El nuevo acuerdo de paz, en la mira de los señores de la guerra

Revista Proceso # 2091, 27 de noviembre de 2016...

 El nuevo acuerdo de paz, en la mira de los señores de la guerra/RAFAEL CRODA

El plebiscito del pasado 2 de octubre (que votó por el “no”) obligó al gobierno y la guerrilla colombianos a adecuar los términos del acuerdo de paz al que habían llegado en septiembre; cedieron en muchos de los puntos impuestos por las fuerzas de derecha, entre las que destaca el grupo del expresidente Álvaro Uribe. Aun así, los latifundistas y caciques vinculados con las mafias locales, y los muchos grupos paramilitares, siguen objetando que las FARC se conviertan en un partido político. El nuevo acuerdo, que esta semana será refrendado por el Congreso, sigue bajo fuego de los señores de la guerra.

BOGOTÁ.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no sólo son la única guerrilla en el mundo que ha firmado dos acuerdos de paz en 59 días, sino también la más tercamente empeñada en dejar las armas e incorporarse a la vida civil, pese a todos los obstáculos que le ha puesto la extrema derecha para que concrete esos propósitos. 

Y es que, según dice el senador Iván Cepeda, en Colombia la extrema derecha no es una abstracción ideológica. Es un entramado en el que confluyen latifundistas, empresarios, caciques políticos vinculados a las mafias regionales y un nuevo tipo de paramilitarismo que está agazapado en la delincuencia organizada y tiene mucho poder de fuego.

 Para Cepeda, esos intereses defienden el statu quo de la guerra y tienen en el expresidente Álvaro Uribe y en los dirigentes de su partido, el Centro Democrático, a sus voceros políticos.

 “En este país tenemos muchos señores de la guerra cuyos intereses se mezclan particularmente en las regiones”, asegura el congresista del izquierdista Polo Democrático y facilitador clave de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

 Uribe y sus aliados encabezaron la campaña por el “No” al acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko.

 El 2 de octubre ese pacto fue derrotado por un estrecho margen, de menos de medio punto porcentual, en un plebiscito.

 Pero el pasado jueves 24, sólo 53 días después de esa derrota, Santos y Timochenko firmaron un nuevo acuerdo que incorporó varias de las propuestas de los promotores del “No”.

 Esta semana, a partir del martes 29, ese texto será refrendado por el Congreso, donde la coalición política del presidente tiene mayoría.

 Santos y las FARC decidieron no arriesgarse a someter el nuevo acuerdo a otro plebiscito. No sólo porque puede volver a ser derrotado, sino también porque organizar esa consulta llevaría varios meses.

 Uribe, sin embargo, anunció horas después de la firma del nuevo acuerdo que hará lo que esté a su alcance para impedir que sea refrendado e implementado por el Congreso.

 El hoy senador quiere un nuevo ple­biscito, lo que el gobierno ya descartó, y amenaza con convocar a un referendo mediante la recolección de firmas para impedir la implementación de los puntos más controvertidos: las penas alternativas para los jefes de las FARC responsables de delitos graves, y el derecho de éstos a participar en política.

 Todo indica que, al igual que el derrotado pacto original con las FARC, suscrito ante una decena de jefes de Estado y 2 mil 500 invitados vestidos de blanco, este nuevo acuerdo –firmado en una breve y austera ceremonia en un pequeño teatro del centro de esta capital– está destinado a recorrer un camino plagado de escollos políticos.­

 Esto, pese a que el nuevo texto tiene modificaciones importantes respecto al firmado en septiembre. De hecho, contiene precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por Uribe, pastores de iglesias cristianas –cuya feligresía fue decisiva en el triunfo del “No” el 2 de octubre– y algunos dirigentes políticos, como el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez.

 Uribe, por el sometimiento

 Pero los uribistas insisten en que los jefes de las FARC deben pagar con prisión efectiva los crímenes de lesa humanidad y quedar impedidos de ser elegibles a cargos de elección popular. También cuestionan el alcance de la mayoría de cambios que tiene el nuevo acuerdo.

 “Lo que ocurre con el uribismo es que busca un sometimiento y una rendición de la guerrilla, no una negociación política para acabar un conflicto armado de más de medio siglo”, dice a Proceso el senador Iván Cepeda,

 El legislador, quien estuvo en La Habana durante los nueve días que duró la renegociación del acuerdo de paz, dice que el nuevo texto “tiene todas las enmiendas posibles, pero conserva la esencia de lo que es una negociación de paz: la entrega de las armas de la guerrilla a cambio de que quienes se desmovilicen puedan hacer política en la legalidad”.

 Ese, señala, es el fin último de cualquier proceso de paz en el mundo, que una insurgencia se transforme en partido político.

 “Y si los jefes de las FARC, que son los que representan y cohesionan a las bases guerrilleras, van a la cárcel y se les prohíbe hacer política desde el principio, mientras cumplen las sanciones que les imponga la justicia especial, sería realmente muy difícil para esa organización convertirse en un partido”, asegura.

 Para ellos, además, “es un tema de dignidad, de no entregar algo que les es imposible entregar”.

 A partir de este martes 29 el Congreso realizará un debate de dos o tres días sobre el nuevo acuerdo. En esas sesiones se escucharán las voces a favor y en contra, y se espera que entre el jueves 1 y el viernes 2 de diciembre los legisladores –mayoritariamente partidarios del pacto con las FARC– lo refrenden en una votación.

 Durante la primera semana de diciembre, las tropas de las FARC comenzarían a concentrarse en 27 puntos del país donde una misión de la ONU verificará el cese bilateral del fuego e iniciaría la integración de los guerrilleros a la vida civil.

 La entrega de armas de las FARC se iniciaría a principios de marzo de 2017 y deberá concluir en los primeros días de mayo, con lo cual esa guerrilla se transformaría en un partido político.

 El Nobel y la paz

 Es previsible que cuando el sábado 10 de diciembre el presidente Santos reciba el Premio Nobel de la Paz 2016 en el Palacio Municipal de Oslo, el nuevo acuerdo con las FARC esté no sólo ratificado por el Congreso, sino en plena aplicación a través de una serie de leyes que aprobará el Legislativo.

 Uribe no tiene el poder para obstaculizar el nuevo acuerdo en el Congreso. Su partido tiene apenas 11% de las curules en la Cámara de Representantes y la quinta parte en el Senado.

Pero las acciones de “resistencia civil” y el “referendo ciudadano” anunciados por el exmandatario y senador serán, sin duda, un factor de perturbación política los próximos meses.

Y es que la puesta en marcha de lo negociado y renegociado con las FARC requiere de leyes y reformas constitucionales cuyo trámite podría llevar hasta dos periodos legislativos, los de 2017 y 2018.

Y justamente este último año habrá elecciones presidenciales, por lo cual el gobierno y las FARC tienen razones fundadas para temer que las campañas políticas acaben por “contaminar” el tema de la paz y hasta por poner en duda el cumplimiento de los acuerdos.

En especial porque el uribismo ya está en precampaña y será un fuerte competidor en esos comicios.

Para el gobierno y la guerrilla es fundamental que la Corte Constitucional autorice aplicar un mecanismo fast-track de trámite legislativo que aceleraría la expedición de las leyes de la paz.

Santos enfrenta un complejo escenario político, pero nadie duda de que el presidente tuvo una rápida reacción para superar el revés en el plebiscito del 2 de octubre y de que, en ese propósito, contó con toda la colaboración de las FARC, que en las últimas semanas han dado reiteradas muestras de que están comprometidas con el fin de la guerra y su incorporación a la vida civil.

Desde la noche de la derrota del “Sí” a los acuerdos de paz, el presidente convocó a un diálogo nacional.

Tres días después recibió en la casa de gobierno a su mayor adversario político y principal promotor del “No”, Uribe, a quien no veía desde que éste le entregó el cargo, seis años antes, y a lo largo de un mes sus representantes mantuvieron un diálogo con todos los sectores que respaldaron esa opción, a fin de tomar nota de sus propuestas –más de 500– para modificar el acuerdo.

El profesor de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Marcos Criado de Diego, dice que fue un acierto político del gobierno y las FARC lograr un nuevo acuerdo de paz en un periodo tan breve.

“Pero ahora el problema es ver si realmente ha nacido un acuerdo que pueda ser políticamente sostenible en el largo plazo, que pueda tener vida en políticas públicas que permitan llevarlo a cabo y, sobre todo, que pueda lograr la paz de Colombia”, señala.

Para el doctor en derecho de la Universidad de Bolonia, el mejor escenario para el nuevo pacto de paz es que sea respaldado mediante un acuerdo nacional que incluya al uribismo. Esto aún podría hacerse en el marco del Congreso.

De lo contrario, dice, aunque el nuevo acuerdo sea refrendado e implementado por el Congreso, “habrá un problema político porque quedará la duda de si el pueblo colombiano lo apoya o no”.

El presidente Santos sostiene que el acuerdo suscrito el jueves ya cuenta con el respaldo mayoritario del país pues algunos de los grupos que promovieron el “No” en el plebiscito del 2 de octubre ya lo respaldan.

Entre estos, el presidente ha mencionado a líderes de iglesias cristianas que llamaron a votar “No” y que ahora están satisfechos con los cambios y precisiones que contiene el acuerdo en el tema de “enfoque de género” y libertad religiosa.

El nuevo texto señala que “enfoque de género” significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los líderes religiosos temían que ese concepto se entendiera como un respaldo a las minorías sexuales “en detrimento de la familia”.

El presidente de la Confederación de Libertad Religiosa, de Conciencia y Culto, el pastor Héctor José Pardo, quien llamó a sus feligreses a votar “No” en el plebiscito, señala que los grupos cristianos no harán campaña en el Congreso contra el nuevo acuerdo.

Desconocimiento general

Una encuesta de Datexco indicó que 80% de los entrevistados está poco o nada informado sobre el nuevo acuerdo de paz. Casi la mitad de éstos, pese a su desconocimiento del tema, está insatisfecha con los cambios que se le hicieron al pacto. Aun así, la mayoría respaldaría el nuevo acuerdo si se sometiera a un plebiscito.

La ignorancia sobre el contenido de los acuerdos fue uno de los factores que, según analistas, influyeron en el triunfo del “No” en el plebiscito del 2 de octubre. El propio gerente de la campaña del uribista Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, reveló que ese partido tergiversó mensajes y exacerbó la indignación de los colombianos para motivar un voto emocional contra el pacto original.

Esto fue posible porque el grueso de la población desconoce en detalle lo que se renegoció con las FARC. El nuevo texto tiene 310 páginas, 13 más que el original.

El gobierno asegura que el pacto con esa guerrilla recogió más de 80% de las inquietudes de quienes votaron por el “No”.

 Un cambio sustancial en el texto firmado el jueves fue que las FARC se comprometieron a entregar al gobierno una lista con los bienes que poseen a fin de destinarlos a reparar a sus víctimas. Esta era una exigencia central del uribismo.

 En el punto de justicia, que era el más criticado por el Centro Democrático, se desechó que haya extranjeros entre los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creará para juzgar y sancionar a los autores de delitos graves. No sólo a guerrilleros, sino además a militares, policías y civiles, que también podrán beneficiarse de penas alternativas.

 Las sanciones, a diferencia de lo que establecía el texto original, podrán ser revisadas por la justicia ordinaria.

 El nuevo acuerdo, además, abre la posibilidad de que los jueces puedan acusar a los guerrilleros de narcotráfico, y precisa que los jefes de las FARC sentenciados por crímenes de lesa humanidad, como secuestro y reclutamiento de menores, deberán cumplir la sanción de restricción de libertad en el espacio máximo de una vereda (zona de un municipio).

También aclara, en el punto de desarrollo rural, que el reparto de 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra se hará respetando la propiedad privada, y que las inversiones previstas para el campo y las zonas más afectadas por el conflicto se ejecutarán en un plazo de 15 años, y no de 10, para darles sostenibilidad fiscal.

Colombia tiene un nuevo acuerdo de paz con las FAR