La
PGR demuele la “verdad histórica”... de la PGR/
GLORIA
LETICIA DÍAZ
Revista Proceso # 2090, 20 de noviembre de 2016..
Proceso
pudo consultar la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de
la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás
Zerón de Lucio, entonces cabeza de la Agencia de Investigación Criminal, en las
indagatorias del caso Ayotzinapa. En primer lugar se evidencia el
comportamiento ilícito del funcionario, pero, más importante, queda claro que los
testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas –pilar de la
“verdad histórica” de Murillo Karam– fueron obtenidos mediante tortura. La PGR
se desmiente a sí misma.
La
investigación abierta sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de
la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en el caso Ayotzinapa,
evidencia la debilidad de la “verdad histórica” esgrimida por esa instancia
para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos; y las irregularidades
denunciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
ponen “en riesgo la validez del cúmulo de actuaciones” del proceso judicial
contra los presuntos autores materiales de la supuesta cremación de los 43
jóvenes en el basurero de Cocula.
A
siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del
GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales –el 28
de octubre de 2014– que no fueron consignadas en el expediente por la
desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial,
Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la
Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro
Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a
los padres de los estudiantes.
De
177 fojas, el documento DGA/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos
de la PGR está fechado el 18 de agosto de 2016, el día en que se rompió el
diálogo entre los familiares de los desaparecidos con la entonces procuradora
Arely Gómez, toda vez que la funcionaria incumplió con el compromiso de
presentar en esa fecha el resultado de la investigación iniciada a Zerón de
Lucio, cuya remoción era exigida por los padres de los 43.
Ese
diálogo sigue roto, más aún ante el nombramiento de Zerón como secretario
técnico de la Comisión Nacional de Seguridad y la designación de Omar Hamid
García Harfuch como sucesor de aquél en la AIC; el nombre de este funcionario
apareció en una libreta de contactos asegurada a Sidronio Casarrubias,
considerado por la PGR líder de Guerreros Unidos, organización criminal
responsabilizada de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala
(Proceso 2089).
El
documento Acuerdo de Conclusión hace un análisis pormenorizado de las
actuaciones de Zerón y otros cinco funcionarios que participaron en las
diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Firmado
por Ricardo Juan de Dios Martínez, agente del Ministerio Público de la
Federación, visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la
Visitaduría General de la PGR, el documento sólo refleja las actuaciones
ministeriales del 25 al 31 de octubre de 2014, periodo en el que se identifican
las “irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos” de la
PGR.
El
documento advierte que la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica, de
las misma Visitaduría, lleva a cabo una revisión de toda la investigación sobre
la desaparición de los estudiantes, llevada por la Oficina Especial del Caso
Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En
lo correspondiente a Zerón de Lucio, el agente ministerial tomó como base los
señalamientos del GIEI y las declaraciones que el funcionario hizo a la prensa
el 27 de abril de 2016, para dar respuesta a lo dicho por los expertos.
En
esa declaración pública, el exdirector de la AIC se proclamó con “facultades
para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público”; que,
“dada la urgencia”, llamó a los peritos forenses que estaban trabajando en el
basurero de Cocula y el municipio de Iguala; que sólo realizaron un
“reconocimiento del lugar”, para realizar las diligencias al día siguiente; que
en ese momento se encontró un hueso no humano, por lo que ahí fue descartado
por los forenses; y que, en todo caso, por un error del personal se etiquetaron
muestras tomadas el 29 de octubre con la fecha de un día antes.
Usurpación
de funciones
En
cuanto a la presencia del inculpado Agustín García Reyes en el río San Juan –de
acuerdo con un video presentado por el GIEI, en el que se le ve junto a Zerón–,
éste dijo que esa circunstancia “se dio en el marco de las facultades
constitucionales de la Policía Federal Ministerial, de la que soy
responsable”.
En
un oficio firmado por Zerón el 14 de junio de 2016, se informó que los
funcionarios de su oficina que lo acompañaron en el viaje en el helicóptero
XC-JBX fueron Abraham Eslava Arvizu, Bernardo Cano Muñozcano y Jaime David Díaz Serralde.
De
acuerdo con el análisis que hace el agente ministerial de la Visitaduría
General, Zerón tiene responsabilidades sancionadas por la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por “haber
excedido el ejercicio de sus facultades”, previstas en la Ley Orgánica de la
PGR y el acuerdo por el que se crea la AIC durante la gestión de Jesús Murillo
Karam, en 2013.
Según
el acuerdo en mención, “en ninguna de sus partes se le confiere al citado
funcionario la calidad de agente de Ministerio Público, ni tampoco la de
policía o perito”. Prácticamente el cargo es administrativo.
Entre
las probanzas de la actuación irregular del funcionario, destaca la entrevista
que la Visitaduría hizo a quien fungía como jefe de la oficina de Tomás Zerón,
Cano Muñozcano, el 18 de julio de 2016; éste narra que su superior atendió la
instrucción del entonces procurador Murillo Karam, tras haber recibido una
llamada del agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que llevaba
el caso Ayotzinapa, sobre unas detenciones.
“El
entonces procurador, Lic. Jesús Murillo Karam, le dijo al Lic. Zerón que fuera
a la SEIDO y yo lo acompañé. Eso fue como al mediodía. Ya en la SEIDO, el Lic.
Zerón me dijo que íbamos a ir a Cocula, que yo lo acompañaría junto con otras
personas”, contó.
En
su reconstrucción, Cano Muñozcano resaltó que en helicóptero volaron sobre el
basurero de Cocula hasta llegar al río San Juan, y que después se enteraría de
que “esa persona que nos guiaba se llamaba Agustín García Reyes, y el punto que
nos señaló es donde según su dicho fueron arrojadas las bolsas con los restos
de los normalistas”.
Continuó:
“Después Tomás Zerón ordenó asegurar el lugar, que nadie más entrara, y dio
instrucciones a personal de la PGR, entre ellos a peritos y policías, para que
en coordinación con elementos de la Marina realizaran la búsqueda una vez que
el Ministerio Público se los solicitara”.
En
el lugar, según el testimonio, entre las cuatro y las cinco de la tarde despegó
el helicóptero con destino a la SEIDO.
Por
las declaraciones de los peritos de Servicios Periciales de la PGR, se advierte
que, aun cuando por normatividad Zerón carecía de las facultades para ordenar
investigaciones, se conducía y era visto como si las tuviera.
Así,
quien fungía como coordinador de peritos, Mauricio Cerón, quien el 28 de
octubre de 2014 realizaba trabajos de exhumación en Iguala, recordó en su
testimonial del 21 de junio de 2016 que fue instruido por la entonces
coordinadora general de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina, para que se
trasladara al campo de futbol de Cocula, cercano al río San Juan, y que al
llegar Zerón los instruyó, “como superior jerárquico, que acudiéramos a
acordonar la zona y a buscar ocho bolsas”.
Bajo
tortura
La
investigación de la Visitaduría General incluyó una entrevista con García
Reyes, hecha el 24 de junio de 2016 en el Cefereso del Rincón, Nayarit.
“Yo
estaba detenido en la SEIDO, estaba en una celda y nomás me sacaron y me
subieron al helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar
a puente río San Juan, y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar,
que si no lo hacía, me iban a torturar”, aseguró.
De
acuerdo con ese testimonio, cuando bajó del helicóptero, las personas que lo
condujeron hacia el río le advirtieron que no se le “olvidara lo que había
dicho”.
Aseguró
que uno de los hombres, “vestido como de negro, me lleva del cuello y me dijo
que si intentaba correr me iba a disparar; ya llegando hasta donde estaban las
bolsas hice lo que me habían dicho, las señalé”, tras caminar unos metros
también indicó “con la mano que ahí supuestamente los habíamos tirado al río y
de ahí me devolvieron al helicóptero y después volamos a la SEIDO”.
Según
el extracto de la declaración, García Reyes no recuerda a Zerón dirigiéndose a
él, sólo a dos personas que le “manifestaron que tenía que reconocer las bolsas
y señalar el lugar donde las habían aventado”, sin que se mencione quiénes
fueron esos funcionarios.
Cabe
destacar que el GIEI puntualizó que un examen médico de la PGR aplicado a
García Reyes, “antes de ser llevado a dicho lugar (reportaba) 30 lesiones
externas, hematomas, escoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la
detención fue pacífica y un primer informe médico de la Marina (previo) no
revela lesiones”.
García
Reyes fue presentado por marinos ante la SEIDO a las 23:15 del 27 de octubre de
2014, y a esa misma hora la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS),
Blanca Alicia Bernal Castilla, dio fe de haber tenido a la vista un dictamen
emitido por el médico naval Javier Castro Sánchez, “cuando (éste) no había
concluido la valoración”.
En
tanto que el personal médico de la PGR acreditó lesiones a las 01:15 del 28 de
octubre, por lo que “el estatus de incertidumbre se hace palpable, pues no
existen elementos que permitan desentrañar si las lesiones presentadas en este
nuevo dictamen fueron resultado de conductas asumidas por el personal de la PGR
en las instalaciones de la SEIDO o, por el contrario, dichas lesiones se
encontraban presentes desde que fue puesto a disposición de la autoridad
ministerial el 27 de octubre de 2014”.
En
el Acuerdo de Conclusión, la agente Bernal Castilla es objeto de graves señalamientos
cometidos del 25 al 31 de octubre de 2014, entre ellos de retenciones ilegales
y arbitrarias contra Jorge Luis Poblete Acosta, Salvador Reza Jacobo, Benito
Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales
Sánchez y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones eran los pilares de la
“verdad histórica” esgrimida por el entonces procurador Murillo Karam.
Para
la Visitaduría resulta de suma gravedad la forma en que fueron procesados
ciertos inculpados, algunos supuestamente por portación de armas de fuego y
otros por órdenes de presentación emitidas por la agente, y luego retenidos por
delincuencia organizada, sin contar con más elementos que los dichos de los
agentes aprehensores, marinos en la mayoría de los casos.
En
el caso específico de García Reyes, otra de las graves irregularidades
descritas es la referente a su “sustracción (…) de los separos de la SEIDO, su
traslado al río San Juan y su retorno a separos”.
La
investigación de la Visitaduría revela que el 28 de octubre Bernal Castilla
emitió el oficio SEIDO/UEIDMS/FED/9941/2014, por el cual ordena el cese de
guardia y custodia de García Reyes, señalando que “la persona antes referida
efectuará diversas diligencias de carácter ministerial fuera de las
instalaciones” de la SEIDO.
Se
detalla que en el oficio “no se mencionaron ni las condiciones de tiempo, modo
y lugar de las diligencias a practicar, como tampoco las personas que deberían
encargarse del traslado y custodia del detenido, ni se ordenó remitir
comunicación al defensor público federal del detenido”.
Al
fiscal de la misma UEIDMS, Jorge García Valentín, le correspondió llevar el
documento a los separos y sacar a García Reyes de la SEIDO, y por los hechos
“se presume fundamentalmente que el detenido fue entregado al director de la
Agencia de Investigación Criminal” por ese funcionario.
Es
de destacarse que en el Acuerdo de Conclusión se da cuenta de que el oficio de
retiro de guardia y custodia tampoco estaba integrado en el expediente y que
tuvo que ser localizado a partir de una copia certificada del libro de control
de la SEIDO, situación que, para el agente adscrito a la Visitaduría General,
evidencia la intención de ocultar la sustracción de García Reyes.
De
las acciones llevadas a cabo el 29 de octubre por esta servidora pública, la
investigación destaca que mientras se “desarrollaba la diligencia de
recolección de indicios, así como de reconstrucción de los hechos en Cocula,
estado de Guerrero, indebidamente asentó que realizó” nueve actuaciones en la
Ciudad de México, lo que “afectó la procuración de justicia, al favorecer la
posible invalidez de actuaciones de suma relevancia en el procedimiento de
averiguación previa”.
De
las actuaciones de la agente, la Visitaduría advierte que se “pone en riesgo la
validez de un cúmulo de actuaciones de relevancia procedimental, asentadas en
la averiguación previa”, que en ese momento estaba en la SEIDO y ahora está en
la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Ese
día el fiscal García Valentín incurrió además en un error grave, al reportar en
el expediente que la reconstrucción de hechos se inició a las 14:00 horas del
29 de octubre y terminó a las 18:00 del 28.
En
cuanto a la actuación de los peritos forenses, las principales irregularidades
consisten en las diligencias del 28 de octubre: no hubo solicitud formal a la
Coordinación de Servicios Periciales por parte del Ministerio Público, se
descartó evidencia en el momento de la inspección y no se habrían registrado
adecuadamente las diligencias de reconstrucción del día siguiente.
Para
el agente de la Visitaduría, las acciones irregulares cometidas por Zerón son:
traslado de Agustín García Reyes, de las instalaciones de la SEIDO a Cocula,
“sin que mediara mandamiento ministerial o judicial que así lo ordenara, y sin
la asistencia tanto de defensor para el citado inculpado como del propio agente
del Ministerio Público de la federación responsable de la investigación”;
“haber excedido el ejercicio de sus facultades”; no haber garantizado el
derecho a la defensa del inculpado.
Destaca
que incurrió en anomalías al haber omitido “formalizar los resultados de los
actos realizados el 28 de octubre de 2014 en la averiguación previa”, lo que
“generó que las víctimas indirectas no pudieran conocer información detallada
sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día, ni expresar sus
opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la
legalidad de la actuación del titular de la Agencia de Investigación Criminal,
así como la de los peritos allí presentes , quienes incluso descartaron
evidencia luego de haber entrado en contacto con ella”.
El
agente ministerial determinó dar vista a la Secretaría de la Función Pública,
“a fin de que el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal sea
llamado a procedimientos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos”, toda vez que Zerón “incurrió en
violaciones a las garantías judiciales, acceso a la justicia y derecho a la
verdad”.
El
dictamen de la Visitaduría General pide las remociones de cuatro funcionarios,
la agente responsable, adscrita a la UEIDMS, de la SEIDO, Blanca Alicia Bernal
Castilla, y del fiscal Jorge García Valentín, para quien se pide además la
cancelación de su certificado; y de los peritos Mauricio Cerón Solana y
Patricia Gómez Ramírez, en tanto que se pide un procedimiento administrativo en
contra de la perito Eva Hernández Moreno.
El
documento también anuncia que dará vista al director general de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos para que “inicie carpeta de investigación
contra quien resulte responsable”, así como al director general de Evaluación
Técnica Jurídica y al director general de Asuntos Internos.
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