Mensaje del Secretario de Gobernación, en la SCJN

Mensaje del Secretario de Gobernación, durante la entrada en Vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Delitos del Orden Federal

 Ciudad de México, a 14 de junio de 2016

La justicia es el fundamento más importante que una sociedad tiene para velar por el bienestar de sus habitantes y por el desarrollo pleno de sus comunidades.

 Muy buenos días a todas, a todos.

 Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

 Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

 Arely Gómez, Procuradora General de la República.

 Saludo a las y los ministros de esta Corte; a legisladores; consejeros de la Judicatura, jueces, magistrados y procuradores.

 Saludo también a funcionarios federales, así como a representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales y de la academia.

 Es un gusto estar, en representación del  Presidente Enrique Peña Nieto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Señoras y señores.

 La justicia es el fundamento más importante que una sociedad tiene para velar por el bienestar de sus habitantes y por el desarrollo pleno de sus comunidades.

 Porque una justicia transparente, afianza la credibilidad en las instituciones.

 Una justicia efectiva, genera la certeza que permite inversión y crecimiento económico.

 Y una justicia accesible fortalece el tejido social para que este perdure en el tiempo.

 En suma, es en la justicia donde se finca el Estado de Derecho que ofrece tranquilidad a las personas y a sus familias.

 Por eso, para el Presidente Enrique Peña Nieto, concretar una profunda transformación a la justicia en México, ha sido más que una obligación, un compromiso y un imperativo irrenunciable.

 Porque se trata de una de las demandas ciudadanas más claras y reiteradas, por décadas.

 Y porque el costo social de la inacción, había sido ya muy alto para millones de personas.

 La forma de administrar, procurar e impartir justicia, debía cambiar. Nuestro actual sistema estaba agotado.

 El Estado tenía que actuar, tenía que hacerlo de manera conjunta, y hacerlo ya.

 Debíamos pasar, de haber aprobado una reforma constitucional, a integrar en los hechos, un nuevo Sistema Penal.

 Un sistema con el marco jurídico necesario; la infraestructura adecuada y el personal preparado para operarlo.

 Pero sobre todo, un sistema que tradujera la voluntad del Constituyente Permanente en una nueva realidad para la ciudadanía.

 Que pusiera fin a los vicios, desde el menor, como puede ser el papeleo excesivo; hasta el mayor, que es la impunidad.

 Ese ha sido el objetivo que hemos perseguido estos tres años: transformar la justicia.

 No sólo de forma sino de fondo; no sólo en el papel, sino en la práctica.

 Y lo hemos hecho en dos niveles.

 Por una parte, en la que impacta de manera más directa a las y los mexicanos, que es la justicia penal en delitos del fuero local.

 Para ello, hemos apoyado a cada una de las 32 entidades; trabajando coordinadamente con los gobiernos locales, los congresos estatales, la academia y la sociedad civil organizada.

 Atendiendo las necesidades de cada estado.

 En unos, por ejemplo, era necesario fortalecer la presencia de defensores y traductores de lenguas indígenas.

 En otros, había que acelerar el ritmo para que tuvieran salas de juicio suficientes, con tecnología y personal adecuado.

 Y en unos más, teníamos que impulsar las comisiones locales de atención a víctimas; o los planes de estudios de las universidades.

 Es decir, el reto exigía ver el panorama completo sin perder de vista cada caso y contexto específico.

 Sólo así, podíamos afianzar una misma justicia en cada rincón del país y para todas las personas.

 A la par de todo lo anterior y a nivel federal, hemos venido acompañando la transformación que la Suprema Corte de Justicia ha encabezado.

 Porque es cierto que la gran mayoría de los delitos son locales y sólo el seis por ciento son federales.

 Pero dar buen trámite a ese seis por ciento puede impactar de forma muy importante, directa o indirectamente, a una gran parte de la población.

 Una justicia eficaz, en ese seis por ciento, por ejemplo, puede devolver la tranquilidad a una comunidad, donde ya no opera un grupo de la delincuencia organizada.

O puede significar impuestos que en lugar de ser evadidos, se recauden y se traduzcan en más escuelas, hospitales o carreteras.

Por eso es tan importante el paso que hoy damos.

Uno que refleja el compromiso de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

Así lo muestra el ambicioso programa de infraestructura que se ha desplegado en estos tres años y medio.

Así lo muestra también la capacitación especializada de su personal.

De cada juzgador, que después de ejercer por años su profesión conforme al sistema inquisitivo, hoy cuenta con las herramientas para cumplir su deber en el modelo adversarial y marcar la diferencia.

Por todo ello, y a nombre del Presidente de la República, extiendo el mayor reconocimiento, tanto a las y los Ministros como al Consejo de la Judicatura Federal.

Con la entrada en vigor en estas nueve entidades, podemos decir que en lo federal, el nuevo Sistema de Justicia ya opera en todo el país.

Hemos llegado al cien por ciento; las y los mexicanos hemos dado el primer paso, hacia una nueva forma de procurar y administrar la justicia.

A lo alcanzado hoy, se sumará este sábado un paso más, cuando también en las 32 entidades del país, concluya la implementación.

Con ello, la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal será ya una realidad. Pero la tarea no es sólo formal, sino operativa.

Es momento de la consolidación.

Es tiempo de medir para mejorar y mejorar para fortalecer el Estado de Derecho.

Se trata de que cada quién, en el ámbito de su responsabilidad y competencia, siga evaluando, perfeccionando y capacitando en forma permanente.

Pero es fundamental que lo hagamos, como hasta ahora, de manera coordinada.

Y a la par, que continuemos trabajando con la sociedad civil, para que no quede una sola persona en México sin saber lo que este nuevo sistema puede significar para ella y para su familia.

En suma, todos los actores involucrados, debemos refrendar el compromiso de Estado que ha caracterizado la etapa de implementación.

Pues hacer válida la Reforma Constitucional, no sólo es modificar leyes e instituciones, sino hacer realidad cada uno de sus principios: equidad, certeza, eficacia y transparencia.

Nuestro país exige que las instituciones del Estado respondan con sensibilidad y con hechos a las demandas ciudadanas.

Que no sólo sepamos escuchar a la sociedad, sino también y sobre todo, construir junto con ella, respuestas eficaces a los problemas.

Que apostemos por la unidad y avancemos en la misma ruta.

Ello, no sólo es posible sino indispensable para concretar cambios de fondo y de carácter nacional.

Porque cuando construimos juntos, son mejores los resultados y mayores los beneficios.

Esa es la vía para avanzar hacia una sociedad plena de derechos y libertades, tal como lo ha comprometido el Presidente de la República.

Les invito a que esta meta cumplida, nos impulse a todas y a todos a perseverar en el objetivo mayor: que la ley sirva y proteja a todas y a todos, sin distinción alguna.

Sigamos construyendo como le conviene a México, en unidad, pues la tarea continúa, y continúa por el bien de las y los mexicanos.

Muchas gracias por su atención