Revista
Proceso
# 2058, 2 de abril de 2016..
La
inconformidad social, amenaza para las elecciones/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
Este año en el
país serán elegidos 12 gobernadores, 388 legisladores locales, 965 presidentes
municipales, 300 presidencias comunitarias y 60 diputados para la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, una gran carga
de trabajo para el INE, sostiene en entrevista su presidente, Lorenzo Córdova.
Y ello ocurrirá en una sociedad que desconfía de las instituciones y está
vulnerada por la violencia del crimen organizado. Estos elementos son un riesgo
para los procesos electorales, pues podrían generar “pulsiones autoritarias”
que eventualmente devendrían en el boicot a los comicios.
Explica:
“El problema de confianza es un problema estructural de la vida democrática en
México. El informe-país que hizo el IFE al final de su existencia y del que
ahora estamos elaborando una segunda edición, nos revela que siete de cada 10
mexicanos sostienen que no se puede confiar en nadie fuera del circuito
familiar; que hay un problema de, como dicen los sociólogos, erosión del tejido
social”.
Con
el agravante, además, de que “no hemos logrado remontar la baja en la
credibilidad que la autoridad electoral ha experimentado en la última década,
sobre todo después de las elecciones de 2006, que tuvo el IFE primero, y que el
INE hereda naturalmente”.
Ese
es el contexto “muy adverso”, entonces, en el cual el INE cumple sus primeros
dos años de vida, en el que operó en las elecciones de 2015 y en las que está
operando para las elecciones de este 2016, en las que se votarán los siguientes
cargos:
Doce
gobernadores: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
También
388 diputados locales, de los cuales 239 son de mayoría relativa y 149 de
representación proporcional.
Además
965 presidentes municipales, 547 mediante proceso electoral y 418 por el
sistema de usos y costumbres en Oaxaca.
Se
votará también por más de 300 presidencias comunitarias en Tlaxcala, 206 por
elección y 93 por el sistema de usos y costumbres.
Por
último, se elegirán los 60 diputados que formarán la Asamblea Constituyente de
la Ciudad de México.
En
total, mil 724 cargos los que estarán en juego en la jornada electoral del 5 de
junio próximo.
–Pero
ese contexto social tan adverso que usted menciona, ¿qué tan diferente es al
que se ha vivido en otros momentos de la historia electoral del país? Parece
que el país no ha cambiado gran cosa –se le pregunta a Córdova Vianello,
licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor
en teoría política por la Universidad de Turín.
–Que
hoy la insatisfacción y la desconfianza de la sociedad son de tal magnitud que
pueden traducirse, o son más bien, un caldo de cultivo poco propicio para la
recreación democrática de la sociedad, en el que es muy fácil que germinen
pulsiones autoritarias.
“Lo
que quiero decir es que esos problemas estructurales a los que me refiero, y
que no están resueltos, generan naturalmente una gran cantidad de demandas –en
su mayoría, legítimas–, porque hay derechos insatisfechos, derechos vulnerados,
y más, que no necesariamente entran en un ámbito que sea competencia del INE.”
Demandas
democráticas
En
el proceso electoral de 2015, de elecciones intermedias, explica Córdova,
múltiples actores de la sociedad le plantearon al instituto demandas, por
ejemplo, de falta de agua, de cosechas afectadas por plagas, promesas
incumplidas por gobiernos locales o municipales, carreteras no construidas,
demandas de justicia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala… un gran
número de demandas de ese tipo.
Son,
dice, demandas “naturales y legítimas”, producto de la gran inconformidad
social que deriva de los grandes problemas “que no han sido todavía resueltos y
que son, por cierto, muy delicados, porque esos conforman el contenido, la
materia de la inconformidad o el descontento con la democracia.
“Son
problemas que si el sistema democrático no logra atender, corren el riesgo de
convertirse en aquello que (el filósofo y politólogo italiano) Norberto Bobbio,
llamaba ‘las promesas incumplidas de la democracia’.
“Y
en consecuencia van a alimentar esta lógica no sólo de desasosiego, sino de inconformidad
con la democracia y con las elecciones, que son su expresión más inmediata”.
Si
bien muchas de esas demandas no eran competencia de la autoridad electoral,
aunque ésta se solidarizó con ellas, “sí se aparejaron, en muchos casos, a la
lógica antidemocrática de impedir las elecciones, de boicotearlas”, dice
Córdova.
–Dice
usted: pulsiones autoritarias, pretensiones de boicotear las elecciones, pero…
¿de parte de quién?
–De
muchos actores. Fue lo que sucedió en el proceso electoral de 2015. En la
operación electoral de ese año tuvimos que enfrentar la retención de
funcionarios, la toma de instalaciones, por ejemplo. No fue nada más una
cuestión retórica; no era nada más una cuestión discursiva. Nos amenazaban
claramente: O se cumplen nuestras demandas o impedimos las elecciones.
“En
una gran cantidad de casos se tradujeron en actos tendientes a impedir u
obstaculizar la organización de las elecciones: funcionarios secuestrados,
amenazas en ocasiones cumplidas en contra de nuestros funcionarios y en muchos
casos hasta de los ciudadanos que ya habían aceptado ser funcionarios de
casilla.
“Estoy
hablando de consejos distritales en su conjunto que fueron retenidos durante
horas y en ocasiones durante días, por grupos que manifestaban una
inconformidad social –insisto: en la gran mayoría de los casos legítima–,
producto de problemas concretos que no habían tenido solución, pero que
abanderaron y que en ese sentido son absolutamente demandas justificadas y
legítimas, pero que al momento de actuar con el propósito de impedir las
elecciones, ya se salen de la lógica del funcionamiento democrático.
“Es
decir, se acaban convirtiendo o acaban adoptando una lógica autoritaria en lo
concreto, no sólo en el discurso, como fue el caso de grupos presuntamente
anarquistas que destruyeron locales nuestros, entre otros muchos casos.”
Sin
embargo, agrega Córdova, en 2015 a pesar de que hubo riesgos inminentes de que
se tuvieran que cancelar elecciones –habría sido la primera vez en la
historia–, las hubo en todo el país.
Afirma
el entrevistado: “No llegamos a ese extremo, cosa que no ha ocurrido desde
1917, gracias a que se logró construir un orden democrático, no un orden a
secas, no un orden como los que claman y que a veces incluso subyacen a las
voces que plantean soluciones autoritarias. Fue un orden democrático en donde
al final del día los mismos ciudadanos reivindicaron e hicieron suyas las
elecciones. La sociedad, a pesar de todo, salió y participó; inclusive en los
estados más conflictivos, que fueron Guerrero y Oaxaca”.
Según
Lorenzo Córdova “la actuación de la autoridad electoral en coordinación con las
instancias de seguridad del Estado mexicano, fue lo que permitió que hubiera
elecciones en todos los Distritos y que se exorcizara la posibilidad de que no
las hubiera”.
Para
las elecciones de este 2016 Córdova se muestra optimista. “Hoy, las elecciones
en Oaxaca, que hace un año estuvieron en riesgo de no llevarse a cabo, están
transcurriendo en una relativa normalidad”.
–Sin
embargo, hay problemas que persisten, a los que se agregan pugnas internas en
los partidos políticos, entidades asediadas o capturadas por el crimen
organizado, la propia sobrecarga de trabajo en el INE, problemas entre muchos
otros, que podrían dificultar las elecciones de este año y las presidenciales
de 2018…
–Claro
que hay conflictos que ponen en riesgo la actividad electoral. Estamos viendo
partidos que hoy viven un proceso de crisis de confianza también muy agravado,
que están viviendo procesos internos de selección de candidatos muy
complicados, que han provocado escisiones, fracturas, en fin. Hay una rispidez
electoral, pero que es parte de la naturaleza de las elecciones.
En
relación con los estados donde hay una presencia manifiesta del crimen
organizado, Córdova asegura que “hasta ahorita no se han visto alteradas las
rutas de organización de la elecciones. Se han tomado medidas preventivas, como
en 2015. Por ejemplo, ante alguna situación de violencia pública se instruye a
nuestra gente suspender el trabajo de campo hasta que haya las condiciones
necesarias”.
Recuerda
que el INE “no es una instancia de seguridad. Nosotros no tenemos un mapa de
riesgos; no los hacemos. Hay contacto con las instancias de seguridad,
encargadas de ello”.
Sobrecarga
de trabajo
“Una
virtud del INE y que le da una gran capacidad de adaptación a las distintas
circunstancias, es que quienes realizan el trabajo de campo, nuestros
capacitadores, son personas de las comunidades en donde operan. Ellos mejor que
nadie son los que conocen cuál es la mejor manera para garantizar la seguridad
del trabajo que desempeñan”, señala.
Respecto
de la sobrecarga de trabajo para la autoridad electoral que ha implicado la
reforma electoral de 2014 –de la cual nació el INE–, que agregó al instituto 74
atribuciones adicionales, 53 de ellas relacionadas con las elecciones locales,
el funcionario afirma:
“Sí,
es una carga de trabajo brutal para el INE. Y pongo sólo un ejemplo, que es el
caso de la fiscalización: el INE no sólo se hará cargo de fiscalizar todas las
campañas electorales del país, locales y federales, sino que antes se tenía un
año para hacerlo; ahora se tienen escasas semanas después de la jornada
electoral.”
Pero
no cree que el INE sea por ello “una institución rebasada. Sino que hoy le
demanda muchísimo más a su personal, a su estructura, de lo que le demandaba
antes, incluso el último año. La cantidad de temas y sobre todo la
participación en la parte local, requiere de mucha dedicación institucional.
“Nunca
en la historia del órgano electoral, más de cinco lustros, había habido una
demanda de trabajo a la estructura, al funcionariado del INE, como la de
ahora”.
Concluye:
“El año pasado pudimos superar los retos que nos presentaban los problemas
sociales, inclusive la propia conflictividad electoral. Pero, cuidado: nada
significa que en 2018 no vuelvan a presentarse. Porque, al final del día, los
grandes problemas nacionales siguen estando presentes y eso puede acabar
generando –si no se logra construir, procurar, recrear esa base social de la
que depende el funcionamiento de la democracia– las pulsiones autoritarias y la
tentación de boicotear las elecciones que experimentamos el año pasado.
“Las
elecciones de 2018, que incluye el relevo en la Presidencia, son la prueba de
fuego no sólo del INE, sino también de la propia reforma. Y nada garantiza que
no nos vuelva a pasar lo de 2015.
“La
de 2018 será la más grande y compleja de la historia, en términos de su
organización. Habrá 29 elecciones, en igual número de estados, que serán
concurrentes con las tres federales (para presidente de la República, diputados
y senadores).
“Por
lo mismo, habrá una movilización sin precedente: 155 mil casillas, seis mil más
que en 2015, en las que participarán 1 millón 840 mil ciudadanos, 220 mil más
que en las elecciones intermedias del año pasado.
“Y
es tanto lo que está en juego, empezando por la Presidencia de la República –se
disputarán 3 mil 637 cargos, un tercio más que el año pasado–, que esto puede
acabar siendo un estímulo para que lo que nos ocurrió vuelva a ocurrir.
“Por
eso –termina el consejero presidente del INE–, creo que debemos reflexionar más
sobre lo cerca que hemos estado de la ruptura de la normalidad democrática, a
causa de la baja cultura cívica que tenemos, el cada vez más erosionado tejido
social, la irresponsabilidad de múltiples actores –que, por sólo perseguir sus
intereses, en algunos casos ha llevado a anular elecciones o a desconocer
resultados–, factores que han minado el sistema electoral y la democracia misma
en el país.”
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