JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso #
Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás: con permiso de Enrique Peña Nieto, el presidente electo acudió a las secretarías de la Defensa y de Marina para asegurarles a sus titulares que se mantendrán los “usos y costumbres” en la designación de sus sucesores, algo que había criticado durante su campaña. Y también al contrario de lo que había venido planteando con anterioridad, declaró que las Fuerzas Armadas seguirán actuando en labores de seguridad, al menos hasta que la Policía Federal sea capaz de enfrentar la violencia que azota al país.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se contuvo ante los militares. Su confrontación con los altos mandos del Ejército y la Marina durante la campaña presidencial acabó en acercamiento.
Apegado a “los usos y costumbres” del estamento militar, no sólo fue él quien los visitó en sus centros de mando, sino que designará a sus sucesores en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de entre los generales y almirantes que ellos le propongan. Entre los prospectos destacan quienes han estado en primera línea en la estrategia de “guerra al narcotráfico” que López Obrador ha criticado desde antes de ser candidato presidencial.
El asesinato de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y Michoacán o la desaparición forzada de personas en Tamaulipas están detrás de las hojas de servicio de los generales y almirantes del primer círculo de los altos mandos, que aspiran a ser los jefes militares en el gobierno de López Obrador.
Si ya en los primeros días después de su triunfo del 1 de julio López Obrador había dicho que respetaría la forma en que se ha elegido a los secretarios militares desde el régimen del PRI, el lunes 20 despejó cualquier duda al respecto. En la conferencia de prensa que dio en el Palacio Nacional con el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, luego de la primera reunión formal de transición, afirmó sin equívocos que los próximos jefes de las Fuerzas Armadas serían un general y un almirante en activo.
Así puso fin a las especulaciones de que constitucionalmente estaba en condiciones de designar a militares en retiro. No son pocos los mandos retirados que lo han respaldado desde su primera candidatura presidencial, en 2006; el más conocido es el general tabasqueño Audomaro Martínez, quien desde que estaba activo apoyó abiertamente a su paisano.
Las dos visitas
A diferencia de los desencuentros con ellos durante la campaña (Proceso 2155) y de lo que ha sido la dinámica de visitas a su casa de trabajo de quienes lo han querido ver, fue él quien visitó a los secretarios militares en sus centros de mando.
El martes 21, sin anuncio previo, acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reunirse con el jefe del Ejército y Fuerza Aérea, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Por la noche, después del hermetismo en torno a esa visita, el presidente electo anunció en su cuenta de Twitter: “Me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos; me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteré que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria”.
La mañana del viernes 24 fue al cuartel general de la Marina Armada para encontrarse con el secretario, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. En conferencia de prensa posterior reiteró que designará a mandos en activo y, contrario a su discurso de campaña, dijo que las Fuerzas Armadas seguirán participando en labores de seguridad.
Aunque matizó que esa participación será transitoria, subrayó: “Quiero ser lo más claro posible, sincero. Si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la seguridad”. Después de reunirse con Soberón, añadió: “La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos; siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal. No se avanzó”.
En alusión a la Ley de Seguridad Interior, a la cual también se opuso en campaña y que enfrenta juicios de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluido uno promovido por Morena, señaló: “En el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que, de acuerdo a mis facultades, se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país”.
Es más, anticipó que no habrá cambios legales inmediatos: “Necesitamos resolver el problema con lo que más convenga. No se va a hacer ningún cambio en la ley de seguridad pública actual, en tanto no se tengan resultados. Vamos primero a operar en el marco legal actual”.
Dijo que ambos encuentros fueron resultado de la petición que le hizo a Peña Nieto para que se instruyera a los jefes militares en los procedimientos para iniciar la transición. Aseguró que mucho antes de su toma de posesión habrá designado a quienes serán los nuevos secretarios de Defensa y Marina. Sin embargo, esa designación ha sido mucho más difícil que la de su gabinete civil.
El proceso para nombrar a los jefes militares que lo acompañarán escapó a su voluntad, al aceptar que sea conforme a las propuestas que le presenten los actuales secretarios de Defensa y Marina. Eso implica que los próximos titulares de esas dependencias deben ser militares en servicio: el jefe del Ejército será uno de los 28 generales de división en activo, y en Marina, uno de sus 16 almirantes, declaró el viernes.
El abanico para la Sedena
Salvador Cienfuegos ha mantenido el control entre quienes buscan reemplazarlo. Según los “usos y costumbres” en las Fuerzas Amadas, los que están en las preferencias del secretario son quienes forman parte de su equipo más cercano, dominado por divisionarios que han participado en el combate a la delincuencia desde que en 2007 Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”, y que en el actual gobierno tuvieron protagonismo en estados con grave conflictividad, como Guerrero y Michoacán, o de plano han sido señalados por lo que hicieron o dejaron de hacer en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los hombres más cercanos a Cienfuegos, con quienes ha ejercido el mando territorial y administrativo y todos con grado de general de división, son el actual subsecretario Roble Arturo Granados Gallardo; el inspector y contralor general del Ejército, Pedro Felipe Gurrola Ramírez; el oficial mayor, Emilio Zárate Landeros, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Alejandro Saavedra Hernández.
Los cuatro han acompañado a Cienfuegos en su gestión desde distintos cargos, incluidos operativos contra la delincuencia organizada, y están en la primera línea de la sucesión. Sin embargo, el subsecretario y el oficial mayor están próximos a retiro.
Granados Gallardo fue jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional; es decir el encargado de la operación militar del Ejército. También fue agregado militar en la URSS y Rusia, concurrente en Rumania y Polonia. Previsto para presidir el desfile militar del próximo 16 de septiembre, como actual responsable administrativo de la Sedena quedó entrampado en la frustrada operación de venta de una gran porción territorial del Campo Militar Número 1 con el propósito de propiciar un desarrollo inmobiliario.
La venta del terreno de 1 millón 255 mil 276 metros cuadrados en el área de Santa Fe, en la zona de corporativos del poniente de la Ciudad de México, fue incluso publicada en el Diario Oficial el 24 de enero de este año. La operación se canceló por lo polémico de la enajenación que había sido autorizada por la Sedena.
Como subsecretario, y a diferencia de otros generales que han ocupado el mismo cargo, Granados Gallardo ha salido de la Ciudad de México para participar en actos púbicos, sea para reivindicar a soldados asesinados por la delincuencia, como en Guerrero en mayo pasado, o para promover a generales cercanos al actual círculo de mando de la Sedena.
Apenas el miércoles 1 se trasladó a Boca del Río, Veracruz, para darle posesión, en una ceremonia pública, al general de brigada José Luis Sánchez León –uno de los principales protegidos de Cienfuegos– como comandante de la VI Región Militar.
En 2014, como comandante de la XXII Zona Militar, en el Estado de México, Sánchez León fue quien retrasó durante horas el ingreso del Ministerio Público a la bodega donde personal bajo su mando asesinó a 22 presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que al menos 15 personas fueron asesinadas por el Ejército cuando ya no oponían resistencia. Ante el escándalo de la ejecución extrajudicial, que se difundió ampliamente en el extranjero, Sánchez León fue asignado como jefe de Estado Mayor en la V Región Militar, en Jalisco.
Al igual que el subsecretario, Zárate Landeros está por pasar a retiro porque cumplirá 65 años en diciembre. Con experiencia como agregado militar en Estados Unidos, también ha quedado en medio de polémicas, como cuando empresarios lo acusaron junto a su asesor, el coronel Efraín Montesinos, de pedirles hasta 25% a cambio de contratos de obras y servicios.
La demanda, publicada por la revista Contralínea, fue presentada en marzo de este año ante la Función Pública en contra del general Zárate, quien hasta antes de llegar a la Oficialía Mayor fue comandante de la V Región Militar.
También durante la gestión de Cienfuegos, quien lo propuso como general de división en noviembre de 2013, fue comandante del Primer Cuerpo Militar en la Ciudad de México, donde estuvo a cargo de los operativos del Ejército en todo el país. Además fue comandante de la Tercera Región Militar, que comprende la Décima y la Novena zonas militares, en Durango y Sinaloa.
Por su parte, Gurrola Ramírez tiene la ventaja de ser más joven que los anteriores (62 años), pero la desventaja de haber sido comisionado especial para la Seguridad en Michoacán, designado por el presidente de la República, sin que se haya revertido la violencia en esa entidad. También estuvo en Tamaulipas, con iguales resultados.
En Michoacán le tocó el desarme de las autodefensas y el embate de distintas organizaciones delictivas, como Los Viagras y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En septiembre de 2016 sufrió una humillación cuando, junto con sus hombres, fue expulsado por pobladores del municipio de Tepalcatepec que le reprocharon no actuar contra los grupos armados de la entidad.
Originario de El Salto, Durango, desde los primeros días después del triunfo de López Obrador se le empezó a mencionar en la prensa como prospecto para la Sedena. Formado académicamente en la Escuela Superior de Guerra y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina, Gurrola fue agregado militar en Estados Unidos, donde también se formó en mando y estado mayor general y administración de defensa.
También fue comandante de la Fuerza de Tarea Sierra Madre, en Durango, Sinaloa y Chihuahua, cuando el gobierno de Calderón aseguraba que estaba por capturar a Joaquín, El Chapo, Guzmán. El general era uno de los militares en los que el gobierno de Estados Unidos confiaba para intercambiar información.
En febrero de este año estuvo ante los reflectores. Fue comisionado para acompañar a la entonces embajadora Roberta Jacobson a recibir al secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, cuando visitó la Ciudad de México. No fue casualidad. Gurrola tiene interlocución con mandos militares de Estados Unidos porque estudió comando y estado mayor general en Fort Leavenworth, e hizo el curso de ranger en Fort Benning, así como administración internacional de recursos de defensa en la Escuela para Posgraduados de la Armada de Estados Unidos, en Monterey, California.
El cuarto hombre cercano a Cienfuegos que puede ser considerado es el general de división Alejandro Saavedra Hernández, jefe de Estado Mayor, cargo al que llegó desde la comandancia de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, y que ocupaba cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De él dependía el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
Menos polémico –y hasta hace algunos meses en la plana mayor del jefe del Ejército– es el general Uribe Toledo Sibaja, de 64 años y perteneciente al arma de Caballería, la misma del general Audomaro Martínez. Hasta enero pasado fue jefe de la Primera Región Militar, que comprende la Ciudad de México y el Estado de México.
También quedó tocado por la violencia en Michoacán. Como comandante de la 21 Zona Militar, en Morelia, vivió el surgimiento de los grupos de autodefensa a principios del gobierno de Peña Nieto. Agregado militar de México en Cuba de 2000 a 2002, tuvo la tarea de desarmar a las autodefensas de José Manuel Mireles.
La sucesión en la Marina también proyecta casos polémicos, como la desaparición de personas en Nuevo Laredo a manos de elementos de esa fuerza. Entre los prospectos mencionados están los almirantes que rodean al secretario: el subsecretario Ángel Enrique Sarmiento Beltrán; el jefe de Estado Mayor de la Armada, Luis Gerardo Alcalá Ferráez, el oficial mayor, José Luis Vergara, y el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Carlos Ortega Muñiz.
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