Revista
PROCESO
# 2067, 12 de junio de 2016.
La falacia de
la alternancia/Arturo Rodríguez García
El
PAN celebra las siete gubernaturas que ganó en los pasados comicios. Se
desgañita presumiendo la alternancia y también la integridad de sus candidatos.
Pero un análisis detallado revela que seis de los siete gobernadores electos
bajo las siglas panistas se forjaron y militaron en el PRI, están implicados en
escándalos de corrupción, son parte de dinastías caciquiles o alfiles del
peñanietismo. Ellos demuestran, en resumen, el gatopardismo del sistema
político mexicano.
Su
origen está en el PRI, pero mediante el PAN –en alianza con el PRD y otros
partidos– integran cacicazgos familiares que controlan diferentes fuerzas
políticas en sus entidades. Algunos están marcados por escándalos de
corrupción, y si bien el PAN se enorgullece de ellos por haber ganado
gubernaturas en los comicios del domingo 5, casi todos los que fueron
legisladores trabajaron activamente en favor de las reformas impulsadas por el
presidente Enrique Peña Nieto.
Más
allá del festejo panista por arrebatar las gubernaturas en Aguascalientes,
Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, así como por la
retención de Puebla, cuatro de sus candidatos –hoy gobernadores electos– son
expriistas.
El
caso más notable, por reciente, es el del quintanarroense Carlos Joaquín
González, candidato de la alianza PAN-PRD, que hace apenas unos meses militaba
en el PRI y era subsecretario de Turismo. Formaba parte del gabinete de Peña
Nieto.
La
carrera de Joaquín González –medio hermano del exdirigente nacional del PRI y
actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell– abarca tres lustros,
durante los cuales consiguió la alcaldía de Solidaridad, municipio conocido por
su zona turística Playa del Carmen.
Al
concluir su gestión en 2008, pasó de manera efímera por la Secretaría de
Turismo estatal durante la administración del priista Félix González Canto. Y
al año siguiente fue electo diputado federal, encargo que concluyó en 2012,
cuando fue nombrado subsecretario de Turismo. Ahí se mantuvo hasta febrero
pasado: renunció al puesto y al PRI después de que el gobernador actual,
Roberto Borge, impulsara como su sucesor a Mauricio Góngora, finalmente
derrotado el pasado domingo.
Otro
caso reciente es el de José Antonio Gali Fayad, quien aún militaba en el PRI el
pasado 9 marzo, cuando el PAN lo hizo candidato a gobernador de Puebla. El
portal informativo de Proceso dio a conocer ese día que, tras una consulta en
los padrones del PAN y del PRI, Gali aparecía como miembro activo de este
último, con militancia ratificada en 2014, cuando ya era alcalde “panista” de
Puebla, merced al impulso recibido por el gobernador Rafael Moreno Valle,
también expriista.
Un
caso más: Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo en Veracruz, es un
político de larga trayectoria, que en 2003 renunció al PRI en medio de la
sangría priista que produjo el desencuentro entre Elba Esther Gordillo y
Roberto Madrazo.
Con
una carrera política que se remonta a los setenta, escaló posiciones hasta que,
en los noventa, inició su despegue: en una década fue diputado local, diputado
federal, secretario de Gobierno con Patricio Chirinos; dos veces presidente del
PRI en Veracruz, y director del Sistema Penitenciario Federal, al finalizar el
gobierno de Ernesto Zedillo.
Ya
fuera del PRI, en 2005 devino subsecretario de Gobernación y, al año siguiente,
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las
postrimerías del sexenio de Vicente Fox. Luego, al iniciar la administración de
Felipe Calderón, director general del ISSSTE, donde se mantuvo hasta 2010,
cuando como abanderado de la alianza PAN-PRD buscó y perdió la gubernatura de
Veracruz.
Y
finalmente está el caso de José Rosas Aispuro Torres, postulado por el PAN y el
PRD en Durango. En 2010, el hoy gobernador electo aspiró infructuosamente a la
candidatura del PRI, partido que encabezó en la entidad y donde desarrolló gran
parte de su carrera política. Entre los puestos que ocupó están la presidencia
del Congreso local, una diputación federal y una alcaldía de la capital.
Hombres
del Pacto
“Si
el Pacto por México se cumple, seremos una de las más grandes potencias del
mundo y podremos resolver los graves problemas de desempleo, rezago social e
inseguridad que afectan a nuestra patria”, dijo el entonces diputado Miguel
Ángel Yunes Linares, en Tierra Blanca, el 3 de mayo de 2013, al iniciar una
gira de promoción de las reformas por Veracruz.
Más
allá del sentido de su voto, los gobernadores electos por el PAN, que en los
años anteriores eran diputados o senadores, fueron activos promotores del Pacto
por México, el paquete de reformas estructurales que Peña Nieto presume como el
gran logro de su gobierno.
Francisco
Javier García Cabeza de Vaca –quien sólo ha militado en el PAN– era miembro de
la comisión de Energía en el Senado cuando se aprobó la reforma en esa materia,
y se convirtió en uno de sus asiduos promotores, tanto en México como en el
extranjero. Así se mostró, por ejemplo, en el foro Líderes globales del sector
energético, proyecciones y transformación de Estados Unidos y México, en
Austin, Texas, todavía en abril pasado, cuando ya había solicitado licencia al
Senado.
Lo
mismo hizo el también panista Martín Orozco Sandoval, gobernador electo de
Aguascalientes. El 5 de agosto de 2014 dijo: “Hoy, gracias a la innovación
tecnológica de exploración, sabemos que México tiene la oportunidad de nuevo de
crecer energéticamente; para aprovechar esos recursos se requiere tecnología de
vanguardia, conocimientos especializados, pero sobre todo se necesitan reglas
claras para que tanto las empresas productivas del Estado como el sector
privado aprovechen con su máxima capacidad las fuentes de desarrollo que
tenemos en este país”.
El
activismo también provino del expriista José Rosas Aispuro. Cuando el Pacto por
México peligraba por la salida del PRD de las negociaciones, a finales de 2013,
él lo invitó a regresar:
“Es
importante que el PRD vuelva a la mesa, si no del Pacto, sí del diálogo, para
poder sacar las reformas”, declaró el hoy gobernador electo duranguense, quien
también fue vicepresidente del Senado, y por lo tanto, uno de los encargados de
delinear las posiciones panistas respecto de las reformas.
El
único que se opuso y mantuvo una actitud crítica a las reformas pactistas fue
el hoy mandatario electo de Chihuahua, Javier Corral.
Durante
lo que Peña Nieto llama “el periodo reformador”, José Antonio Gali y Carlos
Joaquín González no eran legisladores.
La
marca de la corrupción
Durante
sus campañas, los siete gobernadores electos el pasado domingo 5 que
compitieron por el PAN hablaron sobre combatir la corrupción. Inclusive el
miércoles 8, el dirigente nacional de ese partido, Ricardo Anaya, llamó a sus
ganadores a llevar a la cárcel a exfuncionarios y exmandatarios corruptos.
Paradójicamente,
los destinatarios del mensaje de Anaya Cortés acumulan señalamientos e
inclusive procesos por corrupción. El caso más notable es el de Miguel Ángel
Yunes.
El
reportero de Proceso Álvaro Delgado informó el pasado 15 de abril que Yunes
Linares está bajo investigación de la Procuraduría General de la República
(PGR) acusado de enriquecimiento ilícito por la adquisición de propiedades que
no pudo haber comprado con su salario de servidor público.
La
investigación de Delgado se realizó a partir de información obtenida en el
proyecto periodístico internacional #PanamaPapers –del cual este semanario
formó parte–. Además de revelar que Yunes Linares creó una empresa offshore en
un paraíso fiscal, dio pormenores sobre otras imputaciones.
En
junio de 2011, y después de un rompimiento político, Elba Esther Gordillo
(entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación)
acusó a Yunes de corrupción en el manejo de 50 mil millones de pesos entre 2007
y 2010, cuando Calderón lo puso al frente del ISSSTE, y exigió realizar
auditorías a la institución.
La
fortuna de Yunes Linares creció: en 2007, cuando Calderón lo ubicó en dicha
institución de seguridad social, no poseía ni casa propia y en el banco tenía
498 mil pesos, según su declaración patrimonial. Pero al dejar el cargo era
multimillonario.
Además,
en una denuncia presentada en junio de 2013 ante la PGR por Manuel Espino,
expresidente del PAN, se asevera que Yunes Linares es titular de cuatro cuentas
bancarias en Estados Unidos por 6 millones 57 mil dólares, según los estados de
cuenta a su nombre que llegaban a un domicilio, supuestamente de su propiedad,
en Miami Beach, Florida. También se le atribuyen propiedades inmobiliarias.
La
denuncia describe que las empresas Veracruzana de Bienes Inmuebles, S. A. de C.
V. y Proxislomg Pralo, S. A de C. V. –cuyos administradores son la esposa de
Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y su hijo menor, Omar Yunes
Márquez–, adquirieron siete predios en las mejores zonas de Boca del Río y
Alvarado, Veracruz.
Pero
Yunes no es el único que durante el sexenio de Calderón gozó de beneficios.
Está el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el semanario
tamaulipeco Hora Cero vinculó con Desarrolladora Cava, una compañía conformada
por su madre y un hermano, que entre 2010 y 2012 recibió 19 millones 321 mil
180 pesos en contratos de obra pública. Una consulta realizada por esta revista
a las plataformas de transparencia permitió identificar que, concluido el
sexenio calderonista, ya no tuvo más contratos.
El
mismo Álvaro Delgado documentó, desde 2013, otro boom en la fortuna de José
Antonio Gali, que mientras era secretario de Infraestructura en el gobierno de
Moreno Valle pasó de 23 a 77 millones de pesos. Además, el funcionario se hizo
de departamentos de lujo en Acapulco y Miami.
Finalmente
queda el caso de Martín Orozco Sandoval, ganador por el PAN de la gubernatura
de Aguascalientes. Desde 2010 enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido
del servicio público y tráfico de influencias. La historia se remonta a su
periodo como alcalde de la capital hidrocálida, en 2007, cuando se permutó un
terreno propiedad del municipio por otro de la empresa Fruideo, de la que
Orozco y uno de sus hijos son socios. Ya permutado, el ayuntamiento presidido
por Orozco autorizó el cambio de uso de suelo a comercial.
Por
ese asunto se liberó una orden de aprehensión de la que se salvó mediante una
suspensión definitiva. El proceso no avanzó, pues Orozco consiguió fuero como
senador a partir de 2012, y ahora será gobernador.
Lazos
familiares
El
caso del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es
representativo en cuanto a clanes familiares en el poder: su hermano Pedro
Joaquín Coldwell es secretario de Energía, cargo al que llegó después de
encabezar la dirigencia nacional del PRI durante la campaña presidencial de
Peña Nieto.
La
familia Joaquín es importante en Quintana Roo. Pedro fue diputado constituyente
de dicha entidad en 1974 y gobernador de 1981 a 1987. En el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari fue secretario de Turismo; asumió luego la Secretaría
General del PRI; y fue comisionado para la Paz en Chiapas hasta 1998, cuando se
le nombró embajador en Cuba.
Por
entonces, su hermana Addy era diputada federal priista, electa en 1997, y
justo cuando Pedro fue designado embajador, ella intentó infructuosamente ser
candidata al gobierno del estado. En 2000 se convirtió en senadora por el PRI,
partido al que renunció en 2005 cuando, por segunda vez, fracasaron sus empeños
por buscar el gobierno estatal, y contendió por el PAN, sin éxito.
En
2006 Pedro Joaquín la sustituyó en el Senado. Ese año, mientras él hacía
campaña postulado por el PRI, ella luchaba por una diputación federal por el
PAN. Ambos lo consiguieron.
Un
año antes empezó a despuntar la carrera política de Carlos, quien ganó por el
PRI la alcaldía de Solidaridad. Al concluir su gestión en 2008, pasó de manera
efímera por la Secretaría de Turismo en el estado, dirigido por el priista
Félix González Canto, a quien Addy le había disputado la gubernatura.
El
caso de los Yunes en Veracruz se parece al de los Joaquín en Quintana Roo, pues
la parentela del hoy gobernador electo amplió su influencia a diferentes
partidos:
Su
hijo homónimo fue diputado local en 2004 y alcalde de Boca del Río en 2007 –y
otra vez en 2013– por el PAN. El otro hijo, Fernando, trabajó en la PGR durante
el sexenio de Calderón, y fue diputado local entre 2010 y 2012, cuando se
convirtió en senador por Veracruz, también por el PAN.
La
elección veracruzana de 2012 al Senado anticipó lo que terminó ocurriendo el
pasado domingo 5, pues mientras un hijo de Yunes Linares contendía por el PAN,
su primo, Héctor Yunes, lo hacía por el PRI. Los primos, vidas casi paralelas
en el sistema desde los setenta, se enfrentaron este año en Veracruz. Ganó
Miguel Ángel.
Para
acabar está el caso de José Antonio Gali, a quien se ubica como operador del
actual mandatario poblano, Rafael Moreno Valle. La familia de Gali también se
ha interesado por la política: su hijo, Antonio Gali López, fue diputado local
del PRD y es secretario de Fomento Económico en Puebla.
En
tanto, Jorge Estefan Chidiac –expresidente del PRI en la entidad, actual
director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, designado por
el titular de Hacienda, Luis Videgaray– es concuño y amigo íntimo del
gobernador electo de Puebla.
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