El País, Miércoles, 17/May/2017
En marzo de 2016, viajé a México para recibir el Premio Mayahuel de Derechos Humanos y Defensa del Medio Ambiente, otorgado durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Durante mi estadía me enteré de que Berta Cáceres, defensora ambientalista y líder del grupo de derechos indígenas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), había sido brutalmente asesinada.
Cuando acepté el Premio Mayahuel, el 12 de marzo, se lo dediqué a Berta Cáceres y a quienes luchan por los pueblos y la preservación de la tierra, a aquellas personas que luchan contra la devastación medioambiental que causan las megaindustrias extractivas en América Latina y alrededor del mundo.
La vida de Berta era un símbolo de valor inquebrantable y de compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Su muerte forma parte de una epidemia de asesinatos inadmisibles de defensores ambientalistas en América Latina. En el año 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman conocido como el Nobel Verde —un prestigioso premio que reconoce a activistas comunitarios del medio ambiente de todo el mundo—.
A lo largo de los años previos a su asesinato, Berta Cáceres recibió numerosas amenazas de muerte y sobrevivió a varios intentos de secuestro debido a su trabajo en defensa del territorio indígena Lenca y en contra del proyecto de construcción de la represa Agua Zarc en Río Blanco. Las amenazas habían aumentado desde que la construcción de la represa fuera reanudada. Berta Cáceres recibió 33 amenazas de muerte durante las tres semanas que precedieron a su homicidio. El activista mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba con Berta la noche del asesinato, también resultó herido durante el ataque. En declaraciones a Amnistía Internacional dijo: “Era evidente que la iban a matar”.
Las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres han dado resultados inquietantes. Una investigación independiente realizada por The Guardian reveló que fue un “asesinato extrajudicial planificado por especialistas de inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país, entrenadas por Estados Unidos”. El año pasado, The Guardian informó de que un exsoldado hondureño había dicho que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que había sido entregada a las unidades entrenadas por Estados Unidos. Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, entre ellos uno que aún sigue en las fuerzas y dos oficiales militares retirados. El sargento primero Rodrigo Cruz, un exsoldado, declaró que dos unidades de élite habían recibido las listas con los nombres y fotografías de los activistas. Recibieron órdenes para eliminar a cada objetivo. El comandante de la unidad de Cruz desertó en vez de acatar la orden. Luego al resto de la unidad le dieron permiso para ausentarse. El asesinato de Berta Cáceres provocó un clamor mundial y aumentó la presión de la comunidad internacional para que Estados Unidos retire su apoyo militar en Honduras. Hasta ahora, sin ningún resultado.
La ejecución de Berta fue una tragedia, una gran pérdida para sus seres queridos, un golpe para la protección medioambiental en Honduras y un crimen horrible por el cual no se ha hecho justicia. Pero no es un crimen aislado. El sistemático asesinato de defensores del medio ambiente es un infame ataque a los derechos humanos.
Tan solo en enero y febrero de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada del asesinato de 14 defensores de derechos humanos: siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. Solo durante 2016, 281 activistas alrededor del mundo fueron asesinados por defender sus causas. La mitad de estos activistas protegía su tierra, defendía sus derechos indígenas o sus derechos ambientalistas. En 2015 otros 185 defensores del medio ambiente fueron asesinados, en lo que fue el peor año; un total de víctimas mortales más del doble de los periodistas asesinados en el mundo según el Global Witness and the World Resources Institute.
Brasil es el país más peligroso para los activistas del medio ambiente —durante el año 2015, cincuenta fueron asesinados—. Las Filipinas consiguieron el dudoso honor de obtener el segundo lugar con una cifra de 33 activistas asesinados, y Colombia el tercer lugar con 26.
Es momento de exigir que la matanza de defensores del medio ambiente cese. Los Gobiernos deben actuar, deben implementar sistemas de protección exigibles por ley y deben llevar a los culpables ante la justicia. Desafortunadamente, en algunos casos los Gobiernos son cómplices de las hidroeléctricas, de las mineras, de las petroleras, de las industrias del gas y de otras corporaciones. En algunos países, los asesinatos de defensores ambientalistas son perpetrados con total impunidad.
Los perpetradores seguirán en libertad a no ser que los Gobiernos y la comunidad internacional actúen. A medida que los recursos naturales van escaseando y la presión por disponer de ellos aumenta debido al incremento de la población, las disputas sobre los derechos de la tierra se van intensificando, sobre todo con respecto a la exploración petrolífera, las hidroeléctricas, la explotación minera y agropecuaria, y la tala. Las comunidades y los pueblos indígenas son los que más sufren. Dada la falta de mecanismos legales vinculantes para protegerles internacionalmente, la responsabilidad debe ser asumida por cada país de manera individual.
Los Gobiernos deberían explicar con detalle cómo intentan proteger a los defensores del medio ambiente y al territorio nacional, abordar la raíz de la violencia a la que se enfrentan y garantizar que las comunidades locales puedan participar en el proceso de toma de decisiones que atañen el uso de sus tierras y sus recursos naturales; tal como la ley internacional dicta que deberían hacerlo.
Los Gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben hacer que su ayuda e inversión estén sujetas a la condición de responsabilidad: la implementación de medidas para salvaguardar los derechos humanos, que incluya la protección del medio ambiente, el derecho a la libertad de expresión y asociación. Las compañías no deberían emprender proyectos en países donde estas medidas básicas de protección no han sido acordadas. Si no cumplen con sus compromisos, deberían ser sancionadas en sus propios países y en el mercado. La epidemia de violencia contra los defensores ambientalistas debe ser abordada en suelo nacional, además de en el extranjero.
Insto a los líderes mundiales a prestar atención a las palabras de Berta Cáceres: “La madre tierra —militarizada, cercada, envenenada— nos exige actuar”.
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