Castillo Cervantes, negro historial delictivo

Castillo Cervantes, negro historial delictivo/

PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso 2090, 20 de noviembre de 2016..

En diciembre de 2005, las autoridades de Texas abrieron una investigación contra el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes en la que documentan la red de complicidades que tejió con funcionarios y gobernadores de varias entidades, incluido el mexiquense Enrique Peña Nieto, a quien presuntamente entregó dinero para el financiamiento de su campaña presidencial de 2012. Finalmente, Castillo fue capturado en MacAllen, Texas, el martes 8 y ahora tendrá que responder por los múltiples delitos que se le atribuyen. Llegó la hora de las preguntas… y de las revelaciones.

El martes 8 fue detenido el empresario coahuilense Luis Carlos Castillo Cervantes en McAllen, Texas. Relacionado con exgobernadores priistas y funcionarios de Estados Unidos, la Corte del Distrito del Sur de ese estado lo acusa de fraude bancario, posesión de fondos robados, soborno a un funcionario público, malversación, robo y desfalco de fondos públicos, cometidos entre 2006 y 2014.

De entrada, las autoridades le confiscaron 36 millones de dólares y el Learjet matrícula N134CG.

El expediente del caso –el C-16-802–, llevado por la División de Corpus Christie, señala: “Parte del esquema y del ardid era que los acusados falsearan sus fuentes de ingresos para mover el dinero de México a Estados Unidos, con el fin de abrir y alimentar múltiples cuentas en el Inter National Bank y el J. P. Morgan Chase Bank”.

El 4 de diciembre de 2005, días antes del periodo que abarca la investigación de la Corte texana contra Castillo Cervantes, Proceso publicó el reportaje Amigo del dinero, firmado por la reportera Gabriela Hernández, en el que se describe con detalle la red de complicidades que el empresario estableció en México y en la frontera sur de Texas; así como la propiedad de algunos bienes que en las últimas dos semanas le fueron confiscados en Estados Unidos, incluido el jet.

Firmado en Mission, Texas, el reportaje consignó que a Castillo Cervantes se le atribuyen un presunto enriquecimiento logrado gracias a sus relaciones con exgobernadores mexicanos, entre ellos el mexiquense Enrique Peña Nieto –actual presidente de México–, quien lo conoció gracias a Alfredo del Mazo.

Otro personaje clave es Enrique Martínez y Martínez, primer secretario de Agricultura y Ganadería del actual gobierno de Peña Nieto. Martínez y Martínez fue gobernador de Coahuila de 1999 a 2005 y hoy es embajador de México en Cuba.

También se menciona a quien lo sustituyó en la gubernatura, Humberto Moreira Valdés, quien actualmente es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR). Otros exmandatarios cercanos al detenido son el tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, acusado de delincuencia organizada por la PGR; el regiomontano Natividad González Parás, y el veracruzano Fidel Herrera Beltrán, quien hoy es cónsul en Barcelona, España.

En Estados Unidos, entre sus allegados destaca Norberto Salinas, alcalde de Mission desde 1998. Un hijo de Norberto, Ricardo Salinas incluso es el actual defensor de Castillo Cervantes.

El reportaje consignó también que desde 1979 Martínez y Martínez tiene una relación de negocios con Norberto Salinas, según dos escrituras registradas en la mencionada Corte en 1979 y 1981, en las cuales se consigna que ambos compran terrenos por 85 mil dólares y negocian un crédito por 60 mil.

El entorno político-empresarial

Según documentos obtenidos por Proceso, Saltillo Group, una de las empresas de desarrollo urbanístico del alcalde de Mission, fue registrada ante la Secretaría de Estado del gobierno de Texas el 20 de marzo de 1997. Días después, el 17 de abril se introdujo una enmienda al artículo 8 del acta constitutiva para que la administración de la empresa fuera compartida con Roberto Serna, compadre de Martínez y Martínez, quien lo nombró subsecretario de Seguridad Pública.

El alcalde de Mission y Castillo Cervantes también son compadres (Salinas fue padrino de primera comunión de un hijo del empresario). En 1999 Norberto Salinas fue quien presentó a Martínez con Castillo, quien posteriormente financió la campaña del coahuilense y después aportó 1 millón de dólares para que Humberto Moreira llegara a la gubernatura.

Tras la detención de Castillo Cervantes, en Texas se abrieron nuevas pautas en la investigación que se sigue a Humberto Moreira. Las autoridades citaron a declarar al empresario Lorenzo Schuessler –concuño y socio del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández–, preso en Estados Unidos, para que hablara sobre la Constructora Chavana y la Comercializadora de Aceros MT.

Jorge Torres López –quien fue gobernador interino de Coahuila del 4 de enero al 1 de diciembre de 2011–, Humberto Moreira y el mismo declarante transfirieron millones de dólares a bancos de Texas y de las Bermudas mediante ambas empresas.

Torres López señaló que sus fondos depositados en Las Bermudas eran “comisiones derivadas de la venta de aviones de la empresa Imperial Air de Luis Carlos Castillo”, según el documento 13-CV-294 de demanda civil arraigado en la Corte del Distrito Sur de Corpus Christi, asegura el corresponsal de Proceso, Juan Alberto Cedillo.

En su reportaje, Gabriela Hernández citó que en la Corte texana también hay documentos sobre los negocios que Salinas y Castillo Cervantes han realizado: “En diciembre de 2002, por ejemplo, una de las compañías de Castillo le pagó 1 millón 860 mil dólares a El Toro Builders, empresa de Salinas que aparece como propietaria de 90 acres ubicados en el fraccionamiento El Olmito, en Brownsville, Texas; sin embargo, Castillo Cervantes era quien se ostentaba públicamente como propietario de este desarrollo.

Castillo Cervantes amasó su fortuna luego de obtener la exclusividad sobre la renta y venta en México de una maquinaria que recicla asfalto y reencarpeta tramos carreteros, así como a una alianza con la empresa Cutler Repaving Inc., líder mundial en el ramo. A mediados de los noventa, cuando llegó a McAllen –el 22 de abril de 1994, según la escritura número 383141– pagó 100 mil dólares por una casa, con apoyo de la familia de su esposa.

Posteriormente inauguró otra propiedad construida en un terreno de 36.45 acres (unas 17 hectáreas), pegado a la subdivisión Trinity Groves en el fraccionamiento Cimarron, de Mission, y tiene un área construida de 45 mil 966 pies cuadrados (unos 4 mil 270 metros cuadrados), según los planos del registro de la propiedad del condado de Hidalgo.

En 2005, Castillo Cervantes tenía sus oficinas en el edificio del Inter National Bank y ya poseía el Learjet matrícula N134CG, valuado en más de 4 millones de dólares y registrado en la Federal Aviation Administration (FAA). Esta aeronave fue decomisada dos días después de su detención.

En los registros de la Corte se encontraron por lo menos tres empresas a su nombre: LC Castillo Corporation, Castillo Generations y Luis Castillo & Sons Limited Partners, creadas entre 2000 y 2003.

En Reynosa, Tamaulipas, tiene registradas tres empresas: Impulsora Mexicana de Comercio y Construcción, S.A. de C.V., Impulsora Internacional de Equipos, S.A. de C.V., y Multiservicios Immex, S.A. de C.V., esta última empresa fue la que en el año 2000 vendió la primera máquina recicladora de asfalto al gobierno de Martínez y Martínez.

Lluvia de contratos

De acuerdo con el blog Signos de Tamaulipas, fechado el 15 de junio de 2009, Castillo Cervantes organizó una fiesta en su casa de McAllen, Texas, a la cual asistieron Peña Nieto y su entonces prometida Angélica Rivera.

En 2012, ya en plena campaña presidencial, en esa misma casa el empresario entregó al entonces candidato mexiquense 10 millones de dólares para su campaña. Su objetivo era conseguir todos los trabajos de encarpetado en el país. La operación se conoció con el nombre de El Dragón (Proceso 1861).

Multiservicios Immex realizó trabajos en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. En ese tiempo se acumularon denuncias públicas en algunos estados debido a que los gobernadores le adjudicaban la obra de manera directa.

En abril de 2008, por ejemplo, en Veracruz evidenciaron que Arturo Quirarte Vargas, titular de la Junta Estatal de Caminos y hombre de confianza del entonces gobernador Herrera Beltrán, viajaba en vuelo privado a Miami, Florida. La aeronave era un Learjet 25 matrícula XA-KKK, también propiedad de Castillo Cervantes.

En 2013 y 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó 2 mil 400 millones de pesos para la conservación de carreteras en 12 estados, que se realizaron con maquinaria para reciclado marca Cutler, empleada por Castillo Cervantes. SCT otorgó 61 contratos para obras de conservación de carreteras.

La empresa Lucamax, S.A. de C.V., filial de Immex, obtuvo 16 contratos por un monto de 524.9 millones de pesos. Algunos de ellos fueron el 2014-19-CB-A-135-W-00-2014, otros dos iniciados por el centro SCT de Nuevo León el 20 de enero de 2015 –ambos aparecen sin número de contrato en el portal de Transparencia–, y otros 10 más por 429.6 millones de pesos, en siete de ellos asociado con la empresa regiomontana Insumos y Maquinaria, S.A. de C.V., para obras en Nuevo León.

En 2008, Castillo Cervantes y su compañía Immex se mudaron de Tamaulipas a Monterrey. Ese año empezó a obtener contratos que llegaron a mil 290 millones de pesos, que cobró entre 2008 –aún durante la administración de González Parás– y 2012, en la gestión de Rodrigo Medina.

Además, 146.9 millones de pesos le fueron asignados de forma directa por el gobierno de Medina entre 2010 y 2011.

La empresa Insumos y Maquinaria ganó seis contratos por 468.8 millones de pesos para realizar obras en el Estado de México, subarrendando la maquinaria Cutler, de la que Castillo Cervantes es representante exclusivo.

En San Pedro, Nuevo León, Castillo Cervantes también ganó contratos por 339 millones de pesos en asociación con Cof­nymex. A su vez, Cofnymex obtuvo asignaciones individuales con la SCT por 300 millones de pesos, y otros más por 204 millones en asociación con la Constructora Cadena, S.A., originaria de Baja California.

En Baja California, en asociación con la Constructora Cadena, Castillo Cervantes obtuvo de la SCT el contrato 2015-02-CB-A-071-W-00-2015, por poco más de 53 millones de pesos.

Además, el centro SCT de Nuevo León le asignó individualmente los contratos 2014-19-CF-D-085-W-00-2014 y el 2014-19-CF-D-068-W-00-2014, por 20 millones de pesos. En Tamaulipas, se quedó con el contrato 2015-28-CB-A-035-W-00-2015, por arriba de los 55 millones de pesos.

Así, queda clara la protección financiera que algunos exgobernadores y el mismo Peña Nieto brindan a través de los múltiples contratos para la asignación de obra otorgados a las empresas de El Dragón.

Ahora, Castillo Cervantes tiene que aclarar el origen de sus recursos y múltiples propiedades ante el gobierno de Estados Unidos.

La captura

El martes 8 Luis Carlos Castillo Cervantes fue detenido en MacAllen, Texas, por autoridades locales. Al día siguiente le decomisaron un Learjet 45XR matrícula N134CG, registrado a nombre de una firma de su propiedad –Imperial Air LP–, de Mission, Texas, así como 36 millones 259 mil 730 dólares.

Según el expediente C-16-802, el principal cargo contra Castillo Cervantes es la comisión de delitos contra Estados Unidos, a sabiendas de que junto con otras personas “conocidas y desconocidas para el Gran Jurado”, conspiró.

Entre los ilícitos que se le imputan están el transportar, transmitir, transferir e intentar transportar transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos, incluyendo los productos de actividades calificadas como ilícitas, tales como fraude bancario, posesión de fondos robados en una cantidad superior a 5 mil dólares.

Asimismo, se le atribuyen delitos contra una nación extranjera que incluyen el soborno a un funcionario, y la malversación, el robo y el desfalco de fondos públicos por parte de o a beneficio de un funcionario hacia un lugar de Estados Unidos, de o a través de un lugar fuera de Estados Unidos, a sabiendas de que los instrumentos monetarios y fondos involucrados en el transporte, la transmisión y la transferencia procedían de alguna forma de actividad ilícita.

Ello, pese a que sabía que el transporte, la transmisión y la transferencia estaban diseñados, en su totalidad o en parte, para ocultar o encubrir la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los productos de una actividad calificada como ilícita. Castillo Cervantes también enfrenta el cargo de llevar a cabo o intentar llevar a cabo transacciones financieras que involucran el producto de actividades calificadas como ilícitas.

Otro cargo indica que entre el 28 de octubre de 2007 y el 30 de julio de 2012 en el Distrito Sur de Texas y otros lugares donde la Corte texana tiene jurisdicción, de manera deliberada el acusado maquinó, conspiró, se coaligó y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas para el Gran Jurado.

Es decir: “Ejecutó o intentó ejecutar, a sabiendas y deliberadamente, un esquema y ardid para defraudar a Inter National Bank y J.P. Morgan Chase Bank, instituciones financieras aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation–F.D.I.C.), y obtener dinero, fondos, créditos, valores, fianzas u otros bienes propiedad de o bajo la custodia o el control de los dos bancos mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas o fraudulentas”.

El escrito de acusación es contundente. Señala que parte del esquema y del ardid era que los acusados (sic) falsearan sus fuentes de ingresos para mover el dinero de México a Estados Unidos con el fin de abrir y alimentar múltiples cuentas en Inter National Bank y J.P. Morgan Chase Bank.

El martes 15 Castillo Cervantes se presentó a su audiencia en el Tribunal Federal de McAllen. Su abogado, Ricardo Salinas, solicitó trasladar el caso a la Corte Federal de Corpus Christie, donde se originó la denuncia. Ese mismo día, el juez que lleva el caso aceptó la solicitud.

Dos días después, otros tres ciudadanos mexicanos fueron presentados como testigos por el gobierno estadunidense: Miguel Galicia Barrientos, Maximiano Medina Aguirre y Porfirio del Ángel Reyes, quienes ingresaron a territorio de Estados Unidos de manera ilegal.

Mientras se desahoga el proceso, los tres permanecerán retenidos para evitar que regresen a México porque podrían no estar sujetos a extradición. A solicitud de ellos, el juez les asignó un defensor de oficio.

El viernes 18, la Corte dio a conocer otra lista de pertenencias “involucradas en los delitos”, confiscadas en la residencia de Castillo Cervantes el miércoles 9: ocho vehículos, una motocicleta, 33 mil 891 dólares en un cheque de caja número 080011698; tres diamantes encontrados en una caja de seguridad y 74 monedas mexicanas de 50 pesos con la marca “37.5 oro puro.

Horas más tarde, esposado de pies y manos, vestido con el uniforme naranja, Castillo Cervantes se presentó a su audiencia en la Corte de Corpus Christie, donde se declaró inocente. El lunes 21 acudirá de nuevo.