Revista Proceso
# 2075, 7 de agosto de 2016.
México, un Estado
mafioso/
LUCIANO CAMPOS GARZA
La violencia desatada
por los grupos criminales, la corrupción de los cuerpos policiacos y la
opacidad gubernamental llevan a la investigadora de la Universidad de Stanford
Beatriz Magaloni a hablar “del colapso del Estado mexicano”. La académica
comenta que un ejemplo claro de la descomposición de las instituciones es la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
MONTERREY, NL.- México
es un Estado mafioso, sostiene la investigadora Beatriz Magaloni Kerpel. (hermana de Ana Laura) Y
expone sus argumentos: una parte considerable de los cuerpos policiacos del
país está infiltrada por organizaciones criminales y las autoridades ocultan
los índices delictivos para evitar que la población se alarme.
Adscrita al Departamento
de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, California, la
especialista en temas de seguridad asegura que el Estado mexicano se encuentra
atrapado en una espiral de violencia que se recrudeció durante la gestión del
panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico.
La estrategia
gubernamental para descabezar los cárteles sólo provocó que el crimen
organizado se desorganizara, pues la violencia se dispersó. Eso dio origen a
grupos pequeños de delincuentes que abarcaron más espacios, comenta Magaloni,
quien ha realizado estudios en torno a la violencia y la gobernabilidad en
México y Brasil durante siete años.
Cuando se le pregunta
sobre la forma en que el gobierno anterior y el de Enrique Peña Nieto abordaron
el problema de la criminalidad, Magaloni, quien cursó un doctorado en ciencias
políticas en la Universidad de Duke, se excusa: “Faltan estudios concluyentes,
con datos duros, sobre la materia”.
Sin embargo, habla de
las conclusiones de un análisis efectuado por investigadores de la Universidad
de Stanford sobre el calderonismo. Según las estadísticas consultadas, dice,
con las intervenciones de Calderón, como la captura de líderes y lugartenientes
de organizaciones criminales, se dispersó la violencia. “La llegada de Calderón
disparó el fenómeno”, puntualiza.
Magaloni ha visitado
barrios conflictivos en el Estado de México y de Jalisco para conocer in situ
cómo funcionan las dinámicas sociales perniciosas. En tiempos de Calderón, ella
y sus compañeros detectaron que tras la captura de algún capo poderoso se
incrementaban las ejecuciones.
Por lo general, eso fue
resultado de las pugnas intestinas en un mismo cártel o una forma en que las
organizaciones intentaban contrarrestar los ataques de las agrupaciones rivales
que les disputaban la hegemonía en algunas plazas.
“Nos concentramos en
hombres y mujeres mayores de 39 años, así como en los menores de 15 metidos en
el tráfico de drogas. Al final, supimos que había un incremento significativo
de muertes tras las intervenciones (de
Calderón)”, explica.
Y si bien los datos
revelaban que ese tipo de violencia duraba alrededor de seis meses, Magaloni y
sus compañeros detectaron también que muchos de los muertos eran civiles, no
sicarios. Cuando los pistoleros se quedan sin líder, modifican sus actividades
delictivas para obtener ingresos.
Conocido como “el
problema de la hidra”, ese fenómeno hace que la estructura delictiva se
concentre en espacios pequeños y los delitos se diversifiquen, lo que implica
un mayor sufrimiento para la población”, comenta la especialista.
Según los estudiosos,
cuando el Estado comienza a descabezar a las bandas criminales debe establecer
una estrategia de seguridad permanente para la región que pierde el poder de
facto con la captura de los capos.
Pero eso no ha ocurrido
en México, pues en muchas entidades y municipios las corporaciones policiacas
locales, la mayoría de las cuales están altamente infiltradas por el crimen
organizado, no fueron depuradas, abunda la investigadora.
Crisis solapada
Las investigaciones de
Beatriz Magaloni sobre gobernabilidad, reducción de pobreza, clientelismo
electoral y violencia criminal han sido publicadas en la revista American
Journal of Political Science, así como en World Development, Comparative
Political Studies y Latin American Research Review.
El jueves 4 asistió al
Cuarto Congreso Internacional Estado, Democracia y Derecho, organizado por la
Asociación Mexicana de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, entre otras instituciones.
Ella sostiene que
América Latina es la región más violenta del planeta.
El Continente Americano
alberga a 8% de la población mundial y en él se comete 30% de los homicidios
del mundo, dice. El país más violento de la región, según las estadísticas
consultadas por la investigadora, es Honduras, y el que ocupa el último lugar
en materia de homicidios es Canadá; México se encuentra en el lugar 16 en ese
rubro.
De acuerdo con los
estándares internacionales, donde se registran de 40 a 100 muertes por cada 100
mil habitantes al año, se habla de una “situación casi de guerra”. Cuando la
cifra es de 10, como en México, se dice que hay “una epidemia de violencia”.
Según Magaloni, la
inequidad y la distribución desigual del ingreso en el país, así como la falta
de oportunidades para los jóvenes, son aprovechados por las organizaciones
criminales, cuyos capos les ofrecen trabajo.
“Si está bloqueado el
ascenso social, hay incentivos mayores para aquellos que no tienen
oportunidades y quieren asociarse con bandas criminales. Eso es universal”,
sostiene la especialista.
Otro factor es la
debilidad del estado de derecho. Conocedora del fenómeno, que ha observado
desde 2010, cuando inició el Programa de Pobreza y Gobernabilidad en el Centro
Freeman Spogli, comenta que esta “percepción” es difícil de medir, por lo que
recomienda a los politólogos adentrarse en el tema.
Los factores de
impunidad, corrupción policiaca, ineficacia de la autoridad, castigo a pobres y
ausencia de Estado en comunidades afectadas por la violencia, insiste, “deben
ser objeto de mayor análisis e investigación, pues no son todavía bien
comprendidos a nivel teórico y práctico”.
Refiere que en México la
policía está capturada por las organizaciones criminales, con sus excepciones.
“Esta penetración del
crimen organizado en las instituciones podemos llamarlo ‘Estado mafioso’. Eso
es más notable en México que en otros países, como Brasil, donde si bien hay
más violencia, las fuerzas policiales no están tan penetradas por el crimen como
aquí”, comenta Magaloni.
Pone el ejemplo de las
autodefensas en México como una muestra de la debilidad institucional. Grupos
de ciudadanos decidieron organizarse para repeler las agresiones de los grupos
delincuenciales, pues las autoridades están coludidas con los criminales.
La desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa la noche del 24 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero, es un ejemplo claro de la descomposición de las instituciones y “del
colapso del Estado mexicano”, reitera la investigadora.
Adelanta que un grupo de
investigadores de la Universidad de Stanford realiza un estudio sobre el tema
para saber cuánta confianza tiene la ciudadanía en las fuerzas policiacas. Al
final, diseñarán un mapa en el que mostrarán qué prácticas policiacas deben
aprovecharse y cuáles deben ser rechazadas.
Los académicos han
tenido problemas para obtener información relacionada con la inseguridad en
México, sobre todo con la extorsión, pues algunas instituciones se muestran
renuentes a entregarles los datos que requieren.
Al asumir la
presidencia, Enrique Peña Nieto cambió la política del combate a la
delincuencia, dice Magaloni: Comenzó por restarle difusión al fenómeno; incluso
instruyó a algunos medios de comunicación para que ocultaran noticias sobre
hechos delictivos de alto impacto.
Pese a ello, lo
violencia no se ha atenuado. Organismos internacionales contabilizan 23 mil
desaparecidos de 2007 a la fecha. Y aunque las cifras varían, existe una
estimación de que 40% de esos delitos ha ocurrido en los primeros cuatro años
del actual sexenio.
“Las dos crisis de
violencia más fuertes de los últimos años en Michoacán y Guerrero –comenta– se
le vinieron a Peña Nieto porque ignoró el tema de una forma injustificable.
“Ayotzinapa y las
autodefensas nos revelan que México ya es otro. Y el Estado no puede cerrar los
ojos ante esas organizaciones (criminales). No podemos seguir hablando de
gigantescos cárteles, ya que hay grupos criminales por todos lados.”
Esta pulverización de
los antiguos grandes consorcios ha provocado que pequeñas células delictivas
independientes operen por su cuenta. Son mucho más numerosas y actúan contra la
población.
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