Retos y perspectivas del sistema acusatorio

Retos y perspectivas del sistema acusatorio/ por Juan Moreno Sánchez, aecretario general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), y relator del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal.

 En la revista El Mundo del Abogado,  miércoles, 03 Febrero 2016

 A fines del año pasado, destacados especialistas se dieron cita en Cholula, Puebla, para participar en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal: “Los grandes retos y perspectivas del sistema procesal penal acusatorio y oral en México”, organizado por el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. El autor nos ofrece un recuento de las actividades que ahí se realizaron.

Uno de los temas más importantes de la agenda nacional es la implementación del modelo acusatorio previsto en la reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008. El vencimiento de la vacatio legis de esta reforma (contemplada para el próximo 18 de junio de 2016) propició la reconfiguración de sus originales directrices político-criminales, haciendo necesaria la creación de una legislación penal adjetiva única: el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

De las instituciones que se han ocupado del análisis de los contenidos y los alcances de la mencionada reforma destacan los trabajos realizados por el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), que desde su fundación, hace ya casi dos décadas, se distingue por sus grandes aportaciones al debate nacional de los procesos de reforma que buscan el perfeccionamiento del sistema de justicia penal mexicano, escrutándolos desde una perspectiva científica y revisando que los mismos sean congruentes con las realidades de nuestro país, a efecto de concretar su viabilidad.

El compromiso académico y social del CEPOLCRIM lo llevó a elaborar —a título gratuito— la primera iniciativa de codificación procesal penal única (el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos), que presentaran el 21 de marzo de 2013, en la Cámara Alta, las senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo. El proyecto, coordinado y defendido por Moisés Moreno Hernández, obtuvo las mejores calificaciones en las matrices del Senado de la República, las cuales determinaron su correcta congruencia no sólo con las directrices constitucionales de nuestro sistema acusatorio, sino también con los tratados en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

Necesidad de revisar los problemas y la funcionalidad del CNPP

La naturaleza jurídica y científica del proceso penal de corte acusatorio, desvirtuada por los más diversos intereses políticos, sectoriales y hasta económicos, que permearon en el proceso legislativo a través del cual surgió el CNPP, ocasionaron que, a menos de un mes de la publicación de la nueva legislación adjetiva en materia penal, el contenido de 16 artículos de la misma fuera objeto de dos denuncias de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos yerros del nuevo ordenamiento acaso han sido subsanados en su primera reforma publicada el 29 de diciembre de 2014, en tanto que otros más motivan un par de iniciativas de reforma que se discuten a la fecha.

En aquellos lugares donde ya se aplica el CNPP, sus disposiciones comienzan a generar conflictos, particularmente para preservar los derechos humanos de los pasivos y activos del delito ante las diversas diligencias y actuaciones de los subsistemas de procuración y administración de justicia, así como en el quehacer de las defensorías y de los asesores de la víctimas (de carácter público y privado), generando una percepción social y mediática negativa; problemáticas que, sin lugar a dudas, hacen necesaria la revisión del invocado ordenamiento adjetivo en materia penal.

Dadas las perplejidades del llamado “nuevo sistema de justicia”, el CEPOLCRIM, con la participación de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, correspondiente a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (AMPEC/ALPEC), cuyos respectivos secretarios ejecutivos son Moisés Moreno y Eugenio Raúl Zaffaroni, organizaron el Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal: “Los grandes retos y perspectivas del sistema procesal penal acusatorio y oral en México (revisión de los problemas y la funcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales a siete años de la reforma constitucional de 2008)”.

Este congreso, que tuvo verificativo en la ciudad de Cholula, Puebla, del 30 de noviembre al 3 de diciembre del año pasado, tuvo como antecedente el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal: “Retos y perspectivas del sistema procesal penal mexicano en el siglo XXI”, que organizó el CEPOLCRIM del 9 al 13 de octubre de 2006, en la Ciudad de México.

El CEPOLCRIM, y la recientemente creada AMPEC/ALPEC, desde sus planos académicos, han participado activamente en el debate sobre la implementación del sistema procesal penal de corte acusatorio. Ambas instituciones se han caracterizado por realizar un debate serio, crítico y propositivo a través del cual sus opiniones, cuestionamientos y propuestas pretenden abonar en la mejor forma de transitar hacia el nuevo modelo de justicia penal. Esta visión se refrendó, por ulterior ocasión, en el diseño y la organización del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal.

Objetivo y ejes del programa académico

El gran objetivo central del Segundo Congreso Internacional fue analizar el modelo procesal penal adoptado por el CNPP, su correspondencia con los objetivos de la reforma constitucional de 2008 y las necesidades y realidades nacionales, así como aportar criterios para coadyuvar en la consecución de los objetivos de la invocada reforma.

Para cumplimentar este gran objetivo, el CEPOLCRIM estructuró un programa académico integrado por un total de 14 conferencias magistrales y de 15 paneles de discusión, en los que se abordaron los cuatro ejes temáticos que informaron este importante congreso; a saber: aspectos ideológicos y político-criminales del nuevo sistema procesal penal en México; aspectos ideológicos y político-criminales del sistema procesal penal comparado y el CNPP; los problemas prácticos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los grandes desafíos del nuevo sistema procesal penal mexicano.

Organizadores, conferencistas, panelistas, coordinadores de mesa y público asistente

El desarrollo del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal no hubiera sido resultado posible sin la amable asistencia de todas y cada una de las personas que, como público y expositores, acudieron a la convocatoria del CEPOLCRIM. Entre los últimos destacó la participación de conferencistas, panelistas y coordinadores de las mesas de discusión, tanto nacionales como del extranjero, quienes expusieron magistralmente sus posturas, críticas y recomendaciones en torno de los distintos rubros materia del programa de esta magna jornada académica, ideada, estructurada y coordinada por Moisés Moreno Hernández, con la participación de miembros del CEPOLCRIM como Adriana Gabriela Leguízamo Ferrer, Jesús Corrales Hernández y Juan Moreno Sánchez.

Cabe resaltar la presencia de los profesores extranjeros Julio B. Maier y Mariana Sacher de Argentina; Gloria Bernal y Sandra Patricia Ramírez de Colombia; Elías Carranza de Costa Rica; Egil Ramírez de Cuba; César Landelino de Guatemala; Andrea Castaldo de Italia, y Sergio Cuarezma de Nicaragua. Sus brillantes intervenciones hicieron posible la realización —de primera mano— de un ejercicio de Derecho comparado sobre la situación que guarda nuestro modelo acusatorio, con respecto del Derecho penal adjetivo de sus correspondientes latitudes.

Entre los expositores nacionales se contó con la presencia de los magistrados federales María Elena Leguízamo, José Nieves Luna Castro, Carlos Loranca y Héctor Lara; Alejandro González y Gerardo Carmona, magistrados de los tribunales de Michoacán y Oaxaca, respectivamente; Antonio Bonilla, juez de control de Yucatán; Víctor Carrancá, procurador de Justicia de Puebla; José Barragán, Ruth Villanueva, José Luis Musi Nahmias, Sergio Correa, Raúl González-Salas, Patricia Olamendi, Alicia Azzolini, Laura Londoño, Arturo Flores, Samuel González, Ernesto Mendieta, Eskándar Ganem y Julio César Berthely; los periodistas Fred Álvarez, Raúl Fraga, Renato Consuegra, Jorge Meléndez y Rogelio Hernández; los profesores del nuevo sistema de justicia Juan José Olea, Rafael Álvarez, José Manuel Cruz, Luis Cuauhtémoc Hidalgo, Héctor Carreón, Francisco Galván, Roberto Hernández, Roberto Contreras y Julio Guillén, así como Juan Velázquez, connotado abogado penalista.

 Desarrollo y resultados

 En función de las múltiples conferencias y paneles de discusión que conformaron el programa de este Segundo Congreso Internacional, se advierte como uno de los grandes retos de la agenda mexicana llegar a una correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal durante este año. Esta tarea, nada sencilla como quedó de manifiesto en los diversos ejercicios de Derecho comparado en que se exploró el sistema acusatorio (en los ámbitos internacional y nacional), requiere un profundo conocimiento de la orientación político-criminal de la multicitada reforma de 2008, así como de los fines y los contenidos de la misma, cuyo desarrollo en el CNPP, si bien uniformó las diferentes lecturas que sobre el proceso penal acusatorio se habían generado en las codificaciones de las entidades federativas que lo pusieron en vigor, reproduce algunos de sus problemas y crea otros tantos.

 Sin lugar a dudas, la visión integral sobre las perplejidades y la funcionalidad del CNPP permite realizar una valoración de los grandes retos y perspectivas del sistema acusatorio, tomando en consideración todas las trincheras en las que participan sus distintos sujetos procesales. El evento académico que motiva las presentes líneas refrenda el posicionamiento del CEPOLCRIM y del AMPEC/ALPEC como referentes nacionales e internacionales en la revisión de los procesos de transformación del sistema de justicia penal, pugnando siempre por que éste sirva a nuestra sociedad.