Guerrero, dos años de fallida estrategia de seguridad

Revista Proceso # 2091, 27 de noviembre de 2016...

Guerrero, dos años de fallida estrategia de seguridad/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

En Guerrero se padece el mismo nivel de violencia e inseguridad que imperaba hace cuatro años. La narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y miles de discursos y promesas de autoridades federales, estatales y municipales. El pasado puente vacacional fue una evidencia del desastre que se vive en la entidad.

 CHILPANCINGO, GRO.- La confrontación entre grupos criminales en Acapulco y las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad federal que dirige el Ejército, con la participación de la Policía Federal (PF).

 Este año es el más violento desde 2012, cuando se perpetraron 2 mil 310 homicidios dolosos.

 Durante el pasado fin de semana fueron documentadas casi una treintena de ejecuciones en distintos puntos de la entidad y se reactivaron conflictos armados en Tierra Colorada, Teloloapan y Arcelia.

Y la situación puede agravarse luego de que, hace tres semanas, mandos de la PF informaran a los nueve alcaldes de Tierra Caliente el fin del operativo policiaco-militar que comenzó hace dos años. En todo ese tiempo no fueron certificadas las corporaciones municipales, tal como se había prometido.

 El alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, confirma que ya no hay federales en Tierra Caliente. Los uniformados se retiraron cuando estalló el conflicto magisterial en Oaxaca y hasta la fecha no han regresado.

 Historia fallida

 Luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el gobierno federal anunció –el 3 de diciembre de ese año– un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Morelos.

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo entonces que así se revertiría la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en Tierra Caliente. Asentó que iban a participar al menos 2 mil agentes federales. La coordinación la asumió el Ejército: las fuerzas se iban a desplegar en 22 municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de Michoacán. En Acapulco, elementos de la PF División Gendarmería asumirían el control.

 A dos años de ese operativo, la misma historia de violencia y narcopolítica se repite: documentos oficiales consultados por Proceso indican que la incidencia delictiva en lo que va de 2016 supera la de años pasados.

 Un informe de este mes elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) refiere que de enero anterior al pasado viernes 11 se registraron mil 949 homicidios dolosos (un promedio de 188 asesinatos al mes, seis diarios) en 71 de los 81 municipios guerrerenses.

 Entre las ciudades más violentas están Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Chilapa, que concentran 67% del total de asesinatos. Paradójicamente, en esas localidades la seguridad está a cargo del Ejército, la Marina y la PF, ante la inoperancia de las autoridades estatales y municipales.

 En contraste, en los 10 municipios donde no se han documentado homicidios dolosos –mayoritariamente en la región de la Montaña– la seguridad corre a cargo de policías comunitarios. Son los casos de Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Olinalá, Xochihuehuetlán y Cualac.

 El análisis advierte que, de seguir la tendencia actual, 2016 cerrará con 2 mil 239 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Éste sería, así, el segundo año más violento de los últimos seis.

 El documento señala que en los pasados 11 meses se han presentado 50 denuncias por secuestro en 16 municipios, entre ellos Teloloapan y Ajuchitlán del Progreso, donde “grupos de autodefensa” supuestamente vinculados con Guerreros Unidos, así como las bandas de La Familia y Los Tequileros, mantienen una brutal confrontación.

 Respecto de la desaparición de personas se han registrado 268 casos en 39 municipios, entre ellos Acapulco, Chilpancingo, Arcelia, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Chilapa, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Cocula. En esas demarcaciones se concentran 65% de esos crímenes.

 Es decir, durante el primer año del sexenio de Héctor Astudillo Flores se han contado, en promedio, 25.5 desapariciones al mes. La SSP refiere que, de continuar esta propensión, 2016 cerrará con 317 personas desaparecidas.

 La semana negra

 El nivel de violencia que padece la entidad se hizo evidente esta semana. Durante los tres días del puente conmemorativo de la Revolución Mexicana se registraron al menos 29 ejecuciones, de las cuales 10 ocurrieron en Acapulco; hubo además nueve desmembrados en Tixtla y tres en Teloloapan.

 Sobre estas últimas víctimas (herreros que estaban desaparecidos desde hace un mes), los sicarios dejaron mensajes firmados por La Familia Michoacana con una exigencia al gobierno: que no se entrometa en la confrontación que mantiene con los autodefensas de La Tecampanera, acusados de tener vínculos con Guerreros Unidos.

 El lunes 21, Astudillo calificó ese fin de semana como “un éxito turístico”… a la par de que celebró que ningún visitante haya sido afectado por la ola de violencia. Anteriormente ya había declarado que “afortunadamente” los muertos en Guerrero “no son turistas ni famosos”.

 Minimizó la barbarie: se trata de “acontecimientos que se traducen en notas nacionales”.

 También el lunes 21 fue encontrado un cementerio clandestino en el municipio indígena de Zitlala. Tres días después, las autoridades ya habían exhumado 32 cuerpos y nueve cabezas humanas. Esta zona se la disputan los grupos delictivos de Los Ardillos –que dirige la familia del exdiputado local perredista Bernardo Ortega– y Los Rojos, encabezados por Zenén El Chaparro Nava. Este hecho agudizó el conflicto en Teloloapan y Arcelia.

 El martes 22, “guardias comunitarios” de La Tecampanera decidieron tomar nuevamente el ayuntamiento de Teloloapan para exigir a Astudillo cumplir con su promesa de investigar al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por sus presuntos narconexos.

 Los autodefensas también exigen detener a los líderes de La Familia Michoacana en la región: Johnny El Mojarro Hurtado Olascoaga y Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, y pidieron al gobierno federal que asuma las funciones de seguridad en esta franja de la entidad.

 Los originarios de La Tecampanera también cerraron bancos, tiendas de autoservicio y oficinas públicas hasta el jueves 24.

 El miércoles 23, el alcalde Adolfo Torales rechazó tener nexos con la delincuencia. “No entiendo por qué un grupo que se dice comunitario pretende entorpecer el trabajo de un presidente municipal”, expresa en entrevista.

 De manera paralela, La Familia Michoacana difundió videos en redes sociales en los que acusa al alcalde perredista de Teloloapan, Robell Uriostegui Patiño, de recibir dinero del narco para financiar su campaña y estar coludido con Guerreros Unidos.

 La banda afincada en Arcelia afirma que desde la campaña pactó con Uriostegui Patiño a través del exalcalde de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, pero que ambos rompieron el acuerdo y ahora entregan 1 millón de pesos mensuales al actual líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias, hermano de los supuestos fundadores de este grupo, Mario y Sidronio, ambos presos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 En uno de los videos aparece un joven que se identifica como Ulises Ríos Estrada. Él afirma que su padre, Santana Ríos Bahena, le prestó 10 millones de pesos al actual edil perredista Robell Uriostegui para su campaña, y ahora se niega a pagar.

 Ríos Bahena es un empresario de Tierra Caliente que exporta melón a Estados Unidos. Fue acusado de tener nexos con un dirigente de La Familia Michoacana, El Mojarro Hurtado, quien fue ejecutado hace unos meses por Los Tequileros, según reportes oficiales.