Rafael Cardona, Ricardo Alemán, Carlos Marín.
MILITARES, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS/Rafael Cardona
El Financiero,
Por fin la justicia mexicana puso en libertad a los militares de caso Tlatlaya. Todo empezó en junio del 2014, cuando más de una veintena de delincuentes atacaron a nuestro ejército con armas de alto calibre, de esas reservadas para las fuerzas armadas: 16 fusiles AK 47 calibre 7.62 x 39mm, 6 fusiles calibre .223; además de escopetas y armas cortas, granadas y más de 4,000 cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo. La agresión llevada a cabo por la delincuencia organizada tuvo su mayor perversidad cuando se culpó a los militares de haber actuado fuera de la ley e intentar inculparlos, aun cuando éstos rescataron a varias mujeres, supuestamente, víctimas de secuestro. Lo peor, es que después se dijo que los miembros del ejército habían ejecutado a los agresores, quienes por cierto después de la prueba de rodizonato de sodio practicada a los 22 cadáveres, se demostró que habían disparado sus armas. Posteriormente, las mujeres que dijeron haber sido secuestradas, actuaron como testigos en contra de los elementos militares; unas decían que los soldados iban con pasamontañas, cuando otras y en ocasiones las mismas, dijeron haber reconocido sus rostros; también hubieron mentiras y contradicciones en sus declaraciones en cuanto a los horarios y al evento mismo y todo ello con la ayuda de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. Estas organizaciones privadas han venido tratando de denostar al Ejército Mexicano y son muchas las organizaciones como estas que defienden a delincuentes y evidentemente esto no es gratuito. Las organizaciones delincuenciales invierten muchos recursos económicos en organizaciones que en un momento dado puedan defenderlos, de la misma manera en que cooptan a algunos policías o políticos para actuar al amparo de todo aquello que les permita seguir delinquiendo. En el artículo 247 bis del Código Penal Federal dice quien declare con falsedad ante autoridad judicial se le impondrán de cinco a doce años de prisión y de trecientos a quinientos días de multa, yo pregunto qué pasará con esta gente que mintió dañando así a los militares y a la institución más confiable y querida por los mexicanos. ¡En Tlatlaya los culpables que quedan vivos, así como quienes defendieron la mentira, deben estar en la cárcel!
Nuestras fuerzas armadas están desempeñando labores policíacas que no les corresponden y esto debido a que las policías todavía no son ni eficaces ni confiables, son muchas las ocasiones en que el Secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda lo ha mencionado; asimismo ha dicho que los miembros del ejército estarán en las calles mientras México así lo requiera, aunque la verdad es que los costos están siendo sumamente altos para nuestras instituciones.
Lo que yo puedo decir de nuestro ejército es que son hombres y mujeres con altas cualidades, se caracterizan por valores como la lealtad, el honor y el valor en batalla; ellos fueron entrenados para la guerra, no para cuidar calles o rancherías; son gente altamente adiestrada, cada vez que hay un evento en que la población requiere de su ayuda ahí están para curar, dar de comer y beber y tal parece que algunos olvidan la importancia de ello y más aún, la importancia de velar todos juntos por la institución que tiene, como mencioné, antes el cariño y la credibilidad más alta.
Ya es tiempo de defender a quienes nos defienden, ya es tiempo de señalar abiertamente a quienes pretenden seguir dañando a nuestra patria.
MILITARES, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS/Rafael Cardona
La Crónica, 17 de mayo de 2016
Sí, pues. Fue para los defensores de todo lo defendible, una cubeta de hielos sobre la cabeza. “El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los últimos tres de los ocho militares involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.
“El Ministerio Público Federal señaló que considera “haber ofrecido los elementos de prueba suficiente para que se procesara a los tres elementos militares”, sin embargo el tribunal determinó que Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides son inocentes de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo.
“En marzo pasado integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representan a las sobrevivientes de la balacera registrada en una bodega del municipio de Tlatlaya, indicaron que un juez militar absolvió de los delitos militares a los implicados en este caso, a los cuales se les imputó el delito de infracción de deberes.
“En octubre de 2015 un juzgado federal concedió la libertad a cinco de los ocho inculpados, a pesar de que de acuerdo con los peritajes realizados por la PGR al menos nueve personas de un total de 22 habrían sido ejecutadas, esto a pesar de que según indagatorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta 15 de las víctimas habrán sido abatidas a mansalva. La Procuraduría General de la República (PGR) informó la noche de este viernes que el tribunal antes mencionado “desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos.
“Conforme al marco legal vigente la PGR acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.
“Asimismo, indicó que con esta resolución judicial a su favor los tres efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán puestos en libertad y abandonarán la Prisión Militar número 1-A, que se localiza en la ciudad de México”.
Obviamente esto derriba los reportajes de Squire y Associated Press cuya condición de medios informativos fue elevada a las alturas de prueba máxima. Y también derriba la incitación al malestar contra las Fuerzas Armadas.
A partir de la intervención del grupo de expertos de la OEA, la insistencia de resolver el caso Iguala, cuya tendencia corre en paralelo con la de este zafarrancho en Tlatlaya, como un crimen de Estado en el cual habrían estado presentes (así fuera, paradójicamente, por ausencia) los soldados y sus mandos, se acentuó.
Esta sentencia diluye un poco la presión jurídica, aun cuando no abatirá la presión mediática ni el furor de los “defensores” de todas las causas defendibles habidas y por haber. Por el contrario, quienes empujaron para lograr juicios civiles para los soldados y prácticamente extinguir el fuero militar, tampoco ahora se mostrarán satisfechos.
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ITINERARIO POLÍTICO/Ricardo Alemán
Tlatlaya: rapiña y perversión de los derechos humanos
Mileniio, 17 de mayo
El caso Tlatlaya no requiere más explicación. En 2014 un grupo de militares acudió a una bodega en Tlatlaya, donde según reportes ciudadanos se ocultaban integrantes de un grupo criminal.
Los militares fueron recibidos a balazos. Respondieron el fuego y mataron a la banda criminal. Un militar resultó herido. Luego, membretes de ONGs orquestaron un montaje mediático para acusar a los militares de torturar y ejecutar a los criminales.
Se valieron de conocido circuito de periodistas, intelectuales y académicos que, reiteradamente, emplean idéntico modus operandi; adoctrinar a criminales para inventar tortura y violencia de parte de policías, marinos y militares para —con ello— lograr liberar criminales y obtener dinero público mediante la reparación del daño; dinero que reparten con las ONG.
Rapiña y perversión emparentado con el crimen organizado, solo que vestido con ropajes de derechos humanos.
En el caso Tlatlaya el Centro ProDH —de Emilio Álvarez Icaza— se encargó de inventar la supuesta ejecución de militares contra criminales y, en complicidad con la CNDH, solicitó millones para familias de los criminales.
Así, el 21 de octubre de 2014, la CNDH emitió la recomendación 51/2014, dirigida a Sedena, PGR y gobierno mexiquense, en la que asegura que se violaron derechos humanos en agravio de 25 víctimas directas, (22 criminales fallecidos y 3 sobrevivientes) del enfrentamiento del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.
Las dependencias debían reparar el daño ocasionado a víctimas indirectas; hijos en edad escolar, padres y cónyuge de los criminales. Dinero que, por ejemplo, nunca recibe la familia de un militar, marino o policía asesinado por criminales.
A su vez, en mayo de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal (CEAV) inició las acciones de reparación integral a las personas afectadas en el caso Tlatlaya y estableció que el monto a pagar a las familias de los criminales abatidos era de 50 millones de pesos. Es decir, el dinero público es utilizado como pago a las familias de los criminales; nunca a las víctimas de los propios criminales.
Jaime Rochín, presidente de la CEAV —quien suplica para seguir en la rentable Comisión Ejecutiva—, declaró en mayo de 2015 que 13 familias recibirían la reparación integral del daño.
En tanto, la PGJEM pagó una reparación del daño a tres mujeres sobrevivientes, calculada en 50 millones de pesos. Las mujeres eran parte de la banca criminal y fueron adoctrinadas por el Centro ProDH para avalar el engaño —lo cual nunca lograron—, y sus contradicciones llevaron a dos jueces civiles a rechazar la versión de la tortura a los criminales y la ejecución por parte de los militares.
Las familias de los criminales abatidos recibirían 100 millones de pesos de dinero público y 50 por ciento —50 millones de pesos—, se quedarían en manos del Centro ProDH. El negocio de los derechos humanos.
Hoy jueces federales declararon inocentes a los militares. ¿Por qué la CNDH y la CEAV aceleraron el pago a familias de criminales antes de conocer si existió o no culpa de los militares?
El tamaño del negocio, la rapiña y la perversión de los derechos humanos.
¿Será que, el de los derechos humanos es un negocio igual al del crimen organizado? ¿Existe diferencia entre los negocios criminales y los negocios de la CNDH, la CDHDF y las ONG?
¿Por qué ninguno santón del periodismo, del intelecto y la academia habla del mal humor social que producen esos delincuentes de “cuello humano”? Farsa y farsantes.
Al tiempo.
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EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
Disyuntiva del caso Tlatlaya
El magistrado Adalid Ambriz Landa liberó a los tres soldados acusados de modificación de la escena, encubrimiento y ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, por “insuficiencia probatoria”.
La resolución, sin embargo, no impide que, “por medios posteriores de prueba, el MP actúe nuevamente contra los inculpados, pues en estos casos no opera el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal…”.
Por desgracia, entre más tiempo transcurre entre un hecho de sangre y su cabal esclarecimiento (¿qué tal el caso Iguala?), más difícil se torna conocer la verdad.
Ambriz excarceló a los militares porque, aduce, “no es posible vulnerar los derechos humanos de los procesados…”.
La inocencia o culpabilidad que resulte en la última instancia judicial plantea inquietudes como estas:
De ser culpables, ¿por qué dejaron con vida a las tres testigos de la masacre?
Si resultan inocentes, ¿el Estado y quienes los lincharon les repararán el daño a sus derechos humanos que implicó para ellos y sus familias la deshonra y el encarcelamiento…?
cmarin@milenio.com
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En Tlatlaya sí hay culpables/ Fernando SchutteEl Financiero,
Por fin la justicia mexicana puso en libertad a los militares de caso Tlatlaya. Todo empezó en junio del 2014, cuando más de una veintena de delincuentes atacaron a nuestro ejército con armas de alto calibre, de esas reservadas para las fuerzas armadas: 16 fusiles AK 47 calibre 7.62 x 39mm, 6 fusiles calibre .223; además de escopetas y armas cortas, granadas y más de 4,000 cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo. La agresión llevada a cabo por la delincuencia organizada tuvo su mayor perversidad cuando se culpó a los militares de haber actuado fuera de la ley e intentar inculparlos, aun cuando éstos rescataron a varias mujeres, supuestamente, víctimas de secuestro. Lo peor, es que después se dijo que los miembros del ejército habían ejecutado a los agresores, quienes por cierto después de la prueba de rodizonato de sodio practicada a los 22 cadáveres, se demostró que habían disparado sus armas. Posteriormente, las mujeres que dijeron haber sido secuestradas, actuaron como testigos en contra de los elementos militares; unas decían que los soldados iban con pasamontañas, cuando otras y en ocasiones las mismas, dijeron haber reconocido sus rostros; también hubieron mentiras y contradicciones en sus declaraciones en cuanto a los horarios y al evento mismo y todo ello con la ayuda de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. Estas organizaciones privadas han venido tratando de denostar al Ejército Mexicano y son muchas las organizaciones como estas que defienden a delincuentes y evidentemente esto no es gratuito. Las organizaciones delincuenciales invierten muchos recursos económicos en organizaciones que en un momento dado puedan defenderlos, de la misma manera en que cooptan a algunos policías o políticos para actuar al amparo de todo aquello que les permita seguir delinquiendo. En el artículo 247 bis del Código Penal Federal dice quien declare con falsedad ante autoridad judicial se le impondrán de cinco a doce años de prisión y de trecientos a quinientos días de multa, yo pregunto qué pasará con esta gente que mintió dañando así a los militares y a la institución más confiable y querida por los mexicanos. ¡En Tlatlaya los culpables que quedan vivos, así como quienes defendieron la mentira, deben estar en la cárcel!
Nuestras fuerzas armadas están desempeñando labores policíacas que no les corresponden y esto debido a que las policías todavía no son ni eficaces ni confiables, son muchas las ocasiones en que el Secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda lo ha mencionado; asimismo ha dicho que los miembros del ejército estarán en las calles mientras México así lo requiera, aunque la verdad es que los costos están siendo sumamente altos para nuestras instituciones.
Lo que yo puedo decir de nuestro ejército es que son hombres y mujeres con altas cualidades, se caracterizan por valores como la lealtad, el honor y el valor en batalla; ellos fueron entrenados para la guerra, no para cuidar calles o rancherías; son gente altamente adiestrada, cada vez que hay un evento en que la población requiere de su ayuda ahí están para curar, dar de comer y beber y tal parece que algunos olvidan la importancia de ello y más aún, la importancia de velar todos juntos por la institución que tiene, como mencioné, antes el cariño y la credibilidad más alta.
Ya es tiempo de defender a quienes nos defienden, ya es tiempo de señalar abiertamente a quienes pretenden seguir dañando a nuestra patria.
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