Duro juicio internacional al Estado mexicano/

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• La CIDH planea anunciar, a más tardar el miércoles 28, que a solicitud del gobierno mexicano otorga una prórroga de seis meses a la labor del GIEI, a fin de que sea coadyuvante en la nueva investigación relativa a los normalistas de Ayotzinapa. 

 Revista Proceso # 2034, 24 de octubre de 2015 

Duro juicio internacional al Estado mexicano/J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- El martes 20, en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH, se realizaron cuatro audiencias sobre la situación de derechos humanos en México. Para el secretario ejecutivo de ese organismo de la OEA, Emilio Álvarez Icaza, eso refleja la percepción internacional de que en el país hay una crisis en la que impera la impunidad gubernamental.

 En entrevista, durante uno de los recesos entre las audiencias, el funcionario apunta: “A nivel internacional es muy claro que empieza a darse un diagnóstico compartido de lo que sucede en México”. Como ejemplo, enlista los informes del Relator para la Tortura y el Comité para las Desapariciones Forzadas, el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como las posturas de la CIDH y hasta del Departamento de Estado en Washington.

 La representación del gobierno de Enrique Peña Nieto que participó en las audiencias de la CIDH llegó a Washington con la noticia publicada el domingo 18 por The Washington Post: el Departamento de Estado determinó retirar a México la certificación en materia de derechos humanos necesaria para otorgar los recursos de la Iniciativa Mérida. 

Al considerar que “México no cumple con los criterios mínimos de derechos humanos” y que las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina y Policía Federal) siguen cometiendo violaciones a las garantías individuales con la protección gubernamental, la administración de Barack Obama decidió retenerle 15% del apoyo económico que aprobó para la lucha antinarcóticos en México para 2015.

 “El mensaje del Departamento de Estado no tiene que ver tanto con la significación económica (se trata de 5 millones de dólares). Es en términos de lo que está sucediendo en la agenda de derechos humanos en México”, insiste Álvarez Icaza.

 Para él, Obama “está mandando un mensaje específico. Y el mensaje a nivel internacional dice que está esa preocupación. La CIDH lo dijo en sus términos: hay una grave crisis de derechos humanos en México y en nada ayuda intentar disminuir o negar que eso suceda”.

 Las audiencias abordaron la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas (1997), la política antidrogas y los derechos humanos, el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 y las ejecuciones extrajudiciales. En esta última se trataron las masacres de civiles a manos del Ejército y otras fuerzas de seguridad en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y Veracruz, entre otras.

 En ese contexto, el lunes 19 el gobierno mexicano se desmarcó de la versión oficial del entonces procurador Jesús Murillo Karam al firmar un acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

 El compromiso implica una nueva búsqueda de los normalistas y abre una nueva investigación, que descarta las conclusiones a las que llegó la SEIDO en la gestión de Murillo Karam.

 Además, el gobierno de Peña Nieto adopta el informe del GIEI que contiene las conclusiones de su pesquisa en Ayotzinapa y el cual fue dado a conocer públicamente en México el mes pasado, el mismo que varios altos funcionarios trataron de desacreditar.­

 El giro sobre Ayotzinapa

 La denuncia de la crisis de los derechos humanos le ha costado muchas críticas y descalificaciones al mexicano Álvarez Icaza. Al preguntarle cómo toma esas reacciones, reafirma lo que declaró al reportero José Gil Olmos en este semanario (Proceso 2029). Desde su punto de vista, “lo que opinen o digan de mi persona es irrelevante respecto a la crisis de derechos humanos”.

 Agrega: “Que haya aquí una audiencia sobre ejecuciones extrajudiciales, una de la política de drogas en México; de cómo participan en ella las Fuerzas Armadas; que haya una de Ayotzinapa, es parte del diagnóstico que tiene la CIDH. El tema no es ni de cerca mi persona u otras, pero creo que eso en ciertos sectores de la población mexicana, en ciertos sectores que yo llamaba agoreros oficiosos, refleja una voluntad de no querer reconocer, de no querer acercarse a lo que sucede en México, y eso agrava la crisis de derechos humanos”.

 –¿Y el gobierno no está respondiendo?

 –Esos casos, donde se exponen casos de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, como los que se abordaron aquí en la CIDH, requieren acciones ejemplares y pragmáticas de justicia. Y no han llegado.

 De entre las cuatro audiencias en la CIDH, la de oficio, por el caso Ayotzinapa, fue la más destacada. De hecho, el anuncio del acuerdo sorprendió porque se logró el día anterior y a puerta cerrada.

 Álvarez Icaza se niega a dar los pormenores de esa negociación, pues dice que lo importante es que el gobierno de Peña Nieto aceptó que el caso no está cerrado. El GIEI será coadyuvante de la investigación que realizará la Subprocuraduría General de Justicia sobre Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que encabeza Eber Omar Betanzos Torres.

 “El GIEI va intervenir en la asesoría, diseño y confección que se generarán como líneas de investigación. Que el informe se incorpore a la investigación previa me parece un dato de la mayor relevancia, en el sentido de que la investigación no está cerrada. Es importante porque llevamos un año buscándolos y los muchachos no aparecen”, apunta Álvarez Icaza.

 –¿Todo lo que había informado el gobierno mexicano sobre el caso de Ayotzinapa era entonces una mentira histórica?

 –No lo voy a calificar así. Le voy a decir lo que dijo el GIEI: que hay cosas que no sucedieron; se dijo con mucha claridad respecto al incendio y a las integraciones de alguna de las hipótesis.

 Por el gobierno de México asistieron a las audiencias de la CIDH el subprocurador Betanzos Torres; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

 Dicha representación aceptó los 10 puntos del acuerdo, pero de último minuto impuso una de sus prioridades: no permitirá que el GIEI interrogue a los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Avaló así la postura del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.

 “Esta diligencia en particular (los interrogatorios a soldados), en términos del acuerdo, debe hacerse en coadyuvancia con el Ministerio Publico”, declaró a la prensa Campa Cifrián al terminar la audiencia sobre Ayotzinapa.

 “La parte fundamental es: ¿qué se pregunta? Podremos llegar a un acuerdo para que los expertos (del GIEI) hagan la recomendación de las preguntas que debe realizar el Ministerio Público”, dijo el funcionario; aclaró que los especialistas independientes no pueden estar presentes en los careos y se limitarán a enviar sus cuestionamientos por escrito.

 Para la CIDH lo anterior no está decidido. Álvarez Icaza sostiene que el GIEI insistirá en interrogar a los militares del batallón mencionado, como lo ha solicitado ya seis veces.

“Hay elementos que hacen saber que integrantes de ese Batallón supieron y conocieron lo que ocurrió. Lo reiteraron aquí los representantes del gobierno: hubo participación de policías de dos municipios y tuvieron conocimiento dos instancias federales. Se mencionó en particular al Ejército. Eso es el sentido de una investigación: investigar no es asignar responsabilidades, interrogar no es criminalizar”, explica.

Al preguntarle si la nueva investigación implica un desmentido a la “verdad histórica” de Murillo Karam, el subprocurador Betanzos Torres evitó responder directamente. “Los estudiantes están desaparecidos y en ese contexto las acciones de búsqueda forman parte de una acción prioritaria para el desahogo del caso”, comentó.

–¿O sea que la verdad histórica no existía?

–Más bien, hay una investigación de carácter penal en los casos que se están investigando por secuestro, permaneciendo en el estado de cautivos. Se les sigue buscando.

La CIDH planea anunciar, a más tardar el miércoles 28, que a solicitud del gobierno mexicano otorga una prórroga de seis meses a la labor del GIEI, a fin de que sea coadyuvante en la nueva investigación relativa a los normalistas de Ayotzinapa. l