Santiago Nieto, el fiscal incómodo

Revista Proceso # 2040, 5 de diciembre de 2015..

Santiago Nieto, el fiscal incómodo/ÁLVARO DELGADO

El fiscal electoral Santiago Nieto Castillo ha demostrado imparcialidad en su trayectoria, asegura en entrevista el exconsejero Jaime Cárdenas. Recuerda que en 2009 anuló la elección de Zimapán, Hidalgo, que había ganado el PRD incurriendo en anomalías, y en 2011 hizo otro tanto con los comicios de Morelia, donde el PRI había triunfado violando varias disposiciones. Ese apego a la ley, que en estos días lo condujo a proceder penalmente contra el subsecretario Arturo Escobar, viene desde que su padre, a la sazón alcalde de San Juan del Río, fue víctima de una de las concertacesiones de Salinas de Gortari. Ahora tricolores y verdes empiezan a pensar diferente de Nieto.

 La historia del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien de manera insólita procedió penalmente contra el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, es peculiar: de estirpe priista en Querétaro –su padre padeció la concertacesión salinista en San Juan del Río–, su impulsor clave ha sido Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral y allegado a Andrés Manuel López Obrador.

“Tuve una relación muy estrecha con él, pero la trayectoria de Santiago vale por sí misma”, confirma Cárdenas Gracia, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), como el fiscal electoral, de quien aclara: “Lo aprecio mucho, pero hace años que no tengo influencia académica ni política en él. No es un apéndice mío”.

 Sin embargo, celebra la orden de aprehensión que el fiscal electoral solicitó a un juez contra Escobar, quien renunció a su puesto el 25 de noviembre para enfrentar los cargos de delitos electorales que presuntamente cometió mientras presidía el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

 –¿Es correcta la acción penal del fiscal?

 –Sí. Avalo todo lo que hizo. La fiscalía estaba muy desacreditada, había que darle legitimidad y creo, porque (Nieto) es muy escrupuloso, que la consignación, aunque no la he visto, ha de ser muy sólida.

Cárdenas Gracia, quien en los comicios de junio buscó una diputación federal por Morena, conoció a Nieto al impartirle clases en una maestría de la Facultad de Derecho de la UNAM, y luego mantuvo una relación estrecha con él cuando dirigió, junto con el actual magistrado Flavio Galván Rivera, su tesis de doctorado.

Mientras Nieto efectuaba tales estudios, fue asesor de Cárdenas Gracia en el Instituto Federal Electoral, entre 1998 y 2000, y desde ese año hasta 2003 fungió como secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, María de la Luz Mijangos Borja, esposa de Cárdenas Gracia y actual coordinadora de asesores del consejero Benito Nacif.

–¿Usted lo recomendó como fiscal electoral?

 –Sí –admite Cárdenas–. Le dije al senador Manuel Bartlett que Santiago era un buen candidato, muy correcto y decente. Quizá me hizo caso, porque el Partido del Trabajo lo respaldó. Pero su designación fue unánime.

En efecto, el 19 de febrero, con la única abstención de Mónica Arriola –hija de Elba Esther Gordillo–, Nieto Castillo fue elegido titular de la Fepade por todos los grupos parlamentarios del Senado, incluido el PVEM, cuando Escobar era su dirigente nacional.

Al momento de ser elegido, con 43 años cumplidos, era miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y su encomienda previa había sido presidir la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que actuó con un enfoque de derechos humanos.

Entre sus actuaciones se halla la de haber anulado, por violación al principio constitucional de equidad, la elección de Morelia en 2011 debido a que el candidato priista, Wilfrido Lázaro Medina, apareció en televisión de paga y el boxeador Juan Manuel Márquez usó en su calzoncillo el logo del PRI durante la pelea contra Manny Pacquiao que se televisó la víspera de la jornada electoral.

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) que impugnó el triunfo de Lázaro Medina era Marko Cortés Mendoza, actual coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, y la magistrada de la Sala Regional que se opuso a la anulación era Adriana Favela Herrera, identificada con el priismo del Estado de México y actual consejera del Instituto Nacional Electoral.

Esa decisión sobre la elección de Morelia fue una de las razones por las cuales el PAN respaldó a Nieto Castillo, interpreta Cárdenas, pero también dice saber que tiene buena relación con el PRD, pese a que en 2009 anuló la elección de Zimapán, Hidalgo, que había ganado ese partido.

“Santiago tiene buena imagen y buena relación con todos los partidos. Es muy abusado. Pero esta decisión sí lo pone en situación de riesgo frente al PRI y el Partido Verde”, alerta Cárdenas.

Ni filias ni fobias

Y es que el dirigente nacional del PVEM, el senador Carlos Puente Salas, afirmó que la Fepade violó la presunción de inocencia al hacer público, el 25 de noviembre, que había solicitado una orden de aprehensión contra Escobar, antes de que éste fuera notificado.

“Arturo Escobar tiene derecho a un debido proceso, y en este caso no se le ha respetado. Nosotros estamos señalando que se ha violado el principio de presunción de inocencia”, expuso Puente, quien fue colaborador de Marta Sahagún en la Presidencia de la República.

El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pidió a la Fepade que “se apegue al pleno derecho y no lastime el prestigio de las personas”, en referencia a que Escobar se vio obligado a renunciar tras dictarse acción penal en su contra.

Beltrones, personaje al que se atribuye haber intercedido ante el presidente Enrique Peña Nieto para que Escobar llegara “por designación presidencial” a la Segob, y cuyo yerno, Pablo Escudero, es senador del PVEM, ratificó su alianza electoral: “Seguimos siendo aliados del Partido Verde”, enfatizó.

De la decisión de Nieto, admitió, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, se enteró por los medios y en seguida tomó distancia al declarar: “El titular de la Fepade es autónomo y su nombramiento proviene del Senado”.

En este contexto, El Universal publicó que Nieto Castillo fue asesor del PRD en el Senado desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015, cuando ya se había inscrito para ser fiscal. En 18 meses cobró un millón 80 mil pesos, según documentación que exhibió el diario.

Ese mismo día, el fiscal emitió un comunicado para admitir que, en efecto, como investigador suscribió varios contratos, entre ellos el del Senado, pero adujo que el proceso para designarlo fue transparente y revisado por todas las fuerzas políticas.

“Cumplo los requisitos legales y los adicionales de la convocatoria, y no existe conflicto de interés alguno”, planteó Nieto, a quien el PRI en el Senado avaló “plenamente”.

Enrique Burgos, exgobernador de Querétaro, expuso a nombre del PRI que lo respaldaron tras “un acucioso análisis de la persona”, y subrayó: “Dentro de los retos que tendrá el fiscal que se elige hoy se encuentra la atención inmediata a denuncias que se presenten con motivo del actual proceso electoral”. 

El caso de Escobar es justamente uno de ellos, pero el fiscal también procedió contra el secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar, cuya acreditada coacción contra sus subordinados fue clave para que, el 22 de octubre, el TEPJF anulara la elección de gobernador.

 Más aún: el fiscal se fue igualmente contra Javier Jiménez Corzo, abogado del candidato del PAN a gobernador, Jorge Luis Preciado, acusado de falsificar documentos, justamente con el fin de presentarlos como prueba para solicitar la nulidad de los comicios.

 Cuando se inscribió como candidato a fiscal, Nieto entregó a los senadores el documento Los retos de la Fepade ante la reforma electoral de 2014 –la que lo dotó de autonomía técnica– y en él plasmó su visión sobre la democracia y sus ideas para fortalecer ese organismo.

 “La democracia es, por definición, una serie de reglas y principios que establecen quién debe tomar las decisiones, mediante qué procedimientos (el derecho al voto y la regla de la mayoría) y, para quienes asumen la posición teórica del garantismo, cuál es el límite de lo que la mayoría democráticamente electa puede decidir”, escribió.

 “Ese límite no es otro que el respeto y protección de los derechos humanos. Los derechos humanos y la democracia se convierten, de esta forma, en un binomio indisoluble: las democracias lo son porque protegen derechos humanos, y los derechos humanos son el presupuesto para la existencia de un sistema democrático.”

 Y sobre la Fepade expuso: “El primer reto es tramitar y promover pronto y bien los asuntos de su competencia, sin filias ni fobias, a fin de cumplir con las expectativas que tiene la sociedad en la reforma”.

 La concertacesión

 La formación jurídica de Nieto en materia electoral tiene un antecedente relacionado con la justicia en este ámbito: En 1991, cuando el fiscal apenas egresaba de la preparatoria, su padre Jaime Nieto Ramírez era el alcalde saliente de San Juan del Río, donde se produjo una de las concertacesiones de Carlos Salinas con el PAN.

 La elección municipal la ganó el PRI, partido en el que militaba su padre, pero tras un litigio y negociaciones en las que intervino el panista Diego Fernández de Cevallos directamente con Carlos Salinas, le dieron el triunfo al PAN.

 La tesis de maestría de Gabriela Nieto Castillo, hermana del fiscal y actual presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro, es sobre ese episodio y se titula: La ‘concertacesión’ y sus consecuencias jurídicas: violación a derechos políticos y falta de legitimidad en la representación. Caso San Juan del Río, Qro.

 El exalcalde Jaime Nieto Ramírez –posición que igualmente alcanzaron su hermano Gustavo y su sobrino Gustavo Nieto Chávez– es, además, un antropólogo que se ha dedicado a la docencia en la UAQ, en donde funge, asimismo, como consejero universitario y coordina el Área de Humanidades.

 Justo en la presentación de uno de sus varios libros, Del hacendado al empresario –que es en realidad su tesis doctoral y versa sobre la transición social y cultural de San Juan del Río desde la etapa hacendaria hasta la expansión industrial–, la concertacesión fue traída a cuento.

 Según la crónica de la presentación que publicó el historiador José Félix Zavala en 2008, el escritor Edmundo González Llaca reclamó al antropólogo no haber incluido el episodio de la concertacesión de 1991.

 El padre del fiscal electoral respondió que era del dominio público “el fraude” por el que se dio el triunfo al panista Salvador Olvera, quien fue su sucesor, y que “la segunda ciudad en importancia en el estado fue la sacrificada”.

 Y añadió: “La verdad de los hechos la tienen Carlos Salinas, Fernando Ortiz Arana, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos, Diego Fernández de Cevallos. A ellos hay que recurrir para conocer la verdad. Los datos que estuvieron a mi alcance sobre el fraude los entregué a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ y no ha hecho nada con ellos”.