Las columnas políticas, a 20 de agosto de 2016.

Las columnas políticas, a 20 de agosto de 2016.

Frentes Políticos/ Excelsior

I.   Los distraídos. Hombres armados secuestraron a un grupo de comensales del restaurante La Leche, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta, el pasado lunes. La fiscalía de Jalisco informó que entre seis y diez hombres llegaron en dos camionetas blancas al estacionamiento, al que entraron con armas largas y apuntando directamente a sus objetivos. Más tarde se sabría que secuestraron a Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues habiendo temas más importantes, como detener la violencia e investigar qué sucedió, las autoridades pierden su tiempo investigando la filtración de las fotografías y el video del secuestro. ¿Y eso qué?

 II. Encontronazo. El inicio del ciclo escolar nunca estuvo tan salpicado de incertidumbre. Las posturas en las negociaciones se han radicalizado y ninguna de las dos partes cede, ni maestros disidentes ni autoridades. Ante el amago de que el próximo lunes la CNTE llevará a cabo movilizaciones masivas y bloqueos a garitas, carreteras y autopistas, los elementos de la Policía Federal están listos para actuar en caso de ser llamados a evitar estas manifestaciones. No obstante, Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, aclaró que “no se hará abuso del uso de la fuerza”. Los maestros se salen con la suya, no darán clases al menos en Oaxaca y Tabasco, advirtieron. Ya se armó.

 III. Orgullo naval. Luego de que en los Juegos Olímpicos el pugilista Misael Rodríguez concluyó con la medalla de bronce en boxeo, la marchista mexicana María Guadalupe González se levantó con la segunda presea para México. En los 20 kilómetros de caminata, la representante nacional obtuvo la de plata. Ella es teniente de corbeta de la Secretaría de Marina y por ello uno de los funcionarios más felices ayer era Vidal Soberón, secretario de la Semar, quien la felicitó a través de Twitter: “Con gran orgullo felicito a nuestra #AtletaNaval Lupita González por su medalla de plata. ¡Enhorabuena!”. ¡Lástima!, otra medalla que no se podrá colgar la Conade. A la heroína olímpica sólo la apoyaron la Marina y la Universidad del Estado de México.

 IV. Presión extra. Vidulfo Rosales, el representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó que quieren que se destituya del cargo a Tomás Zerón, de la Agencia de Investigación Criminal. Además, rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República, pues afirman que ésta no ha mostrado avances en la definición del mecanismo especial de seguimiento del caso. ¡Es el colmo! ¿Las causas sociales ahora son medio de presión política para tumbar a funcionarios? Por cierto, ¿de qué vive Vidulfo Rosales? ¿Y de qué viven los respetables padres? ¿Quién paga sus idas y vueltas?

 V. Urgencias. ¡No hay duda de que este país se va conformando día con día! A un problema no resuelto se le suman otro y otro. El informe de la CNDH sobre Tanhuato, Michoacán, “evidencia que estamos urgidos de una ley general del uso legítimo de la fuerza pública”, afirmó Angélica de la Peña Gómez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Argumentó que con este vacío legal no puede seguirse enfrentando desde las fuerzas policiales a grupos criminales, como los denunciados en el rancho de ese poblado michoacano. Tanhuato, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Aguas Blancas, Atenco, Acteal, San Fernando... Lo triste es que hay gente que avala ese terror.

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 Tanhuato: basta de juicios sumarios/Ivonne Melgar

Columna Retrovisor

Excelsior

El informe de la CNDH sobre Tanhuato, la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la condena de los actores políticos a las “ejecuciones extrajudiciales” encuera el conflicto que hoy nos atrapa: no sabemos qué hacer con el crimen organizado.

Ni la clase gobernante ni eso que llamamos opinión pública queremos asumir el costo de enfrentar a las bandas delictivas y sus expresiones de poder, control territorial e infiltración institucional.

Nos resignamos a la comodidad del asombro pendular, ese que va de la indignación con “el Estado” por no frenar a la narcopolítica en Iguala al cuestionamiento del mismo “Estado” por “el uso excesivo de la fuerza” en Michoacán, a la hora de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La recomendación de la CNDH señala que elementos de la Policía Federal ejecutaron arbitrariamente a 22 de las 43 personas que ahí murieron el 22 de mayo de 2015.

Claro que la tarea del ombudsman es vigilar el respeto de los derechos humanos y, sin duda, le asiste la razón en defenderlos bajo las definiciones de vanguardia, más allá del contexto nacional.

Pero así como no se valen los juicios sumarios con un cártel de narcos, tampoco deberíamos permitirlos en la indefinición de su enfrentamiento.

Que no haya omisiones en la aplicación de la ley con la delincuencia, pero tampoco en las investigaciones de una CNDH que, esta vez, nos deja dudas:

¿Por qué no anunció con anterioridad, como lo dicta la Constitución en el artículo 102, que había determinado que sus indagaciones serían por violaciones graves? Esto habría significado entrevistas personales con los acusados e integrantes de la cadena de mando. No se hicieron.

Eso explicaría que el pronunciamiento de la CNDH se sustente en testimonios de los agraviados y no haya tomado en cuenta los de la Policía Federal (PF).

La recomendación se basa en dichos de tres detenidos y, según miradas expertas en expedientes de ¡696 páginas!, mientras en un apartado se habla del enfrentamiento entre uniformados y miembros del CJNG, en las conclusiones se prejuzga que hubo ejecución arbitraria.

En un lenguaje más cercano al de un Ministerio Público que al de un ombudsman que debería plantear los hechos como probables, la CNDH descarrila a la PF al señalar que sus informes escritos fueron falsos y cuestiona su ingreso al Rancho del Sol porque carecía de una orden de cateo.

A dos semanas del Cuarto Informe de Gobierno, en medio de las presiones empresariales al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se aplique el tolete con la CNTE para garantizar el ciclo escolar, el ombudsman nos revela qué sucedió hace 15 meses. 

Por cierto, las últimas diligencias de la investigación se hicieron en septiembre. Pasaron diez meses en los que no hubo prisa. Y ahora se concluye: fue ejecución arbitraria. ¿Quién lo prueba? La opinión de un perito. ¿Es suficiente?

 Una duda más: ¿Por qué si el informe señala que la investigación de la PGR está mal hecha, no se pronunció en su contra?

 La falta de un consenso sobre cómo afrontar al crimen organizado cumplirá casi una década. Fue en diciembre de 2006 que el presidente Felipe Calderón determinó que había que enfrentar con sangre y fuego a “los enemigos de la patria”.

 Más allá de las valoraciones de la decisión que el exmandatario tomó, desde entonces arrastramos la incapacidad de definir con qué instrumentos se gobierna un país donde hay grupos profesionales del secuestro, robo de combustible, producción, tráfico y venta de drogas, entre otras acciones penadas por la ley.

Así que el regateo de gobernadores y legisladores del PRI a Calderón cuando pidió apoyo a su estrategia de seguridad, hoy se le revierte a la administración de Enrique Peña y como prueba la virulencia de este informe de la CNDH. 

Porque al igual que la oposición en el calderonismo, y hoy en el peñismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez y los legisladores y los partidos parecen no hacerse cargo del país que tenemos, con policías al servicio de las bandas delictivas en regiones donde lo que vale es la ley de plata o plomo, como ahí ocurría.

 Lo fácil es sumarse a la condena. Es lo suyo. ¿Pero qué hacemos cuando, como sucedió en el Rancho del Sol, la propietaria denunció que 50 personas armadas lo habían invadido?

 Dicen senadores y diputados que llamarán a cuentas a Renato Sales, titular de la CNS, y a Enrique Galindo, de la PF. ¿Y si aprovechan el momento para hacer su trabajo y cubren el vacío en la regulación del uso de la fuerza del Estado?

 Necesitamos un acuerdo político, una ley para México, viable, que responda a las preguntas que nos deja Tanhuato: ¿Cuándo se puede atacar a un sicario? ¿Nunca? ¿Y si no entrega las armas y dispara? ¿Y si su artillería es capaz de derribar un helicóptero? ¿A rezar, con una mano atrás y otra adelante?

 Basta de tiros de gracia. Sí. Pero asumamos que no es cosa de alternancia partidista, que la delincuencia está ahí y que los juicios sumarios —los de muerte y los mediáticos— no curan nada. Absolutamente nada.

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 ¿Mano negra contra Peña Nieto?/FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Muy activos andan medios gringos con las peticiones de información sobre las actividades del presidente Peña. 

Tenemos información de que The Wall Street Journal y Univision han cursado solicitudes para conocer precisiones sobre los viajes a Miami que realizó don Enrique para visitar a La Gaviota cuando era gobernador del Estado de México.

 Preguntan sobre una decena de fechas concretas en las que el entonces mandatario mexiquense se habría trasladado a ese puerto de Florida para visitar a quien era su novia.

 El gobierno federal ya les respondió que en ocho de los diez días que lo ubican en Miami en esas épocas ni siquiera salió del país. Sostuvo “actividades públicas” en el estado que gobernaba, nos dicen.

 Las otras dos ocasiones corresponden a fines de semana.

 Los sospechosistas afirman que  hay mano negra en las notas negativas sobre el régimen que se han publicado en el extranjero. La última es la relativa al apartamento que ha utilizado la señora Rivera en Key Biscayne, Florida, que dio a conocer el británico The Guardian.

 Cada que se publica una nota de ese tipo en diarios importantes en el extranjero, aparece el empresario Carlos Slim como el sospechoso número uno. Pero en el equipo del magnate responden con realismo que al otrora hombre más rico del mundo no le conviene pelearse con el gobierno federal.

 Y el argumento parece convincente.

 Por lo que vemos, el CISEN no tiene los medios de la CIA para detectar la mano que mece la cuna.

 En Presidencia, por lo demás, trabajan a contrarreloj en los 25 spots sobre el Cuarto Informe de Gobierno al que llega el Presidente con la carga que significan los gasolinazos o los muertos de Nochixtlán.

 Pero también hay nuevos asuntos que dañan severamente su imagen: las ejecuciones “arbitrarias” en Tanhuato de las que habla la CNDH, y los rebotes del departamento  que utilizó la señora Angélica Rivera en Florida.

 Nos comentan que Aurelio Nuño le envió un mensaje por WhatsApp a Alfredo Castillo con la petición de que ya no dé más entrevistas hasta que regrese a México.

¿Será porque todo lo que dice se le revierte? Es pregunta.

 Al enterarnos entendimos por qué Manuel Feregrino, estrecho colaborador de Ciro Gómez Leyva, no pudo  entrevistar al polémico titular de la Conade en Río y se vio obligado a narrar la charla que, fuera de grabadora, sostuvo con él, mientras los taekwondoínes mexicanos sumaban un fracaso más en la búsqueda de medallas.

 Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, era un policía modelo. Sus méritos lo llevaron a ocupar el lugar en el que está. El prestigio que tiene lo colocó incluso como uno de los aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno de San Luis Potosí.

Pero después del impactante informe de la CNDH sobre la “ejecución arbitraria” de 22 personas  por parte de los federales en Tanhuato, debe también mostrar dignidad y renunciar.

 Es cierto que los muertos civiles en esa localidad de Michoacán —42 en total—  fueron peligrosos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el mismo que secuestró al  hijo de El Chapo Guzmán.

 Es igualmente cierto que la eliminación de los integrantes del crimen organizado es aplaudida por un buen número de ciudadanos cansados de la violencia y el luto que provocan los cárteles de las drogas, que nos robaron la tranquilidad hace ya mucho tiempo.

 Pero matar a 13 por la espalda, quemar vivo a un ser humano, ejecutar a cuatro que ya estaban desarmados, atropellar a otro, sembrar armas, modificar la escena del crimen, mentir, encubrir, es escupir sobre las leyes, fomentar odio y provocar venganzas.

 El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, jura que la acción de los federales en Tanhuato fue en “legítima defensa”.  Es decir, descalifica al ombusdman nacional, Luis Raúl González Pérez.

 Pero si al final se confirman las llamadas “ejecuciones arbitrarias”, también se debe de ir.

 El PAN mexiquense está obligado a celebrar elecciones para renovar su dirigencia antes del 4 de septiembre. Es lo que resolvió  la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La campaña interna estaba suspendida por disposición de la sala regional del mencionado Tribunal. Pero la Sala Superior dio la razón a los panistas que argumentaban su derecho a votar y ser votados.

 El beneficiario es el candidato interno Víctor Hugo Sondón, un  panista incluyente que ha sabido sumar a integrantes de distintas tribus azules, y a los alcaldes de Huixquilucan y Atizapán.

 Su potencial adversario es Oscar García,  apoyado por  su tocayo Oscar Sánchez, actual dirigente estatal, quien no buscará la reelección.

 Sondón se define “aliancista  por necesidad”. Sabe que en otros tiempos el PAN ha perdido en algunos municipios mexiquenses por no concretarlas con el PRD. Pero ve a su partido más fuerte, a partir de los resultados del pasado 5 de junio, y no descarta que vayan solos en 2017 a la elección por la gubernatura.

 ¿Josefina? Preguntamos. “Es un capital político importante con una trayectoria limpia. Pero también hay otros actores que han levantado la mano. No voy a ahondar porque voy a ser el próximo presidente del PAN y no debo alimentar especulaciones”, concluyó.