Revista
Proceso #2080, 11 de septiembre de 2016..
Sedena:
impunidad por decreto/Juan Veledíaz.
El
caso de los 31 militares del llamado “Pelotón de la Muerte”, implicado en el
homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus el 25 de julio de 2008, sigue
complicándose. Hasta ahora 21 de ellos ya recibieron sentencia, pero otros,
como el cabo Gabriel Roque Bernardino –a quien el mes pasado se le diagnosticó
“trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide” por la tortura a la que
fue sometido para que se declarara culpable por la muerte de Rojas Lemus–,
muestran la parcialidad con la que se conducen las autoridades castrenses y la
impunidad de la que gozan los altos mandos.
Al
principio algunos creyeron que se trataba de una broma, pues no había nadie de
la PMM. El cabo Roque fue llevado por dos compañeros a las instalaciones de
sanidad para ser examinado. Le practicaron un examen toxicológico que resultó
negativo en consumo de drogas. A partir de ese momento quedó en observación y
las autoridades penitenciarias castrenses solicitaron a la dirección del
hospital regional militar de Mazatlán que enviaran un especialista en
psiquiatría para valorarlo.
Días
después, la madrugada del 1 de agosto, Roque tuvo un segundo ataque psicótico.
En uno de los dormitorios del penal, sus compañeros tuvieron que activar el
botón de alerta mientras trataban de calmarlo después de que se despertó
gritando. Se sujetaba de la litera, temblaba y lloraba, gritaba pidiendo
auxilio a sus compañeros.
“Decía
que el general Cienfuegos había mandado a elementos de la PMM por él para
llevárselos. Como a los cinco minutos entraron los celadores y lo condujeron de
vuelta al área de sanidad”, comenta en entrevista telefónica uno de los
internos. Medio centenar de personas presenciaron los hechos en el dormitorio.
Días
después, Roque empezó a decir que desconfiaba de todos, que sentía que era
vigilado todo el tiempo; hablaba también de una cámara que lo grababa en su
celda. Sus compañeros relatan que a su regreso al penal, los médicos lo han
mantenido medicado.
Cuentan
que ha dicho que está deprimido, que habla de no querer vivir si lo llegaran a
sentenciar en el juicio donde se le acusa de tortura y homicidio calificado en
el caso Ojinaga, un episodio de la Operación Conjunta Chihuahua ordenada en
2008 por Felipe Calderón, y bautizado por la Procuraduría de Justicia Militar
como “El Pelotón de la Muerte”, en el que estuvieron implicados 31 militares
(Proceso 1993).
Secuelas
de una “investigación”
El
antecedente del estado de salud del cabo Roque quedó documentado en 2011,
cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) practicó a los 31
militares detenidos por el Caso Ojinaga en el verano de 2009 en la guarnición
militar de Ojinaga, Chihuahua, el protocolo de Estambul, un procedimiento
médico que analiza las secuelas psíquicas de personas que han sido víctimas de
tortura.
El
diagnóstico fue que Roque tenía “secuelas físicas” que concordaban con su
denuncia. Uno de sus compañeros, Miguel Ángel Benítez Ramírez, presentó
“secuelas sicológicas” propias de quien ha sufrido “tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes”, según copia del documento de la CNDH consultado por
el reportero.
Ambos
eran parte de los 22 soldados que junto a ocho oficiales de la Tercera Compañía
de Infantería no Encuadrada (CINE), y el entonces comandante de la guarnición,
el general José de Jesús Moreno Aviña, fueron acusados de asesinato y tortura
de tres presuntos integrantes del crimen organizado.
Este
es el primer caso que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en septiembre de 2012, al aplicarse la nueva reforma judicial, pasó del
fuero militar a un juzgado federal debido a que había civiles implicados.
Pese
al diagnóstico, Roque nunca recibió terapia o tratamiento psicológico en el
interior de la prisión. La CNDH no emitió ninguna recomendación a la Sedena y
tampoco hubo denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por
estos hechos, dice el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi, compañero de Roque.
Cuando
un juez militar le dictó auto de formal prisión en enero de 2010, Roque declaró
que no tuvo nada que ver en el homicidio del que se le acusaba. Al contrario,
aseguró que las declaraciones que hizo ante el agente del Ministerio Público
Militar fueron arrancadas por medio de golpes en todo el cuerpo, descargas
eléctricas y amenazas de muerte.
Lo
obligaron a firmar una declaración en la que, según su expediente judicial,
participó en la tortura y homicidio calificado en agravio del civil José
Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, presuntamente ocurrido en Ojinaga en
2008, caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua.
El
caso Ojinaga surgió tras el cúmulo de denuncias contra militares por abusos y
violaciones a los derechos humanos de varios habitantes de este municipio
fronterizo.
Algunos
de los 31 detenidos denunciaron que el caso es un montaje (Proceso 2018). Desde
su primera comparecencia Roque señaló al mayor Carlos Alberto Rivera Medeles,
quien entonces era el jefe de aprehensiones, y los capitanes Héctor Raúl
Salgado Urióstegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, agentes de la corporación
llamada hoy PMM, como los autores de la tortura.
La
acusación contra Roque se basó en el testimonio del sargento Andrés Becerra
Vargas, que dijo haberlo visto el 25 de julio de 2008 en las instalaciones
castrenses de Ojinaga, donde el mayor Alejandro Rodas Cobón, como segundo al
mando de la Compañía, supuestamente le ordenó junto a dos de sus compañeros
someter a descargas eléctricas al civil Rojas Lemus.
Becerra,
uno de los coacusados en el Caso Ojinaga, aseguró que Rojas Lemus, presunto
integrante de una banda local de narcotráfico, comenzó a convulsionarse en dos
minutos y luego dejó de moverse.
Ocho
testigos militares que estuvieron ese día a cargo del puesto de control del
poblado de Manuel Benavides, Chihuahua, señalaron que Roque estuvo con ellos a
la hora y fecha que aludió Becerra. La localidad se ubica a más de 90
kilómetros de distancia de donde supuestamente sucedieron los hechos.
La
causa penal contra el cabo Roque se cerró hace unas semanas y entró en espera
de sentencia por cargos que alcanzan penalidad de hasta 45 años de prisión.
De
los 31 implicados en el juicio, 21 han sido sentenciados, empezando por el
general Moreno Aviña, condenando en abril pasado a 52 años por la muerte de
Rojas Lemus.
Dos
coacusados tuvieron penas cada uno de tres meses de cárcel, a cambio de que se
“sostuvieran en las acusaciones en contra del general y otros 10 militares que
siguen en prisión”, explica el teniente Huesca Isasi, uno de los involucrados
que, junto al mayor Alejandro Rodas Cobón y el cabo Roque Bernardino, llevó el
caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio
entrada a finales del 2015 y empezó su análisis en marzo pasado.
“El
problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite que Roque tiene
una afectación mental debido a la tortura de que fue objeto por parte de la
PMM. Si lo hiciera, caerían sus declaraciones y el caso sumaría otra
irregularidad”, dice el mayor Alejandro Rodas Cobón.
El
documento de Echeverría
En
el verano de 2015, cuando la juez décima de distrito Claudia Guerrero Centeno,
entonces al frente del caso, citó a comparecer al general Guillermo Galván
Galván –quien era titular de la Sedena cuando ocurrieron las muertes en
Ojinaga–, éste se excusó por estar fuera del país.
Meses
después, la Procuraduría de Justicia Militar aludió a un decreto de enero de
1976, emitido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según el cual
quienes hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional
continuarán en servicio activo “no obstante que opere alguna causal de retiro”.
Ellos,
según la dependencia, “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones
un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden
interno del país, capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente
cooperando como órganos de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese
cargo”, según oficio que envió al juzgado en octubre de 2015.
Echeverría
emitió el decreto que sirvió para dar impunidad al general Hermenegildo Cuenca
Díaz, su secretario de Defensa, después de haber implementado las operaciones
contrainsurgentes dentro de la llamada “guerra sucia” en Guerrero, comenta el
mayor Rodas Cobón.
Era
una manera de “cubrirle la espalda”, bajo la excusa de que era “alto
funcionario”, ante la posibilidad de que fuera juzgado por esos hechos. “Sirve
ahora al general Guillermo Galván para no comparecer en el caso espinoso de
Ojinaga, ocurrido durante su administración, y seguramente será utilizado en su
momento para evitar que se aclaren los casos Tlatlaya y Ayotzinapa”, asevera.
Rodas
Cobón es un oficial de infantería que el año pasado solicitó al juzgado llamar
a declarar a Galván. Quería que explicara por qué lo arrestó para que pudieran
torturarlo y que firmara confesiones “a modo” en las dos causas penales en las
que se le procesa, una por robo y otra por la supuesta tortura y muerte de
Rojas Lemus.
El
citatorio judicial no cayó tan bien en el ánimo de la Sedena. En agosto de 2015
la juez Guerrero Centeno fue removida de su cargo; en su lugar llegó el
teniente de justicia militar y licenciado René Ramos Pérez, un “juez a modo”
que, según los entrevistados, emite resoluciones que están lejos de ser
imparciales y sirve a los intereses del Ejército porque por jerarquía “responde
a la superioridad”.
El
nuevo juez del caso Ojinaga rechazó la comparecencia del general Galván
atendiendo la petición que le hizo el procurador de justicia militar, el
general Jesús Gabriel López Benítez, quien citó el decreto de Echeverría para
eximir al extitular de la Sedena de presentarse ante la autoridad judicial
debido a que, como asesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual
secretario de la Defensa Nacional, está considerado como “alto funcionario”.
La
petición fue respaldada también por el agente del Ministerio Público Federal
adscrito al juzgado. El fallo fue impugnado hace unos meses por la defensa del
mayor Rodas.
La
historia en los últimos meses del juicio ha sido de “dilación sistemática en la
comparecencia de los testigos militares, lo que ha retrasado que se dicten las
sentencias”, añade por su parte el teniente Huesca Isasi. Si testificaran se
podrían demostrar las irregularidades de la investigación, como la retención
ilegal durante la averiguación previa, así como los actos de tortura y
extorsión perpetrados por los agentes de la PMM.
La
retención ilegal ya fue reconocida hace unos días por un tribunal colegiado,
que falló a favor del mayor Rodas en la causa penal que enfrenta por robo. En
el veredicto de una revisión de amparo que salió a su favor se dice que debido
a que las primeras declaraciones fueron hechas sin abogado defensor, se ordena
anularlas y quedan sin efecto.
“A
mí me presentaron como un gran villano que lo mismo robaba que asesinaba y desaparecía
gente; no sucedió ni una ni otra cosa”, manifiesta. Es una “historia ficticia”
armada por la procuraduría militar, que con “el afán de cuadrar la historia del
‘Pelotón de la Muerte’ involucró a elementos que ni siquiera estaban en esa
fecha en el cuartel.”
Para
el mayor Rodas, para el teniente Huesca y otro de los entrevistados que pidió
reserva sobre su identidad, la Sedena cuenta con un “gran capital político”
proporcionado por los militares encarcelados. Sus juicios son “administrados en
coordinación con el poder judicial que diligentemente ha emitido sentencia a
militares en cuanto el gobierno federal o el propio Ejército es cuestionado por
la actuación de sus elementos”.
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