El amparo, “recurso cerrado y oscuro”/
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- La Ley de Amparo, tal como está ahora, “da al traste” con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues no se ha modernizado y sólo estorba en los procesos judiciales, afirma el subprocurador anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos.
El funcionario explica que desde 2008, cuando se inició la transición hacia un nuevo formato para la impartición de la justicia en México, y hasta su implementación plena, en 2016, también se debió actualizar la legislación de ese recurso federal, que ha sido utilizado de manera abusiva por funcionarios deshonestos.
Es el caso de Nuevo León, donde hay un macrooperativo para procesar al anterior gobernador, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, y a una treintena de sus funcionarios, acusados de saquear el patrimonio estatal; pero por el recurso de amparo, ninguno de ellos está en prisión.
Canales se muestra a favor de que exista el amparo, que por su naturaleza impide los abusos de la autoridad contra los ciudadanos; pero aclara que en el caso del combate a la corrupción, se ha convertido en un trámite que contribuye únicamente a demorar los procesos, pues no altera ningún expediente en su fondo.
Ley obsoleta
Renace, organismo ciudadano al cual Canales está integrado desde hace años, fue uno de los impulsores del cambio del sistema penal, que la década pasada pasó de ser uno escrito a uno transparente, con mayor libertad para los jueces, que ahora pueden sentenciar con base en pruebas que él mismo observa.
Con la reforma judicial, aprobada por unanimidad en 2008 en el Congreso Federal y concluida ocho años después, los juzgadores pueden ahora participar directamente en la vivencia de la historia del delito, en audiencias en las que se presentan pruebas y alegatos de las dos partes en público, procedimiento que transparenta las actuaciones y proporciona mayor certeza y claridad.
El fiscal anticorrupción de Nuevo León recuerda que con los viejos procedimientos, el juez recibía en su escritorio un acta levantada por un secretario sobre una declaración de un testigo, y otra, con un testimonio recabado por otro funcionario, sobre un segundo testigo, con lo que se privaba de ver a los actores a los ojos, comprobar la credibilidad que le daban a sus dichos o sus contradicciones.
Ahora las audiencias son presenciales y el juez está ahí para ver a los acusados y a los que se quejan. En esas diligencias hay contacto directo.
Sin embargo, señala, el amparo, como funciona actualmente, lastima todo el procedimiento, pues fue creado con bases jurídicas opuestas y que entran en choque con el nuevo sistema, afirma.
Por ejemplo, explica, en la Ley de Amparo no existen las audiencias públicas y está ausente la posibilidad de que el juez conozca a todos los implicados en un delito.
“El amparo, como está ahora, da al traste con estos principios. Ahora es cerrado y oscuro, va contra el nuevo sistema que es abierto y transparente. En la práctica, con la experiencia que tenemos en la Subprocuraduría, me queda claro que la coexistencia de los dos sistemas crea un caos”, afirma Canales, quien encabeza los esfuerzos anticorrupción en el mandato de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
El 3 de junio de 2016, cuando no se cumplía el primer año de El Bronco en el gobierno, fue anunciada la Operación Tornado, en la cual fueron imputados decenas de funcionarios de la administración anterior, por haber provocado quebrantos millonarios, aún no totalmente cuantificados, a las arcas estatales.
Y pese a que hay decenas de imputados, ninguno de los exservidores públicos, de primero y segundo niveles, está en la cárcel pese a que en algunos expedientes el juez de control ha pedido prisión preventiva. Todos se han salvado con amparos.
El caso más notorio fue el del mismo Medina de la Cruz, quien, tras ser imputado el 26 de enero, fue enviado al penal de Topo Chico, donde estuvo preso apenas 18 horas; fue liberado por la protección que le entregó la juez Quinto de Distrito en Materia Penal, Beatriz Jaimes Ramos.
Es la misma funcionaria del Poder Judicial que ha entregado otros recursos de amparo a funcionarios de la administración anterior imputados y vinculados a proceso.
De cualquier manera, Medina está sometido a proceso por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al patrimonio estatal, por haber entregado ilegalmente más de 3 mil 600 millones de pesos a la armadora surcoreana KIA.
Canales recuerda que, en el caso de Medina, el 27 de julio de 2016 un juez federal entregó un amparo provisional que permitió que se ausentara de la primera audiencia de imputación, programada para el día siguiente. Sin embargo, el 2 de agosto de ese año fue rechazada la suspensión definitiva, por lo que el exgobernador tuvo que comparecer ante la justicia el 9 de agosto.
“En esa ocasión, el amparo que se le dio a Medina fue llevado a un extremo inaceptable. Al final logramos convencer al juez y conseguimos que se celebrara la audiencia. Al final solamente nos retrasó en el proceso, porque el recurso iba dirigido contra actos procesales, no contra el fondo del asunto”, explica.
Pese a que Medina fue obligado a comparecer a las audiencias de imputación y vinculación, y que actualmente penden sobre él serias acusaciones, el proceso ya se afectó, señala el llamado “Zar Anticorrupción” de Nuevo León, pues al haberse retrasado con amparos, ya hay un daño en el juicio bajo el nuevo sistema.
En conversaciones con colegas que desde las fiscalías en otros estados también combaten la corrupción, el subprocurador nuevoleonés encuentra que ellos enfrentan el mismo problema, con procesados que se escudan en idénticas argucias jurídicas para retrasar los procesos.
“El nuevo sistema obliga a replantear la práctica del amparo, para que no sea usado contra actos procesales y entorpezca el desarrollo de un sistema transparente, porque, como está ahora, el amparo puede interrumpir cualquier etapa del juicio”, alerta.
Recuerda que, cuando se aprobó el nuevo sistema, no fue modificada la Ley de Amparo, un recurso que es, sostiene, como “la Virgen de Guadalupe del sistema jurídico”, un icono que nadie osa tocar.
“Yo no estoy pidiendo que se derogue. Lo que señalo es que, en algún momento, esta práctica derivó en proteger a ciudadanos contra actos procesales de un juicio, y esto ha afectado para mal los procesos de justicia, porque retrasan indefinidamente el juicio sustantivo, incluso en el antiguo sistema”, menciona.
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