NUEVO CHOQUE
CON EL RELATOR /Editorial El Universal, 26 de marzo de 2016
No
hace falta un informe de Naciones Unidas para saber que la tortura es un
problema que existe en México. Casos emblemáticos de expedientes judiciales
basados en confesiones arrancadas bajo coerción manchan a todos los gobiernos
del país desde que se tiene registro. Así ocurrió con los acusados por los
granadazos en Morelia en 2008; con los primeros detenidos tras la detonación
del coche-bomba en el año 2010 en Ciudad Juárez; con los arrestados en la
Ciudad de México durante la manifestación del primero de diciembre de 2012,
entre otros. Por esa razón, si una acción civil puede ayudar a combatir el
flagelo, hay que impulsarla y combinarla con políticas de gobierno.
Juan Méndez, el
relator especial sobre el tema de la tortura para la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), fue notificado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) que no será posible este año atender su petición de
regresar a evaluar las condiciones de la tortura en el país, debido a que están
programadas otras visitas de expertos antes que la suya. Méndez termina su encargo en octubre de 2016, por lo cual es un hecho
que no le tocará volver a investigar sobre el tema en suelo nacional.
La
Cancillería no había respondido hasta anoche a este diario sobre las razones
por las cuales negó el reingreso del relator. El silencio lleva con facilidad a
la especulación y sería ingenuo descartar, entre los escenarios de la negativa,
que ésta responde a las conclusiones a las que Méndez llegó cuando emitió su
último informe: que la tortura era una práctica generalizada en México. En ese
momento, marzo de 2015, el calificativo molestó al gobierno federal, el cual
dijo: “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha
desplegado el país para consolidar (dichos esfuerzos) en la ley y en la
práctica”. Un argumento usado cuando no gustó tampoco el reporte de la ONU
sobre las desapariciones forzadas en México.
Si
el motivo que se dio al relator es cierto, debería el gobierno federal
responder: ¿quiénes son esos expertos visitantes que tendrán tan ocupado al
gobierno y a las organizaciones civiles? ¿Cuál es la razón logística por la
cual es imposible atender a varios especialistas al mismo tiempo?
La
personalidad o las formas de actuar del relator pueden estar a discusión, así
como la metodología de su informe. Sin embargo, ¿ese posible sesgo tendría que
impedir la recolección de más datos sobre la tortura? Si nada tiene que
esconder México, no hay razón para impedir la visita de un relator de Naciones
Unidas, menos si el pretexto para hacerlo es que la agenda está muy llena.
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