La “verdad histórica”, basada en torturas/

Revista Proceso # 2034, 24 de octubre de 2015 

 Este trabajo forma parte de la investigación iniciada desde hace un año con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

La “verdad histórica”, basada en torturas/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

La “verdad histórica” presentada por el procurador Jesús Murillo Karam afirmaba que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero de Cocula, y para probarlo presentó confesiones de dos de los presuntos asesinos. Sin embargo, los dos supuestos halcones de Guerreros Unidos fueron torturados para que dieran la fantasiosa versión, como parte de una investigación conducida por un hombre inclinado a la invención de delitos y de testigos.

 La investigación del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas por Víctor León Maldonado– estuvo viciada desde el comienzo.

 Las irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

 Los detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.

Como consta en sus declaraciones preparatorias –de las cuales este semanario tiene copia–, el 25 de noviembre le dijeron al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJEG a firmar declaraciones prefabricadas.

 León Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.

 En 2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.

 Estuvo asimismo implicado en la Operación Limpieza, iniciada a finales de 2008 por la PGR contra servidores públicos federales acusados de haber trabajado para los hermanos Beltrán Leyva. Entre ellos estaba Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO. Tras cuatro años en prisión fue absuelto y se descubrió que se usaron testigos protegidos para imputarle cargos falsos.

 Presuntamente torturado, José Gaspar confesó que trabajaba como halcón para Guerreros Unidos y que el grupo criminal controlaba la plaza. Antúnez, que también denunció haber sido sometido a torturas, afirmó que esa organización estaba detrás del ataque contra los normalistas y que los había llevado a Cocula para incinerarlos; además, acusó a policías municipales de trabajar para la banda delincuencial.

 Antúnez señaló al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de tener vínculos con Guerreros Unidos y agregó que por órdenes suyas fue asesinado el líder de la Unión Popular, Arturo Hernández Cardona, en junio de 2013.

 Las declaraciones de los dos detenidos están en todas las averiguaciones previas de la PGR relacionadas con el caso, entre ellas la primera, abierta el 5 de octubre: PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014. Los testimonios de los demás detenidos, más de 100, fueron encaminados a afianzar esos dos primeras versiones y no se atendieron otras hipótesis ni líneas de investigación.

 Otros documentos que obran en la causa penal 1/2015 muestran que ni la PGJEG ni la PGR tenían pruebas contra José Luis Abarca por el homicidio de Hernández Cardona (Proceso 1999). La acusación de que el exalcalde había asesinado al líder de la UP sirvió para crear un ambiente de linchamiento e implicarlo así en el ataque y desaparición de los normalistas, sostiene en entrevista con Proceso su abogado, Luis Argüelles Meraz.

 Este trabajo forma parte de la investigación iniciada desde hace un año con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

 Sentado en la banqueta

Luis Alberto José Gaspar tenía 18 años cuando fue detenido. Declaró ante el juez que era ayudante de albañil y responsable de mantener a su esposa, un hijo y dos hermanos. Señala que el 2 de octubre de 2014, cuando lo arrestaron en Iguala, estaba sentado en una banqueta.

“En relación a los hechos que me imputan yo no tengo nada que ver en eso de lo que me están acusando, yo soy un hombre de bien, de trabajo, yo soy inocente de lo que me están acusando”, dijo al juez en audiencia el 25 de noviembre de 2014.

 Lo detuvieron policías ministeriales, quienes le dijeron que lo veían “sospechoso”. Le preguntaron dónde había estado el 26 de septiembre y respondió que en su casa. Ahí, afirma, comenzó la tortura. Refiere que lo golpearon y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Le dijeron que era miembro de Guerreros Unidos, pero él respondió que no pertenecía a ninguna organización delictiva y tenía pruebas para demostrar que era albañil. “No nos importan tus pruebas”, le espetaron. Después lo llevaron a la PGJEG, en Chilpancingo, para que rindiera su declaración.

 “En la madrugada me sacaron, me vendaron los ojos, me llevaron a un lugar solitario; ya después me encueraron, me amarraron con una venda, después de que me amarraron me pusieron cinta en mi cabeza, ya después me amenazaron que dijera qué es lo que sabía de los estudiantes. Yo les dije que cómo les iba a decir, si yo no sabía nada de los estudiantes, y ellos me dijeron que cómo no iba a saber nada si era de Iguala, ya después me tuvieron cuatro horas echándome agua en la cabeza y pegándome en las costillas y en la cabeza…”

 Afirmó que la tortura ocurrió atrás de los separos, en Chilpancingo, y que después lo llevaron a declarar: dijo cómo lo habían capturado. Cuando le pidieron que firmara su declaración, asegura que no permitieron que una abogada se la leyera antes de firmarla y le ordenaron que lo hiciera rápido para irse a su casa. Él se negó, pero –sostiene– los policías lo amenazaron: si no estampaba su firma lo llevarían de nuevo adonde lo estaban golpeando. “Yo, por miedo, firmé los papeles”, dijo al juez.

 La noche siguiente un avión lo llevó a la Ciudad de México. Asegura que en la SEIDO le dijeron qué debía declarar, pero él se negó, pues no sabía siquiera de qué lo acusaban. Al llegar, cuenta, le tomaron fotos donde se veía golpeado. Luego lo arraigaron.

 En la declaración que según él lo obligaron a firmar señaló que trabajaba con Guerreros Unidos desde febrero de 2014, que era halcón y los “jefes de plaza” de Iguala eran Los Peques, como se conoce desde hace años a los hermanos Benítez Palacios, presuntamente implicados en el crimen organizado.

 “Tú sabes dónde los enterraron”

 Antúnez, a quien se identifica con el alias El Patachín, declaró ante el juez: “No ratifico la declaración que me hicieron firmar en Chilpancingo. No la ratifico porque fue por medio de tortura”.

 Durante 20 años fue militar. Luego de jubilarse entró a la Policía Municipal de Iguala. Narró que el 26 de septiembre no trabajó, pues estaba en un curso de capacitación. El sábado 27 fue a pasar lista y recibió la orden de ir al cuartel de la Policía Estatal. Refiere que ahí, junto con sus demás compañeros, le hicieron pruebas a su arma y a sus manos para saber si había disparado. Dio negativo y lo dejaron libre.

 Desde entonces, refirió, no trabajó ni recibió ninguna llamada y el 3 de octubre fue a ver si había pase de lista; en ese momento llegó un operativo de la Policía Federal Ministerial y se lo llevaron detenido. “Tú eres policía municipal, ya te cargó tu chingada madre”, le dijeron los agentes, según declaró ante el juez.

 Lo llevaron a un lugar donde había estacionados varios vehículos, entre ellos un camión rotulado Unidad Médica Móvil Dental. Dijo que ahí llegaron dos personas que había visto en el cuartel de la Policía Estatal el 27 de septiembre.

 En su declaración ministerial ante la PGR, Iñaky Blanco, exprocurador de Guerrero, dijo que estuvo en el lugar donde estaba detenido Antúnez. “Al estar ahí vi que detenían a una persona que estaba halconeando y que después supe que le decían El Patachín. Esta persona recuerdo que lo entrevistaron los policías y empezó a manifestar que era halcón y policía municipal de Iguala”.

 Lo que contó Antúnez fue distinto. Señaló que le preguntaron por Abarca y su esposa y dónde se encontraban los normalistas desaparecidos. No sabía. Lo insultaron y sentenciaron: “Tú sabes dónde los enterraron”. El gobierno ya daba por muertos a los normalistas.

 Los policías federales lo metieron esposado al camión de la Unidad Médica Móvil Dental y lo sentaron en el sillón de los pacientes. Ahí, según su dicho, lo torturaron. Le indicaban que debía señalar dónde estaban enterrados los normalistas, “diciéndome que de todos modos nadie sabía que estaba en esa área y que si me moría yo en la tortura no habría problema”.

 Blanco declaró a la PGR que Antúnez inmediatamente dijo que policías municipales de Iguala y personal de Protección Civil trabajaban para Guerreros Unidos, al igual que policías municipales de Cocula.

 Antúnez narró que la segunda sesión de tortura ocurrió cuando los federales ministeriales lo entregaron a policías de la Gendarmería en la carretera a Chilpancingo, en el crucero del Rancho del Cura.

 “En dirección a Tepecoacuilco se orillaron hacia debajo de la carretera en la maleza, ahí inició otra tortura golpeándome en el estómago y preguntándome por los muchachos normalistas”. Luego lo llevaron a Chilpancingo.

 Esa noche, dice, rindió declaración. Le empezaron a dar nombres de policías municipales. “Como no les dije nada y no contesté a las preguntas que me hacían, me llevaron a otra oficina y me enseñaron fotografías”.

 Afirma que le mostraron fotos de compañeros a quienes sólo conocía de vista. Le preguntaron si eran de Guerreros Unidos y él dijo que no sabía. Por último, cuando le dieron a firmar la declaración ministerial, les dijo “que no traía lentes y no podía leer”. “Fírmale, porque si no, te vamos a partir tu madre”, le dijo uno de los policías. El 4 de octubre lo llevaron a la Ciudad de México.

 En la declaración presuntamente fabricada por la PGJEG Antúnez dio nombres de policías municipales de Iguala –conocidos como Los Bélicos– y de Cocula supuestamente involucrados con la organización criminal. También señaló que esa noche los estudiantes fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala. Y dijo que en una ocasión Osiel Benítez Palacio, supuesto miembro de Guerreros Unidos, le comentó “que habían privado de la vida a Arturo Hernández Cardona por órdenes de José Luis Abarca Velázquez”.

 De acuerdo con los documentos de la PGR revisados por los reporteros, José Gaspar y Antúnez no ratificaron su declaración ante la procuraduría, permanecieron bajo arraigo hasta el 15 de noviembre y fueron trasladados al penal de Tepic. Sólo entonces se les hizo un examen médico que dictaminó: “No presentan lesiones traumáticas recientes”.

 Sus declaraciones fueron usadas por la PGR para imputar a otros policías de Iguala que tampoco habían trabajado el 26 de septiembre de 2014 ni habían dado positivo en las pruebas de disparos. También sirvieron para direccionar las declaraciones de policías y otros detenidos en las que se autoincriminaron hasta llegar a la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.

 La mayoría de los detenidos que declararon saber o haber participado en los hechos también fueron golpeados o torturados, según el reporte publicado por los autores de este trabajo en mayo de 2015 (Proceso 2011), el cual fue confirmado en septiembre último por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 “Contradicciones” e “inconsistencias”

 En su declaración ante la PGR rendida el 29 de octubre de 2014, Blanco afirmó que en los testimonios que recabaron sobre el homicidio de Hernández Cardona “se advertían contradicciones o inconsistencias”, como el tipo de armas supuestamente usadas y la mecánica de las lesiones. “Difícilmente algún juez les daría credibilidad”, declaró por su parte el subprocurador Ricardo Martínez.

 Blanco afirmó que la supuesta declaración rendida por el chofer de Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, ante el notario público 27 del Distrito Federal, en la que afirma que vio a Abarca disparar contra el líder de la UP –la cual fue entregada a la PGJEG y circuló en varios medios– era falsa.

 Martínez dijo que en una investigación relacionada con Guerreros Unidos se inspeccionó un terreno propiedad de Hernández Cardona, conocido como El Zapatero, en mayo de 2014. Se encontraron 19 cadáveres en fosas clandestinas y dos personas que estaban cavando una más fueron detenidas, según dijeron, por órdenes de una hija de Hernández Cardona.

 Señaló que durante varios meses trabajaron con la PGR en torno a las acusaciones contra Abarca por el homicidio del líder de la UP y su supuesta relación con Guerreros Unidos. El 10 de septiembre de 2014 Jesús Villalobos, de la SEIDO, le dijo que las pruebas que tenían “no eran suficientes para determinar que José Luis Abarca era parte de los Guerreros Unidos”.

 En entrevista, Luis Argüelles, abogado de Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, sostiene que las únicas acusaciones contra el exedil en los juzgados es por el caso del homicidio de Hernández Cardona y sus supuestos vínculos con Guerreros Unidos; contra su esposa, uso de recursos de procedencia ilícita.

 Refiere que la detención de la pareja fue ilegal. El gobierno federal mostró en televisión un amplio operativo para capturar a Abarca y a su esposa en la casa ubicada en Cedros 50, colonia Los Tenorios, Iztapalapa, pero en los expedientes de la PGR subidos a internet los policías federales de la División de Investigación aseguran que los detuvieron en la puerta de calle de ese inmueble a las 02:30 horas, supuestamente cuando la pareja intentaba abordar un taxi.

 Dicen que se identificaron y que en ese momento supuestamente Pineda Villa les ofreció medio millón de pesos y un auto Mercedes Benz por dejarlos ir. Por estar en flagrancia del delito de cohecho les leyeron sus derechos y sin dilación fueron llevados a las instalaciones de la SEIDO. No hay ninguna diligencia relacionada con la casa donde fueron encontrados, según las imágenes presentadas en televisión.

 Argüelles afirma que en realidad la detención ocurrió dentro del domicilio, pero fue ilegal pues no había orden de cateo ni de arresto contra Pineda Villa, por lo cual hubo violaciones al debido proceso.

“Los señores son inocentes. Los señores no han cometido el delito del que los acusa la procuraduría y menos aún de lo que se les acusa mediáticamente o lo que la gente piensa”. El abogado afirma que el móvil de la acusación contra Abarca “es cien por ciento político”.