AMLO, acotado por las Fuerzas Armadas/

Revista Proceso # 2191, 27 de octubre de 2018.
AMLO, acotado por las Fuerzas Armadas/JORGE CARRASCO ARAIZAGA...

En la agenda de Washington el combate a las drogas ha sido factor clave para el retorno de los militares a tareas de seguridad interna, sostiene la especialista en seguridad y derechos humanos Mónica Serrano, quien asegura que como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. La manera en que el Ejército y la Marina actuarán, sentencia, no está siquiera en manos del que será su próximo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sus ministros van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.
Como sus antecesores, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estará acotado frente a los militares. Incluso más. La dependencia creciente en las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha ampliado los espacios castrenses ante los presidentes, pese a los casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque él mismo ha referido que en su gobierno habrá “un Ejército de paz”, los militares seguirán como actores centrales en el combate a la delincuencia organizada. Al menos en el mediano plazo. 


La manera en que el Ejército y la Marina actuarán no está siquiera en manos del que será su nuevo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ministros del máximo tribunal van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.

Ese instrumento legal, peleado por los militares desde la década pasada para su confrontación con la delincuencia organizada, ha sido defendido por los próximos secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, designados el lunes 22 por el presidente electo.

“Como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. En años recientes los militares han ganado espacios e influencia y al mismo tiempo hay grandes exigencias de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, dice Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, especialista en seguridad y derechos humanos.

Las relaciones entre civiles y militares en México pasan además por la política antinarcóticos de Estados Unidos y eso significa que la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas puede ser en los términos que le interesen a ese país, como ha ocurrido en Colombia, observa Serrano.

En entrevista telefónica con Proceso desde Bellagio, Italia, donde realiza una investigación sobre derechos humanos y la política de drogas de Estados Unidos, Serrano asegura que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han ganado presupuesto, presencia y prerrogativas a consecuencia de su participación en el combate al narcotráfico.

“Los militares tienen ahora más poder político. La relación entre civiles y militares se ha alterado. No se puede explicar de otra manera que el presidente electo se haya presentado en los cuarteles centrales de los mandos del Ejército y la Marina. Se cuadró”, dice la investigadora en coincidencia con el reportaje “AMLO se cuadra” (Proceso 2182).

Tensas relaciones

No conocemos los detalles de las reuniones con los salientes secretarios de la Defensa y de la Marina. Pero es claro que los militares han ganado espacios en los tres gobiernos que hemos tenido desde 2000, después de más de siete décadas del régimen del PRI, dice la autora, entre otros títulos, de Crimen transnacional y seguridad internacional, ¿más de lo mismo?

Tres gobiernos consecutivos han considerado que no hay otra opción y las Fuerzas Armadas han asumido más responsabilidades en las tareas de seguridad. Los militares, de manera racional, han pedido garantías. El problema es que esas garantías son problemáticas por la tensión que se ha originado en las relaciones cívico-militares, añade la entrevistada.

Para Serrano, los militares se han fortalecido en esa relación mientras que los civiles tienen menos cartas para exigir. Además, en el contexto de la democratización, la activación del federalismo y la descentralización del poder político, “las relaciones de los militares con el poder civil ya no son exclusivamente a través del Ejecutivo federal, como antes. Ya tienen una relación libre con los gobernadores”. 

–De Tlatelolco a Ayotzinapa los militares han evitado la rendición de cuentas. ¿Cómo explica ese déficit de medio siglo en el que el país pasó de un régimen autoritario a uno de pluralidad política? 

–La rendición de cuentas de los militares en cualquier país depende de la correlación de fuerzas entre civiles y militares y de la calidad del liderazgo civil. En contextos democráticos, la rendición de cuentas depende de manera fundamental de la capacidad del Poder Legislativo para exigir en una gama amplia de aspectos, desde las tareas y misiones asignadas a las Fuerzas Armadas por el gobierno en turno, hasta el tamaño del presupuesto y su asignación.

–En México el Congreso está lejos de cumplir esa función. 

–Entre otros factores, por eso el Ejército, en lugar de permitir una investigación cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y sacrificar a quien haya que sacrificar, dice que la institución está en peligro.

Incordio militar
El lunes 1, en declaraciones a El Universal, el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, descalificó a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa ordenada por un tribunal colegiado. El general, quien en 2005 gestionó en la Procuraduría General de la República (PGR) el desafuero de López Obrador, dijo que carecerá de imparcialidad y objetividad porque se quiere buscar “la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”. 

El futuro de la Comisión sobre la desa­parición de los 43 normalistas depende también de la Suprema Corte, aunque el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que no será una instancia para investigar al personal castrense.

Cuestionada sobre la negativa del Ejército a la rendición de cuentas, que ha sido una constante, como en el caso de la masacre del 2 de octubre de 1968, la investigadora asegura que ese no ha sido un verdadero tema en México:

“Durante los largos años de la ‘primera’ transición a la democracia, el tema de los militares no figuró en la agenda de las negociaciones entre los gobiernos priistas y la oposición. El peso de la hegemonía priista hizo de las sucesivas reformas electorales el tema prioritario de las fuerzas de oposición. Salvo un breve llamado, en el contexto de las elecciones de 2000, del Grupo San Ángel, a la neutralidad de las Fuerzas Armadas, el papel y subordinación de éstas al poder civil no fueron tema central de la agenda de la transición”.

Serrano dice que esta omisión contrasta claramente con otras experiencias, como la española y la argentina. En esta última, “la derrota del régimen militar a manos de Gran Bretaña en las Malvinas dio a los civiles un margen considerable de maniobra para replantear la posición de los militares en el nuevo marco democrático. Y sin embargo ello no ocurrió sin jaloneos, sin amenazas a la estabilidad democrática. Pero en ambos casos, la calidad y el ímpetu del liderazgo civil fue un factor clave que explica la firmeza del control civil en condiciones aparentemente adversas”.

Añade que la ventana de oportunidad para una reforma y reorientación de los mecanismos de control civil sobre el poder militar se abrió en México con la primera alternancia en el año 2000. Sin embargo, ello no sólo no ocurrió, sino que figuras militares –desde luego el general Macedo de la Concha (quien fue titular de la PGR)– ocuparon puestos clave en la administración de Fox. Tan importantes como la ausencia de una visión y de un liderazgo civil fueron los cambios en la correlación de fuerzas entre civiles y militares que trajo el apogeo del mercado de la cocaína.

“Si en el sexenio de Zedillo el Ejército y la Fuerza Aérea participaron activamente en misiones de interdicción y se ampliaron las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas antinarcóticos, en el de Fox se autorizaron los primeros despliegues militares”, dice en referencia al operativo México Seguro en Tamaulipas, en 2005, cuando el Ejército y la Marina se desplegaron simultáneamente en varias ciudades de ese estado.

–¿Por qué la clase política mexicana ha sido especialmente considerada con los militares? 

–La falta de visión y liderazgo ha sido un factor importante. Esa ausencia hace difícil, si no es que imposible, la rendición de cuentas. Desde los noventa del siglo pasado hemos atestiguado cómo la economía ilegal de drogas y la lógica de las políticas antinarcóticos modificaron la relación de poder entre militares y civiles, agudizando la dependencia de los civiles con respecto a las Fuerzas Armadas para enfrentar una situación de inseguridad cada vez más intensa y compleja. A medida que la violencia del narcotráfico aumentó, los sucesivos gobiernos civiles, el federal y los estatales se han vuelto más dependientes de los militares. 

–¿Podrá el próximo gobierno enfrentar el problema de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en el combate al narcotráfico? 

–En algunas experiencias internacionales hemos visto cómo mandos militares han sido llevados a la justicia por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el alcance de los esfuerzos para llamar a cuentas a los militares depende, entre otros factores, de la correlación de fuerzas y de la fuerza de las familias de las víctimas.

Otras experiencias

La investigadora recurre a las experiencias de Sudamérica: En Argentina, dice, la derrota en la Malvinas dio un margen considerable de maniobra al gobierno civil. Pero el coraje y empeño de las víctimas y familiares, sobre todo, hicieron posible que fuesen procesados cerca de 2 mil miembros de las Fuerzas Armadas. 

En cambio, en Chile la naturaleza de una transición “encadenada” hizo mucho más difícil ese proceso. No fue sino hasta el arresto de Augusto Pinochet en Londres que las condiciones se modificaron y empezaron a abrir cauce a los primeros esfuerzos de justicia por violaciones de derechos humanos. 

El caso de México es más complicado. Anota: “La relación de fuerzas entre civiles y militares en Argentina y en el Chile después del arresto de Pinochet contrasta con la tendencia de mayor dependencia de los civiles mexicanos con respecto a las Fuerzas Armadas”. 

Dice que otra diferencia importante es el contexto en el que han ocurrido las violaciones de derechos humanos. Mientras en esos países el grueso de las violaciones fue perpetrado por agentes de seguridad del Estado, es decir militares y policías, en contra de opositores políticos y en un contexto de gobiernos militares, en México las violaciones graves de derechos humanos han ocurrido en el contexto de una violencia criminal cada vez más desenfrenada. 

“Algunas de estas violaciones han sido cometidas por agentes de seguridad del Estado, en claro abuso de autoridad y uso indiscriminado de la fuerza del Estado. Además, en numerosos casos nos topamos con instituciones del Estado que han sido capturadas por el narcotráfico y el crimen organizado y múltiples violaciones han sido cometidas también por miembros de organizaciones criminales. El escenario no es sólo más complejo, sino también más turbio en México”, afirma. 

–Las Fuerzas Armadas mexicanas han insistido en que no están formadas para tareas de seguridad y, sin embargo, lograron una Ley de Seguridad Interior que los protege en esas tareas, ¿cómo entender esa contradicción?

–La paradoja es que dicen que no quieren hacer tareas de seguridad interior y al mismo tiempo consiguen una ley que les significa más recursos y presencia. Están en la línea de fuego para enfrentar a la delincuencia, pero son parte de una estrategia que en sí misma es responsable de generar más violencia.

“Es una contradicción que no es exclusiva de México y que podemos rastrear en América Latina. Lo que ha pasado es que no sólo se revierte y pone en jaque los esfuerzos que acompañaron a las transiciones a la democracia en la región para delimitar con una claridad diáfana los ámbitos de la seguridad ciudadana y pública y el de la defensa externa y seguridad nacional, sino que claramente coincide con la explosión y movilidad del narcotráfico en la región. 

La investigadora asegura que en por lo menos 10 países de la región existen ya preceptos constitucionales que otorgan a las Fuerzas Armadas responsabilidades en el mantenimiento de la seguridad interior. Y en por lo menos 13 los militares participan en operaciones antinarcóticos y contra el crimen. 

Observa que en Argentina, “bastión y líder global de los derechos humanos y de la justicia por crímenes del pasado”, el gobierno de Mauricio Macri ha abierto ya las puertas a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y combate al narcotráfico.

Apoyada en datos de David Pion-Berlin, experto en Fuerzas Armadas en la región e investigador de la Universidad de California, en el campus de Riverside, señala que en 2014 por lo menos 94% de los cuerpos militares de la región participaban ya en operaciones relacionadas con la seguridad pública. 

Doctorada en relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, donde ha sido investigadora del Centro de Estudios Internacionales, Serrano dice que Estados Unidos ha sido fundamental para este retorno de los militares, “con todos los riesgos que ello entraña para el control democrático y el respeto y protección de los derechos humanos”.

No hay duda de que la agenda de Washing­ton del combate a las drogas ha sido un factor importantísimo en el retorno de los militares a tareas de seguridad interna. Lo podemos ver desde el peso que tienen el combate e interdicción del narcotráfico y del crimen organizado en las prioridades del Comando Sur de Estados Unidos, y la cooperación estrecha entre Estados Unidos y ciertos países de la región, desde luego Colombia y ahora también Argentina, por no mencionar el entrenamiento especializado de tropas para operaciones de captura de criminales de “alto valor”, señala.

En el caso de México, asegura que de acuerdo con Pion-Berlin, entre 2006 y 2014 más de 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, en especial de la Marina, recibieron entrenamiento especializado para operaciones antinarcóticos.

–Desde el gobierno de Calderón hemos visto a la Infantería de Marina en acciones en tierra. Y también, que los militares son requeridos por los gobernadores. ¿Hay un control sobre estos despliegues? 

–Hay claramente una demanda de la presencia militar que viene de los gobernadores. En las formas pareciera tramitarse por el Ejecutivo federal. Pero hay manifestaciones de que no son todas tramitadas de esa manera. Eso se ha traducido en incentivos muy poderosos para las Fuerzas Armadas. La expansión de la Policía Militar parece ir en esa lógica de descentralización de la relación cívico-militar. Los gobernadores les regalan terrenos para construir más cuarteles. El control civil hoy no presenta los mismos rasgos. No podemos dar por sentado que el control civil emana del Ejecutivo federal. 

–¿Qué han perdido las Fuerzas Armadas con esta mayor presencia?

–Además de las bajas, 538 soldados y 73 marinos desde 2006, han perdido legitimidad, a pesar de que siguen siendo vistas como instituciones confiables. También ha aumentado su vulnerabilidad a ser capturadas por la corrupción y el crimen organizado, que era uno de los argumentos que utilizaron para resistirse a participar en la lucha contra el narcotráfico. Han pagado también con una alta deserción. Pero en el fondo, su ganancia ha sido mayor.