Para los carteles de México, la política también es negocio/

Para los carteles de México, la política también es negocio/

Ioan Grillo es el autor del libro “Gangster Warlords: Drug Dollars, Killing Fields and the New Politics of Latin America”.

The New York Times | 20/01/2016

La mañana del 2 de enero un grupo de sicarios se dirigió a la casa de Gisela Mota, de 33 años, que horas antes había sido juramentada como la primera alcaldesa de Temixco, una localidad a una hora de Ciudad de México. Mota vivía con sus padres y estaba en pijama cuando los hombres llegaron. Estaba en el dormitorio y la mayoría de su familia estaba en la habitación del frente, arrullando a un bebé recién nacido.

Cuando sus familiares preparaban el biberón del niño, los asesinos rompieron la puerta. En medio de la conmoción, la funcionaria salió de su habitación y dijo : “Yo soy Gisela”. Frente a sus familiares aterrorizados, los hombres la golpearon y le dispararon varias veces hasta matarla.

Durante la sangrienta década de la guerra contra las drogas este tipo de violencia ha afectado a varias zonas de México. Pero el asesinato de la alcaldesa revela algunos cambios importantes en este conflicto. Mientras que los medios de comunicación están fascinados por los capos multimillonarios como Joaquín Guzmán Loera, que fue recapturado el 8 de enero después de su segunda fuga de una prisión (y luego de la entrevista secreta con el actor Sean Penn), la guerra evoluciona mucho más allá del tráfico de drogas.

Amigos y familiares en el entierro de Gisela Mota, la alcaldesa de Temixco, México, que fue asesinada el 2 de enero. Credit: Adriana Zehbrauskas para The New York Times

Ahora los carteles luchan por el poder político. Después de la detención de dos sospechosos del asesinato de Mota, la policía dijo que el crimen fue parte de una campaña regional del cartel Los Rojos para controlar gobiernos locales y robarle recursos a los pueblos.

La madre de Gisela Mota, Juana Ocampo, participó en una marcha realizada en Temixco cinco días después del asesinato. El evento reunió a centenares de ciudadanos vestidos de blanco. Ocampo, una activista veterana, sabía que su hija tenía un trabajo peligroso en un país como México, donde sicarios han matado a casi 100 alcaldes durante la última década.

“Desde que Gisela era una niña quería meterse en política para cambiar las cosas”, me dijo la señora Ocampo. Mota se había pronunciado en contra de la corrupción en Temixco y luchaba por una reforma que la convirtió en objetivo del narco. Sin embargo, Juana Ocampo dice: “Nunca me imaginé que esto podría suceder. Espero que haya justicia. Vamos a tomar medidas para exigir que se aclare el caso”. Los manifestantes que la acompañan llevan pancartas con el mensaje: “Yo soy Gisela”.

El asesinato de Mota es el último paso en la evolución del negocio de las drogas en México, un proceso que los funcionarios estadounidenses y mexicanos parecen incapaces de comprender. Durante una década las tropas mexicanas han trabajado con agentes estadounidenses para perseguir capos en una estrategia dirigida a desarticular los carteles. Célebres delincuentes con apodos como “Tony Tormenta”, “el Ingeniero” y “el Viceroy” fueron arrestados. El Chapo ha sido detenido dos veces en menos de dos años. Mientras los capos se pudren en prisiones o tumbas, sus sicarios han formado organizaciones propias que pueden llegar a ser más violentas y depredadoras.

El estado de Morelos, donde se ubica Temixco, es un ejemplo. Fue utilizado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, también conocido como “El Barbas,” para traer cocaína colombiana que luego era trasladada al norte. Beltrán Leyva fue un aliado de Guzmán hasta que se convirtió en su enemigo porque rivalizaba con su capacidad para mover el producto. Durante los años 2000, mientras Beltrán Leyva construyó su imperio en Morelos, las tasas de homicidio fueron relativamente bajas.

En 2009, agentes de la DEA obtuvieron inteligencia sobre el paradero de Beltrán Leyva. La DEA le comunicó la dirección a la Marina mexicana —un cuerpo élite entrenado por los estadounidenses— y éstos irrumpieron en el escondite y mataron al capo junto a cuatro de sus cómplices. Un alto funcionario de la DEA me dijo que pagaron una recompensa de 5 millones de dólares por la información que condujo a la localización del narcotraficante, un dinero que proviene de los impuestos de los contribuyentes para la lucha contra las drogas.

Los sicarios que trabajaban para Beltrán formaron sus propios carteles, que incluyen a Los Rojos y Guerreros Unidos, organizaciones que comenzaron a matarse en múltiples enfrentamientos. La pelea de los dos carteles por el territorio de Morelos y por Guerrero, su estado vecino, dejaron montones de muertos. El año pasado, Guerrero tuvo la tasa más alta de asesinatos per cápita en México, Morelos ocupó el cuarto lugar.

Mota no fue la primera funcionaria que entró en conflicto con los nuevos intereses comerciales de los carteles. Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, reveló en una conferencia de prensa realizada el 11 de enero que Los Rojos habían amenazado a otros 13 alcaldes en los últimos meses, y están usando el asesinato de la alcaldesa como una advertencia. Declaró que se trata “de una acción concertada y premeditada que tenía como objetivo instaurar un ambiente de terror entre las autoridades y la ciudadanía”.

Ramírez dice que el cartel le hace diversas demandas a los alcaldes como, por ejemplo, tener influencia en los contratos para proyectos de construcción o el derecho a decidir el nombramiento de los jefes de la policía local. También los obligan a que les den un 10 por ciento de sus presupuestos anuales. Como el gobierno de México proporciona gran parte de la financiación, esto significa que los carteles están recibiendo dinero del presupuesto federal y también de Estados Unidos, que le da al Estado mexicano cerca de $300 millones de dólares al año en ayudas para la guerra contra las drogas.

En México la corrupción es tan antigua como el propio país y los traficantes han sobornado a los políticos durante todo el siglo, mientras pasan cargamentos de drogas a Estados Unidos. Alcaldes, gobernadores y funcionarios federales se han hecho la vista gorda ante los campos de opio y los laboratorios de metanfetaminas. En 1997 el zar antidrogas del gobierno federal mexicano fue arrestado bajo la sospecha de recibir sobornos.

Ahora los delincuentes están cambiando sus estrategias. En lugar de sobornar a los funcionarios, están obligándolos a pagar. La política no sólo es una manera de ayudar a sus empresas criminales, también es un negocio. Y en la medida que toman el control de estos políticos, los carteles se transforman en un poder oscuro que utiliza las herramientas del Estado para tener influencia sobre cualquier persona que viva o trabaje en su jurisdicción.

En México existen más de 2000 alcaldes y la mayoría tienen poca protección, por lo que los carteles tienen un gran mercado por explotar. El botín es de miles de millones de dólares anuales. Y, de hecho, la táctica de extorsionar alcaldes parece que se expande más allá de Morelos. En 2014 se reveló que el cartel de los Caballeros Templarios, cuyo territorio es el estado de Michoacán, también obliga a los alcaldes a entregar un porcentaje de sus presupuestos. Existen videos y fotos de Servando Gómez, el líder de los Templarios también conocido como “La Tuta”, conversando junto a varios alcaldes.

Algunas veces los grupos delictivos eliminan a los intermediarios y ponen a una persona de confianza en la alcaldía. Al parecer esto fue lo que sucedió en la ciudad de Iguala (Guerrero) cuyo alcalde, José Luis Abarca, está procesado por cargos de delincuencia organizada y se le acusa de ser miembro de los Guerreros Unidos. Decenas de sus policías están en la cárcel, acusados de ser sicarios uniformados.

En septiembre de 2014, los policías y sicarios de Iguala vinculados a los Guerreros mataron o desaparecieron a más de 40 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en lo que se considera como uno de los crímenes más atroces de México en los últimos tiempos. Después de que la policía federal detuvo al alcalde, los residentes comenzaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos; desde entonces se han desenterrado unos 130 cuerpos en Iguala. Estas atrocidades provocaron que miles de personas marcharan por las calles de México y algunos manifestantes le prendieron fuego al ayuntamiento de Iguala.

Las empresas internacionales continúan sus operaciones en los territorios dominados por los carteles, sobre todo las de minería y, cada vez más, las industrias del gas y petróleo. Las compañías tienen que trabajar con los alcaldes para coordinar las operaciones y el cumplimiento normativo. Un ejecutivo estadounidense de una empresa minera en Guerrero me dijo que las compañías no tienen más opción que tratar con los funcionarios sospechosos (aunque intentan identificar a los peores para evitar trabajar con ellos).

Los altos ejecutivos prefieren no hablar en público sobre la influencia de los carteles porque eso ofende a sus socios políticos en México. Sin embargo el año pasado, Rob McEwen, presidente y director ejecutivo de la compañía canadiense McEwen Mining, rompió el silencio después de que delincuentes robaron más de 8 millones de dólares en oro de su mina del noroeste de México.

“Los carteles están activos allí. En general, tenemos una buena relación con ellos”, dijo McEwen a Business News Network. “Si quieres explorar en algún lugar se les pregunta, si dicen que no, después te mandan el mensaje de que vayas en un par de semanas, cuando hayan terminado lo que están haciendo”, explicó.

Después de protestas en México, McEwen se retractó de su declaración y dijo que se refería a la buena relación que tiene con “los propietarios y miembros de la comunidad”, y no mencionó a los grupos delictivos.

Como los carteles han penetrado la política local, eso dificulta la búsqueda de una solución a la guerra contra las drogas. Reformar las políticas antidrogas significaría ampliar la legalización de algunas sustancias, como la marihuana, y mejorar los tratamientos contra las adicciones para reducir el consumo de otras drogas, como la heroína, lo que podría afectar la financiación de los delincuentes. Pero dada la diversificación de la cartera criminal de estas organizaciones y su control de la clase política, esto no va a detenerlas.

La estrategia más obvia es la implementación de un sistema eficaz de justicia que procese a los sicarios. Reformar la policía, incluyendo la incorporación de funcionarios de la Ciudad de México a las fuerzas estatales, es una medida que la alcaldesa Mota había apoyado y ayudaría a enfrentar los carteles. Las policías locales son muy débiles para enfrentarse a las milicias del crimen organizado. Esta reforma le restaría facultades a los alcaldes, que ya no se encargarían de nombrar a sus propias fuerzas policiales, por lo que serían de menor utilidad y atractivo para los jefes del crimen organizado.

México también debe luchar contra la corrupción tanto a nivel estatal como federal. Por desgracia muchos miembros de los partidos más importantes han tenido presuntos vínculos con los carteles, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la oposición. La lucha contra esta enfermedad tiene que ser una estrategia nacional y podría durar toda una generación. Los líderes políticos tienen que apoyar las investigaciones de su propio partido. Grupos como Transparencia Mexicana pueden presionar. Y Estados Unidos puede utilizar sus aportes a la guerra contra las drogas para presionar por este tipo de reformas.

México también necesita políticos locales que puedan hacerle frente tanto al dinero de los sobornos como al plomo de las balas. Por desgracia, asesinatos brutales como el de Gisela Mota son un ejemplo escalofriante para los jóvenes valientes que quieren seguir su ejemplo.