Revista Proceso #2147 , 24 de diciembre de 2017....
A fin de obtener sentencias más benévolas por cooperar con las autoridades, los exfuncionarios chihuahuenses que operaron los millonarios desvíos del erario hacia las campañas del PRI en diversos estados detallaron ante la Fiscalía de su entidad cómo se cometió el delito, quiénes dieron las órdenes y de cuáles empresas se sirvieron. El resultado: la confirmación de las complicidades entre políticos y empresarios al más alto nivel para malversar fondos públicos con fines electorales.
CHIHUAHUA, Chih.- Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de exfuncionarios procesados o sentenciados.
Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza, fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social.
La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priistas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información extraoficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.
El caso del exsecretario adjunto del PRI nacional y exsenador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.
Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso el jueves 21, en la Ciudad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.
En el PRI, al exsenador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.
Está acusado de gestionar al menos 250 millones de pesos para el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y Cultura del sexenio duartista, y de buscar empresas que simularan contratos para encauzar el dinero hacia campañas electorales en varios estados.
De acuerdo con exfuncionarios que declararon en dicha causa penal, en ese manejo ilegal de recursos participaron Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Gutiérrez se encargó de conseguir cinco empresas para la operación. Una es de su propiedad, se llama Jet Combustible y por medio de ella desvió 4 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal.
En la audiencia mencionada se dio a conocer el testimonio del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, ya preso por la misma causa y sentenciado a cuatro años de cárcel por desviar 246 millones a través de cuatro empresas, que involucran también a Gutiérrez.
Yáñez Herrera indicó que el mismo esquema se utilizó en Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. El exfuncionario fue detenido el 27 de marzo pasado y sentenciado el 27 de noviembre. Se declaró culpable y solicitó juicio abreviado, además de brindar información a las autoridades para recibir una condena menor por su colaboración.
Así, se supo que al finalizar diciembre de 2015 César Duarte entró en conflicto con el entonces titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, porque no quiso colaborar en las operaciones irregulares.
Yáñez Herrera contó ante el Ministerio Público que, recién llegado al cargo, estaba renuente a firmar los contratos ficticios con las empresas que le había indicado el entonces secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien también le explicó que el dinero iría a las campañas electorales del PRI y que ya estaba enterado de eso el dirigente nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.
En un viaje a la Ciudad de México, Yáñez se contactó con el área de finanzas del PRI nacional y lo recibió Alejandro Gutiérrez Jr., apoderado legal de Jet Combustibles y quien se encargaba de operar el desvío de fondos en los estados.
El hijo de Gutiérrez Gutiérrez le aseguró que estaban protegidos por el SAT, que no auditaría a esas empresas y que ya habían utilizado esa mecánica de triangulación de recursos en otras entidades.
César Duarte le ordenó a Yáñez Herrera que se presentara con Gutiérrez Gutiérrez. En el encuentro, el funcionario estatal le pidió que devolviera los 250 millones de pesos, porque no había forma de comprobarlos, pero La Coneja contestó que no se podía, ya que los habían utilizado en las campañas; e insistió en que las empresas estaban blindadas por el SAT.
Días después, Gutiérrez envió un mensaje a los funcionarios estatales en el que les confirmaba: “Ya hablé con MF. Del retorno, no hay opción”.
Gutiérrez fue detenido el pasado miércoles 20 de diciembre en Saltillo, cuando salía de su casa. Fue trasladado el mismo día al Cereso estatal número 1, donde lo esperaban agentes federales.
Por la misma causa penal está preso el empresario Germaín Lezama, a quien este mes se le dictaron dos sentencias: una por el desvío de 120 millones de pesos de la Auditoría Superior del Estado, y la otra por el desvío de los 246 milones de pesos. Acumula cinco años y seis meses de prisión.
Yáñez Herrera fue sentenciado el 27 de noviembre a cuatro años. Aún están pendientes las sentencias de Villegas Madriles y Tarín García.
Los exfuncionarios sentenciados y el empresario se declararon culpables, por lo que obtuvieron juicios abreviados y sentencias más benévolas que si hubiesen ido a juicio oral sin reconocer su responsabilidad.
Según las declaraciones de los imputados, uno de los candidatos beneficiados con el dinero de los desvíos fue Enrique Serrano Escobar, quien contendió por el PRI, el Panal, el PVEM y el PT a la gubernatura de Chihuahua.
La red político-empresarial
Las empresas utilizadas en el desvío de recursos a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado son Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionistas Futura.
Los contratos con éstas se dieron a conocer desde marzo pasado, en las audiencias de vinculación a proceso de los exfuncionarios mencionados. Y cuando Alejandro Gutiérrez fue presentado ante el juez de Control Octavo Armando Gaytán Rodríguez se conoció uno más: el de la empresa del exsenador coahuilense.
Éste es el número SH/SD/067/2016, por concepto de prestación de servicios profesionales de elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección civil para aeronaves y helicópteros de Gobierno del Estado, por 4 millones de pesos, y se le dio a la empresa Jet Combustibles.
Los contratos fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que emitió las actas de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa para evitar el proceso licitatorio correspondiente.
La empresa Kelper Solution, propiedad de Germaín Lezama, fue utilizada por la Auditoría Superior del Estado para desviar ese dinero.
Por el desvío de 120 millones de pesos se encuentran presos el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores y su exdirector de administración, Édgar Omar Ramírez, quienes además enfrenta un proceso por destinar más de 500 mil pesos para las vacaciones de Esparza y su familia.
De acuerdo con la causa penal 2422 /2017, el empresario Jaime Agustín Fong Ríos, detenido el 15 de marzo pasado, fue cómplice del desvío de 15 millones 600 mil pesos a través de Secretaría de Salud hacia la empresa Fritag, SA de CV, de la que es dueño. La operación se realizó a través de la coordinación de Comunicación Social y benefició a la firma Consultoría en Gobernanza GB, SC.
Hasta ahora han sido procesados 14 exfuncionarios y empresarios duartistas en Chihuahua, de los que cinco han recibido sentencia y algunos alcanzaron libertad condicional.
El gobernador Javier Corral informó que, además de las 11 órdenes de aprehensión ya giradas contra Duarte Jáquez, que se encuentra prófugo, se han solicitado otras cuatro. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pidió una más.
Asimismo, el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el exdirector de Egresos de la misma dependencia, Jesús Olivas Arzate; el director de Programación y Control de Pagos, Ángel Mezquitic Aguirre, y el secretario de Finanzas del PRI estatal Pedro Mauli Romero, son procesados en instancias federales por desviar al PRI de Chihuahua más de 14 millones de pesos mediante cuotas que descontaban a los trabajadores del gobierno estatal.
Mauli Romero además se encuentra preso por el desvío de otros 63 millones 833 mil pesos de compensaciones correspondientes a los burócratas del PRI estatal, presuntamente para campañas electorales.
De igual forma, el exdiputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez fue sentenciado a tres años con libertad condicional por el desvío de 2.4 millones de pesos que César Duarte le “prestó” del erario a fin de que aprobara la deuda de bursatilización de 2 mil millones de pesos, el año pasado. Para justificar esa erogación utilizaron a la empresa Bildung Consultoría Organizacional, de Iván Elí Sánchez Jaso, quien también está vinculado a proceso.
Quienes no están detenidos ni procesados, pero han sido señalados en investigaciones periodísticas son Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud, y otros funcionarios de la dependencia que usaron para los mismos fines a las empresas Ymmarsa Pharmaceutic SA de CV, Servicios y Atenciones Médicas K, así como Fritag, Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales, entre otras.
Los dueños de Ymmarsa Pharmaceutic eran Juan Hiram Márquez Rodríguez y Jesús Miguel, quienes fueron entrevistados por Proceso en 2014 y confirmaron que compartían domicilio fiscal con negocios de César Duarte.
Ellos se convirtieron en proveedores de los gobiernos de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Tabasco y Nuevo León. En la administración de Duarte Jáquez expandieron su cadena de farmacias Economik, que vendieron junto con Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K al empresario Eduardo Almeida Navarro cuando se dio a conocer el conflicto de intereses con Duarte.
Almeida Navarro, a su vez, fue uno de los principales proveedores de medicamentos de Duarte Jáquez a través de la empresa Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales y es señalado por ganar licitaciones presuntamente irregulares, así como adjudicaciones directas.
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