Juan Méndez ya no vendrá como relator a México

NUEVO CHOQUE CON EL RELATOR /Editorial El Universal, 26 de marzo de 2016

No hace falta un informe de Naciones Unidas para saber que la tortura es un problema que existe en México. Casos emblemáticos de expedientes judiciales basados en confesiones arrancadas bajo coerción manchan a todos los gobiernos del país desde que se tiene registro. Así ocurrió con los acusados por los granadazos en Morelia en 2008; con los primeros detenidos tras la detonación del coche-bomba en el año 2010 en Ciudad Juárez; con los arrestados en la Ciudad de México durante la manifestación del primero de diciembre de 2012, entre otros. Por esa razón, si una acción civil puede ayudar a combatir el flagelo, hay que impulsarla y combinarla con políticas de gobierno.

Juan Méndez, el relator especial sobre el tema de la tortura para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no será posible este año atender su petición de regresar a evaluar las condiciones de la tortura en el país, debido a que están programadas otras visitas de expertos antes que la suya. Méndez termina su encargo en octubre de 2016, por lo cual es un hecho que no le tocará volver a investigar sobre el tema en suelo nacional.

La Cancillería no había respondido hasta anoche a este diario sobre las razones por las cuales negó el reingreso del relator. El silencio lleva con facilidad a la especulación y sería ingenuo descartar, entre los escenarios de la negativa, que ésta responde a las conclusiones a las que Méndez llegó cuando emitió su último informe: que la tortura era una práctica generalizada en México. En ese momento, marzo de 2015, el calificativo molestó al gobierno federal, el cual dijo: “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado el país para consolidar (dichos esfuerzos) en la ley y en la práctica”. Un argumento usado cuando no gustó tampoco el reporte de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México.

Si el motivo que se dio al relator es cierto, debería el gobierno federal responder: ¿quiénes son esos expertos visitantes que tendrán tan ocupado al gobierno y a las organizaciones civiles? ¿Cuál es la razón logística por la cual es imposible atender a varios especialistas al mismo tiempo?

La personalidad o las formas de actuar del relator pueden estar a discusión, así como la metodología de su informe. Sin embargo, ¿ese posible sesgo tendría que impedir la recolección de más datos sobre la tortura? Si nada tiene que esconder México, no hay razón para impedir la visita de un relator de Naciones Unidas, menos si el pretexto para hacerlo es que la agenda está muy llena.