Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción

Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017 

Se trata de decenas de personajes que han tenido cargos importantes en la administración pública y que son o han sido investigados por actos de corrupción, complicidad con la mafia, desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Algunos han sido capturados y juzgados, incluso encarcelados. Otros se encuentran prófugos. Pero todos tienen una cosa en común: son o fueron priistas. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, a cargo de Fernando Elías Calles, se encuentra rebasada ante la abrumadora acumulación de casos de corrupción.

Es larga la lista de priistas que han tenido cargos importantes y están implicados en delitos graves. Por lo menos 30 militantes del PRI han sido señalados o están siendo investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción. De éstos, 21 son exgobernadores que han incurrido en abusos de poder; cuatro de ellos –Tomás Yarrington, Andrés Granier, Mario Villanueva y Jesús Reyna– están en la cárcel, y dos más –Humberto Moreira y Rodrigo Medina– lo estuvieron.

Y el descrédito causado por estos casos ha tenido un impacto negativo en el PRI, pues en las elecciones de 2016 perdió siete de 12 gubernaturas.

Pero el asunto no acaba ahí: escala hasta el presidente Enrique Peña Nieto, con el tema de la Casa Blanca, y el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuestionado por negocios de transporte, posesión de obras de arte y una riqueza de millones de dólares que, asegura, es producto de sus años de trabajo como funcionario.

En 2012, cuando era candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto aseguró que había una nueva generación de políticos que eran el futuro del partido. “Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes actores de la nueva generación política: el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche (Fernando Ortega Bernés). Todos son parte de una generación nueva, que ha sido parte de la renovación del partido”, dijo en entrevista con Televisa.

Un lustro después, tres de esos personajes tienen abiertas averiguaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos y presumibles vínculos con la delincuencia organizada. Los tres están prófugos.

En noviembre de 2015, al anunciar la apertura de ese partido a las candidaturas independientes, Manlio Fabio Beltrones, como presidente del PRI, advirtió de la necesidad de cuidarse de la infiltración del crimen organizado y propuso blindajes para investigar a todos los candidatos.

Un año después, Ochoa Reza tomó como bandera la lucha contra la corrupción, y en septiembre de 2016 dijo: “Como presidente del PRI hace dos meses ofrecí que los priistas seremos los primeros garantes en la transparencia y en la rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de nuestro partido.

“Y así estamos actuando al interior de PRI, con investigaciones responsables, siguiendo también las investigaciones que hace el Estado mexicano para ofrecerle a la ciudadanía respuestas a las demandas contra la corrupción y contra la impunidad.”

Sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, a cargo de Fernando Elías Calles, está rebasada ante la acumulación de casos, sobre todo los que se han presentado en este sexenio, de los cuales sólo ha retomado los expedientes de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte –a quien ya expulsó–; de Chihuahua, César Duarte; Nuevo León, Rodrigo Medina; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Fausto Vallejo, de Michoacán. Pero quedan pendientes muchos más.

Lista negra

El 7 de marzo de 1999 Mario Villanueva Madrid se ocultó ante la posibilidad de ser detenido, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Dos años después el exgobernador de Quintana Roo fue detenido y de inmediato fueron suspendidos sus derechos como militante priista. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de facilitar al Cártel de Juárez el traslado de cocaína a través del estado que gobernaba. En diciembre de 2016 fue liberado en el norte y entregado a México, donde aún le quedan por pagar 22 años de cárcel.

Otro caso que cimbró la estructura del PRI a finales del siglo pasado fue el de Raúl Salinas de Gortari, detenido en 1995; tras cuatro años de juicio, el 21 de enero de 1999 fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión, como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari también se le culpó de haber desviado 224 millones de pesos del erario cuando era funcionario de la Conasupo. Dichos recursos estaban en cuentas bancarias de Europa y los utilizó para adquirir más de 90 inmuebles en México y el extranjero. El 14 de junio de 2005, tras 10 años en la cárcel, “el hermano incómodo” fue absuelto del cargo en el caso Ruiz Massieu, y, en julio de 2013, también del delito de enriquecimiento ilícito.

Tomás Yarrington protagoniza otro de los escándalos que han impactado al PRI. En 2003 este semanario, en su número 1397, publicó que por lo menos desde agosto de 2002 el FBI tenía informes acerca de la presunta relación del entonces gobernador con Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. En 2004, antes de concluir su mandato, el tamaulipeco comenzó a ser investigado por la PGR por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero; desde entonces también lo buscaban las autoridades de Estados Unidos.

No fue sino hasta 2012 –a la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas– cuando se reac­tivó el caso y oficialmente Yarrington se convirtió en prófugo. Pese a ello no fue expulsado del PRI, sino hasta el 16 de diciembre de 2016.

El exgobernador fue capturado en Italia el domingo 9, tras una persecución de seis años durante los cuales perdió varias demandas civiles en las cortes federales de Estados Unidos y le incautaron cuentas millonarias en bancos de Texas y las Bermudas, además de una aeronave, negocios y varios bienes con valor estimado de 7.5 millones de dólares.

A Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas entre 2005 y 2010, se le acusa de haber recibido 30 millones de dólares de Los Zetas, dinero depositado en bancos de Texas mediante dos testaferros: su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y el empresario coahuilense Guillermo Flores Cordero, detenido en San Antonio, Texas.

El proceso judicial C-14-178-S que se le sigue a Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur en Texas sostiene que él y su cuñado, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero a partir del 1 de enero de 2008.

Arturo Montiel, exgobernador mexiquense y tío de Peña Nieto, protagoniza otro de los casos de corrupción y enriquecimiento inexplicable que ha impactado al PRI.

En menos de tres décadas su familia pasó de tener dos camiones repartidores de cerveza a ostentar una riqueza millonaria y poseer numerosas empresas. En el año 2000, cuando Arturo Montiel quiso ser candidato presidencial, se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo Santuario, de Valle de Bravo; una casa en Careyes, Jalisco; un castillo en Francia; cuentas a nombre de sus hijos hasta por 35 millones de pesos y propiedades de estos últimos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas. Pese a esto, sus derechos partidistas no fueron tocados.

Otro caso de riqueza inexplicable y de desvío de recursos que impactó al PRI es el de Ulises Ruiz Ortiz, quien a lo largo de sus seis años como gobernador de Oaxaca dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos.

En su momento Perla Woolrich Fernández, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca durante la administración de Gabino Cué, dijo que el gobierno de Ruiz estuvo marcado por la asociación delictuosa. Además se le acusó de la muerte de 26 personas durante el conflicto social de 2006.

Mario Marín Torres, el famoso “góber precioso” de Puebla, es otra cara sucia del PRI. Implicado, junto con el empresario Kamel Nacif Borge, en la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro –quien descubrió en febrero de 2006 la existencia de una red de pederastia en Quintana Roo en la cual participaba Nacif–, tiene una fortuna inexplicable calculada en más de 7 millones de dólares, además de un chalet en los Alpes suizos, propiedades en Estados Unidos, negocios inmobiliarios y autos deportivos.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, fue expulsado del PRI apenas el pasado lunes 3, y eso por haber aceptado una candidatura del coahuilense Partido Joven.

El suyo es uno de los casos que forman parte de la lista negra de exmandatarios del PRI investigados por presuntos casos de corrupción. Se le investiga por haber firmado, como gobernador, decretos por medio de los cuales Coahuila se endeudó por más de 30 mil millones de pesos, que se presume fueron utilizados para ganar cinco gubernaturas y financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.

El 30 de junio de 2015 una Corte de Texas implicó a Moreira en operaciones de lavado de dinero mediante un prestanombres llamado Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable de lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y transporte de dinero robado, e inculpó al exgobernador de Coahuila.

El 15 de enero de 2016 Moreira fue detenido en España –donde radicó varios años–, acusado por la justicia estadunidense de blanqueo de dinero y malversación de fondos. Una semana después fue puesto en libertad al no encontrarse, supuestamente, pruebas en su contra.

Jorge Torres López, sustituto de Moreira en el gobierno coahuilense de enero a noviembre de 2011, también es investigado. La Corte de Distrito Sur, en Corpus Christi, confiscó sus cuentas, pues se presume que 2.8 millones de dólares que guardaba en las Bermudas, así como propiedades por unos 592 mil dólares, fueron recursos desviados del erario de Coahuila.

La DEA lo considera prófugo de la justicia y precisa que es acusado del delito de conspiración para el lavado de dinero. En una ficha recién emitida se señala que Torres López y el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández fueron cómplices de Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a bancos de las Bermudas y de Texas.

Andrés Granier, exmandatario de Tabasco, está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por el presunto desvío de 2 mil 600 millones de pesos en 2012, último año de su sexenio. Desde 2013 fue detenido y se encuentra en la Torre Médica del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México por problemas de salud.

Jesús Reyna, dos veces gobernador interino de Michoacán –mientras el gobernador constitucional Fausto Vallejo recuperaba la salud–, fue detenido por la PGR el 4 de abril de 2014 acusado de establecer compromisos con Los Caballeros Templarios en 2011, cuando era coordinador de la campaña de Vallejo.

Según un documento confidencial con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y fechado el 16 de marzo de 2012, Reyna se reunió con “interlocutores de la delincuencia organizada”. El exlíder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, aseguró que ahí le entregaron 300 millones de pesos para el cierre de campaña de Vallejo.

En cuanto a Fausto Vallejo, apenas el 30 octubre 2016, durante una visita por Michoacán, Ochoa Reza dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria “analiza expulsarlo”. Se le señala por el desvío de 2 mil 323 millones de pesos realizados por Marcela Figueroa, directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas local, quien dijo que por órdenes del entonces gobernador se sustrajeron estos recursos de programas sociales para ponerlos en otras cuentas del gobierno del estado.

Y Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, pisó unas horas la cárcel y logró librar la acusación de peculado, aunque sigue enfrentando un proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”, por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos del erario nuevoleonés.

La nueva generación del PRI

En los casos más recientes de acusaciones contra priistas figura el propio Ochoa Reza, a quien se le investiga por su próspero parque de taxis de 110 permisos, con una flotilla de 83 vehículos que dan servicio en las ciudades de México, Puebla y Monterrey. El líder del PRI también tiene una fortuna en arte: en 2006 le pagó 5.6 millones de dólares Christie’s, la casa de subastas, por una obra de Frida Kahlo, y tiene pinturas de Shinzaburo Takeda y de Israel Nazario, entre muchas otras.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo –a quien el PRI le suspendió los derechos políticos apenas en diciembre de 2016–, hasta el momento tiene nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía de la entidad, las cuales implican al menos a 20 personas, por rematar 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, tiene tras de sí 60 expedientes que se integran para presentarlos ante autoridades ministeriales y administrativas a fin de que se le finquen cargos. Uno de ellos es una denuncia formal ante la PGR por la aportación de 65 millones de pesos a la financiera Unión Progreso, de la cual se convirtió en accionista. De acuerdo con las primeras indagatorias, Duarte depositó más de 80 mil millones de pesos del erario en dicha institución, a fin de que se capitalizara y pudiera lograr su registro como banco.

El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es quizás el más escandaloso. El 27 de septiembre 2016 la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI le suspendió temporalmente los derechos como militante, así como a otros seis priistas veracruzanos, tres de ellos implicados en el caso de las empresas fantasma que investigan la PGR y el Sistema de Administración Tributaria por peculado y enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias en su contra y de sus socios y prestanombres; está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que estaban a nombre de testaferros y socios. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos.

Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, está detenido desde el pasado 12 de marzo acusado de haber ayudado a escapar a Duarte de Ochoa. Por razones de salud se encuentra en arresto domiciliario, acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima, una auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015 por mil 800 millones de pesos, por lo cual ya se le inició “juicio político”.

El exmandatario asegura que esa es una herencia de administraciones anteriores. Sin embargo, el Congreso de Colima denunció penalmente a Anguiano y a cinco de sus colaboradores ante la procuraduría estatal por la contratación irregular de un crédito por 638 millones de pesos y se les acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales.

Y Jorge Herrera Caldera, exgobernador de Durango, y tres de sus exsecretarios, junto con otros 25 exfuncionarios, presentaron amparos ante una posible detención por la deuda que dejó, de 15 mil millones de pesos.