Revista Proceso #2147 , 24 de diciembre de 2017....
En pleno escándalo por el presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua en 2016 para ayudar al PRI en diversos estados en las elecciones de ese año, el exdirigente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, acusó al gobernador panista Javier Corral de estar cometiendo un daño moral deliberado “en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”.
El PRI tardó cinco días en reaccionar de manera contundente ante las críticas desatadas por las declaraciones de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del gobierno de César Duarte, contenidas en el expediente abierto contra éste por el cargo de desvío de recursos públicos para las campañas del PRI en 2016 en Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
En tanto, Alejandro Gutiérrez, operador financiero de Beltrones cuando éste encabezó el PRI, fue detenido en Saltillo acusado de ser el principal operador de la triangulación de recursos federales autorizados por la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray, mediante empresas que servían como pantalla para enviar los recursos al PRI.
El primero en declarar fue el propio Beltrones, quien en una carta enviada el 19 de diciembre al diario Reforma, donde se publicó la primera nota un día antes, dijo que esa versión era inverosímil.
Ante la propagación del escándalo, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en una gira por Sonora –entidad natal de Beltrones– dijo tibiamente que estaría atento a la investigación, que conocía personalmente a Alejandro Gutiérrez y le tenía afecto. “Espero que se aclare todo a satisfacción”, dijo ante los reporteros.
El jueves por la mañana, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ofreció una conferencia de prensa en la que exigió pruebas, señaló que el tratamiento del caso obedecía a presiones políticas y advirtió que la filtración de las declaraciones ministeriales es un delito. Pero en ningún momento defendió a Beltrones.
Tampoco lo hizo Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de Meade. Entrevistado en una estación de radio, el exsecretario de Educación Pública espetó: “Como lo ha aclarado la autoridad, es falso y, bueno, simplemente eso, la autoridad ha respondido a esas acusaciones; ha dicho que es falso, y en cualquier caso está en instancias que llegarán finalmente a una determinación”.
La defensa de Beltrones
El viernes 23 por la noche el propio Beltrones emitió su posicionamiento. Precisó que las acusaciones parten de una indagatoria que realiza la fiscalía de Chihuahua, en la que, a partir de declaraciones de un “testigo protegido o beneficiado”, figura “de oprobio” judicial que se creía erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, “se imputan nexos y conexiones que no existen ni existieron entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios (“que es lo común en los ‘testigos protegidos’, habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan”) no son prueba plena ante los tribunales, por lo que son inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley.
El exdirigente priista enfatizó que el fiscal general de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y afectan la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación.
“Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con ‘testigos protegidos’ que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral. Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección”, sostuvo Beltrones.
Argumentó que, como dirigente del PRI, carecía de facultades para “disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” y que la transferencia de recursos de dicha dependencia hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino una actividad regulada por las leyes, como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“El presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”, insistió.
En cuanto a Alejandro Gutiérrez, precisó que no era el secretario de Finanzas del PRI, sino secretario adjunto, con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido.
Al defender a su excolaborador, dijo que el pasado miércoles 20 Gutiérrez fue detenido ilegalmente sólo porque un testigo protegido “le había dicho que le dijo que habría una trama financiera urdida en altos círculos gubernamentales y del partido.
“Así, sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad”, lamentó Beltrones.
El también exgobernador de Sonora consideró inverosímil que el presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos estatales, pues esa es una de las atribuciones del propio Ejecutivo estatal.
Añadió que, si se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua, en todo caso eso es materia de ambas instancias, no de quien era presidente del PRI.
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