Cómo evitar la islamofobia

Cómo evitar la islamofobia/Majo Siscar es periodista independiente. Ha colaborado en medios internacionales como 5W, El País, El Universal, Vice News o Newsweek en español. Vive en Barcelona.
The New York Times, Jueves, 24/Ago/2017
El emotivo grito de ‘No tenemos miedo’ se apropió de las Ramblas el día después de los atentados. Es un llamado contra el fanatismo que enlaza con la tradición plural y progresista de Barcelona, la ciudad europea que en febrero pidió masivamente a las autoridades que acogieran a refugiados sirios, se solidarizó con las víctimas del 11S y clamó contra la guerra de Irak. No hay salvaciones particulares. Barcelona lo sabe. Pero para escapar a la instauración del miedo y el odio no solo podemos marchar, debemos ser autocríticos.
A diferencia de los discursos integradores de las autoridades catalanas, ya el presidente Mariano Rajoy, al recalcar una y otra vez la unidad de los españoles, apeló a la brecha entre la identidad patriótica y lo foráneo. No debemos promover que los tres millones y medio de inmigrantes —un 12,6 por ciento de la población—­­ no se sientan de aquí.

Rajoy está lejos todavía de respuestas belicistas como las del exmandatario francés François Hollande, quien tres días después de los atentados de París de 2015, hizo bombardear Siria con el aval de sus socios europeos. Y no sin consecuencias. Desde ese bombardeo en Siria, Europa ha sufrido otros 20 ataques terroristas, seis de ellos con vehículos, un método de bajo coste y difícil de prevenir.
Un solo atentado ya sería terrible, pero no está de más recordar que la mayoría de las víctimas del yihadismo no son europeas. Dos días antes del ataque en Barcelona, Boko Haram asesinó a 27 personas en Nigeria, y el día anterior a otras 18 en Burkina Faso. Muertos y deudos inocentes, de diferentes nacionalidades y creencias, aquí y allá.
Esto no impidió que a 24 horas del atentado, un grupo de fascistas se manifestaran en las mismas Ramblas. Aparecieron amenazas pintadas en las mezquitas y en las redes, las calles y las discusiones abundaron los insultos contra cualquier árabe. El miedo ve sospechosos por doquier, aunque todos estamos expuestos ante el fanatismo. No es la religión ni el color de piel, es fundamentalismo y odio, alimentados por una lucha por recursos y control territorial, de la cual muchas veces nuestros gobiernos son cómplices.
España ya sufrió un fortísimo atentado en 2004, cuando Al Qaeda mató a 193 personas en Madrid, y el discurso xenófobo no se legitimó públicamente. Pero las circunstancias eran otras. La mala gestión política del atentado hizo caer al gobierno en las urnas y, como respuesta, el nuevo gobierno retiró las tropas españolas en Irak y Afganistán. Era una época de bonanza económica y en Europa el lenguaje de odio estaba todavía encapsulado fuera de los parlamentos. Los atentados yihadistas eran tan poco frecuentes que no se usaba la seguridad nacional como criterio de legitimidad política.
Desde 2013, más de 150 individuos han sido detenidos y puestos a disposición judicial en España como resultado de sucesivas operaciones policiales contra el terrorismo yihadista, según un informe del Real Instituto Elcano de 2016, a partir de datos policiales. Estas detenciones se han difundido con un perfil muy bajo para no generar alarma social. Pero ahora están en primera plana. Tres de cada diez arrestos se hicieron en Cataluña. “La provincia de Barcelona destaca como principal escenario genérico de la movilización terrorista promovida por el Estado Islámico dentro del territorio español”, señala el informe ‘Estado Islámico en España’.
Una visión policial es necesaria, pero no puede ser la única. La revisión del Pacto Antiterrorista este lunes abre la puerta a las identificaciones aleatorias por la calle. Esta iniciativa recuerda demasiado al polémico ‘stop and frisk’ que implementó la policía de Nueva York desde 2002 para combatir el narcomenudeo y que supuso una restricción de derechos civiles, especialmente para las comunidades afro y latina sobre las que aumentaron las detenciones. Ocho de cada diez detenidos resultaron inocentes según los datos de la New York Civil Liberties Union.
España ya enfrenta una denuncia en la Corte de Estrasburgo por hacer identificaciones policiales por el color de la piel, una práctica extendida en este país. La promueve un joven paquistaní con residencia legal en Cataluña que llevó su detención ilegal hasta el Tribunal Constitucional español y fue desestimada. La actual situación de alerta le confiere nueva relevancia política.
Los españoles nos creemos menos islamófobos que nuestros vecinos europeos porque no tenemos un partido supremacista fuerte, pero el racismo y la xenofobia no solo se expresan en las urnas. En 2014, hubo 475 denuncias por agresiones racistas en España y se estima que solo se denuncian un 10 por ciento.
Hace apenas dos semanas la policía fronteriza intentó evitar la entrada de migrantes desde África con procedimientos tan heterodoxos y de fuerte carga simbólica como dar porrazos y patadas a un grupo de indocumentados. En esa misma frontera, hace tres años, murieron al menos nueve migrantes cuando la Guardia Civil les disparó botes de humo y pelotas de goma a metros de alcanzar tierra española. No hubo manifestaciones de rechazo ante esas muertes o ante la ley que lo permite. Ni España ni el resto de Europa condenan con énfasis los atentados yihadistas que ocurren en la otra orilla del Mediterráneo.
Los factores de radicalización son extremadamente complejos, pero legitimar como sociedad discursos y prácticas supremacistas abona a la fractura que quiere el yihadismo.
Basta de buenas intenciones. Para callar el tan interiorizado insulto de “moro de mierda”, tenemos que ser autocríticos con nuestra sociedad y mover la discusión al terreno de la política. Necesitamos un impulso gubernamental real que frene la intolerancia desde las instituciones. Que se cumplan los protocolos contra el racismo, se investiguen las denuncias, se garanticen derechos.
Hablemos de política exterior. En Oriente Medio, España baila al son que tocan Europa, Rusia o Estados Unidos. Defender el ataque químico de Estados Unidos en Siria y quejarse de los atentados en nuestras calles es una contradicción.
Y hablemos de negocios. Hasta la temporada pasada el FC Barcelona, uno de los emblemas internacionales de Catalunya, jugaba promocionado por Qatar. Qatar y Arabia Saudita financiaron en Siria combatientes islamistas contra Bashar Al Asad porque creían que el Islam sunita respondía a sus fines políticos. Arabia Saudita es además el principal promotor en el mundo del wahabismo o salafismo, la escuela del Islam más estricta y conservadora, germen del Estado Islámico. Y es nuestro socio comercial. Le vendemos armas y construimos su tren de alta velocidad. El gobierno, la monarquía española y el empresariado deben dejar de hacer tratos comerciales y romper relaciones con regímenes que exportan violencia.
Y no aceptar que entre dinero saudita para financiar mezquitas. Claro que no todos los salafistas son yihadistas, pero todos los yihadistas son salafistas. También lo era Abdelbaki Es Satty, el Imán que habría encabezado el comando responsable de los atentados. En Catalunya, uno de cada tres oratorios sigue esta tendencia. Mientras el dinero saudita les fluya seguirán impartiendo el islam más reaccionario.
El centro británico The Henry Jackson Society publicó en julio un informe dónde señala claramente que el financiamiento extranjero para el fundamentalismo islámico en Occidente “proviene principalmente de gobiernos vinculados a las fundaciones con sede en el Golfo e Irán”, y según el mismo informe es tanta cantidad ­—solo Arabia Saudí habría repartido cuatro mil millones de dólares en 2015 por todo el mundo para difundir el wahabismo­— que los hijos de musulmanes menos conservadores, como los sunís, se están convirtiendo a esta corriente en Gran Bretaña.
El combustible de los vehículos que asesinaron a 15 personas en Barcelona y Cambrils tiene aditivos similares al que alimenta el coche del joven que arrolló a manifestantes antirracistas en Charlottesville, Virginia. El #Notenimpor catalán debe interiorizarse colectivamente y legislativamente, hasta a manera de sanción de prácticas racistas o comerciales nefastas desde las instituciones. Ese será el verdadero parachoques al odio.