Revista Proceso # 2052, 5 de marzo de 2016...
El
14 de agosto de 2015, poco antes de concluir la pasada Legislatura, la Mesa
Directiva de San Lázaro gastó 1 millón 44 mil pesos en publicar un libro sobre
la obra del arquitecto Manuel Parra; la nueva legislatura gastó 550 mil pesos
para el mantenimiento de los salones de eventos del edificio G de la Cámara de
Diputados.
Para
el abogado constitucionalista y exdiputado federal Jaime Cárdenas, los
diputados “distorsionan” y “degradan” el Poder Legislativo al sucumbir a las
exigencias de funcionarios federales que ahora gustan de “comparecer” ante unos
pocos legisladores, quienes renuncian así a su obligación de vigilar al Poder
Ejecutivo y ser su contrapeso.
Si
la legislatura pasada asumió ese papel de “oficialía de partes”, dice, la actual
ha incrementado el desprestigio del Legislativo. Se refiere sobre todo a la
Jucopo, cuyos integrantes han realizado encuentros fuera de San Lázaro,
comparecencias en “lo oscurito”, y se han subordinado al Ejecutivo al “acudir a
las oficinas de los funcionarios para que les expliquen recortes
presupuestales, la política de seguridad, y les impongan la agenda
legislativa”.
Se
refiere al encuentro que sostuvo la Jucopo el pasado 26 de febrero en el Club
de Banqueros con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray,
y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Durante
poco más de dos horas, Osorio Chong explicó a los coordinadores parlamentarios
la necesidad de aprobar el mando único de policía y cada representante de
partido expuso su concepto sobre el mismo. Durante un lapso similar, por
separado, Videgaray explicó las razones del recorte presupuestal de 132 mil
millones de pesos.
La
función de “control y vigilancia”, una de las tres que tiene el legislador,
pudieron ejercerla sólo ocho de los 500 diputados, en una sesión extramuros, en
un club privado y con un gasto innecesario, comenta Cárdenas. Y recuerda que
todos los recortes presupuestales habían sido explicados por anteriores
secretarios de Hacienda en San Lázaro.
La
nueva forma de trato con el Ejecutivo es grave desde el punto de vista
jurídico, advierte. Explica que la validez de una norma depende de que sea
aprobada por el órgano competente, que siga los procedimientos parlamentarios
establecidos y no sea contraria a la Constitución o a los tratados
internacionales suscritos por el país.
“Pero
aquí han sido atropellados los procedimientos con las reformas estructurales.
La energética ni siquiera se discutió en comisiones y pasó directo al pleno”,
dice.
Añade
que las funciones del Poder Legislativo son legislar, controlar o vigilar al
poder Ejecutivo y orientar con éste la acción política del Estado. Sin embargo,
indica, en México se legisla mucho pero con atropello al procedimiento
parlamentario.
Y
la obligación de controlar o ser contrapeso “es una burla”, como lo muestran
las mencionadas reuniones con los funcionarios, quienes están obligados por el
artículo 93 constitucional a comparecer cada vez que los convoquen diputados o
senadores, “cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a
sus respectivos ramos”.
Para
Cárdenas, “cuando hay un acuerdo que firman en económico los coordinadores
parlamentarios, sin deliberación, pues es contrario al principio democrático y
al procedimiento parlamentario”.
Desde
su punto de vista, el encuentro del 26 de febrero debió ser ante comisiones.
Aun si fue una reunión de trabajo de la Jucopo, está mal porque San Lázaro
tiene instalaciones dignas, de calidad. Añade que si se pagó el desayuno, la
comida y el club, “cualquier fiscalista diría que hubo desvío de recursos” y
habría sanciones administrativas para los miembros de la Jucopo.
“La
Jucopo es un superpoder. Debería sesionar y deliberar en público y en sus
instalaciones”, dice el abogado, aunque aclara que la Ley del Congreso y el
Reglamento de la Cámara de Diputados no establecen si ese órgano debe sesionar
sólo en sus oficinas.
El
pasado 25 de septiembre, la Jucopo dio a conocer sus lineamientos para sesionar
y en ningún apartado se refiere al lugar físico para hacerlo.
“Pero
se debe apelar al artículo 6 de la Constitución –insiste Cárdenas–, donde dice
que a los actos públicos debe dárseles la máxima publicidad. Ahora la práctica
es pactar en las cámaras en sedes extraparlamentarias, como el Club de
Banqueros o restaurantes u hoteles. Además, nosotros tenemos el derecho a la
información.”
Imposición
priista
Los
partidos han insistido en que Videgaray vaya a San Lázaro a explicar el recorte
de 132 mil millones de pesos al gasto público, y como alrededor de 100 mil
millones corresponderán a Pemex, demandan la presencia del director de esa
empresa.
Pero
el PRI no quiso “exponer” al titular de Hacienda. Primero lo convocó a un
encuentro con la Jucopo, en privado y fuera de San Lázaro, después hizo mayoría
con el PVEM para que fuera el subsecretario Fernando Aportela quien rindiera
esas cuentas.
El
25 de febrero, el presidente de la Jucopo, Camacho Quiroz, advirtió que Videgaray no asistiría y que el nuevo
director de Pemex, José Antonio González Anaya, sólo rendiría cuentas ante la
Jucopo y no en comisiones.
El
coordinador del PAN, Marko Cortés, amenazó con no acudir si la comparecencia
era ante la Jucopo y no en comisiones. Camacho matizó: “No hemos definido si es
sólo ante la Jucopo… en todo caso puede ser una reunión de trabajo con
diputados de todas las fracciones”.
Después
de escuchar a Osorio Chong y a Luis Videgaray en el Club de Banqueros y pasado
el fin de semana, Cortés dio marcha atrás. El pasado martes 1 escuchó
atentamente al director de Pemex en sus oficinas, como los demás integrantes de
la Jucopo.
Ya
en San Lázaro, el coordinador del PAN se justificó: “En mi carácter de
coordinador y miembro de la Jucopo acepté ir a esta reunión privada en Pemex,
en el entendido de que el próximo martes será la comparecencia pública ante las
comisiones de Hacienda y de Energía… (para que el director de Pemex) supiera
nuestras dudas y que no ocurra en la comparecencia pública que no cuenta con la
información”.
Para
Cárdenas esos encuentros fuera de San Lázaro son “aberrantes”, pues “las
comparecencias son para que la nación entera sepa de los asuntos que le
preocupan al Poder Legislativo… Eso que ocurrió con el director de Pemex es una
violación a la Constitución… La comparecencia no es para tomarse un cafecito o
un té juntos, funcionario y diputados”.
Los
500 diputados y sus coordinadores cuestan a la nación poco más de 7 mil millones
de pesos anuales y cada grupo parlamentario le costará en 2016, más los cuatro
meses que ejercieron el año pasado, mil 176 millones 757 mil 111 pesos por las
“subvenciones”, es decir, únicamente por los salarios de los legisladores. l
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