Revista Proceso # 2113, 30 de abril de 2017
El gobernador que vendió Quintana Roo/SERGIO CABALLERO
En la infame galería de exgobernadores priistas corruptos hay un especialísimo lugar para “Beto” Borge, como de manera afectuosa lo llegó a nombrar Enrique Peña Nieto, quien lo ubicó junto con otros en esa “generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación” del PRI.
Carlos Joaquín, actual mandatario de Quintana Roo, dice a Proceso que está reuniendo pruebas y denuncias ante la PGR contra su antecesor Borge, quien sigue desaparecido de la escena pública: Atrás dejó múltiples señalamientos por venta ilegal del patrimonio del estado, un quebranto por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y por violaciones a los derechos humanos…
CANCÚN, QR.- La última ocasión que se vio públicamente a Roberto Borge fue el 17 de enero, cuando se divulgaron fotografías en las que aparece en un partido de la NBA en Miami, acompañado de su nueva pareja, la exdiputada local y federal del PVEM Gabriela Medrano.
Originario de Cozumel, el exgobernador residía en Cancún, en uno de los lujosos departamentos del conjunto Be Towers, del desarrollo Puerto Cancún.
Hasta entonces Borge vivía alternativamente en Cancún y la ciudad estadunidense de Miami, aunque en los días previos a su desaparición de la escena pública ya no pernoctaba en su departamento, sino en su yate, en uno de los muelles de Puerto Cancún.
Tras su estancia en Miami, Borge se mudó a la provincia de Alberta, Canadá, y desde entonces no se sabe de él en los medios de comunicación.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen, deslizó que ya cuenta con cuatro órdenes de aprehensión contra funcionarios de la anterior administración, aunque por razones del nuevo sistema acusatorio se negó a precisar los nombres.
No obstante, comenta que entre los lugares en los que la FGE ha buscado a dichos exfuncionarios se encuentra Miami.
En total la FGE ha iniciado 23 denuncias contra exfuncionarios, entre ellos el propio Borge, por cargos que van desde la venta del patrimonio inmobiliario hasta el despojo de terrenos, departamentos y hoteles en Cancún y la Riviera Maya, incluido Tulum.
No sólo se presentaron denuncias contra exintegrantes del gobierno estatal, sino también de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Benito Juárez (Cancún). El fiscal general dice no recordar el número exacto de señalados, pero refiere que tan sólo en uno de los expedientes están involucrados 12 exservidores públicos.
A su vez, el gobernador Carlos Joaquín González asegura que va por todos los protagonistas de la corrupción del gobierno de su antecesor, pero admite que puede pasar algún tiempo antes de que Borge sea detenido y procesado: “Si hablamos de días, tal vez no; de algunas semanas o meses, tal vez sí”.
El mandatario, que llegó a la gubernatura postulado por la alianza del PAN y el PRD tras romper con el PRI, comenta que Borge cometió “un daño importante” al estado.
“Hay una gran cantidad de anomalías, faltantes de recursos, muchos actos de corrupción, adquisiciones de bienes que era imposible hacer a través de recursos propios”, refiere.
Pero además, dice, Borge cometió abusos y violaciones de derechos humanos: “Hay una gran cantidad de denuncias respecto de despojos de tierras, acciones en contra de periodistas, líderes políticos y gente de sector empresarial”.
Joaquín González calcula que la afectación provocada por Borge asciende a unos 30 mil millones de pesos “hasta ahora, y probablemente sea más”, pues suman los valores reales de terrenos patrimonio del estado que fueron vendidos a precios irrisorios, falta de recursos y parte de la deuda estatal, la cual asciende a unos 22 mil millones de pesos.
Previamente el mandatario había dado a conocer que, directamente contra Borge, se han turnado cuatro denuncias a la PGR por desvío de recursos federales y dos más a la FGE por la mencionada venta ilegal de bienes públicos, es decir, de los terrenos.
–¿Roberto Borge sigue en el estado? –se le pregunta.
–Tengo entendido que no. No tengo la certeza total. Tengo entendido que estaba en Estados Unidos, luego en Canadá y después en Centroamérica.
Revela que se han recibido “algunos avisos de cancelación de visa de Estados Unidos” contra funcionarios de la administración anterior.
En las denuncias presentadas ante la FGE figuran, además de Borge, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo; el expresidente municipal de Solidaridad y excandidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora, y la exdirectora del Instituto del Patrimonio del Estado (Ipae), Claudia Romanillos Villanueva.
Los reclamos
Un niño maya del empobrecido municipio de José María Morelos, colindante con el sur Yucatán, acaparó la atención de las redes sociales con sus reclamos por la impunidad de la que aún goza Roberto Borge siete meses después de dejar la gubernatura.
Jacinto Noh Tun, de 11 años, originario de una comunidad de X-Cabil, participó en el parlamento infantil que se llevó a cabo el jueves 27 de abril y desde la tribuna del Congreso del estado reclamó:
“La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y, lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borge.”
Carlos Joaquín reconoce la inquietud de los grupos y ciudadanos que lo apoyaron para convertirse en el primer gobernador no priista de Quintana Roo: “Entiendo un poco la desesperación y la preocupación en que hay por avanzar en las diferentes investigaciones, en la rendición de cuentas del exgobernador, pasando por muchos funcionarios de su gabinete”.
El mandatario, que fuera subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), señala que revisan de la administración de Borge desde “el periodo de transición”, cuando aún era gobernador electo.
“Hay muchas voces que gritan y dicen ‘ya resuelvan’, pero no hay varitas mágicas. Hay que trabajar de manera responsable, con solidez, mucha responsabilidad. Las bocas rápidamente se callan porque no tienen un respaldo real. Con chismes, con lo que se sabe en Cozumel, Chetumal o Cancún no es suficiente, hay que respaldarlo documentalmente, financieramente, y con ligas de funcionarios, empresarios y prestanombres”, aclara.
Por eso dice que, en vez de fabricar un expediente, llevará a Borge “a los tribunales con pruebas… Tampoco se trata de una orden aprehensión de dos o tres días para que la gente se tranquilice”.
Para conseguirlo, Joaquín González subraya que “hay la voluntad política de que se cumpla con la ley y pague quien tenga que pagar… No he quitado el dedo del renglón. No hay ningún tipo de arreglo con nadie, no lo vamos hacer. Pero también hay que hacer las cosas de manera responsable”.
La crítica de Joaquín González alcanza la gestión de la seguridad pública en el mandato de Roberto Borge, que se refleja en el repunte de la violencia en Cancún y Playa del Carmen: “No hubo el trabajo cercano que se requería. Encontramos instituciones que no tenían la solidez suficiente”.
Por ejemplo, dejó una “policía estatal número escaso, con muy poco equipo” y “todo mundo sabe que hay un cantidad importante de policías involucrados con la delincuencia organizada”, por lo que se requiere de una “limpieza completa a las corporaciones policiacas municipales”.
El titular de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, señala que ha detectado irregularidades y formulado observaciones en el 99% de las dependencias estatales.
El panista señala que las irregularidades van desde facturas falsas en el arrendamiento de maquinaria y desvíos en apoyos al campo hasta la “desaparición” de un crédito, la contraprestación para la concesión del sistema de agua potable de Playa del Carmen y la venta de terrenos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Ipae.
La integración de las denuncias por la principal acusación contra Borge, la venta de terrenos del patrimonio del estado, empezó a las pocas semanas del nuevo gobierno. La primera fue interpuesta por la agrupación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que presentó la querella por la enajenación a precios subvaluados de 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, “con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos”.
De acuerdo con Fabiola Cortés Miranda, fundadora y presidenta de la organización, los predios ubicados en Cancún, Puerto Morelos, la Riviera Maya y Cozumel “fueron vendidos con avalúos desactualizados y a precio varias veces menor que su valor comercial, incluso a ‘cero pesos’”.
Somos Tus Ojos calculó que el daño patrimonial por esas ventas asciende a mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
En noviembre de 2016, la Secretaría de la Gestión Pública presentó las primeras denuncias de la nueva administración contra Borge por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Ipae.
Dichas enajenaciones suman alrededor de 9 mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres.
“Lo peor es que en algunos casos los pagos no llegaron al 1% de su valor real”, mencionó del Pozo Dergal.
Los despojos
El pasado 24 de febrero, la PGR dio a conocer que aseguró en Quintana Roo 25 inmuebles valuados en 5 mil millones de pesos, que presuntamente fueron vendidos de forma ilegal durante gobierno de Roberto Borge.
La dependencia federal precisó que, con base en la denuncia, se indagan las ventas irregulares de inmuebles propiedad del gobierno del estado hasta en 6% de su valor comercial, entre abril de 2011 y el mismo mes de 2014.
Pesan asimismo contra el exgobernador seis denuncias ante la FGE por despojo de terrenos, hoteles y departamentos en Cancún y la Riviera Maya, incluido Tulum.
En las amplias investigaciones participa la Secretaría Estatal de Trabajo y Previsión Social (SETPS), puesto que esos despojos se realizaban a través de juicios laborales que favorecían con embargos a trabajadores ficticios.
La titular de la SETPS, Catalina Portillo Navarro, indicó en rueda de prensa que se han integrado 57 expedientes al respecto en las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 de Cancún y en la de Playa del Carmen, que involucran 30 inmuebles y alrededor de 50 millones de pesos sustraídos de cuentas bancarias.
Son 45 los casos que ya recibieron sentencia y lograron consumar el despojo de propiedades y dinero en efectivo, mientras que no hubo tiempo para que salieran laudos de embargo en otros 12 expedientes.
“Hay trabajadores ficticios de esos juicios a modo, que ya cobraron algunas cantidades en los bancos. Los afectados recurrieron al amparo para solicitar la devolución del dinero que se cobró de manera indebida”, informó Portillo Navarro.
Pero además, para la “identificación” de esos trabajadores ficticios se utilizaron credenciales de elector falsas, lo que constituye otro delito. En la red que llevó a cabo esos procedimientos fraudulentos están implicados exfuncionarios de la SETPS, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) y cuatro notarios públicos.
Durante su administración, Borge, fue un usuario compulsivo de las redes sociales, al extremo que llegó a superar en mensajes replicados en Twitter al presidente Enrique Peña Nieto.
Pero el último tuit de su cuenta @Beto Borge apareció el 20 de diciembre de 2016: “Mando mi sentido pésame a la familia de Don Germán García Padilla Q.D.E.P.”, por la muerte del dos veces exalcalde de Cozumel.
En su último mensaje Facebook, el 19 de diciembre, felicitó al director municipal de Turismo de Benito Juárez (Cancún), Francisco López Reyes: “Felicito a mis grandes amigos Frank Lopez y Jeannina Mg que junto con Dolphin Discovery rescataron a más de 20 delfines de las playas de Cancún. #OrgulloQuintanarroense” (sic).
Con todo, la única sanción contra Borge ocurrió en diciembre pasado, cuando se le suspendieron sus derechos partidistas en el PRI, del cual fue presidente estatal en el sexenio del hoy senador Félix González Canto.
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