Revista
Proceso
# 2072, 17 de julio de 2016..
César
Duarte: cierre con broche de lodo/
PATRICIA
MAYORGA
CHIHUAHUA,
Chih.- El gobernador César Horacio Duarte Jáquez se ha empeñado en
desestabilizar las dependencias de gobierno e instituciones educativas. Busca
dejar un caos a la administración entrante, de acuerdo con integrantes de la
Alianza Ciudadana, grupo que impulsó la candidatura del panista Javier Corral
Jurado a la gubernatura.
“Considerando
que el gobierno de César Duarte y el Congreso del estado a él sometido han
endeudado irresponsable y desmesuradamente a los chihuahuenses, que los tres
poderes del estado se han sumido en la corrupción y en el dispendio de los
recursos públicos y que ha ignorado al pueblo de Chihuahua, la Alianza
Ciudadana convoca a la desobediencia civil del pueblo”, lanzaron en redes
sociales.
A
través del perfil de Facebook de Alianza Ciudadana, la activista Elvira
Villarreal, el actor local Ernesto Medina y la abogada Éricka Mendoza llamaron
a tampoco pagar impuestos en lo que resta de la actual administración.
Luego
de que Corral lanzara la página en internet denunciachihuahua.mx para que los
ciudadanos y principalmente empleados de gobierno denuncien las anomalías que
vean durante la transición de gobierno, se han recibido acusaciones, a través
del portal y directamente ante Alianza Ciudadana, de que en las dependencias
gubernamentales se está liquidando gente que no es afín al equipo cercano de
Duarte y se está basificando a personas que sí lo son.
Para
el catedrático Enrique Rascón, integrante de Alianza Ciudadana, a este
movimiento “le causan ruido” las últimas declaraciones del secretario de gobierno,
Mario Trevizo Salazar, quien aseguró que la acción de inconstitucionalidad
presentada por el gobierno federal contra el gobernador César Duarte y el
Congreso del estado no procederá.
La
impugnación fue presentada el pasado 11 de julio, luego de que en Chihuahua,
Quintana Roo y Veracruz se crearan fiscalías anticorrupción antes de que a
escala federal se aprobara la ley secundaria del Sistema Nacional
Anticorrupción.
“No
somos especialistas en derecho, pero es una aberración el hecho de que el gobernador
tenga el poder de nombrar al fiscal anticorrupción, es el mismo vicio del
sistema corrupto y corruptor, porque el nuevo fiscal tendría una dependencia
directa del corrupto. Esa iniciativa, que fue presentada por el gobernador,
trae todos los agravantes para la premeditación, alevosía y ventaja, como la
analogía del sistema federal que nombró a Virgilio Andrade como secretario de
la Función Pública”, precisa Rascón.
Agrega
que el responsable de la auditoría “debe tener todos los dientes para señalar”
y llevar procesos de penalización y castigo contra quienes generan daños al
patrimonio de los chihuahuenses:
“Hay
una indignación pública en los ciudadanos, ante una propuesta de ese tipo, por
los señalamientos históricos de que todavía haya defensores de la conducta de
Duarte.”
El
exhorto a no pagar la revalidación vehicular es una iniciativa de la Alianza
Ciudadana, pero el universitario también conminó a no pagar fotomultas y otros
impuestos, hasta después del 4 de octubre, una vez que Javier Corral sea
gobernador.
Otra
de las medidas que alarma al gobierno entrante es que en junio del año pasado
el gobierno estatal firmó un convenio con la Sección 8 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) para afiliar a los trabajadores de las 13
unidades de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, lo que podría
significar un daño a las finanzas de la entidad, ya que esto implica 70% de
incremento en el pago de prestaciones.
Esa
iniciativa fue impulsada por César Duarte, el exsecretario de Educación y
Cultura Marcelo González Tachiquín y el secretario general saliente de la
Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz.
La
Sección 8 eligió este viernes a la nueva secretaria general, Rosa María
Hernández Madero, y desde la dirigencia desactivaron otras dos planillas no
afines a Villarreal.
A
la nueva lideresa le otorgaron una clave de subdirectora de secundarias
estatales generales E0341, con efectos retroactivos desde enero, lo que viola
la Ley del Servicio Profesional Docente, denunció el personal disidente de la
misma dirigencia.
En
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) varios funcionarios que han sido
parte del gobierno duartista –entre éstos, el primo del gobernador, Horacio
Jurado Medina, quien fue director administrativo de la institución–,
denunciaron presuntos actos de corrupción, pero también los denunciantes han
sido señalados por irregularidades.
Enrique
Rascón, quien además denunció penalmente actos ilegales en la Facultad de
Contaduría y Administración, señaló que la institución también fue afectada por
el gobernador, quien se entrometió para destituir al anterior director e
imponer a la actual, Liliana Álvarez, esposa de uno de los 13 magistrados del
Tribunal Superior del Estado… también impuestos por el gobernador e impugnados
por diferentes abogados.
Irregularidades
hasta el fin
El
lunes 11, vecinos del fraccionamiento Bosques del Valle dieron a conocer que,
alrededor de las 14:00 horas, ingresó en varias ocasiones una camioneta blanca
con cajas etiquetadas que correspondían a licitaciones de 2014 y de 2015.
Por
la noche, aún llegaron llamadas de más vecinos, que alertaron sobre el hecho,
ocurrido presuntamente en la casa de Roberto Anchondo de las Casas, secretario
particular del rector, Enrique Seáñez Sáenz.
Esa
misma noche se registró un incendio en el relleno sanitario. El Cuerpo de
Bomberos tardó alrededor de 12 horas en sofocarlo, generó contaminación y la
ciudadanía no tardó en advertir que podría tratarse de un hecho intencional
para quemar los documentos de diferentes dependencias estatales. Al día siguiente,
las autoridades municipales culparon del siniestro a un indigente.
Las
elecciones para designar al nuevo rector, paralelamente, fueron pospuestas
porque se realizarían durante el proceso electoral, y el Congreso local aprobó
posponerlas para este agosto.
“El
Consejo Universitario es como un congreso en pequeño, pero además, en este
momento, la gente de la universidad tiene terror a manifestarse y expresar a
quién apoya. Quienes tienen el control férreo han advertido a los trabajadores
que o los moverán de puesto o los correrán si no apoyan al candidato oficial, y
ahora están por entregar cargas académicos a los maestros. Con eso los
mantienen sometidos”, asevera Rascón.
El
catedrático urgió a enviar una señal de que el poder impune se acabó y de la
importancia de salir a manifestarse abiertamente, porque los niveles de
corrupción en la UACh “han llegado a altos niveles”.
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