Se cansó el general
¿En dónde quedaron la doctrina militar y los lineamientos para cumplirla.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN |
La Silla Rota, 2016-12-06 13:30:00
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, elevó el tono de sus reclamos hacia la clase política y hacia el propio presidente Enrique Peña Nieto por desoír las peticiones acumuladas en una década de fallida guerra contra el narcotráfico, lapso en el que el desgaste de las fuerzas armadas se ha tornado grave y con consecuencias militaristas inocultables.
El marco idóneo para el reclamo que encabeza el general secretario es la discusión sobre la urgente necesidad de darle vida a una ley de seguridad interior que no solo establezca límites precisos a la actuación de las fuerzas armadas, sino que además sea un instrumento que prevea escenarios de alteración a la seguridad y las formas de responder a tales circunstancias a partir del involucramiento de las autoridades estatales y municipales y con base en el respeto a los derechos humanos.
Cienfuegos planeta en un artículo publicado en El Universal, seis puntos que él considera claves para llevar adelante una agenda de cambios y reformas que den lugar a la urgente ley ignorada durante los años del panismo foxista y calderonista y desatendida en lo que va del declive tricolor de Peña Nieto.
Las consideraciones del general giran en torno a la necesidad de regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, tema central de las inquietudes civiles y militares que obligaron a hacer uso de la tropa para detener por la fuerza, como fuera, el fenómeno delictivo en el país.
Diez años de lucha antidrogas, sumados a otros 30 de combate al narco con las operaciones Canador, Adormidera, Cóndor, Directiva Azteca y Fuerza de Tarea Marte, entre algunas de las estrategias empleadas, no impactaron en nada la actividad criminal que se volvió más compleja, mutable, compacta, horizontal, retadora, mejor armada (aunque no tan bien preparada), escurridiza, impredecible, corruptora, impune, coludida, foránea, expandible e intocable en su cruces con el poder político local.
Los años más difíciles y cruentos del calderonato fueron los de la desconfianza y la falta de entendimiento entre Ejército, Marina, Policía Federal y PGR. Por lo menos en tres ocasiones, entre 2009 y 2011, Calderón le ordenó a la Sedena y a Marina compartir información sensible para consolidar operaciones de alto impacto.
La cosa funcionó a medias. Recelosos y cautos, militares y marinos atendieron la orden del Comandante Supremo durante algunas semanas, pero cerraron la llave de lo importante a la PGR y, por supuesto, a la Policía Federal.
Imposible lanzar así a militares y marinos y federales al ruedo, con un ambiente enrarecido que jamás iba a garantizar el entendimiento, la cooperación, la colaboración, el intercambio de datos sensibles, la inteligencia y contrainteligencia necesarias, mínimas, para enderezar esquemas y estrategias enfocadas a zonas y momentos sensibles del enemigo.
Con sistema policial analfabeto, quebradizo, impreparado, corrupto, incontrolable e inconexo, lanzarse a combatir la violencia organizada fue siempre un despropósito.
Con un sistema judicial atravesando reformas estructurales y operativas en el plano más trascendental y al mismo tiempo tardío (el cambio y recambio del sistema acusatorio al adversarial, a contrapelo y en desfase), pretender soportar el despliegue sustantivo contra la delincuencia organizada fue siempre una buena intención.
Por eso, sacar de sus cuarteles a militares y marinos para habilitarlos como policías forzosos, impreparados e intuitivos, fue la opción que definió al final la dinámica de una política de apagafuegos que terminó confundiendo a la clase política y empoderando –sin querer queriendo– a la clase militar.
Sumidos en la presión interna y externa y en el descrédito a fuerza de abusos, ejecuciones, manoseo de casos, dudosa transparencia y defensa a ultranza de lo indefendible, soldados y marinos se convirtieron también en víctimas de la guerra.
Ignorados hasta que comenzaron a alzar la voz por el sacrificio incomprendido, por la manipulación mediática, por el abuso de sus jefes, por los excesos ordenados –y los orquestados con el silencioso consentimiento de sus superiores–, la tropa de verde y blanco .
El desgaste del que hablaba una y otra vez el general Guillermo Galván en tiempos panistas, el uso excesivo de las tropa por todo y para todo, acabó carcomiendo la estrategia, cualquiera que esta haya sido, y redujo soldados, marinos, comandantes, jefes, oficiales, a una masa que acabó por tener que legitimarse a sí misma en todo momento, dentro y fuera de los cuarteles, para justificarlo todo.
Cienfuegos, la Sedena y su abogado Juan Velázquez defendieron con todo y lograron la liberación y absolución de los militares acusados en el caso Tlatlaya de ejecutar sumariamente a 22 delincuentes ya rendidos y heridos. Han aguantado y repelido los embates de la sociedad civil en torno al caso Ayotzinapa.
Libros, películas, reportajes, notas, testimonios y voces cotidianas no dejan de señalar que hubo presencia y participación castrense en algún tramo de la desaparición de los 43 normalistas en la noche de Iguala, hace dos años.
Esa es una de las tormentas, de los saldos del desgaste institucional que se extiende a otros sectores de la vida militar.
El reclamo del general Cienfuegos ha sido gradual y creciente para lograr que los legisladores federales dejen de ignorarlo y se decidan a formular una ley de seguridad interior con el siguiente perfil planteado por el general secretario:
1.— Regular la función del Estado para preservar la seguridad interior.
2.— Que su aplicación le corresponda al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con participación de los tres órdenes de gobierno, fuerzas federales y Fuerzas Armadas.
3.— Que determine las circunstancias y condiciones para el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
4.— Que determine las facultades para que las autoridades federales y las Fuerzas Armadas, realicen acciones de orden interno, orientadas a prevenir amenazas a través de destacamentos de seguridad, patrullajes, reconocimientos, puestos de vigilancia y seguridad a instalaciones estratégicas.
5.— Que norme las acciones de seguridad interior orientadas a la normalización del orden interno, mediante operaciones de restauración del orden o de auxilio a la población civil, en caso de necesidades públicas y de desastres.
6.— Normar las acciones que realice el gobierno federal en materia de seguridad interior, sin eximir a los gobiernos de los estados o municipios para que asuman sus responsabilidades y exigir que los principios que rijan la seguridad interior incluyan de manera irrestricta el respeto a los derechos humanos
El problema con el planteamiento del general es que no distingue precisamente la seguridad interior de la seguridad pública y termina sembrando más dudas, porque el mantenimiento del orden interno es una de las funciones orgánicas de la Sedena y el esquema presentado obliga a preguntarse qué es lo que han estado haciendo el Ejército y la Marina en estos diez años en los que se debió aplicar y fortalecer el orden interior.
¿En dónde quedaron la doctrina militar y los lineamientos para cumplirla y preservar el orden interior del país?
¿Por qué no menciona el general Cienfuegos en sus seis puntos cuál deberá ser el papel de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, toda vez que militares y marinos seguirán desempeñándose en esas áreas mientras los cuerpos policiacos sigan sin avanzar hacia su verdadera profesionalización?
¿Exactamente qué cosas sí deben hacer los militares y marinos en materia de seguridad pública de cara a una eventual ley que defina su accionar en seguridad interior?
¿Qué mecanismos de control, supervisión, seguimiento y evaluación deben crearse para garantizar el control civil sobre las acciones militares y navales en un escenario de redefiniciones que colocará a Sedena y Marina como figuras preminentes, con un marco jurídico adecuado, en la guerra contra el narco y en el combate a la delincuencia?
El problema ahora es la militarización de las decisiones.
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