Columnas Políticas a 22 de octubre de 2017

Columnas Políticas a 22 de octubre de 2017
Templo Mayor/ Reforma.

EL ALETEO de una bala en Nochixtlán puede desatar una tormenta política en San Luis Potosí. Y si no lo creen, pregúntenle a Enrique Galindo.
HASTA hace apenas unos días, el ex comisionado de la Policía Federal se perfilaba como el número uno en la lista de precandidatos al Senado por parte del PRI potosino. Se daba, pues, por descontado que el próximo año llegaría a un escaño.
PEEERO de pronto apareció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con esa celeridad que le caracteriza -¡un año y cuatro meses después!- y lo salpicó como uno de los responsables de los excesos de los federales durante el enfrentamiento en la población oaxaqueña de Nochixtlán.
EN SU peritaje, la CNDH no sólo acreditó violaciones al protocolo policiaco, uso excesivo de la fuerza, tortura y tratos denigrantes, sino que también pidió a la PGR investigar a Galindo como posible responsable de violaciones graves a los derechos humanos.
HABRÁ que ver qué tanto le afecta esto a Galindo en sus aspiraciones a ser postulado por el PRI al Senado.
EN ESTOS tiempos de definiciones, alguien debería preguntarle a Manlio Fabio Beltrones, de una buena vez, si Luis Fernando Heras es o no su personero.
LA ACLARACIÓN es importante porque varios alcaldes allá en Sonora han estado recibiendo la visita de Heras para ofrecerles sus "servicios" como gestor de moches, perdón, de recursos federales.
NO HAY que olvidar que ya con anterioridad este oscuro personaje fue señalado de ser parte de una intrincada red que ayudaba a gestionar recursos para las alcaldías, a cambio de la respectiva tajada para el o los diputados involucrados, y de que el contrato de la obra se asignara con dedicatoria.
PRESUMIENDO de su relación con el ex dirigente nacional del PRI y la ascendencia de éste sobre todo su grupo político, Luis Fernando Heras les promete a los ediles llevarles hasta sus arcas los ansiados recursos.
O COMO DIRÍA el padrino Vito Corleone: les hace una oferta imposible de rechazar.
ANTE las dudas que han surgido entre la militancia tricolor sobre la designación de su candidato a la Presidencia, el Consejo Político Nacional salió a aclarar un asunto.
QUE el destape del abanderado no será por convención de delegados, sino por convección de delegados.
Y ES QUE el chef Enrique Peña ya tiene al candidato en el horno y nomás necesita que 10 mil obedientes priistas le den calorcito cuando lo presente.
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 Frentes Políticos/Excelsior
I. Rasurada criminal. Buenas noticias, en un operativo en Naucalpan, Estado de México, se detuvo a 47 personas por su probable participación en los delitos de encubrimiento, portación de arma prohibida, simulación de vehículo oficial, delitos contra la salud y en materia de hidrocarburos. Además, se cumplieron órdenes de aprehensión y órdenes de cateo por narcomenudeo, se investigaron los bares, y las unidades automotores no se salvaron. ¿Idea del presidente municipal, Édgar Olvera? ¡Claro que no! El dispositivo fue integrado por personal de la Marina Armada, el Ejército mexicano, la Gendarmería, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la policía estatal. Sólo así se hacen las cosas.
II. Preocupados. En la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán surgió la noticia de que varios de los 39 alcaldes emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) piensan brincar al organismo político fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nos han buscado con el interés de militar en Morena, no podemos hablar de un número o dar nombres, puesto que aún no son los tiempos”, aseguró Roberto Pantoja Arzola, líder estatal. Y aunque se reservó celosamente las cifras, afirmó con total certeza que se prevé una desbandada. Es puro instinto de supervivencia política estar con el que pinta más fuerte. Y ahorita, pues…
III. La dolorosa equidad. El Frente Ciudadano por México, en vías de conformación, tendrá que mostrarse lo más equitativo posible. Pongámoslo así, si hay tres partidos, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), deben ir a partes iguales, pero resulta que los perredistas quieren proponer que el 30 por ciento sean candidaturas ciudadanas. Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD, aclaró que esta iniciativa se discutirá cuando se repartan los distritos. ¿Quién les cree? ¿En verdad quieren que el 30 por ciento de las candidaturas sea para ciudadanos sin partido? ¿No será otra dosis de demagogia? Ya parece que cederán parte de las prerrogativas que se les vienen. Ajá. Fírmenlo.
IV. Cordura. Está por definirse al titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Algunos de los contendientes son: Perla Gómez Gallardo, quien sin muchos méritos va por la reelección; Mucio Israel Hernández Guerrero, experto en Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Hilda Téllez Lino, tiene una larga trayectoria y compromiso por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y Alfredo Rojas Díaz Durán, defensor de los derechos humanos y quien estuvo nominado al Nobel de la Paz 2018 por academias europeas, como The Supranational Environmental Justice Foundation y la International Academy of Environmental Sciences de Venecia. La ciudad merece tener al mejor. No negociaciones partidistas.
V. ¡Ah, México! Cuándo iba uno a pensar que las llamadas de emergencia falsas o de broma se volvieran un tema de seguridad nacional. Pues sí. La arraigada tradición causa pérdidas cuantiosas. Nueve millones de falsos llamados al mes genera un caos tan grave, que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados hizo un exhorto a los gobiernos estatales para legislar y sancionar a quienes juegan con los operativos de auxilio. El panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, informó que afectan los sistemas de seguridad y ocasionan pérdidas considerables. Además de que quienes realmente necesitan la ayuda sufren las consecuencias. Deben de considerarlo. Esas “travesuras” ya a nadie le dan risa.
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La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior
Restaurar la dictadura perfecta III
Hay que recordarlo otra vez: la piedra angular del sistema político que el PRI impuso a partir de 1929, es decir, desde antes de que se llamara PRI, es la facultad irrestricta del Presidente de la República en funciones para designar a su sucesor. Ningún rey del mundo, sujeto a las reglas de la sucesión monárquica, tuvo tal facultad.
Así ocurrió de 1929 a 1994-1995 (el presidente Carlos Salinas de Gortari designó a dos candidatos presidenciales del PRI por el asesinato de Luis Donaldo Colosio). Y el PRI, partido prácticamente único, dominante, nunca perdió una elección presidencial. A lo mucho, cada seis años, los perdedores fueron grupos priistas que no atinaron a apoyar al entonces conocido como el tapado o, mejor dicho, apoyaron a un tapado que no lo era y sufrieron las consecuencias (no muchas, por cierto).
Ese procedimiento “político-electoral” fue popularmente conocido como el dedazo. El primer Presidente de la República que abdicó (el verbo se utiliza intencionalmente) de la utilización del dedazo fue Ernesto Zedillo para la elección presidencial del año 2000.
Entonces, hubo elecciones internas que ganó Francisco Labastida, quien después se convertiría en el primer priista en perder una elección presidencial. Seis años después, sin Presidente de la República a quien obedecer ni a quien rendirle cuentas, los priistas recurrieron otra vez a elecciones internas y las ganó Roberto Madrazo, quien también perdió la elección presidencial. En ambos casos fue notable la división entre los militantes del PRI.
Para 2012, el PRI tampoco tenía a uno de los suyos en la Presidencia del país, pero ya había aprendido las dos lecciones anteriores y buscó a un candidato de unidad, como aquellos de los tiempos del dedazo.  Y encontró la fórmula: El dedazo presidencial fue sustituido por una candidatura de unidad, producto de un acuerdo entre diversas fuerzas políticas de ese partido, pero, sobre todo, sustentada en un acuerdo entre los gobernadores priistas,  a quienes la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) les sirvió para agruparse y, principalmente, negociar entre ellos mismos. Ésta es una historia todavía por contarse. De ella surgió la candidatura de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, el primer priista que llegó a la Presidencia de la República sin haber sido designado por su antecesor.
Como Presidente de la República, Peña Nieto ha sido un factor importante para la restauración del viejo sistema político mexicano, el que creó y crió su partido. Los militantes priistas han reconocido, como antes, al Presidente de la República como su “líder nato”, su “líder máximo”; a él le deben lealtad y disciplina y esto ha permitido el regreso de la unidad necesaria para que el Presidente de la República recupere su facultad meta constitucional de nombrar a su sucesor, aunque ahora sólo sea un candidato más.
Y el Presidente de la República ejercerá esa facultad que le conceden sus correligionarios. Ha hablado de la “liturgia” priista de la sucesión presidencial. Y el pasado miércoles18, a pregunta expresa del siempre reportero Francisco Garfias, colaborador de Excélsior, dijo saber que el próximo candidato del PRI a la Presidencia de la República sí estaba presente en la reunión entre miembros de su gobierno y periodistas, a un mes del sismo del 19 de septiembre. Lo de la elección por delegados será un simple trámite partidista.
¿Un candidato más? Sí, los tiempos han cambiado. Y aunque deficiente y endeble, la democracia mexicana ha logrado imponer la prueba de las urnas para acceder a los cargos de elección popular. Hoy, por fortuna para el país, las elecciones se resuelven en las urnas.
El nuevo dedazo al tapado no será por la Presidencia, sino simplemente por la candidatura.
Sí hay nuevos tiempos, muchos ciudadanos lo saben y los imponen. Pero los partidos y los políticos quieren regresar al pasado. Unos, buscando restaurar el viejo régimen o al menos sus ritos; otro, intentando regenerar ese mismo agotado sistema político; y los otros, ninguno, sin excepción, sin ningún proyecto diferente.
Aquí no va a encontrar un pronóstico sobre quién ganará las elecciones presidenciales de 2018. Aquí, con certeza, se opina que, si no hay algo verdaderamente sorprendente en materia político-electoral en los próximos meses, los próximos seis años serán de nueva pérdida para el país, para sus ciudadanos, gane quien gane… con un Congreso de la Unión que, en la práctica, en los hechos de todos los días, cobra desde hace 20 años una especie de derecho de piso político al titular del Poder Ejecutivo, haya sido quien haya sido y sea quien sea.
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Debates y desastres/Enrique Krauze
REFORMA, 22 Oct. 2017
Existe una relación directamente proporcional entre el daño que provocan ciertos desastres naturales súbitos y la falta de debate público. Quien sostiene esta sorprendente tesis es nada menos que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. En el número de Letras Libres correspondiente a mayo de 2004, Sen fundamentaba su idea en la experiencia de su país, la India. Se titulaba: "El ejercicio de la razón pública" (Letras Libres, núm. 65) (http://www.letraslibres.com/mexico/ el-ejercicio-la-razon-publica).
El sufragio universal y las elecciones equitativas -argumentaba el filósofo- son condiciones necesarias pero no suficientes para la democracia. Su complemento es "la deliberación libre de censura, factor clave para que la gente sea capaz de determinar lo que debe exigir, lo que debe criticar y la forma en que debe votar". Los debates son, además, un gran aprendizaje de civilidad: 
"El ideal del uso público de la razón está relacionado estrechamente con dos prácticas sociales que merecen atención: la tolerancia hacia opiniones distintas ( junto con la posibilidad de estar de acuerdo en no estar de acuerdo) y el fomento de la discusión pública (que reafirma el valor de aprender de los otros)".
Pero Sen ampliaba su reflexión en un sentido inesperado, avalando la idea de que "las hambrunas no ocurren en las democracias, sino solamente en colonias imperiales". Y acudía a ejemplos: 
"Aun cuando la India padeció hambrunas hasta su independencia en 1947 -la última, la hambruna de Bengala en 1943, mató a entre dos y tres millones de personas-, estas catástrofes cesaron abruptamente cuando se instauró una democracia multipartidista. China, en cambio, padeció la hambruna más grande registrada en la historia entre 1958 y 1961, tras la debacle de la colectivización en el así llamado 'Gran Salto Adelante' y en la que se estima que murieron de veintitrés a treinta millones de personas".
Este contraste se explica, en parte, por la existencia en la India de un sano debate público:
"Es difícil que un gobierno se resista a la crítica pública cuando ocurre una hambruna. Esto se debe no sólo al miedo de perder las elecciones, sino también a las posibles consecuencias que podría tener el silencio oficial cuando los periódicos y otros medios de información son independientes y libres de censura, y cuando se permite a los partidos de oposición arremeter contra quienes detentan cargos oficiales... Si un gobierno desea evitar que un desastre se convierta en una pesadilla, debe generar empatía compartiendo información y abriéndose al debate".
En un sistema democrático, la vigilancia que se ejerce sobre los gobiernos tiende a disminuir la dimensión de los daños causados o agravados por la acción (o inacción) del gobierno. Sin embargo, advierte Sen, este sistema tiene menos éxito cuando los males que se quieren evitar son irregulares, como la falta de salud, la desnutrición. En síntesis:
"La opción de subsanar los defectos de la práctica democrática a través del autoritarismo y la supresión del debate público incrementa la vulnerabilidad de un país a los desastres esporádicos. Además, debido a la falta de vigilancia pública, los eventuales logros del pasado tienden a olvidarse o desaparecer".
La argumentación de Sen es pertinente para nuestra circunstancia. Es obvio que un terremoto es imprevisible (a diferencia de la hambruna) pero cabe pensar que el daño causado por los sismos de septiembre pudo haber sido menor de haber mediado una sana cultura del debate, que pusiera en entredicho las políticas oficiales al respecto (reglamentaciones, uso del suelo, pedagogía de prevención) en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal.
Hoy la sociedad mexicana necesita conocer la dimensión de la tragedia, su geografía precisa, la naturaleza, origen y aplicación de los recursos de la reconstrucción así como sus prioridades y calendario. Y de cara al futuro, nos urge adoptar una política de protección civil similar a la de países como Chile y Japón, mucho menos amnésicos que nosotros a su vulnerabilidad.
Por todo ello, frente a las campañas de 2018, necesitamos escuchar a los candidatos debatir sin rodeos sobre estos temas en los que, literalmente, nos va la vida.
Ojalá que las autoridades electorales, los tribunales y la Corte encuentren vías de flexibilizar las reglas constitucionales de los debates para hacerlos sustantivos. Como están, son un tapón para el avance democrático y la sana expresión del sentir popular.
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De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
Cambia Bronco de mecenas…
Vicente Segú Marcos, de manera habitual, promueve el aporte de apoyo financiero a personajes de la política, a cambio de obtener “posiciones” en sus eventuales gobiernos. 
Impulsado en su momento por la poderosa clase empresarial regia, el cada vez más cuestionable gobernador neoleonés y candidato ahora a la Presidencia por la vía independiente, Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, podría estar comenzando a recorrer una ruta que, si bien le garantizará los (cuantiosos) recursos económicos que requiere para financiar su nueva aventura, acabará involucrándole en una singular disputa entre “grandes capitalistas”… para quienes, huelga decir, él no es más que una alternativa de participación en el gobierno.
La aparición en su entorno, como asesor y financiero, de Vicente Segú Marcos, presidente de la organización Incluyendo México que, de manera habitual, promueve el aporte de apoyo financiero a personajes de la política, a cambio de obtener “posiciones” en sus eventuales gobiernos, generó ya toda suerte de suspicacias al más alto nivel de la clase empresarial de Nuevo León que, ahora, descubre que la cercanía entre el gobernador y el singular personaje no es en forma alguna nueva.
Tan no lo es, que desde el inicio de su administración, a propuesta del mencionado, el cada vez más cuestionable mandatario incorporó en la Secretaría de Educación estatal, como subsecretaria de Educación Básica para ser exactos, a la priista María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, titular antes del ramo en su natal Coahuila, durante la gestión de Enrique Martínez y Martínez y subsecretaria en Educación con Humberto Moreira, y quien, se afirma ahora, opera a manera de vínculo entre el gobernador y Segú, a quien se acredita una estrecha cercanía con organizaciones religiosas de poder y a quien no pocos reconocen como un relevante “operador del conservadurismo” a nivel mundial.
Al paso de los días, a la vista nuevas revelaciones sobre el caso —el supuesto involucramiento del mismo personaje con otro independiente, el experredista Armando Ríos Piter—, la clase empresarial regiomontana, sus principales miembros, acelera lo que ha identificado como un proceso de alejamiento de El Bronco que, en la actualidad, parece empeñado en una nueva aventura, pero con un nuevo y poderoso mecenas a sus espaldas...
Insistamos pues que el asunto, como tal, ni es nuevo ni es privativo de un gobierno de características especiales, cual es el neoleonés ahora, o de un personaje político en especial, sino de muchos que, vía el aporte de financiamiento a éstos, buscan posicionar a sus afines en los tres niveles de gobierno…
ASTERISCOS
* Ahora sí que ¡punto a favor de los gobernadores panistas en su (soterrada) pugna con el indefinido Ricardo Anaya!, la mayoritaria aprobación el jueves del paquete fiscal 2018, sin consideración a la demanda de que el mismo incluyera cambios en el IEPES que revirtieran el gasolinazo. Al menos 40 diputados del blanquiazul, se dice, dejaron el salón para posibilitar el triunfo del PRI, “como parte de una estrategia pactada” entre ellos y Hacienda…
* De no suceder nada extraordinario que obligue a revertir una decisión que, se afirma, se adoptó ya en tal sentido: antes del cierre del próximo noviembre, José Antonio González Anaya, mandamás en Pemex, deberá haber desalojado sus actuales oficinas para dirigir sus pasos hacia las que ahora ocupa el “tocayo” José Antonio Meade en Hacienda, o a las del “master” Agustín Carstens en el Banco de México. 
* Otra vez, arropado en su infinita arrogancia, el naranjita alcalde Enrique Alfaro optó por insultar y denostar a quienes en 2018 pedirá voten por él, por su candidatura a la gubernatura, en lugar de dialogar y escuchar sus reclamos. En la colonia El Mirador, el impresentable edil de Guadalajara respondió con un sonoro “ya vete de aquí, cabrón, no estés fregando” a una persona que le reclamaba por la edificación de una obra ahí…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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El nuevo dilema/Luis Rubio
Reforma, 22 Oct. 2017
El gobierno actual es prueba fehaciente de que la problemática que enfrenta el país no depende de la voluntad del presidente. Cuando el gobierno actual se aprestaba a tomar posesión, su principal consideración residía en cómo reconstruir la capacidad de acción del Estado. Era evidente que la capacidad de gobernar se había venido deteriorando y que ningún país puede prosperar con un gobierno enclenque, incompetente y paralizado, además de abrumado por factores fuera de su control. La propuesta de un "gobierno eficaz" resumía su visión de manera nítida, pero también sus limitaciones: implicaba la idea de que se puede recuperar lo perdido, o sea, que la nostalgia lo remitía a lo que había funcionado décadas antes.
En esto, el gobierno de EPN no es excepcional. Los mismos argumentos que se esgrimieron en la campaña de 2012 se pueden escuchar ahora por el lado de Morena: antes las cosas funcionaban, hoy todo es un desastre. ¿Estarán bien estos dos priistas, uno de cepa y otro de historia? La realidad es que hay muchas cosas que funcionan bien en el país y que justifican a plenitud las reformas y transformaciones que se han experimentado a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Por supuesto, hay partes del país que siguen rezagadas y persisten innumerables problemas, desequilibrios y obstáculos, pero cualquier observación objetiva revelaría lo obvio: el reto hacia adelante es enorme, pero el potencial, y el punto de partida, son excepcionales.
En 1968, el iconoclasta Samuel Huntington hizo olas cuando afirmó que "la diferencia más importante entre las naciones se refiere no a su forma de gobierno sino a su capacidad de gobierno". Esa afirmación, publicada en el momento más álgido de la guerra fría, continuaba con otras herejías, como que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían más en común que cualquiera de ellas con naciones de África o América Latina. El punto del autor era que, más allá de ideologías y formas de gobierno, algunas naciones tenían capacidad de gobernarse y otras no.
¿Dónde está México en esa dimensión? Cuando el hoy presidente Peña proponía un gobierno eficaz o cuando Andrés Manuel López Obrador promete un gobierno capaz de sacar al país de su bache, hablan de un sistema de gobierno que existió hace medio siglo y que era capaz de implementar las decisiones que se tomaban en la cúpula. Es decir, ambos personajes públicos conciben la función de gobernar como capacidad de imponer sus decisiones. Hablan de un gobierno competente e institucionalizado e idealizan al viejo sistema priista, pero en realidad se refieren a un sistema autoritario donde sus dos piezas clave -la presidencia y el partido- se complementaban para mantener un férreo, pero legítimo, control sobre la población, lo que hacía fácil gobernar. Como han demostrado los pasados cinco años, ese sistema ya no existe y, más importante, no puede ser recreado.
La bandera partidista o ideológica es lo de menos: la pretensión de que se puede retornar a ese mundo idílico es simplemente absurda. El reto que México enfrenta es el de crear un nuevo sistema político, apropiado a las circunstancias del siglo XXI. Porfirio Díaz afirmó que "gobernar a los mexicanos es como arriar guajolotes a caballo"; el PRI pensó que los controles autoritarios habían resuelto esa complejidad, pero hoy es evidente que el problema no es de personas sino de estructuras e instituciones.
Independientemente de que siga o se termine el TLC, el gran déficit del país es su incapacidad para gobernarse. El TLC hizo posible pretender que, con las garantías efectivas a la inversión y con la confianza que provee ese instrumento, se podía evitar tener que reformar al sistema de gobierno. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: ante el riesgo de perder el TLC y frente a una elección en la que nadie está enfocado en el problema real que enfrenta el país. En lugar de debatir el problema de gobernanza, nuestro verdadero déficit, vivimos el ruido de una retórica gastada y obsoleta sobre cómo retornar al pasado o cómo proteger lo existente. La verdadera promesa de AMLO, como la de EPN, es un autoritarismo benigno: yo puedo hacerlo porque yo soy fuerte.
Lo que México necesita no son hombres fuertes e iluminados sino instituciones efectivas. Para eso se requiere una disposición de nuestra clase política a enfrentar los problemas estructurales del país que ahora han sido desnudados por Trump al hacer evidente que no tenemos Plan B ni capacidad de articularlo porque no hicimos la tarea en estos años. El TLC fue un medio muy efectivo e inteligente para resolver un problema medular (estabilizar al país y darle certidumbre a la población y a los inversionistas), pero no es suficiente para lograr un desarrollo integral y nos expone, como ahora sabemos, a los avatares de EUA, quien se suponía tenía permanencia estratégica.
El país requiere un nuevo sistema de gobierno, anclado en la ciudadanía y con instituciones y mecanismos efectivos. Hoy tenemos una absurda combinación de instituciones viejas, obsoletas e ilegítimas con demandas interminables de que el gobierno actúe y responda. Tenemos que encontrar la forma de empatar ambas cosas: capacidad de gobierno y legitimidad.
@lrubiof
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Abrir la mente/Eduardo Caccia
Reforma, 22 Oct. 2017
Muchas medidas gubernamentales pretenden generar un beneficio social, sin embargo, en algunos casos la sociedad no lo percibe así. En buena medida el eje de la campaña del gobierno de la República da cuenta de ello al insistir ad nauseam: "lo bueno también cuenta", un ruego para que la mirada del ciudadano vea lo que no ve. ¿Es posible que dos personas o grupos miren lo mismo pero vean cosas distintas?
En varias ciudades del país se está gestando una nueva cultura de vialidad no motorizada, en privilegio de peatones y ciclistas. Guadalajara es un ejemplo de ello. Las ciclovías han generado aceptación y crítica. Sus detractores, generalmente automovilistas, señalan que se les ha reducido su espacio y que han tenido accidentes al golpear su auto con los pequeños postes que sirven de barrera entre lo que era de dominio exclusivo para su majestad, el automóvil, y la zona para ciclistas y peatones. Estamos, parafraseando a Gramsci, ante el caos de un sistema cultural que no ha muerto y uno que no ha terminado de nacer. En varios funcionarios públicos hay incredulidad y hasta frustración.
Según da cuenta Proceso, el director de Movilidad no Motorizada del gobierno de Jalisco, al ser cuestionado sobre las quejas a las ciclovías, dijo de ciertos vecinos: "Ojalá abrieran un poco la mente para entender la problemática de movilidad..." y continuó con fundamentos técnicos en los que no le falta razón. En otro contexto, escuché a un funcionario gubernamental: "se necesita estar ciego o distraído para no ver los postecitos". Ambos personajes no pueden creer que los ciudadanos no vean lo que para ellos es evidente.
Las innovaciones que implican un cambio en el sistema cultural deben abordarse con apoyo no sólo del área de comunicación de las dependencias sino con ayuda de las ciencias sociales y la neurociencia. Lo mismo aplica para un empresario que está seguro de que su producto será un éxito, hasta que el mercado lo rechaza (aparentemente sin razón alguna).
En general, nuestro cerebro realiza dos grandes tareas para tratar de entender la realidad: la observación y la interpretación. Asumimos que observamos lo mismo y por ende interpretamos lo mismo. Falso. La percepción es el proceso mediante el cual los individuos organizan mentalmente la información sensorial de su entorno, para darle significado. Esta capacidad -y necesidad- simbólica es distinta en cada persona o grupo, depende de factores como edad, género, escolaridad, experiencias de vida, lugar donde vive y trabaja, herencia familiar y social, valores, expectativas y más. Toda esta cosmovisión forma paradigmas y prejuicios en la forma de interpretar. No lo duden, estamos programados para sesgar: la evaluación desigual entre alternativas, que generalmente pone una opción arriba de la otra.
Cuando evaluamos la conducta de los demás (función básica del cerebro y necesaria para la sobrevivencia) tratamos de determinar si fue provocada por factores externos o internos al otro. Tendemos a subestimar la influencia de los factores externos y sobrestimar la influencia de los internos. Por eso los funcionarios no pueden creer que la gente no vea "lo evidente". Ellos, los del gobierno o los empresarios, llevan tiempo analizando los pros y contras de una medida, su cerebro la tiene muy vista, pueden distinguir los patrones cuando ven la realidad. El ciudadano, el consumidor, simplemente no lo ve; su cerebro edita la realidad (otra función cerebral) y "borra" elementos. El resultado es que a pesar de observar lo mismo, la interpretación es distinta. De aquí el principio del "ojo clínico", que no es otra cosa sino un cerebro entrenado para distinguir patrones.
Ante el peso de los testimoniales en la administración de justicia penal, saber que muchas veces vemos ilusiones abre cuestionamientos radicales. Entender estos principios debería ser parte de la formación de gobernantes y empresarios (también de sus equipos de trabajo). Aceptar que no se es dueño de la verdad y que el otro, por sus circunstancias y contexto, puede interpretar de forma distinta es el principio de un camino que lleva al entendimiento. "Abrir la mente", "dejar de estar ciego" es aprender, pero también saber enseñar. No se llega ahí sin educación, ese gran dolor en un cuerpo llamado México.
@eduardo_caccia
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Adiós a la democracia?/Juan E. Pardinas
Reforma, 22 Oct. 2017
Los seres humanos somos criaturas que por puro instinto damos las cosas por hecho. Nuestra tranquilidad mental necesita de certezas y asideros. Contra toda la evidencia, asumimos que la realidad de las cosas permanece quieta. Sin embargo, los últimos años nos han enseñado que las cosas cambian y muchas veces las mudanzas son para mal.
Timothy Snyder publicó un poderoso panfleto sobre la vida política en Estados Unidos durante la era Trump. El título del minúsculo libro es elocuente por sí mismo: Sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX (On Tyranny). La fugaz lectura es un manual de resistencia cívica e intelectual frente a la acelerada descomposición de la democracia liberal en EU. ¿Quién hubiera dicho hace tres años que este libro se convertiría en una lectura fundamental? ¿Quién hubiera pensado que la mayor amenaza a la tradición democrática estadounidense provendría directamente de la Casa Blanca?
Hace poco más de una década tuve el privilegio de visitar Turquía, un país de mayoría musulmana donde la democracia y los valores seculares habían podido coexistir con la convicción religiosa de la mayoría de sus habitantes. Una noche, en una calle peatonal de Estambul llena de restaurantes, apareció un hombre que sostenía en silencio, con las dos manos en alto, una cartulina con un mensaje de celebración y advertencia: Larga vida a la democracia secular. Los comensales interrumpieron sus conversaciones y bocados para aplaudir la demostración de un solo hombre. Con su elegante protesta, el manifestante advertía algo que en ese momento parecía improbable e inaudito: la democracia turca está en peligro. Hoy esa democracia ha dejado de existir. Más de 150 periódicos y medios de comunicación han sido cerrados por el gobierno. Líderes de la oposición, periodistas y académicos han acabado en la cárcel. Más de 850 empresas fueron expropiadas de sus legítimos dueños, bajo el argumento de que apoyaron al golpe de Estado.
¿Cómo se destruye una democracia? ¿Se derrumba en un instante como un edificio después de un terremoto o se deforma lentamente como una roca que es sobada por el tiempo? Yascha Mounk, profesor de Harvard, marca la semana del 11 de julio de 2016 como un periodo intempestivo donde, en una breve secuencia de días, ocurrió una serie ominosa de hechos en contra de la salud de los regímenes democráticos. En esa semana, un terrorista a bordo de un camión atropelló y asesinó a 84 personas en Niza, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, confirmó la salida de su país de la Unión Europea, Donald Trump designó a Mike Pence como su compañero de fórmula en la candidatura presidencial y en Turquía fracasó un golpe de Estado en contra del líder Tayyip Erdogan.
El primer experimento de México con la democracia duró menos de 20 meses, en paralelo a la Presidencia de Francisco I. Madero a principios del siglo XX. No lo deseo y ojalá nunca suceda, pero si el segundo experimento de la democracia mexicana dura apenas unos 20 años, creo que podremos voltear al 20 de octubre de 2017, para marcar el inicio de ese fin. Con muy pocos recursos y muchos obstáculos legales, Santiago Nieto había cumplido cabalmente con su labor como encargado del Ministerio Público para delitos electorales. Nieto realizó investigaciones muy bien documentadas sobre cómo las cleptocracias estatales del PRI usaron recursos públicos para apoyar a su partido. En el momento de su despido investigaba el papel de la empresa Odebrecht en las elecciones presidenciales del 2012. El trabajo de Nieto era combatir la corrupción que abusaba del poder público para ganar comicios. Su despido es un paso contundente para mandar al diablo a las instituciones democráticas de México. Nuestra serena pasividad ante este atentado, puede ser una ominosa señal sobre el futuro que viene.
@jepardinas
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PROCESO # 2138, 22 de octubre de 2017..
Cuauhtémoc Cárdenas: La democracia sufrió un “terrible retroceso”/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Protagonistas de una historia de tres décadas, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez hablan a Proceso de cómo hace 30 años –y a partir de una corriente interna del PRI– se formó el Frente Democrático Nacional, que intentaba democratizar al país y frenar la imposición del neoliberalismo. Su candidato presidencial fue víctima del fraude de 1988, a partir del cual nació el PRD. Para los entrevistados, la situación actual no es mejor que la de hace 30 años pues, comenta el ingeniero Cárdenas, la democracia electoral sufrió un terrible retroceso. El dedazo y la simulación dentro del PRI en el contexto electoral actual así lo confirman.
Hace 30 años el sistema político registró un hecho que transformó la vida del país: el 14 de octubre de 1987 el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) designó como su candidato a la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; días después, a esa candidatura se sumarían otras fuerzas para integrar el Frente Democrático Nacional (FDN).
Antes de aquella fecha, el 4 de octubre, se dio el “destape”, la añeja fórmula ritual que constituía uno de los momentos de mayor relevancia en el régimen hegemónico: el momento en el que se hacía público “el dedazo”, es decir, la designación que el presidente de México en funciones realizaba de quien sería su sucesor. El destape favoreció a Carlos Salinas de Gortari.
Hasta aquel octubre, Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán, formaba parte de la Corriente Democrática (CD), un grupo dentro del PRI en el que figuraban Porfirio Muñoz Ledo –exsecretario de Estado y exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional–, la economista Ifigenia Martínez –quien había sido diputada federal– y también el autor de la idea de la formación del grupo, Rodolfo González Guevara, entonces embajador en España.
Formada en 1986, la CD tenía dos vertientes programáticas: oponerse a la tendencia neoliberal que ya se imprimía en la conducción económica del gobierno de Miguel de la Madrid, y propiciar una transición democrática desde dentro del PRI.
Cárdenas ganó la elección presidencial de 1988, pero el fraude electoral se impuso, como lo reconoció –dice el ingeniero– el propio De la Madrid en sus memorias. De la derrota del FDN surgió, un año después, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a la postre se generarían las reformas que posibilitaron la ciudadanización del órgano electoral y, finalmente, la alternancia en el Ejecutivo.
Tres décadas después Cárdenas considera que los problemas políticos, sociales y económicos se agudizaron; la democracia electoral sufrió un terrible retroceso en las elecciones de 2006 y 2012; toma distancia lo mismo del Frente Ciudadano por México –al que ve sin propuestas claras– que de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, otro exmiembro de la CD.
Ifigenia Martínez, por su parte, afirma que el tabasqueño es el único representante de la continuidad de aquella corriente de pensamiento. Pero ellos dos y Muñoz Ledo sostienen que la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo es el mismo, pues en estos 30 años se han profundizado las desigualdades.
Las similitudes entre la fecha de formación del FDN y el presente son notables: un terremoto que articuló la participación social, si bien en el actual contexto su futuro es impredecible; una relación de dependencia y sumisión con Estados Unidos; un sistema electoral desacreditado, e incluso retrocesos en la libertad de expresión, que Cárdenas ejemplifica con la reciente renuncia de Leonardo Curzio como consecuencia de la censura.
En entrevistas por separado, Cárdenas, Martínez y Muñoz Ledo manifiestan coincidencias en la historia de su aspiración democrática y, en los hechos, en el distanciamiento del PRD, partido que fundaron en 1989 y en el que sólo la economista, no obstante sus abiertos pronunciamientos a favor de López Obrador, sigue militando.
El énfasis de Ifigenia Martínez es persistente respecto de un tema sobre el que vuelve a lo largo de la entrevista: entonces como ahora, la definición de la política económica sucumbía ante los dictados de Estados Unidos. Su preocupación ayer y hoy: la defensa de los intereses del país, que, dice, si bien debe participar de una convivencia internacional armónica, debe entrañar un mayor compromiso para los connacionales.
Se le pregunta a Cárdenas: “¿Mejoró el sistema electoral en 30 años?”.
“En algún momento iba mejorando –responde–, porque nunca hemos tenido un sistema perfecto y siempre es necesario realizar reformas. Pero me parece que hemos retrocedido, porque es claro que desde la elección de 2006, la de 2012 y las más recientes no presidenciales, hemos visto dinero indebido e intromisión de funcionarios públicos. Incluso en el dictamen de la elección de 2006 se establece la indebida intromisión del presidente Vicente Fox como una conducta que puso en riesgo el proceso electoral; un motivo que, a mi parecer, era suficiente para anular la elección.”
Con la elección presidencial de 2018 en puerta, Cárdenas anhela que no haya problemas poselectorales, que se eviten el uso de dinero sucio y la intromisión gubernamental. Es su deseo, aunque, advierte, es imposible saber qué va a resultar.
La ruptura 
Como nunca, la hegemonía política –construida desde la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, la consolidación paradójicamente cardenista en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y la alineación final de los caudillos, sus grupos e intereses en el PRI de 1946– enfrentaba una elección, la presidencial de 1988, con una grave crisis interna.
Todo se inició a finales de 1985, al concluir Muñoz Ledo su encargo como embajador de México en la ONU, cuando planteó en una entrevista la necesidad de cambiar el sistema político de México, pues desde años atrás el cuerpo diplomático había sido muy activo en defensa de derechos humanos, combatido tiranías como las de Pinochet y otros dictadores y, pronto, empezaron a surgir cuestionamientos internacionales sobre la democracia mexicana. El cambio, a su juicio, era ineludible.
En octubre, recuerda Muñoz Ledo, viajó a España y se encontró ahí con el entonces embajador Rodolfo González Guevara, quien le propuso crear una corriente democratizadora, como había ocurrido con el Partido Socialista Obrero Español que, reconocida formalmente, conseguía cargos públicos y participaba activamente en la vida partidista y pública peninsular.
Cárdenas, por su parte, siendo gobernador de Michoacán, había padecido agravios del gobierno de De la Madrid. Además, preocupado por las tendencias económicas y el abandono de la política social, había publicado un documento sobre la recuperación de los valores de la Revolución Mexicana. Por entonces viajó también a España y se encontró con González Guevara.
En marzo de 1986 Muñoz Ledo viajó otra vez a España y González Guevara le dijo que Cárdenas coincidía en la idea de crear una corriente: “Era un no al dedazo, pero también un ala nacionalista y democratizadora”.­
Semanas después, durante un consejo político del PRI y sin haber tenido contacto ni haberse puesto de acuerdo, afirma Muñoz Ledo, ambos hicieron declaraciones similares –que causaron revuelo– sobre la necesidad impostergable de una democracia. Entonces se reunieron en el ya desa­parecido restaurante La Cava y proyectaron reunir a otros políticos progresistas. El primero y los siguientes encuentros ocurrieron en la casa de Ifigenia Martínez.
“Muchos fueron a las reuniones, pero cuando empezó el gobierno a apretar, quedaron sólo los cardenistas de Michoacán. Empezamos a hacer un programa, un documento de trabajo, pero entonces empezaron a criticarnos acerbamente”, cuenta Muñoz Ledo.
El primer opositor a la CD fue el dirigente priista Adolfo Lugo Verduzco, quien entre otras cosas pedía que no se llamara “corriente”. Muñoz Ledo argumentaba que no había prohibición en los estatutos: “Podíamos llamarnos Los Alacranes, como ahora hay Galileos y todas esas cosas”.
Lugo prohibía que se insistiera en abrir la sucesión presidencial, porque era intentar quitarle la prerrogativa al presidente. Muñoz Ledo respondía con estatutos. Las reuniones con Lugo, después con su sucesor Jorge de la Vega e inclusive con De la Madrid, resultaron en garantías de participación que a la postre no fueron respetadas.
–¿En qué momento concluyen que no es posible democratizar al PRI? –se le pregunta a Cárdenas.
–Creo que casi desde el principio. Estábamos proponiendo algo muy complicado en esa época, en dos cuestiones: dar mayor atención a los problemas sociales que ya veíamos que se estaban complicando más de la cuenta, y que el partido democratizara sus procedimientos para seleccionar candidatos. Y ya teníamos a la vista el proceso electoral presidencial. Entonces, que se democratizara también la forma para seleccionar al candidato.
“Conforme se fue avanzando en este proyecto, al principio dijeron –nos lo dijeron De la Madrid y De la Vega– que nos darían facilidades, como tener locales y acceso a las instancias formales del partido, pero nunca se dieron. Y bueno, sabíamos que estábamos enfrentados no sólo con prácticas ya muy arraigadas, sino que nos empezábamos a enfrentar con el sistema mismo y con el presidente de la República. La decisión fue seguir hasta donde fuera necesario, aunque en un principio no nos planteamos que hubiera candidato a la Presidencia por la CD.”
El 4 de octubre llegó el destape de Salinas. En los meses previos, una simulación, conocida como “la pasarela”, ventiló a varios presidenciables: el regente capitalino, Ramón Aguirre; el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett; el de Energía y Minas, Alfredo del Mazo; el procurador general de la República, Sergio García Ramírez; el secretario de Educación, Miguel González Avelar, y el de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas.
“Los finalistas y sus papás”, tituló este semanario (Proceso 568), en una portada que exhibía a los juniors (Bartlett, Del Mazo y Salinas) y describía “la pasarela” como una farsa que para entonces sumaba varios simpatizantes de la CD muertos, en un registro sangriento que se ampliaría a cientos en los años siguientes, hasta bien entrados los noventa.
“Cuando se conoció el candidato oficial, después de aquella pasarela que nadie tomó en serio, debíamos decidir ir a nuestras casas o sumarnos a la campaña oficial; ir con un candidato testimonial para llamar al voto de principios o aceptar las invitaciones que teníamos de que fuera candidato de algunos partidos, que nos lo plantearon por separado”, recuerda Cárdenas.
La decisión fue asumir la candidatura. Narra Muñoz Ledo: “Campesinos del país llenaban los jardines y las calles aledañas a la casa del general Cárdenas, donde siguen estando las oficinas de Cuauhtémoc. Pedían que se lanzara a la Presidencia de la República y empezó a cundir la idea. Cárdenas era un símbolo muy importante y la gente se fijó en él como el candidato y yo estaba totalmente de acuerdo.
“Me buscaron los dirigentes del PARM, el ingeniero Cárdenas tuvo que decidir de un viernes a un lunes si se lanzaba o no. Y tomó la decisión histórica, a la que luego se sumaron otros partidos: la CD desemboca en el FDN, que se consuma cuando Heberto Castillo renuncia a su candidatura y declina a favor de Cuauhtémoc”, resume.­
La victoria de Cárdenas se frustró por la vía del fraude electoral –Muñoz Ledo dice que fue poselectoral, y al respecto Cárdenas cita las memorias de De la Madrid como una admisión de aquello–, mas no por la consolidación de una propuesta alternativa que ganaría posiciones e impulsaría cambios radicales en el orden jurídico y la práctica política, con la fundación, en 1989, del PRD.
Los restos del PRD
En su biblioteca, sitio fundacional de la CD, el PRD y otros procesos políticos, Ifigenia Martínez muestra una fotografía: es una imagen en blanco y negro con marco amarillo. Ahí están Cárdenas, Muñoz Ledo, Heberto Castillo, ella y el más joven del grupo: Andrés Manuel López Obrador, que no llega a los 35 años.
“Yo sigo en el PRD. Probablemente algunos de mis compañeros perciben que ya no representa nuestras aspiraciones políticas y se han ido a Morena. Siempre he tenido una consideración especial por López Obrador como un mexicano nacionalista y combativo; él es quien va a seguir con esa lucha y con esa idea. Quien actualmente representa a la izquierda en estos momentos es el licenciado López Obrador. Su plataforma es mucho más parecida a la corriente de izquierda nacionalista a la que pertenezco desde hace muchos años”, dice la economista.
–¿Y el PRD qué representa?
–Recientemente se habla de desviaciones en el PRD que no termino de creer. Yo pienso que sigue siendo un partido de izquierda y nacionalista, pero luego se hacen reflexiones sobre su conducta, sus filiaciones y asociaciones, que plantean dudas. Las bases son de izquierda y por eso yo aspiro y deseo que se alinee en la dirección correcta.
–Participaron en el Pacto por México…
–Sí, pero les está costando y no rectifican. Yo expreso mi opinión abierta, porque estoy en una actitud de esperanza y de que hagan un pronunciamiento en las inmediatas luchas, conforme al nacionalismo que nos llevó a fundar el partido.
Tres décadas después del frente que propició el pluralismo político en México, otro frente surge ahora con el PAN. La idea de Ifigenia Martínez es conciliar a las izquierdas, como se lo pidieron en junio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y otros experredistas.­
Y aunque ya está registrado el Frente Ciudadano por México (FCM), Ifigenia Martínez no claudica, pues a su parecer hay asuntos en los que jamás el PRD y el PAN podrán ponerse de acuerdo.
Sobre el FCM, Cárdenas dice: “No conozco sus propuestas. Mientras no haya propuestas, es muy difícil valorarlo. Esto es: sólo agruparse me parece que no es razón suficiente; pretender una más alta votación –como la tiene todo partido y participante en la vida electoral del país– me parece que no basta. Esto es: no basta echar afuera al que está; la cuestión es: ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo o para hacer algo distinto? Me parece que eso es lo que está faltando”.
Una diferencia notable es que Cárdenas, sin admitir distanciamiento o rompimiento con López Obrador, asume que en Morena hay coincidencias y desacuerdos profundos con su manera de pensar y con los planteamientos que alentaron la creación de la Corriente Democrática y luego del PRD.
Muñoz Ledo va a más. Para él, sólo plantear una distinción del frente de 1987 con el de 2017 es vulgar. No sin resistencia, acepta opinar:
“El PRD nació con grandes esperanzas. Había dos opciones: conservar el FDN, del que yo era el coordinador, pero había temor de que los compraran. Entonces se hizo un núcleo duro con el PMS. Fue un movimiento difícil porque había muchos grupos, muchas ideologías. Me tocó manejar los documentos básicos del partido y yo batallé dos años, pero la estructura del PRD y la izquierda mexicana viene de ese programa, de 1990, el Programa de la Revolución Democrática. Ya después vinieron divisiones internas y ocurrió lo que se sabe: fuimos tres presidentes que logramos mantener el partido con un grado importante de unidad: Cárdenas, yo y luego López Obrador.
“Ahora la izquierda está en muchos lados. Éramos un gran movimiento social. Ahora está dividido entre Morena, lo que queda de progresista en el PRD y algunos otros movimientos sociales que van a emerger en la campaña presidencial. Pero aquel PRD nada tiene que ver con el de hoy… nada tiene que ver el PRD de entonces, al punto que quiere trepar basado en los restos del PAN.”
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PROCESO # 2138, 22 de octubre de 2017..
Y arranca en el PRI el show de las simulaciones/o JOSÉ GIL OLMOS
En el seno del PRI comienza a gestarse la inconformidad por la forma en que este partido intenta elegir a su candidato a la Presidencia para 2018. Es el caso de la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien no sólo repudia la reciente pasarela en Mazatlán, sino el intento de reactivar el dedazo presidencial, una práctica presuntamente abandonada hace 30 años. Califica como simulación el método de convención de delegados para ungir al candidato, y dice que lo que se necesita es una consulta abierta en la que participen priistas y simpatizantes. De lo contrario, advierte, los votantes le pasarán la factura a ese partido.
El sábado 14 en el puerto de Mazatlán, un centenar de jóvenes irrumpió en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) convertido en pasarela de priistas que buscan la candidatura presidencial. No se trataba de una protesta, sino de un espaldarazo al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Los jóvenes entonaron un corrido al estilo sinaloense: “Pre-si-den-te, Pre-si-den-te” –coreaban al ritmo de la tambora– y continuaban con el estribillo: “Él es un amigo de verdad, /un gran mexicano, /un gran servidor”. Meade sonreía, complacido.
Son las nuevas caras del PRI, pero con los métodos que el partido utilizó hace 30 años para designar a Carlos Salinas de Gortari candidato presidencial con la famosa pasarela instrumentada en esa ocasión por Miguel de la Madrid.
El viernes 20, después de tres meses de negociaciones internas, de encuestas hechas a modo y de exclusiones de grupos opositores, el Consejo Político Nacional del PRI –al que el presidente Enrique Peña Nieto se integró recientemente–, los 532 consejeros decidieron por unanimidad elegir al candidato presidencial en una convención nacional de delegados.
Serán 37 mil los delegados priistas quienes en las próximas semanas emitirán su voto; habrá foros en los sectores popular, campesino, obrero y territorial y más pasarelas en las que participarán Meade, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro y Enrique de la Madrid, según se supo de última hora.
De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral, las precampañas arrancarán el 14 de diciembre y culminarán el 11 de febrero de 2018. A partir de esa fecha y hasta el 29 de marzo siguiente será el periodo de registro de candidatos.
Ivonne Ortega, quien desde hace más de un año ha venido peleando la candidatura presidencial en el PRI, acusa de simulación el método de convención de delegados y rechaza el uso de la pasarela, de la que fue excluida, pues únicamente fueron incluidos Meade, Narro, Nuño y Osorio Chong, destapados como aspirantes por una encuesta entre senadores organizada por Emilio Gamboa, líder priista en ese cuerpo colegiado.
“Si me hubieran invitado a ser parte de esta simulación, del dedazo, no estaría dispuesta a ser parte de ese circo o de esa simulación, como también creo que muchos militantes no lo aceptarían”, comenta Ortega, exgobernadora de Yucatán y diputada con licencia, que ha recorrido el país en busca del apoyo de militantes y simpatizantes en demanda de una consulta abierta para la elección del candidato presidencial.
Un método cuestionado
Desde 1987 el PRI no recurría a la pasarela, la cargada o el dedazo presidencial para aparentar un proceso democrático para la selección de su candidato presidencial.
En aquella ocasión, el entonces presidente Miguel de la Madrid y el líder del partido, Jorge de la Vega Domínguez, organizaron el desfile en el que participaron Sergio García Ramírez, titular de la Procuraduría General de la República; Alfredo del Mazo González, secretario de Energía; Manuel Bartlett, titular de Gobernación, Ramón Aguirre, regente capitalino, y el titular de Educación Pública, Miguel González Avelar.
A García Ramírez lo usaron para hacer creer a la opinión pública que había sido el elegido, cuando la famosa cargada ya estaba a favor de Salinas de Gortari.
Hoy el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, y Peña Nieto retoman el viejo esquema de la pasarela. Ahora como entonces, las cartas están marcadas y el árbitro está vendido, reitera Ortega.
El martes 17 el PRI informó que el Consejo Político Nacional sesionaría el viernes 20 para elegir el método de selección del candidato presidencial, así como para diputados y senadores. Horas después, Ochoa Reza, en un albazo, adelantó que la designación se hará en una convención de delegados y rechazó que esa fórmula sea similar al antiguo “dedazo presidencial”.
“Es un mecanismo muy democrático e importante en el partido, que ha funcionado muy bien para garantizar la pluralidad de opiniones, la inclusión y la unidad interna”, declaró el dirigente priista en una entrevista radiofónica.
Y aun cuando se prevé la participación de 37 mil integrantes del Consejo Político Nacional que representan a todas las entidades del país, Ortega insiste en que la última palabra la tendrá la cúpula de este órgano, en la cual participa Peña Nieto.
Pocas voces en el PRI se manifestaron contra las decisiones tomadas desde la cúpula del partido, representada por la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, a la cual Peña Nieto fue integrado recientemente.
Para la exgobernadora de Yucatán, si no hay consulta abierta, el PRI perderá el apoyo de muchos militantes: muchos se sentirán defraudados. E insiste: la pasarela sólo crea confusión entre los priistas y desconfianza entre la ciudadanía.
“El único método que puede fortalecer al PRI para enfrentar el proceso electoral de 2018 es una participación abierta a militantes, simpatizantes y ciudadanos para la designación del candidato presidencial, no la voluntad de una cúpula”, dice en entrevista la exgobernadora.
Relata que Ochoa Reza le había asegurado que el Consejo Político no sesionaría hasta la primera semana de diciembre. Ahí se definiría el procedimiento de selección del candidato. Sin embargo, el presidente del partido adelantó los tiempos y las formas de elegir al candidato presidencial.
Y expone: “Las simulaciones, como la pasarela o la sesión del Consejo Político Nacional, sólo enrarecen el ambiente político y ponen en condiciones de desventaja a quienes no fuimos invitados a eventos como el de Mazatlán”.
Ortega prevé la posible salida de priistas, decepcionados por el regreso de prácticas autoritarias y cupulares:
“Espero que estas condiciones de las que estamos hablando no vayan a poner al PRI en esa situación, porque sería muy lamentable que lo que hemos venido construyendo muchos militantes lo vayamos a perder por malos manejos o malas interpretaciones.”
–¿Lo que está pasando hoy es como aquella pasarela de 1987, cuando hicieron una puesta en escena y ya se sabía que Carlos Salinas iba a ser el candidato? –pregunta el reportero a Ortega.
–Sí… Los primeros que se sienten agraviados con estas acciones son los militantes; luego, la propia sociedad. El peligro es que la gente se decepcione, no salga a votar y tengamos un candidato o candidata con 18 o 20% del voto.
Las simulaciones
Las expresiones de inconformidad en torno a la elección del candidato a la Presidencial para 2018 se iniciaron en agosto pasado. El día 12, durante la 22 Asamblea Nacional –que presidió Peña Nieto– varios grupos se opusieron a quitar los candados de 10 años de militancia para los aspirantes a la Presidencia, a gobernador y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Al final, por unanimidad, se eliminó este impedimento y se abrió la posibilidad para que un simpatizante fuera el candidato a la Presidencia de la República. Eso se leyó como un claro mensaje a favor de Meade.
Un mes después, el 12 de septiembre, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, sorprendió a sus compañeros legisladores al realizar a puerta cerrada una encuesta para saber quiénes eran los posibles aspirantes a la candidatura presidencial. El resultado fue enviado a Ochoa Reza. El aspirante mejor posicionado fue Meade.
Casi al mismo tiempo se echó a andar la famosa “cargada” a favor de Meade en una pasarela realizada en Mazatlán, Sinaloa, en el encuentro de los cuadros políticos jóvenes del PRI integrados en el Icadep.
Los “presidenciables” fueron elogiados con aplausos. A Nuño, Osorio Chong, Narro y De la Madrid Cordero incluso les pidieron selfies, pero sólo a Meade le hicieron fiesta. Le organizaron una conferencia de prensa en un salón al que le llevaron acarreados de varias colonias para lanzarle fuertes las porras, le pidieron tener más propuestas y al final lo despidieron con un corrido.
Una semana después, el viernes 20, en la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para el método de selección del candidato, de los mecanismos previstos en el artículo 181 de los estatutos, se descartó la vía de la elección directa y se optó por convención de delegados.
“Vamos a ganar”, festejó Ochoa Reza tras la votación unánime de 532 consejeros, al tiempo que pedía unidad en el PRI.
El jueves 19 Ivonne Ortega adelantó que no asistiría porque se trataba de una simulación. Dijo que muchos priistas y ciudadanos rechazan que las decisiones sean cupulares.
–¿Eso está pasando en el PRI?
–Sí y lo vemos en los propios militantes. En Mazatlán, por ejemplo, en la propia pasarela no fue usada la misma vara para cada participante. Los propios jóvenes que estaban ahí terminaron molestos porque les dieron condiciones diferentes y el presidente del partido parecía un árbitro muy inclinado, como cuando marcan un penal que no existe.
Según Ortega, es muy delicado que el PRI recurra a la simulación. A fin de cuentas sólo lastima a la militancia y afecta las condiciones de los procesos electorales.
La política yucateca recuerda que en el sexenio de Peña Nieto, la desconfianza ciudadana se ha traducido en la pérdida de seis gubernaturas y casi 5 millones de votos para el PRI.
La exgobernadora asegura que ha recorrido dos veces el país y mucha gente le ha dicho que quiere abandonar al partido; otros esperan conocer cuál es el comportamiento de la dirigencia para tomar una decisión. “Lamentablemente –dice– estas acciones que se ven a nivel de la dirigencia nacional se reproducen a nivel estatal”.
Y cuestiona: “¿Con qué calidad moral vas a poder decir algo si eres parte de la simulación? Tienes que tener calidad moral para poder criticar”.
–¿El dedazo presidencial está muy presente?
–Pero está muy acotado. Ni siquiera las decisiones cupulares son aceptadas o respetadas por los propios militantes. Eso está pasando en todos los partidos. El modelo o el sistema político ya está agotado. Se tienen que buscar mecanismos como la primera vuelta o la elección primaria para que en todos los partidos se consulte quién es el mejor cuadro para que esté en las boletas de elección.
–Si llega con un candidato elegido con cartas marcadas, con el dedazo presidencial, ¿qué futuro tiene el PRI, ahora que es la tercera fuerza política?
–Lo hemos visto en diferentes estados. Cuando llegan candidatos decididos por la cúpula y no por la militancia, se pierde. En 2016 no perdió la elección el PRI, sino la decisión de elegir al mejor candidato. Perdimos en nueve estados porque fueron candidatos elegidos desde la cúpula. El caso más claro es Quintana Roo, donde el candidato que los militantes querían era Carlos Joaquín. Sin embargo, la cúpula eligió a otro que, aunque era un buen cuadro, no tenía el apoyo de la gente.
“Todo eso lo hemos vivido en las elecciones pasadas, cada vez que el partido se equivoca en la elección del candidato, los militantes son los primeros que manifiestan su rechazo.”
–¿Se está jugando el PRI la permanencia en el poder?
–Algunos de los que están en la cúpula, si no entienden a la militancia, si no escuchan a la sociedad, pueden estar jugando con el pellejo de todos. Aquí la responsabilidad es sólo de algunos.
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–¿Influyó el caso de Odebrecht en su destitución? –se le preguntó vía telefónica a Nieto Castillo.
–Sin duda alguna –respondió tajante.
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PROCESO # 2138, 22 de octubre de 2017..
El golpe a la FEPADE, otra vía hacia la impunidad/JENARO VILLAMIL
La procuración de justicia electoral en el país quedó en el limbo. El lunes 16, Raúl Cervantes renunció como procurador general cuando aún no existe una Ley para la Fiscalía General, no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción y cuando ocurre también el despido del titular de la fiscalía encargada de indagar los delitos electorales. Este último, Santiago Nieto –quien investigaba líneas de la trama de corrupción de Odebrecht que tocaban al exdirector de Pemex Emilio Lozoya–, apelará su destitución ante el Senado.

En vísperas del inicio formal del proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) entró en una crisis institucional sin precedente.
Su tercer titular en el sexenio, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia el lunes 16; el presidente y el PRI decidieron posponer hasta después de los comicios la designación del fiscal general de la República; quedó acéfala la fiscalía anticorrupción, por desacuerdos entre el PRI y el PAN; y el viernes 20 Alberto Elías Beltrán, en su calidad de suplente del procurador general, cesó al titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
Beltrán justificó el cese de Nieto Castillo porque 
“transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia y citó los artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento de la dependencia y las facultades previstas en el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que dio origen al diseño de una nueva Fiscalía General de la República.

El equipo jurídico de Nieto Castillo prepara su defensa para este lunes 23 ante el Senado de la República, ya que la remoción del titular de la FEPADE sólo le corresponde al fiscal general, ahora inexistente, y es facultad constitucional de los senadores objetar o ratificar esta decisión en un plazo de 10 días hábiles.
Consultados por Proceso, integrantes del equipo de Nieto Castillo también argumentan que el Código de Conducta citado por la PGR no está publicado en el Diario Oficial de la Federación y no es una norma que pueda imponer sanciones.
Además, agregan, se les olvidó un “pequeño detalle”: si Nieto Castillo cometió alguna irregularidad al revelar documentación de una investigación en curso, se le debió haber iniciado un procedimiento a través de la Visitaduría General de la PGR, con garantía de audiencia. Esto nunca sucedió.
Los coordinadores de las bancadas del PAN, del PRD y del bloque PT-Morena en el Senado condenaron la remoción de Nieto Castillo, quien fue electo para encabezar la FEPADE el 19 de febrero de 2015, como parte de una amplia negociación entre los partidos que formaban el Pacto por México. Nieto Castillo llegó con el apoyo perredista y el de algunos legisladores panistas.
La Constitución prevé que “la remoción podrá ser objetada en 10 días hábiles por la mayoría de los integrantes del Senado”, recordó el coordinador de los panistas, Fernando Herrera.
La sombra de Odebrecht
El cese de Nieto Castillo se produjo dos días después de que el fiscal hizo pública, en el periódico Reforma, una carta enviada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien lo presionó para que suspendiera la investigación iniciada en agosto pasado sobre el presunto desvío de los 10 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012. Además le exigió una “disculpa pública”.
Nieto Castillo declaró en ese momento que la red de corrupción de Odebrecht “es un caso paradigmático, porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”.
El abogado de Lozoya, Javier Coello, en declaraciones públicas negó que el exfiscal haya sido presionado y que la carta sólo fue para que el exdirector de Pemex fuera citado a declarar.
El caso Odebrecht también está vinculado con la renuncia del propio titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade. En uno de los párrafos clave enviados al Senado en su documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, el exprocurador general afirmó:
“Actualmente, la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, adscrita a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales, es la unidad administrativa que está desarrollando la investigación en un buen número de los casos conocidos de corrupción más importantes, como el de la empresa Odebrecht, así como de todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.”
Cervantes Andrade informó al Senado que, en total, esta unidad –que suple las funciones de la Fiscalía Anticorrupción– investiga a mil 937 personas por mil 134 asuntos de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación).
El senador poblano Miguel Barbosa advirtió el viernes que tanto en la renuncia de Cervantes Andrade como en el cese de Santiago Nieto, en el fondo está el caso Odebrecht:
“Se ha empezado a revelar que Raúl Cervantes Andrade no presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht en México.
“Es por eso que ante el mínimo error de Santiago Nieto, la decisión tomada desde Los Pinos sobre la remoción del fiscal de delitos electorales acredita que contra Emilio Lozoya nunca habrá acción penal en México. Repito: nunca habrá acción penal.”
–¿Influyó el caso de Odebrecht en su destitución? –se le preguntó vía telefónica a Nieto Castillo.
–Sin duda alguna –respondió tajante.
En el momento de su cese, Nieto Castillo había avanzado sobre la supuesta triangulación de fondos realizada por Lozoya Austin en cuentas localizadas en paraísos fiscales de Suiza, las Islas Caimán y Brasil.
El “fiscal incómodo”
“No podemos olvidar que Santiago Nieto se volvió incómodo por su actuación contra personajes ligados al PRI en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz”, afirma el coordinador panista Fernando Herrera y citó el caso de la consignación ante un juez del exsubsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde, acusado por la FEPADE de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios federales de ese año.
No fue el único caso polémico del titular de la FEPADE. En las elecciones del Estado de México frenó el delito de “turismo electoral”, consistente en el cambio de domicilio de un numeroso grupo de personas con el fin de influir en los procesos electorales.
Sólo en el Estado de México se planeó enviar contingentes de “visores” desde Tabasco, Sinaloa y Guerrero. Sólo de Tabasco el PRI planeó llevar a 70 mil “visores” que, en realidad, eran turistas electorales, frenados por la FEPADE.
En contra de lo acordado por el Consejo General del INE, la FEPADE dio entrada a la denuncia presentada por Emilio Álvarez Icaza, líder de la plataforma ciudadana Ahora, quien denunció un presunto desvío de más de mil 600 millones de pesos de fondos públicos destinados a la empresa OHL para la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.
Como reveló este semanario (Proceso 2137), la FEPADE inició una investigación relacionada con las llamadas anónimas para intimidar a los votantes en los comicios mexiquenses del 6 de junio pasado. La sábana de investigación identificó 135 números telefónicos, de los cuales 23 estaban en los municipios de Naucalpan y 23 en Toluca, nueve en Ecatepec, 11 en Atizapán y 10 en Metepec, principalmente.
También obtuvo órdenes de aprehensión contra los exgobernadores César Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, por presuntos delitos electorales.
El caso más complejo fue el de César Duarte, a quien le comprobó haber desviado más de 900 millones de pesos al PRI mediante descuentos a trabajadores del agua, que no se reportaron por el partido ante las autoridades electorales.
Dejó pendientes las órdenes de aprehensión contra los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien también la PGR vinculó con el desvío de recursos públicos en la compra de al menos 3 mil cabezas de ganado de Nueva Zelanda, mediante un prestanombres.
La FEPADE también comenzó a investigar el presunto desvío de recursos aportados por la sociedad a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, especialmente en Morelos.
Abrió carpetas de investigación en seis entidades y en la delegación Coyoacán, de la Ciudad de México. En Morelos, la investigación se relaciona con el sistema DIF estatal e indaga “a cualquier persona involucrada”.
También en Juchitán, Oaxaca; en Pátzcuaro, Michoacán; en el Estado de México, Guanajuato, Puebla y Morelos se investigaban las denuncias por presuntos desvíos de las ayudas a los damnificados.
PGR desmantelada
En sólo una semana la PGR se quedó sin titular; no existe una Ley para la Fiscalía General; está atorada la discusión sobre la eliminación del “pase automático” en el artículo 102 constitucional, que permitiría al procurador ser fiscal general nueve años; el Senado no nombró a un fiscal anticorrupción y ahora debe definir si ratifica o no la remoción del titular de la FEPADE.
La reforma de 2014 previó la creación de una Fiscalía General “como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”; su titular durará en el encargo nueve años y debe ser electo por dos terceras partes del Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.
La misma reforma especificó que la Fiscalía General debe contar “al menos” con las fiscalías anticorrupción y la FEPADE, “cuyos titulares serán removidos por el fiscal general de la República. Podrán ser objetados por el Senado por el voto de las dos terceras partes de los legisladores en un plazo de 10 días.
La reforma mandata que “la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos”. Esta Ley General no existe.
Si la situación de la PGR es grave, es peor en cuanto a las entidades federativas. En su último informe ante el Senado, Cervantes Andrade advirtió que existen 16 procuradurías que dependen de los Ejecutivos estatales con “autonomía técnica”, cuatro fiscalías “sin autonomía”, dos con “autonomía relativa” y sólo 10 autónomas.
Ante la ausencia de un titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Cervantes Andrade trasladó la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia a un nuevo edificio, en Fray Servando Teresa de Mier 81, en la Ciudad de México.
Esta unidad, que cuenta con 250 plazas de estructura, sustantivas y administrativas, es la que investiga los mil 134 casos de corrupción. Buena parte de ellos estaban también relacionados con los expedientes de la FEPADE. Ahora, todo queda en el limbo.
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PROCESO # 2138, a 22 de octubre de 2017..
Ciudad de México: En el desamparo, la Catedral y otros 106 templos históricos/
RODRIGO VERA

La Catedral Metropolitana, símbolo del catolicismo mexicano y uno de los inmuebles históricos emblemáticos de la Ciudad de México, muestra severos daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre, los cuales se agravaron con el concierto del domingo 8 en el Zócalo. Pero no es el único templo católico afectado por el terremoto: son 107 en total, la mayoría de los cuales se localizan en el centro capitalino y sus alrededores. Por tratarse de bienes históricos nacionales, su resguardo le corresponde al INAH, institución que, según el vocero de la arquidiócesis capitalina, no está preparada ni siquiera para hacer los peritajes necesarios.
Alfredo Martínez, del voluntariado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, apunta hacia las torres agrietadas de ese histórico inmueble y se lamenta: “Observe esas grietas. Fueron provocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, que las dejó con un centímetro de grosor. Pero ahora ya se abrieron a dos centímetros a causa del concierto en el Zócalo, el pasado domingo 8, justamente para apoyar a las víctimas del temblor”.
–¿Tan lastimada dejó el sismo a la Catedral, que incluso la afectó el concierto Estamos Unidos Mexicanos?

–Sí, así es. Al igual que muchos templos de la arquidiócesis de México, la catedral también resultó muy dañada por el sismo. Los peritos nos dicen que el Zócalo es una caja de resonancia, por lo que durante los conciertos, el fuerte sonido de la música y el brincoteo de las multitudes producen vibraciones que ya están dañando a la Catedral, ocasionando una especie de microsismos.
–El Zócalo siempre ha sido centro de manifestaciones sociales y festejos, como el del grito del 15 de septiembre, ¿ahora tendrán que suprimirse para no dañar a la Catedral?
–Todo eso necesitará platicarse con las autoridades. Sabemos bien la importancia del Zócalo en cuanto a punto de manifestaciones sociales. Aquí, por ejemplo, la gente suele encadenarse a las rejas del atrio en señal de protesta. Pero, por otro lado, la Catedral Metropolitana es un importantísimo patrimonio histórico y artístico… y hay que saber cuidarlo.
Durante el temblor del 19 de septiembre, además de agrietarse esas dos torres, se cayó la cruz de cantera que coronaba a la torre oriente y la escultura La Esperanza, se vino rebotando de lo alto para caer hecha pedazos en el atrio. Esta valiosa pieza formaba parte del conjunto escultórico sobre las tres virtudes teologales –fe, esperanza y caridad–, realizado a principios del siglo XIX por el prestigiado ingeniero y escultor Manuel Tolsá.
Los inmuebles catedralicios –Patrimonio de la Humanidad y que empezaron a construirse en el siglo XVI– sufrieron otros daños: el de la excuria se desprendió del edificio principal de Catedral, el atrio se agrietó, los púlpitos de ónix se movieron de sus bases, el área del coro igualmente tuvo desplazamiento, se desprendió el estuco del techo de las naves y un torreón interno se resquebrajó.
Encargado de llevar el recuento de los daños, Alfredo Martínez va señalando al reportero uno a uno los estragos. Explica: “La Catedral se construyó sobre tres diferentes tipos de suelo: sobre el lago de Tenochtitlán, sobre lodo y sobre el Templo Mayor. De ahí su fragilidad ante el sismo”.
–¿No se cerrará al culto?
–No, porque los peritos nos dicen que no está en riesgo de derrumbe inminente. Pero nos recomiendan tomar estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, el acceso principal está cerrado, ahora sólo se entra por la puerta lateral que da a la calle Monte de Piedad.
Martínez camina por la plancha agrietada del atrio, cuya área de fachada, que da al Zócalo, se cerró al público.
“Esta zona es peligrosa porque siguen cayéndose pedazos de la fachada. Incluso las dos esculturas de Tolsá que quedaron en lo alto, la de la fe y la caridad, se movieron con el sismo porque no están fijas en su base. Se sostienen por su propio peso. También pueden caerse. Hay que tener mucho cuidado”, dice.
Daños en 107 templos
El vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, señala que el sismo provocó daños en 107 templos de la Ciudad de México; muchos de ellos, como la Catedral, son “bienes históricos nacionales” cuyo resguardo le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Oficial y legalmente, el INAH es el responsable de esos templos, considerados bienes nacionales. Le corresponde restaurarlos en caso de que sufran cualquier daño”, agrega y lamenta que esa institución haya quedado totalmente rebasada ante los estragos del sismo, al grado de que ni siquiera ha podido hacer los peritajes de daños en esos templos.

Dice: “El INAH no está preparado para un colapso de esta magnitud. No tiene ni la estructura ni el personal para poder hacer los dictámenes. Esperemos que poco a poco vaya haciéndolos, dándole prioridad a los templos más dañados”.

–¿Algunos de estos templos quedaron inhabilitados para el culto?

–Sí, claro. Hay varios templos en esa situación, como el de Nuestra Señora de Loreto, el de la Santa Veracruz, Nuestra Señora de Los Ángeles, San Gregorio o el templo de Tláhuac, entre otros.

La arquidiócesis ya emitió una lista de los 107 templos afectados, donde detalla su ubicación y los daños sufridos. Varios son inmuebles con un alto valor histórico y arquitectónico, como el templo de La Profesa, en el Centro Histórico, y el de la Santa Veracruz, a un costado de la Alameda Central y mandado construir por Hernán Cortés.

Otros inmuebles aledaños al Centro son el de Santiago Apóstol, en Tlatelolco, afuera del cual ocurrió la matanza estudiantil de 1968; y el de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, a cargo de los jesuitas y donde se guardan los restos de Miguel Agustín Pro.

En el sur de la ciudad resultaron dañados otros importantes templos coloniales: el de San Juan Bautista, en el centro de Coyoacán; el de San Jacinto, en San Ángel; y el de San Agustín de las Cuevas, en la plaza central del pueblo de Tlalpan.

Recintos históricos

El capellán del templo de La Profesa, Luis Martín Cano Arenas, deambula cabizbajo por el interior de ese imponente edificio barroco colmado de cuadros y esculturas novohispanas.

“La Profesa quedó resentido con el temblor del 7 de septiembre. Pero con el del 19 sufrió un impacto mucho mayor”, dice preocupado.

–¿Sufrió daños estructurales?

–No lo sabemos todavía. Vino gente del INAH, tomó fotografías y medidas y nos dijo que era necesario apuntalar la sacristía. Eso fue todo.

Aparte de la joya arquitectónica edificada en el siglo XVIII –en lo que hoy es la esquina de Madero e Isabel la Católica–, el capellán debe cuidar la rica pinacoteca virreinal instalada en uno de sus recintos.

En 1820, en ese templo se celebró la Conspiración de La Profesa, que desembocó en la Independencia de México. Y durante la guerra cristera, al cerrarse la Catedral Metropolitana, La Profesa la sustituyó provisionalmente.

“Este templo atesora mucha historia. En 2020 cumplirá 300 años”, comenta el capellán.

Muestra el interior de la suntuosa sacristía, decorada con óleos y muebles de maderas finas. Contrasta a la vista, sin embargo, la fractura de una columna de sostén, así como las grietas en el techo abovedado.

Igual suerte corrió la iglesia de la Santa Veracruz, bautizada así por una cofradía fundada por Hernán Cortés para erigir el templo, en agradecimiento por desembarcar sano y salvo en el puerto de Veracruz.

Su actual párroco, el nigeriano Bernard Olorunfemi, relata: “Con el sismo, las dos torres de la iglesia sufrieron fisuras por sus cuatro costados. Y aparte se inclinaron peligrosamente hacia la parte de la Plaza de la Santa Veracruz, donde se encuentran los museos de La Estampa y Franz Mayer. Además, una campana se desprendió. Pero no cayó al piso. Quedó atorada en el edificio”.

–¿Ya vinieron los peritos del INAH a ­revisar?

–Sí. Ya vieron el templo. Me aconsejaron que lo cerrara. Pero todo fue verbalmente. No tengo ningún documento donde se detallen las afectaciones. No hay ningún peritaje, ningún análisis. ¡Nada!

–¿Su templo está cerrado al culto?

–Sí, lo cerré. Aunque no sé exactamente cuáles sean sus daños, no puedo arriesgar la vida de mi feligresía. Mi conciencia no me lo permite. Actualmente doy misa en la calle cada domingo, si es que se le puede llamar misa, porque sólo se acercan algunos curiosos que pasean por la Alameda.

Pese al riesgo que corre, Olorunfemi sigue atendiendo en sus oficinas parroquiales, en la parte del templo que supone está en buenas condiciones.

“Estoy muy preocupado, levantando la voz para implorar socorro. ¡Socórranme por favor!”, exclama.

Asegurados

En la lista de la arquidiócesis sobre los “templos afectados” se incluye una breve descripción de sus daños.

De la parroquia de Santiago Apóstol de Tlatelolco se advierte: “Atención urgente, campanario y losa colapsados, iglesia cerrada al culto”. De la de Nuestra Señora de Los Ángeles: “Cúpula colapsada después del sismo, iglesia cerrada al culto”. De la de Regina Coeli: “Atención urgente, daño en campanario y coro alto”. De la de Nuestra Señora de Loreto: “Atención urgente, cúpula a punto de caerse, pronunciada inclinación y daño en columnas de carga, iglesia cerrada al culto”…

Sobre la Catedral Metropolitana, la arquidiócesis emitió un informe especial elaborado por su sacristán mayor, Ricardo Valenzuela. Ahí señala que los seguros del INAH y del Fonden deberán cubrir los “gastos generados” por la reparación de los daños en piezas y estructuras.

Hugo Valdemar aclara: “El seguro incluye no sólo a la Catedral, sino a los demás templos considerados bienes históricos nacionales”.

Mientras que Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, precisa: “Todos los templos del siglo XVI y hasta 1992 –año en que el presidente Carlos Salinas modificó el 130 constitucional– son considerados monumentos históricos y bienes de la nación. Por lo tanto, están bajo responsabilidad del INAH”.

–¿Y a todos ellos el INAH los tiene ­asegurados?

–Sí. El INAH aseguró los monumentos que están bajo su responsabilidad. Así, los templos que no están asegurados son aquellos construidos después de la reforma constitucional de 1992.

Sin embargo, Cottom señala que debido a la “magnitud del desastre, algo realmente inédito”, en la reconstrucción de los templos deberán participar instituciones gubernamentales, eclesiásticas, privadas, académicas, así como la misma población. “Se necesita la colaboración de todos”, dice.

El conteo del INAH tiene registrados hasta el momento mil 821 templos dañados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, entidades donde más se resintieron los efectos de los movimientos telúricos.

Cottom indica que, de acuerdo con la magnitud de los daños, “la restauración de los templos se dará a corto, mediano y largo plazos. De manera que se extenderá más allá de este sexenio”.

Y se muestra especialmente preocupado por la situación de la Catedral Metropolitana, ya afectada por las vibraciones sonoras del concierto organizado por Ocesa y transmitido por Televisa el domingo 8, y en el que incluso participaron integrantes de la Marina y del Ejército.

Dice el investigador del INAH: “Obviamente que la vibración de los equipos de sonido, con decibeles exageradamente fuertes, le están ocasionando un alto impacto a la Catedral. De eso no hay duda. Hay una falta de conciencia de las autoridades al permitir ese tipo de eventos en el Zócalo, que igualmente afectan a los demás monumentos históricos de alrededor, como el Palacio Nacional o el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México”.

Pese a estas advertencias, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino, ya avaló más eventos musicales en el Zócalo, como el festival Semana de las Juventudes, a realizarse del 6 al 12 de noviembre próximos
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PROCESO # 2138, a 22 de octubre de 2017..
Rastreadoras indómitas "...Hasta encontrarte..."/GLORIA LETICIA DÍAZ
Las Rastreadoras de El Fuerte, encabezadas por Mirna Medina, convirtieron la búsqueda de cadáveres en una lucha contra la angustia de no saber nada de sus seres queridos. “Sólo nosotras sabemos lo que sentimos”, dice una de ellas.  Muchas de las integrantes del colectivo continúan en él aunque ya se haya identificado a quienes habían desaparecido: es una forma de llevar algo de paz a las familias en medio de “la matadera” y la indolencia o complicidad de los gobiernos.

LOS MOCHIS, SIN.- Con una tristeza que se refleja en sus ojos, Paz Quiroz Cota, de 72 años, mira a los danzantes que asisten al funeral de su nieto José Manuel Luna Quiroz, quien también participaba en los bailes pascolas y venados de los pueblos mayos y yaquis de esta región de Sinaloa.

Sobre el féretro de José Manuel, colocado bajo una palapa de su humilde casa, descansa una máscara que el joven usaba en las danzas durante las celebraciones religiosas de Semana Santa –parte de la cosmogonía indígena compartida en Sonora y Sinaloa– y, sobre el piso de tierra, una cocacola de tres litros, la bebida preferida del joven, que tenía 21 años.

Un día antes del sepelio, el 24 de agosto, Quiroz Cota y su familia recibieron la confirmación de la identidad de José Manuel por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, gracias a la confirmación de los perfiles genéticos a través de una prueba de ADN.

El muchacho fue reportado como ­desaparecido desde el 4 de abril de este año y sus restos se hallaron el 12 de julio, en un operativo encabezado por Mirna Medina Quiñónez, líder de las Rastreadoras de El Fuerte.

“Cuando el nieto de don Paz desapareció, él me llamó por teléfono y me dijo: ‘Doña Mirna, así como le he ayudado a encontrar, ahora ayúdeme a mí; mi nieto está desaparecido’. Ahí te das cuenta cómo nadie se salva. Don Paz nos ayudó a encontrar 10 cuerpos, después se colocó en la misma situación que todas nosotras”, reflexiona Mirna.

Un día previo al rescate de Manuel, el señor Paz tuvo información de que un cuerpo se hallaba flotando sobre un río cercano a su pueblo en San Blas; intentó llegar, pero en el trayecto vio “a unos enfierrados” (hombres armados) y después presenció una balacera que puso en peligro su vida y la de su acompañante.

El 12 de julio, decidió llamar a Mirna, quien regresaba de Culiacán. “(Mirna) me dijo que me esperara donde estaba y llegó con las señoras y policías ministeriales. Llegamos al lugar, vimos el cuerpo flotar, pero la corriente estaba muy fuerte. Una de las señoras se aventó al agua y luego yo, sacamos el cuerpo. Era mi nieto”, narra Paz.

El grupo de las Rastreadoras de El Fuerte ha rescatado 99 cuerpos desde el 12 de septiembre de 2014. Empezaron a operar sin ningún tipo de apoyo ni preparación; ahora cuentan con el resguardo de agentes ministeriales y peritos, que actúan una vez que las mujeres descubren los restos.

Desde hace tres años, don Paz es uno de los informantes de Medina. Él, a su vez, obtiene datos de leñadores que recorren el monte y llegan a encontrar restos, pero no se atreven a denunciar por temor a ser incriminados por las autoridades.

“Me siento tranquilo porque, cuerpo que hallo, no se va a quedará allá  en el monte, sino que va a venir la señora con su gente y se lo va a llevar a reposar en tierra santa”, apunta don Paz, que corta leña y lajas de mármol para subsistir.

Un día después de que las Rastreadoras estuvieron con don Paz para expresarle sus condolencias, la fiscalía estatal confirmó la identidad del cuerpo número 93: eran los restos de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna, al que había desenterrado el 14 de julio de este año, exactamente a tres años de su desaparición.

El 12 de septiembre pasado, durante la marcha que cada año realizan las Rastreadoras de El Fuerte para recordar el inicio de su lucha por localizar a sus seres queridos, Medina Quiñónez reveló que un año antes de que ella desenterrara los restos de su hijo, las autoridades de la Fiscalía General de Sinaloa estaban enteradas de su ubicación, pero no los rescataron.

“Tuvimos que obtener nosotras la información para rescatar lo que quedó de Roberto, porque las autoridades no hicieron nada el año pasado. Es el primer cuerpo que no rescatamos completo, y es el de mi hijo”, dijo Mirna durante el mitin dentro del ayuntamiento de El Fuerte, municipio de donde desapareció el joven de 21 años.

La labor de Mirna no cesó con la localización del cuerpo de Roberto. Se comprometió con sus compañeras a continuar las búsquedas, ahora de 510 desaparecidos de la región norte de Sinaloa. Cuando inició su lucha, Medina Quiñónez y 20 rastreadoras buscaban a 140 personas (Proceso 2042).

Tres días después de sepultar a su hijo, la mujer continuó su rutina de salir a explorar montes y parajes abandonados.

“Soy una buscadora compulsiva”, admite Mirna, quien con sus compañeras se siente viva al buscar a los muertos, igual que 46 familias y mujeres, integrantes del colectivo, que ya han recuperado a seres queridos.

Buscar entre malandros

Entre el lunes 21 y el jueves 24 de agosto, Proceso acompañó a las Rastreadoras en sus labores de búsqueda cotidiana, que empiezan con la concentración de mujeres en la oficina del colectivo, financiada por el ayuntamiento de Ahome. Éste asume así “el trabajo que le toca a las autoridades; si ellos no pueden hacerlo, al menos que nos ayuden”, apunta Mirna.

El ambiente, en momentos festivo de las Rastreadoras, contrasta con su objetivo, la búsqueda de cadáveres.

“Sólo nosotras sabemos lo que sentimos, aquí podemos reír, llorar, abrazarnos, sin que nadie nos juzgue. Lo que uno podría pensar es que los primeros que van a estar junto a ti cuando desaparece tu hijo o hija es tu familia, pero no es así: se van alejando hasta dejarte sola. Pero aquí, con mis compañeras, nos sentimos vivas nuevamente”, dice Lizbeth Ortega Higuera, madre de Zumiko Lizbeth Félix Ortega, desaparecida el 16 de febrero de 2016.

En la oficina de las Rastreadoras, en el centro de Los Mochis, Lizbeth cuenta que se unió al colectivo tres meses después de que su hija desapareció. Le ha tocado participar en el rescate de unos 15 cuerpos, entre ellos los de tres hijos de sus compañeras, y ha pasado por situaciones difíciles.

“Mirna ya nos había advertido que íbamos a ir donde hay sicarios, donde estaba la matadera. Un día que no llegaron los ministeriales a cuidarnos, encontramos unos cuerpos. Ella nos estaba explicando cómo limpiar un cuerpo para no alterar las pruebas, cuando escuchamos unos balazos cerca de donde habíamos dejado los carros. Eran unos malandros que no querían que rescatáramos los cuerpos.

“Corrimos al monte mientras Mirna buscaba ayuda por teléfono, rodeamos la zona para regresar adonde estaban los carros y por ahí nos escondimos hasta que llegó la policía”, narra Lizbeth, quien también colabora recibiendo denuncias de desaparición, mismas que se han incrementado “90%, la mayoría sobre jóvenes de entre 19 y 26 años”.

A la camioneta de doble cabina que maneja Medina Quiñónez se van subiendo mujeres en el camino hacia el fraccionamiento Virreyes, que tiene un sinfín de viviendas abandonadas, rodeadas de áreas descampadas, muchas de las cuales se utilizan como basurero.

Liliana Bernal, quien busca a su hijo Oswaldo Leyva, a su esposo y cuñado Oswaldo y Raymundo Leyva Núñez, entierra una varilla entre las ramadas de huizaches y mezquites, remueve basura, busca indicios para identificar zonas que hayan sido usadas como campamentos de “malandros” o para ocultar cuerpos.

La mujer consulta a sus compañeras para tratar de identificar los olores de la varilla, porque “a veces nos confundimos con una raíz de una planta que se llama dinorama, huele a podrido”, aclara.

Con una pala, Liliana escarba donde, de manera irregular, se hunde la varilla. Encuentra restos de ropa, de un cinturón, pero por el momento nada más.

“Nos dicen ‘las locas de las palas’, que si no tenemos qué hacer en nuestras casas, que para qué buscamos a los nuestros si están muertos… Mucha gente no nos entiende, por eso andamos juntas. Sólo aquí siento apoyo de mis compañeras, me dan fuerza para seguir buscando a mi hijo”, apunta Liliana, quien sostiene que ha participado en la localización de unos 55 cuerpos, entre ellos 14 que estaban en un terreno donde fueron perseguidas por “los malos”.

“A la caja le pusimos un moño”

Entre las mujeres que se unen a las Rastreadoras hay quienes tienen varios años buscando a sus hijos, desde antes que surgiera el colectivo. Es el caso de Hilda Rodríguez, cuyo hijo Alfonso Fong Rodríguez desapareció el 13 de septiembre de 2011; y más recientemente, el de Rosa Rodríguez González, cuyo hijo Federico López Rodríguez fue detenido el 21 de junio de 2017 por policías ministeriales en El Fuerte, que lo encerraron en los separos de la sindicatura de Mochicahui y desde entonces no se le volvió a ver.

También hay mujeres mayores, como María Cleofas Lugo Torres, de 62 años, quien pese a su fragilidad aparente no deja de caminar bajo el sol inclemente de Los Mochis, movida por la esperanza de encontrar a su hijo Juan Francisco Murillo Lugo, desaparecido el 19 de julio de 2015.

Mientras buscan en la zona de Jitzanuri, María Cleofas bromea con sus compañeras y hasta baila animada bajo el sol inclemente, en un área arenosa de cactáceas, que explora hundiendo la varilla en zonas que considera irregulares, donde podría haber cuerpos.

“Me ha tocado hallar a varios hijos de mis compañeras. Los sacamos casi completos, algunos en descomposición. Cuando los hallamos pensamos ‘a lo mejor es el nuestro’, y cuando vemos que no, eso nos da esperanza de que el nuestro esté vivo”, dice la mujer pequeñita de cabello blanco.

Entre las personas que dejan sus actividades para buscar cuerpos bajo la tierra sobresale Miriam Ruelas Castro, de 24 años, integrante de una familia que suele acompañar a las Rastreadoras en las búsquedas a pesar de que los restos de su hermano Paul Gilberto fueron identificados oficialmente desde el 10 de mayo pasado.

Apreciada por las señoras, Miriam cuenta que su hermano desapareció cuando tenía 18 años, el 8 de diciembre de 2014, en el ejido Bachoco. Sin embargo, dos años después la familia completa se unió al grupo, porque no esperaban encontrarlo muerto.

“Mi mami me pedía en las fechas especiales, en el cumpleaños de mi hermano, que le ayudara a que Paul regresara. El 5 de mayo que fuimos a la búsqueda al ejido de Levante, me dijo: ‘Qué tal que hoy lo encontramos’. Ella y mi papi removieron la tierra y luego reconocimos la ropa y los zapatos de mi hermano.

“El 10 de mayo, de la fiscalía me confirmaron que el ADN de ese cuerpo correspondía al de nosotros, y a la caja (el ataúd) le pusimos un moño, era el regalo para mi mami”, detalla Miriam. Destaca que su familia interpuso una denuncia en cuanto no tuvieron noticias de Paul, pero nunca recibieron llamadas de la fiscalía, que no realizó investigaciones.

Lo mismo ocurrió en el caso de Roberto Montes Apodaca, desaparecido el 10 de julio de 2014 y localizado por su madre, Yolanda Apodaca, el 16 de junio de 2016.

En diciembre de 2015, la reportera entrevistó a la señora Yolanda en su casa (Proceso 2042). Con una mirada distinta a la que tenía entonces, ahora Yoli, como la conocen las Rastreadoras, sonríe con facilidad, dice que ya duerme y puede convivir con su familia sin estar medicada.

Desde que la familia Montes Apodaca se unió al colectivo encabezado por Mirna Medina, en diciembre de 2015, acudían regularmente a las búsquedas, misión a la que Yoli se resistía.

Griselda, hija de doña Yoli, empezó a recibir llamadas anónimas sobre el sitio donde Roberto había sido sepultado clandestinamente. “Se veía que nos vigilaban, porque unas tres veces fuimos con doña Mirna siguiendo las instrucciones de quienes nos llamaban, y no dábamos con el lugar; luego me volvían a llamar y me daban más detalles”, comenta.

Una tarde después de que las hijas de Yoli y su esposo Roberto regresaban de una búsqueda en la que localizaron a la hija de una integrante del colectivo, la señora ­reaccionó:

“Les dije a mis hijas y a mi esposo: ‘Qué tal que si voy mañana a la búsqueda encuentro a Robertito’. Nunca había ido, yo no quería encontrarlo así, pero como están las cosas, me empecé a hacer a la idea.

“Fui a la búsqueda, otra vez donde nos dijeron esos anónimos, y me tocó hallarlo en junio del año pasado. En septiembre nos confirmaron que era él.”

Agrega Yoli que, después de esa fecha, decidió continuar apoyando al grupo de las Rastreadoras de El Fuerte, participando en el rescate de tres cuerpos más desde entonces.

“Los de la fiscalía nos entregaron el cuerpo de Roberto. Ya no hicieron ninguna investigación. Pero estoy más tranquila, ya tengo donde llevarle una florecita a Robertito”, dice la mujer y acompaña a los reporteros al cementerio donde descansan los restos de su hijo.

Apunta Griselda: “Estamos muy agradecidas con las Rastreadoras. No pensamos dejar al grupo. Cuando encontramos un cuerpo sentimos desesperación y tristeza por encontrarlos así, pero a la vez dicha, porque gracias a Dios otra familia va a tener dónde llorar a quien le hacía falta: su hijo, su hermano, su padre…”.
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PROCESO # 2138, a 22 de octubre de 2017..
Aquí ya es un lujo que te maten y te tiren en la calle/
GLORIA LETICIA DÍAZ
CULIACÁN, SIN.- La presidenta de la organización Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, asegura que en el estado no tienen freno los homicidios ni las desapariciones, sobre todo los casos relacionados con la lucha de los cárteles por la plaza más emblemática para los narcotraficantes, ni los ligados a la “guerra contra el crimen organizado” declarada por Felipe Calderón y que mantiene el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.
“Aquí la violencia no para. Nomás de enero para acá van más de mil 300 ejecuciones y no sabemos cuántas desapariciones. Creo que el gobierno y la delincuencia son lo mismo, porque si realmente existiera un gobierno no habría desapariciones”, dice la defensora que busca a su hermano Miguel Ángel desde el 9 de junio de 2009.
Para Rojo Medina no basta con ver las cifras oficiales, pues éstas deben multiplicarse “por dos o por tres, porque en cada hecho violento hay cuatro o cinco víctimas. Si en cada caso no hay más que una denuncia, es por miedo o amenazas”.
Hasta el 31 de julio, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), contabiliza dos mil 852 casos.
Aunque Voces Unidas por la Vida se creó en 2010, Alma Rosa y las personas que la acompañan decidieron apenas hace tres años armarse con palas para buscar a sus familiares, “porque nadie lo hace”.
Entrevistada en las oficinas de la organización no gubernamental Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Sinaloa, Alma Rosa señala que muchas de las 45 familias que integran Voces Unidas buscan a víctimas de desaparición forzada.
“En la mayoría de los casos (de desaparición) participan policías municipales, estatales y ministeriales. Todas las autoridades aquí están coludidas”, asegura.
Las amenazas no la doblan
Por sus propios medios, Voces Unidas ha localizado 43 cuerpos, 12 de ellos ya identificados, “y muchísimos restos calcinados que no se sabe a cuántas personas correspondan”.
La activista explica que en mayo “solicitamos que viniera personal de la División Científica de la Policía Federal, quienes tomaron 783 muestras durante una semana en Culiacán, Los Mochis, Guasave, El Fuerte, Guamúchil, Mazatlán, Rosario y en Concordia. Sabemos que falta más gente porque, por miedo, muchos no se dejan tomar muestras de ADN”.
Rojo Medina asegura haber recibido amenazas de muerte por buscar a víctimas en territorios en disputa. A ella y a sus compañeras sólo las impulsa el deseo de encontrar a sus familiares o “aunque sea un resto” de ellos. Quieren y necesitan saber qué pasó con sus seres queridos, porque la justicia y el castigo a los culpables, dice, no les van a devolver a los suyos.
Convocados por Rojo Medina, integrantes de Voces Unidas por la Vida, entre quienes predominan mujeres, cuentan a Proceso sus historias ligadas a la violencia que se padece en Sinaloa.
En los casos de Ramón Alberto Jiménez Valenzuela y de Pedro Ventura Quevedo, desaparecidos el 6 de junio de 2012 y el 20 de octubre de 2013, respectivamente, sus madres Antonia Valenzuela y María Angélica Quevedo señalan a policías ministeriales como los responsables. Ellas sostienen sus denuncias con base en testimonios de personas que presenciaron las detenciones. Ambos casos, se supone, son investigados por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Antonia Valenzuela y su esposo, Guadalupe Jiménez, cuentan a este semanario que unos policías ministeriales acudieron a la fábrica en la que trabajaba su hijo Alberto, mostraron su placa al personal de vigilancia, “lo sacaron del lugar y también se llevaron el vehículo en el que se transportaba y que, en días pasados, había prestado a un compañero de trabajo que más tarde fue asesinado”.
“Cuando nos avisaron que mi hijo había sido detenido por ministeriales lo buscamos por todas partes; nos dijeron que antes de poner una denuncia por desaparición teníamos que esperar 72 horas por si lo habían presentado ante un juez”, recuerda Antonia.
Continúa: “Esos ministeriales nunca lo presentaron, negaron haberlo arrestado. La autoridad tampoco solicitó los videos de la empresa ni tomaron los testimonios de los trabajadores que presenciaron la detención”.
Búsqueda en tiraderos
María Angélica Quevedo también denuncia anomalías en el caso de su hijo Pedro. Revela que debido a su desesperación ha recurrido a supuestas videntes y se ha “disfrazado de hombre” para averiguar quién se lo llevó.
“Cada vez que salgo a buscarlo rezo y le digo a mi hijo que si ya no está vivo, me dé una señal en un sueño o que se mueva algo para que yo ya no esté con esta carcoma de no saber si está muerto, porque estar con esa duda no es vida”, refiere entre sollozos.
Esa misma preocupación que lo consume todo también la sufren Filiberto Lozoya y Micaela González, padres de Jesús Antonio y Christian, respectivamente. Ambos fueron detenidos el 27 de noviembre de 2012 en diversos operativos realizados por hombres armados y embozados que se movían en patrullas.
“Ese día detuvieron a cinco jóvenes en la colonia; a uno de ellos lo soltaron y fue quien nos avisó y dijo que parecían federales. Ese muchacho nunca fue interrogado y cuando insistimos en que se le investigara ya se había ido de Culiacán. La autoridad tampoco revisó la sabana de llamadas telefónicas y sólo nos encargó buscar los videos de cámaras de vigilancia”, dice Micaela.
Pese a la insistencia de los padres, el desdén de las autoridades estatales fue tal que mejor les recomendaron buscar a sus hijos en los tiraderos de cadáveres; les dijeron que fueran “a los sitios donde les gusta a los delincuentes tirar cuerpos”, relata Filiberto, y señala que, guiados por informes periodísticos de hallazgos, acudieron sin ningún tipo de protección o seguridad a diversos lugares clandestinos.
“Señora, no se meta”
Son reiteradas las quejas sobre las irregularidades en las investigaciones de la Fiscalía General de Sinaloa pese a que su titular, Juan José Ríos Estavillo, documentó casos de desaparición forzada cuando fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado.
La negativa de las autoridades a darle una respuesta fue de tal magnitud que María Elena Astego Salas, madre de Óscar Osuna, no desea saber nada de ellas. Su hijo, cuenta, supuestamente murió en una balacera ocurrida el 8 de abril pasado. Sin embargo, no ha recuperado su cadáver.
“Hay notas periodísticas que reportan que la zona donde murió mi hijo y cinco muchachos más que viajaban en una camioneta fue resguardada por el Ejército, pero los cuerpos no aparecen. Puse una denuncia, porque es necesaria para que me entreguen a mi hijo. Es lo único que me importa. No me interesan las investigaciones”, asegura esta mujer que recientemente se sumó a Voces Unidas por la Vida.
La falta de resultados de la autoridad estatal para resolver las desapariciones ha llevado incluso a que familiares de policías de Culiacán pidan la intervención de la PGR.
Personas allegadas a los uniformados municipales José Antonio Saavedra y Yosimar García Cruz dicen contar con indicios de que fueron víctimas de sus propios compañeros de corporación. Ambos no aparecen desde el 23 y 26 de enero.
Estos agentes pertenecían a un grupo de la policía municipal comandando por Israel Ruiz Félix que el 30 de septiembre de 2016 apoyó a militares que fueron emboscados en Culiacán. Ruiz Félix fue sacado de su casa el 21 de enero pasado por un comando y en marzo notificaron a sus familiares que sus restos habían sido localizados carbonizados en febrero.
En entrevistas por separado, María Isabel Cruz, madre de Yosimar, y Juan Carlos Saavedra, hermano de José Antonio, cuentan que entre el 21 de enero y el 22 de marzo fueron asesinados cinco agentes del grupo que comandó Ruiz Félix y que asistieron a los militares.
En los casos de Yosimar y de José Antonio, los denunciantes sostienen que antes de que las victimas fueran sacadas de sus domicilios, patrullas de la policía municipal fueron vistas en la zona.
“La PGR no quiere tomar el caso de mi hijo. Ya lo investigaron y saben que no tenía nexos con ningún cártel. Aquí en Culiacán no hacen nada. Si me pongo a investigar, me dicen ‘señora, no se meta, es muy peligroso’, pero no me ayudan”, denuncia María Isabel.
A su vez, Juan Carlos lamenta que a su hermano sólo lo hayan buscado durante media hora. “Después de que denunciamos la fiscalía hizo como que lo buscó, nos dijeron que nos hiciéramos la prueba de ADN y que fuéramos a los Semefos (servicios médicos forenses) o a la fosa común a buscar a José Antonio”.
“Sí hablamos con los malos”
La ausencia de una autoridad que resuelva de manera eficaz los hechos violentos en el estado ha causado el surgimiento de organizaciones civiles que se lanzan a la búsqueda de sus familiares.
Irma Arellanes Hernández, madre de Irving Alan Cortés Arellanes, desaparecido el 7 de junio de este año en Mazatlán, cuenta que ante la indiferencia de la Fiscalía, y al encontrarse en el camino con otras familias que padecen su mismo dolor, decidió crear una organización social.
“El 27 de julio formalizamos ante notario público la asociación “Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos”. Somos unas 15 familias que decidimos salir a buscar a los nuestros”, dice Arellanes, quien lleva la imagen de su hijo tatuada en uno de sus brazos.
Nacida en Oaxaca, pero con una vida hecha en Mazatlán, dice: desde que tomaron varillas y palas “los agentes del Ministerio Público ya no nos tratan mal y nos acompañan nomás para cuidarnos, porque nosotras somos las que nos reunimos con los malos para tener información de dónde pudieran estar nuestros hijos o para ir a buscarlos en fosas”.
Así, en su tercer día de investigación, la organización civil encontró tres cuerpos.

“En todo esto hay policías involucrados, hay mucha corrupción y por eso no encontramos a nuestros hijos. En Sinaloa ya es un lujo que te maten y te dejen tirado en la calle”, lamenta la señora Arellanes.