La última batalla contra la paz en Colombia

Revista Proceso # 2065, 29 de mayo de 2016..

La última batalla contra la paz/RAFAEL CRODA

El proceso de paz que llevan adelante Colombia y las FARC no es bien visto por muchos colombianos… 90% de ellos, según las encuestas. Y sobresalen, por su enorme influencia, dos de esos opositores: el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. Los dos, ampliamente conocidos por sus posiciones ultraderechistas. Al diálogo con la guerrilla aún le falta un paso más, uno crucial: un plebiscito que dé por buenos los acuerdos que se logren con los rebeldes. Y la ultraderecha ya vela armas para propinarle un revés al gobierno en ese proceso plebiscitario.

BOGOTÁ.- El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe y el procurador general, Alejandro Ordóñez, los más enconados opositores a los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), libran su última batalla política contra ese proceso. 

Y lo hacen con todos los recursos a su alcance: con la resonancia que tiene la voz de Uribe entre un amplio sector de colombianos que reprueba a las FARC, y desde el bastión ideológico ultraconservador en que ha convertido Ordóñez a la Procuraduría General.

 Ellos saben que un acuerdo final de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo insurgente es inminente, pero están haciendo lo posible por obstaculizarlo y llenarlo de dudas y sospechas frente a la opinión pública colombiana.

Argumentan que Santos está coludido con esa guerrilla para imponer en Colombia “un nuevo orden al margen de la Constitución” y “un gobierno castro-chavista”; que la negociación con las FARC significa la “claudicación del Estado” y que los acuerdos de paz serán un “pacto de impunidad con el narcoterrorismo”.

Tan dura es la campaña contra la paz que, en una decisión inusual, el presidente Santos acudió el jueves 26 ante la Corte Constitucional a defender la legalidad del plebiscito propuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso, para refrendar los acuerdos con las FARC.

“Que el pueblo decida”, dijo Santos a los magistrados del tribunal, y criticó a quienes “han intentado sembrar confusión” en torno a los diálogos con la guerrilla.

Para el senador Roy Barreras, quien forma parte del equipo del gobierno que negocia con las FARC, la campaña que desarrollan Uribe y Ordóñez está basada en “falacias, argumentos delirantes y mentiras” que buscan impedir la terminación de la guerra.

En entrevista con Proceso, el legislador y presidente del gobernante Partido de la U, afirma que los dos personajes representan a una “minoría radical, de extrema derecha, que está empeñada en defender los intereses políticos y económicos que se verían afectados con el fin del conflicto armado”.

Incluso, agrega, la campaña contra el proceso de paz “esconde otra razón oscura: el empeño de los grupos de la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico, de que se mantenga la guerra contra la guerrilla, porque es un factor distractor que le impide al Estado combatirlos con más fuerza a ellos”.

De acuerdo con el senador, “todos estos intereses, que muchas veces se mezclan, principalmente en las regiones, coinciden en defender el statu quo de la guerra”.

“Resistencia civil”

Uribe, quien negoció la paz con los grupos paramilitares de extrema derecha la década pasada, desarrolla una campaña de “resistencia civil” contra los acuerdos que negocian las FARC y el gobierno colombiano en La Habana.

Y Ordóñez, un católico lefebvrista conocido por sus feroces arremetidas contra los derechos de las minorías sexuales, secunda al expresidente desde la tribuna que le otorga la Procuraduría General, que en Colombia tiene poderes disciplinarios sobre los funcionarios públicos, incluida su destitución.

Luego de un acuerdo que alcanzaron el pasado jueves 12 las FARC y el gobierno para elevar a rango constitucional los pactos de paz –siempre y cuando lo aprueben el Congreso y el Poder Judicial– Ordóñez acusó a Santos en una carta de buscar “derrocar la Constitución de la mano con las FARC”.

Pronto se supo que esa carta fue urdida en una reunión que tuvieron el procurador colombiano y Uribe en Miami, a donde asistieron a la cumbre de líderes Concordia.

El senador Barreras dice que se trata de “esfuerzos desesperados” para obstaculizar un acuerdo con las FARC y su eventual refrendo en las urnas por parte de los votantes colombianos.

Según lo pactado entre el gobierno y esa guerrilla, los acuerdos que pondrán fin a un conflicto armado interno de 52 años deberán ser aprobados en las urnas mediante una consulta popular que se realizaría en un plazo máximo de 60 días después de la firma de la paz.

Carlos Mario Perea, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, considera que el llamado de Uribe a la “resistencia civil” y la “estridencia mediática” del procurador están encaminados a “sabotear la paz” y a posicionar la campaña contra la aprobación electoral de los acuerdos.

Fuentes del gobierno estiman que la paz se firmará en junio o julio, lo que, de ser así, implica que el plebiscito se estaría realizando entre julio y septiembre, y esa sería la última oportunidad de los adversarios del proceso para impedir que éste llegue a buen término.

Ordóñez, considerado por el grupo neonazi colombiano Tercera Fuerza como “el último hombre en pie” en el país, ya comenzó por advertir a los funcionarios públicos que, en un plebiscito, no podrán hacer proselitismo a favor de la paz.

Esto, pese a que Ordóñez ha hecho activismo contra el proceso de paz desde su inicio, en noviembre de 2012, y lleva años en una abierta campaña para proyectarse como candidato presidencial del Partido Conservador, en el cual milita.

Político popular

Carlos Mario Perea dice que el gran problema de Uribe y Ordóñez es que, si se logra la paz, se resquebrajará su piso político.

“Necesitan seguir sembrando el miedo y el odio entre los ciudadanos porque esa es su única bandera política. Uribe es un hombre de guerra y un caudillo autoritario, populista y mesiánico que necesita el discurso del miedo”, asegura el doctor en estudios latinoamericanos.

Uribe rechaza que los jefes de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra paguen las penas que les imponga un tribunal especial con reclusión no carcelaria y trabajo comunitario. También se opone a que participen en política. Pero ambas cosas ya fueron pactadas en La Habana.

El expresidente, cuyo padre, Alberto Uribe, fue asesinado en 1983 por las FARC, tiene a varios de sus más cercanos colaboradores presos o prófugos por delitos que van desde espionaje a la oposición, a periodistas y a magistrados, hasta nexos con paramilitares, corrupción y asesinato.

Su hermano Santiago está detenido por concierto para delinquir y homicidio agravado. Y sus hijos, Tomás y Jerónimo, son investigados por tráfico de influencias.

Pero aun con la sombra de esos expedientes judiciales, el expresidente y senador es uno de los políticos más populares de Colombia y su partido, el Centro Democrático, tiene la quinta parte de las curules en el Senado.

Según una encuesta de la firma Gallup de este mes, 56% de los colombianos tiene una opinión favorable de él.

Ese mismo sondeo indica que las FARC tienen una imagen negativa entre 90% de colombianos y que las dos terceras partes considera que las negociaciones con esa guerrilla van por mal camino. Esto, a pesar de la inminencia de un acuerdo de paz.

Perea considera natural que las FARC generen resistencias entre la sociedad colombiana por los errores que han cometido, como el secuestro de civiles, su involucramiento en la producción de coca y su “cerrazón” en la negociación de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

“Pero este es un conflicto muy complejo y esa guerrilla ha mostrado, en esta ocasión, voluntad política para poner fin a la guerra. Es una oportunidad histórica para lograr la paz”, señala.

Violencia contra la paz

Perea sostiene que es sintomático que entre más cerca está la firma de un acuerdo, más arrecia la campaña de la ultraderecha contra la paz. Y ésta, dice, incluye violencia, pues durante 2015 fueron asesinados 105 dirigentes sociales partidarios de la paz, 35% más que en 2014. Este año ya van 21.

“Existen estructuras criminales que están saboteando el proceso de paz con amenazas y asesinatos de líderes de izquierda”, dijo el saliente consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera.

Estos hechos criminales se presentan en las áreas rurales, donde está el origen y el epicentro del conflicto armado, y donde estará su verdadera solución.

Según estimaciones oficiales, en esas zonas los latifundistas, ganaderos, paramilitares y la guerrilla despojaron de 6.6 millones de hectáreas –12% de la superficie ­agrícola nacional– a sus propietarios legítimos.

En 2011 el Congreso aprobó una ley para devolver esas tierras a sus dueños originales, pero esa legislación ha sido resistida con violencia por terratenientes y grupos criminales de origen paramilitar, y ha contado con el repudio de Uribe y de Ordóñez, quienes consideran que “victimiza a gente que adquirió de buena fe” tierras usurpadas.

Para el senador Barreras este tipo de posturas son las que dejan en claro que “los terratenientes, los despojadores y sus voceros políticos prefieren que siga la guerra para mantener sus dominios y para que las condiciones de la concentración de la tierra (0.4% de los propietarios son dueños de 46% de la superficie agropecuaria colombiana) prevalezcan”.

Precisamente, uno de los acuerdos que se han alcanzado con las FARC es el de desarrollo rural, que incluye el reparto de tierras a campesinos que no la tienen.

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, considera que ese acuerdo “les entrega la política rural a las FARC, que son un grupo narcoterrorista, y eso es como si en México el gobierno se sentara a negociar con los cárteles de la droga”.

Lafaurie, muy allegado a Uribe y Ordóñez, dice a este semanario que “los críticos al proceso de paz no nos oponemos a la paz, sino a negociar el estado de derecho con esos criminales y a permitir que las atrocidades que cometieron queden impunes”.

–Pero hablando de atrocidades, usted sabe que muchos ganaderos de la Fedegan han financiado el paramilitarismo y despojado de tierras a campesinos.

–Muy seguramente pudo haber sido así –afirma Lafaurie–, yo no puedo responder por 500 mil ganaderos ni defiendo a nadie que haya violado la ley, sea paramilitar o guerrillero.

Al gobierno y las FARC sólo les falta negociar el mecanismo de refrendación ciudadana de los acuerdos y el esquema de desmovilización de las tropas de la guerrilla, el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas.

–La firma de la paz es inminente. ¿Qué van a hacer los críticos de este proceso cuando esto ocurra? –preguntamos a Lafaurie.

–Yo aspiro a que el gobierno convoque a un plebiscito y a que la sociedad colombiana lo vote en contra.

El presidente de la Fedegan señala que si los votantes aprueban los acuerdos de paz, sólo quedará respetar los resultados.

Según la encuesta de Gallup, aunque 71% de los colombianos cree que no habrá acuerdo de paz este año, 32% acudiría a votar en caso de que sí lo hubiera y de que se realizara una consulta para refrendarlo.

De ese porcentaje, indica el sondeo, 66% (unos 6.9 millones de electores) votaría a favor de los acuerdos de paz con las FARC, lo que supera el umbral de 4.4 millones de sufragios que se requieren para refrendarlos, según la ley que regulará la consulta.

Perea dice que es probable que el binomio opositor a los acuerdos que conforman Uribe y Ordóñez llegue diezmado a esa consulta.

El procurador, un expositor recurrente en los cónclaves ultraconservadores de la familia Leaño en Guadalajara, enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado por haberse hecho reelegir en 2012 sin que la Constitución lo contemple para ese cargo, cuyo titular es elegido por el Senado.

Cuando fue reelecto tenía trabajando en la procuraduría a amigos o familiares de 64 senadores –de un total de 102– y de 22 magistrados de las cortes de justicia.

Ese “clientelismo legislativo y judicial” es uno de los argumentos de la demanda en su contra, la cual deberá ser resuelta en los próximos días por el Consejo de Estado, donde fue magistrado. Un fallo adverso implicaría su destitución como procurador.

Como uno de los días en que sesiona ese tribunal es el martes, Ordóñez ha ironizado sobre el proceso judicial con la canción ranchera “El martes me fusilan”, que interpreta Vicente Fernández y que es una de sus favoritas porque alude a la guerra cristera mexicana (1926-1929), la cual le parece una gesta heroica en defensa de la fe católica.

Cuando un periodista radial le preguntó por el inminente fallo del Consejo de Estado, él entonó a capela la primera estrofa de esa canción: “El martes me fusilan/A las seis de la mañana/Por creer en Dios eterno/Y en la gran guadalupana/Me encontraron una estampa/De Jesús en el sombrero/Por eso me sentenciaron/Porque yo soy un cristero”.