 2031, 4 de octubre de 2015..

Va con todo/RAFAEL CRODA

En plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, Carmen Aristegui decidió dar el siguiente paso en su lucha contra la censura: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves 1, sus abogados radicaron ante el organismo regional una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su caso de violación del derecho a la libre expresión. En entrevista con Proceso, Aristegui relata que el apoyo de cientos de colegas del Continente fue fundamental para su decisión, y adelanta el argumento central de su alegato.

MEDELLÍN, COLOMBIA.- El viernes 2, a punto de abordar un avión para regresar a México, la periodista Carmen Aristegui saca cuentas de su visita de cuatro días a esta ciudad colombiana. El balance, dice, es “extraordinario”.

Cumplió su expectativa de compartir con colegas de toda América Latina su ruta crítica de los últimos meses: desde su despido del Grupo MVS en marzo pasado, como secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, hasta el juicio de amparo que, “por consigna”, le negó un tribunal colegiado.

Y el 30 de septiembre, en esta ciudad colombiana, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) le entregó a su equipo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de cobertura, precisamente por su reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.

En esa investigación, los reporteros del equipo de Aristegui revelaron que el presidente de México y su esposa, Angélica Rivera, poseen una mansión de 7.5 millones de dólares construida y financiada por el Grupo Higa, beneficiario de millonarios contratos gubernamentales. En respuesta, la empresa MVS los despidió con argumentos que han cambiado en el curso del juicio.

La periodista chilena Mónica González, integrante del consejo rector del prestigiado premio, considera que haberlo conseguido constituye “un triunfo moral de Carmen y sus reporteros frente a la censura que ha impuesto sobre ellos el gobierno mexicano a través de MVS”.

Aristegui recibió el premio a nombre de su equipo y constató la solidaridad de decenas de periodistas latinoamericanos que participaron en la ceremonia de premiación y en otros foros organizados por la FNPI.

Entrevistada por Proceso, la comunicadora señala que ese respaldo la animó a presentar el jueves 1 una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia, censura y presiones atentatorias contra la libertad de expresión.

Aristegui sabía del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su despido de MVS, pero su estancia en Medellín del 28 de septiembre al 2 de octubre le permitió conocer el interés real de sus colegas por apoyarla con acciones concretas.

Por ello, su demanda ante la CIDH fue acompañada de un documento anexo en el que decenas de periodistas del hemisferio firman como “peticionarios”. Entre ellos figuran integrantes del consejo rector del Premio Gabriel García Márquez, como Mónica González, el argentino Martín Caparrós y el estadunidense Jon Lee Anderson, así como el exdirector del diario colombiano El Tiempo Enrique Santos, y el director general de la FNPI, Jaime Abello.

 El jueves 1, la entrevista en la que relató cómo su equipo desarrolló la investigación en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto sirvió de portada al diario El Tiempo. Su demanda ante la CIDH fue noticia en Latinoamérica. La mayoría de quienes escriben sobre ella la identifica como la periodista que se atrevió a informar acerca de la millonaria mansión del presidente mexicano y fue castigada con su salida del aire.

–¿El presidente de México sigue siendo intocable? –se le pregunta.

–Pues a los hechos me remito.

Recuerda, por ejemplo, la negativa de MVS a transmitir el reportaje exclusivo sobre la mansión y las palabras de Joaquín Vargas, el presidente de la empresa: “Entiéndenos, si tú sacas esa información nos van a romper la madre”. Por esa razón el trabajo no fue divulgado por MVS sino por el portal de internet Aristegui Noticias, así como por el semanario Proceso y el periódico La Jornada.

 “Regresiones autoritarias”

Después sobrevino el despido de la conductora del noticiario estelar de MVS Noticias y de sus colaboradores, con la negativa de las instancias judiciales a procesar adecuadamente su demanda de amparo.

–Usted y sus abogados argumentan que la justicia actuó por consigna…

–Absolutamente.

–¿Por consigna de la presidencia?

–Ahí dejamos abierta la interpretación. Yo supongo que el Poder Judicial podría saber muy bien de quién recibe llamadas.

–¿Y qué evidencias presentó ante la CIDH para sustentar que la denegación de justicia fue por consigna? ¿Hay nuevas pruebas?

–Sí. Aunque las consignas no se hacen por escrito, sí hay un recurso recientemente presentado por mis abogados en contra de los tres magistrados (del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, María Elena Rosas López, Pablo Domínguez Peregrina y Marco Antonio Bello Sánchez, quienes enterraron el juicio de amparo de Aristegui al admitir una queja de MVS). En ese recurso se argumenta que ahí hubo una acción de consigna y se establece un conjunto de informaciones que prueban este argumento.

“Se sustenta con argumentos, y con una revisión de la conducta de esos magistrados en los últimos años, que ellos no aplicaron en mi caso jurisprudencia que en muchos otros casos sí aplicaron, lo cual nos indica que hubo algo extraño. Si esos magistrados en casos distintos a éste aplicaron esa jurisprudencia y no permitieron que una queja impidiera un juicio, ¿por qué sí la aplicaron en éste? Eso está absolutamente documentado.”

–¿Su caso es sintomático de las relaciones entre el poder político, los empresarios y el periodismo en México?

–Este caso puede ser ilustrativo de lo que ocurre en México con un sistema de concesiones, en los medios electrónicos, que coloca a los empresarios en situaciones en las cuales pueden ser sometidos a presión y a incurrir en acciones que restringen el ejercicio informativo. Es lo que nos muestra este caso: el tipo de relaciones entre el poder político y el empresarial, que afectan directamente el trabajo periodístico.

–En este sentido, ¿cómo evalúa la gestión de Peña Nieto en relación con la libertad de expresión?

–Estamos viendo regresiones autoritarias en México en muchos ámbitos. Uno de ellos es el de la libertad de expresión, con casos de asesinatos de periodistas que no son resueltos y con el uso del dinero público para hacer propaganda gubernamental. Esto modula directamente líneas editoriales de medios de comunicación que reciben publicidad oficial.

“Y hay casos, como el mío, en los que el Poder Judicial y concesionarios como MVS actúan por consigna política en contra de los periodistas. Nosotros fuimos sacados del aire. Esto nos da un retrato de la situación que se está viviendo en México en materia de libertad de expresión y de información.”

–Uno de los temores ante el regreso del PRI al poder era que revivieran viejas prácticas autoritarias…

 –No es que hayan vuelto las viejas prácticas, sino que no se fueron del todo. Hemos vivido un proceso transicional en el que no se pueden negar algunos avances en libertad de expresión, gracias al esfuerzo de periodistas y a exigencias de la sociedad. Pero en lo que corresponde a la conducta del poder, parece que de lo que se trata es de no ganar más terreno en favor de la democracia, mientras la sociedad trata de no perder lo que creemos ganado en esa materia.

 –¿Y qué pasa cuando un periodista decide investigar a quienes detentan poderes avasallantes, como el presidencial?

 –Ese es exactamente el corazón del problema. Cuando los periodistas debemos preguntarnos si difundir algo nos va a traer consecuencias y si es mejor tomar distancia, esto nos genera un fenómeno mucho más grave y mucho más eficaz que la propia censura: la autocensura. Cuando los periodistas tienen que pensar si publicar o no lo que la gente tiene derecho a saber, se va copando el tamaño de nuestras libertades.

 –Es una práctica muy extendida…

 –Sí, porque podrás decir algo sobre el gobernador de tal lado, pero ya del presidente… Esa percepción de que tu integridad está en peligro hace que te autolimites. Hay que ir contra la censura, pero también revisar los modelos de autocensura instalados en el ADN latinoamericano. Y hay que discutir el cúmulo de intereses diversos que afectan el ejercicio pleno del periodismo, particularmente en los medios concesionados.

 –¿En ese ámbito entran casos polémicos, como el de Joaquín López Dóriga?

 –Creo que ahí estamos frente a un asunto amplio que tiene que ver con el dinero público utilizado para campañas políticas, para promoción gubernamental o para inserciones en los medios. Llamémosle a esto “inversión publicitaria editorial”, en vez de comunicación. Y el caso en cuestión es un elemento que muestra este tipo de prácticas, las cuales, desde luego, tendrían que ser revisadas. Por cierto, forman parte de lo que en su momento este gobierno, en su decálogo de arranque, prometió transparentar.

 –¿Los gastos en propaganda gubernamental, por ejemplo?

 –Sí, el uso de dinero público para medios de comunicación. Si el dinero público se utiliza como garrote o zanahoria para financiar medios de comunicación o periodistas, distorsiona y afecta la independencia editorial, modula, regula y achata el ojo crítico de los medios y de los periodistas.

 Problema regional

 Diversas organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han documentado que en Latinoamérica quienes determinan lo que se publica son los grandes conglomerados o el Estado.

 En Colombia, los tres más poderosos grupos económicos del país son propietarios de los dos principales diarios (El Tiempo y El Espectador), de las emisoras radiales RCN y Blu y de las dos mayores cadenas de televisión, Caracol y RCN Televisión.

 Esta problemática común respecto de la forma en que concesionarios privados usufructúan el espectro radioeléctrico y lo llegan a utilizar para restringir las libertades de expresión e información mediante la censura y la autocensura generó empatía con la causa de Aristegui entre los periodistas que asistieron a la entrega del Premio Gabriel García Márquez en Medellín.

 “Yo les dije a mis colegas –indica la comunicadora– que había evaluado acudir a la CIDH para que el Estado mexicano respondiera por la denegación de justicia y la censura. Lo que vino después fue algo sorprendente, porque gente de tan alto nivel como los miembros del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez me dijeron que respaldarían a título individual mi demanda. Por eso aquí mismo me decidí a presentarla.”

 Considera que el “punto de conexión y de empatía es una pregunta que se repite en todos los países de la región: hasta dónde los periodistas y la sociedad estamos en el uso pleno de nuestras libertades cuando los espacios informativos en la radio y la televisión están constreñidos por intereses extraperiodísticos o por empresarios que no cumplen su deber legal de garantizar el buen uso de un bien público: las radiofrecuencias que les concesiona el Estado”.

 Explica que ese es el argumento de fondo que deberá evaluar la CIDH: si los concesionarios, como agentes del Estado en cuanto tales, están obligados a garantizar en sus coberturas noticiosas la libertad de expresión y a evitar todo tipo de censura.

 “Le estamos diciendo a la CIDH que el Estado mexicano no procesó judicialmente esto, que no nos permitió un juicio y nos denegó justicia al impedir que un juez dijera si tienen derecho o no los concesionarios a cambiar un modelo editorial de libertad por un modelo de censura y restricciones editoriales.”

 Al respecto, el director general de la FNPI, Jaime Abello, señala que esa institución creada por García Márquez respalda “de manera general” cualquier acción en defensa de la libertad de expresión. Y si bien como institución no acompañará la demanda de Aristegui, la mayoría de sus integrantes serán peticionarios a título personal en el recurso presentado ante la CIDH.

 “Lo hemos discutido en nuestras redes de ética y por supuesto que estamos en contra de las coerciones que han recibido Carmen y su equipo. Es una postura muy extendida en el gremio latinoamericano; por eso centenares de periodistas han firmado como peticionarios y pensamos que hay razones para que este caso se analice a nivel de la justicia interamericana”, señala.

 El caso, dice Abello, tiene trascendencia regional porque puede sentar un precedente útil en toda América Latina sobre la responsabilidad que le compete al titular de una concesión televisiva o de radio para respetar los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.

 Aristegui espera que la demanda sea valorada con celeridad por la CIDH, que en otros casos ha emitido medidas cautelares o recomendaciones de manera rápida para evitar más violaciones a los derechos de los ciudadanos por parte de los Estados.

 –¿Aspira a una medida cautelar? –se le pregunta.

 –Aspiro a que la CIDH pueda tomar el caso con cierta rapidez. Ojalá que lo considere. No tengo una respuesta sobre qué alcance pueda tener una situación de esta naturaleza. Probablemente derive en una recomendación o en una medida cautelar, pero eso es algo que está en curso.

 Para la periodista chilena Mónica González, quien es maestra de la FNPI e imparte talleres en México, el caso de Aristegui es emblemático porque refleja la grave problemática del periodismo en un país donde no sólo matan físicamente a los comunicadores sino también moralmente.

 “Eso es propio de una dictadura, y eso le pasa a cientos de colegas en México. Uno no puede seguir observando desde el balcón. El caso de Carmen es la otra cara del asesinato físico. En ella fue un asesinato intelectual al sacarla del aire, al censurarla”, sostiene.

 Añade: “Carmen tiene todo el apoyo del gremio periodístico latinoamericano y de su audiencia. Esto se lo ha ganado con un trabajo honesto, profesional y de excelencia, y porque su caso representa a miles de periodistas en todo América Latina que viven lo que ha vivido ella, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, en México mismo”.  l