Revista Proceso @ 2190, 21 de octubre de 2018.
Una vez más el gobierno de Enrique Peña Nieto se doblega ante el discurso belicoso del presidente Donald Trump, con lo que convierte al país en el “filtro migratorio” de Estados Unidos. Esta vez la puntilla fue la Caravana del Migrante. En el verano de 2014, la administración del mexiquense se congració con la de Barack Obama al lanzar el llamado Plan Frontera Sur para controlar los flujos migratorios. A partir de entonces las deportaciones de indocumentados centroamericanos no han cesado. Sólo durante los primeros ocho meses de este año, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 77 mil 382 centroamericanos y deportó al 90%. La sumisión total.
El presidente Donald Trump obtuvo lo que deseaba: mediante un amplio dispositivo de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo en la frontera sur de México a los miles de centroamericanos de la Caravana del Migrante.
Detrás de un discurso que apela a la legalidad y a la soberanía nacional, el gobierno mexicano se convirtió de facto en el filtro migratorio de Estados Unidos: el viernes 19, al cierre de esta edición, Peña Nieto insistió en que sólo quienes obtengan una visa otorgada por el gobierno podrán ingresar al país; también aclaró que las autoridades migratorias analizarán individualmente las solicitudes de refugio, un trámite de 45 días hábiles, prorrogable hasta 90 días.
“Como cualquier país soberano, México no permite, ni permitirá, el ingreso a su territorio de manera irregular; mucho menos de forma violenta”, aseveró el mandatario en un mensaje a la nación.
A lo largo de la semana pasada Trump vociferó contra los gobiernos de la región –Guatemala y México– a medida que avanzaba la caravana que partió el sábado 13 de Honduras, lo mismo en su cuenta de Twitter que en los canales diplomáticos. Sin embargo, el viernes 19 aplaudió cuando los agentes de la PF mexicana replegaron con gases lacrimógenos a los migrantes en el puente fronterizo con Guatemala.
“Agradezco al gobierno mexicano por detener a estos delincuentes”, declaró Trump el viernes 19, aunque advirtió: “Si eso no funciona, llamaremos a los militares, no a la Guardia (Nacional)”.
Según Héctor Vasconcelos, recién nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, “mi percepción es que sí ha habido presiones muy importantes del gobierno estadunidense y el gobierno de Peña Nieto se ha dejado presionar”.
En entrevista con Proceso Vasconcelos señala: “A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto ha habido un exceso de obsecuencia hacia Estados Unidos… hemos aceptado muchas cosas a cambio de obtener un acuerdo de libre comercio. El Senado estará vigilante de que no por obtener una ventaja comercial se ponga en riesgo la defensa de nuestra soberanía”.
Para los migrantes centroamericanos, el paso por México de manera indocumentada resulta peligroso y conlleva altos riesgos de ser deportados. Sin embargo, para muchos de ellos es la única opción que permita escapar de la violencia y la miseria que azota sus países: el trámite para obtener asilo es largo, difícil e implica a menudo pasar varios meses en centros de detención migratoria, sin posibilidad de obtener un trabajo.
Y, por si fuera poco, la solicitud desemboca generalmente en una respuesta negativa.
En 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 14 mil 596 solicitudes de refugio –66% más que en 2016–, y a finales de año sólo había procesado la mitad, debido a la falta de personal y de recursos. De esta mitad –6 mil 877–, concedió refugio sólo a mil 907 personas.
Según las estadísticas de la institución, se benefició a nueve de cada 100 solicitantes hondureños y guatemaltecos, así como a 14% de los solicitantes salvadoreños. En el mismo lapso proporcionó refugio a 12 de los 153 menores hondureños que lo pidieron, y a dos de los 21 niños guatemaltecos.
En Estados Unidos, las cifras son similares: en 2016 –los datos oficiales más recientes–, las autoridades recibieron 25 mil solicitudes de protección internacional de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, y acordó apenas 3 mil 606 condiciones de refugio, rechazando 86% de los trámites.
Regaños y aplausos
Como eco al análisis de Marcelo Ebrard, quien encabezará la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Vasconcelos sostiene que “están creando pánico para provocar un incremento en los votos a favor de las posturas radicales antiinmigrantes”.
Desde que la caravana salió de San Pedro Sula, Trump e integrantes de su gabinete multiplicaron las amenazas hacia los gobiernos de Honduras, Guatemala y México para que detuvieran el avance del grupo de migrantes y les impidieran llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
El gobierno de Peña Nieto reaccionó de inmediato. El sábado 13 advirtió a los migrantes que se necesitan documentos para entrar a México y les pidió “no dejarse sorprender e informarse antes de iniciar cualquier traslado”. Cuatro días más tarde envió a más de 300 agentes de la PF a Tapachula, Chiapas, amagó con deportar a quienes ingresen de “manera irregular” y advirtió a quienes pedirán medidas de protección internacional a México que los mantendrá en centros de detención migratoria durante el periodo de trámite, que se extenderá “hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual”.
Las advertencias no tuvieron efecto y la caravana siguió rumbo a México. El jueves 18 Trump perdió la paciencia y amagó al gobierno mexicano con frenar la ratificación del nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica –el T-MEC– y con desplegar tropas estadunidenses en la frontera con México.
Desde su cuenta de Twitter, el magnate tronó contra los líderes de los países centroamericanos, quienes, escribió, “hacen poco para detener este gran flujo de personas, INCLUYENDO A MUCHOS CRIMINALES (sic)”, y ordenó a México que detenga la caravana, so pena de desplegar militares y cerrar la frontera sur de Estados Unidos. Aseveró que la entrada a Estados Unidos de “elementos criminales (sic) y DROGAS (sic)” le resulta “mucho más importante” que el comercio o el acuerdo T-MEC.
Al día siguiente, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a México para transmitir de manera oficial y de viva voz el mensaje del magnate. A lo largo del día se reunió con su homólogo mexicano Luis Videgaray Caso, con Peña Nieto y con el futuro canciller Marcelo Ebrard.
Momentos antes de abordar el avión rumbo a México, Pompeo respaldó la amenaza de desplegar militares en la frontera. “Estamos determinados a hacer las cosas que necesitamos hacer… Hay que asegurarnos de que sólo inmigrantes regulares crucen nuestra frontera; diría que el gobierno mexicano está trabajando con buena fe para lograr esto”.
A medida que Pompeo sostenía encuentros con los servidores públicos, miles de personas se aglutinaban en el puente que separa a México de Guatemala.
“El secretario Videgaray y yo platicamos sobre la importancia de detener este flujo antes de que llegue a la frontera con Estados Unidos”, dijo el diplomático durante un mensaje a medios en la cancillería. Y añadió: “Le agradezco por todo el esfuerzo que realizó en los últimos días, incluyendo su solicitud de asistencia humanitaria a las Naciones Unidas, para encarar esta caravana migrante”.
Cuando integrantes de la caravana rompieron el cerco policiaco para tratar de entrar a México y fueron replegados con gases lacrimógenos, Pompeo estaba en Los Pinos, teniendo una “buena plática” sobre el “pleno involucramiento” del gobierno mexicano en solucionar el asunto, según aseveró el enviado de Trump cuando salió de la reunión.
El diplomático aprovechó que cuatro policías resultaron lesionados en la trifulca para arremeter contra la caravana y retratarla como un grupo criminal.
“Ésa es la evidencia de lo que es en realidad: es un grupo amplio de personas, ponen mujeres y niños al frente de la caravana y los utilizan como escudos para avanzar. Es un esfuerzo organizado para atravesar y violar la soberanía de México, y estamos preparados para hacer todo lo que podemos para apoyar las decisiones que México tomará para resolver este tema tan serio e importante para su país”, sostuvo.
La noche del viernes 19 Peña Nieto aseveró que “un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo –e incluso lastimando– a varios elementos de la Policía Federal que, en estricta observancia de protocolos de derechos humanos, se encontraban desarmados. Con base en nuestro marco legal, los elementos de seguridad federales contuvieron a este contingente y restablecieron las condiciones de orden”.
Versión de la CNDH
Édgar Corzo, director general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –que fue enviada a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, para observar la situación–, tuvo otra visión.
Previo a la llegada de los migrantes a la frontera, “habíamos emitido medidas cautelares a 15 autoridades, diciendo que era muy importante que se protegieran los derechos humanos de los integrantes de la caravana, que antes de ser migrantes son personas”, apunta Corzo en entrevista.
“Esto lo decimos en las medidas cautelares, pero no advertimos que nos hicieron mucho caso, pues hoy vimos carencias. Cuando utilizaron gas lacrimógeno no hubo atención médica, fuimos nosotros los que atendimos a las personas, las autoridades federales no estuvieron preparadas para una situación de esta magnitud”, deplora.
Añade: “No puede ser un acto de respeto a los derechos humanos cuando vemos que la gente sale con ojos muy irritados, sobre todo cuando hay menores. Debe haber entendimiento y asistencia humanitaria porque hay niños y personas que tienen necesidades humanitarias. Vemos caras de angustia, caras desorbitadas porque tienen amenazas de muerte, caras de esperanzas por una mejor vida. Esto implica que debe haber una flexibilidad en un sentido humanitario, una respuesta rápida y humana, porque son miles en el puente y atrás”.
Según el activista Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, a diferencia de otras caravanas de migrantes centroamericanos que en el pasado atravesaron el país, el grupo de personas que, al cierre de edición, seguía “tocando la puerta” de México se encuentra en una situación de “éxodo”.
“Salió un pequeño grupo (de San Pedro Sula) rumbo a Estados Unidos, y a medida que pasaba por los pueblos se fue uniendo gente, pero no se organizaron como tal. Empieza a ser un éxodo a medida que se suman personas como polvorín; la pobreza es crónica, estancada, y tan pronto ven pasar a los que caminan hacia Estados Unidos, dicen ‘¡Nos vamos!’, no dejan nada atrás y se echan al camino”, dice.
Frontera sur
“Los migrantes, refugiados y residentes autóctonos de la frontera sur de México resultan las principales víctimas de las turbulencias en la relación (bilateral)”, observó en mayo pasado la organización International Crisis Group (ICG), que documentó en un informe la forma en que el gobierno de Peña Nieto aceptó reforzar su frontera sur a cambio de salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo al ICG, Videgaray agrupó en un mismo “paquete” los temas prioritarios de la relación bilateral –migración, seguridad, comercio e inversiones– para “ganar fuerza en la renegociación del TLCAN” e insistió en la disposición de México en “reforzar sus esfuerzos militares para controlar la migración”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian desde hace años que México se convirtió en el “filtro migratorio” de Estados Unidos. Estas inquietudes se confirmaron en el verano de 2014, cuando Peña Nieto lanzó el Plan Frontera Sur, en reacción a la petición del gobierno de Obama de controlar los flujos migratorios.
El plan, que diseñó la Secretaría de Marina (Semar), consistió en cerrar el paso a los migrantes centroamericanos mediante el despliegue de fuerzas federales en el sur del país, que fue dividido en tres zonas: una de Control Fronterizo, otra de Control Interno y la última de Contención.
Con la implementación del Plan Frontera Sur, el gobierno aplicó una política de detención y deportación sistemática de los migrantes centroamericanos: entre enero de 2013 y agosto pasado retornó a sus países de origen a 658 mil migrantes centroamericanos, entre ellos más de 136 mil menores de edad, una cuarta parte de ellos menores de 12 años.
Sólo entre enero y agosto de este 2018, el INM detuvo a 77 mil 382 centroamericanos, de los que deportó a 69 mil 929: 90%. De los que escaparon a la deportación, 5 mil 374 obtuvieron visa por razones humanitarias, un documento que las autoridades otorgan a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante su estancia en México.
En el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 se reforzó el Plan Frontera Sur, con 308 operativos realizados de manera conjunta por la PGR, la PF, el INM, la Semar, así como las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
El mismo documento planteó que entre abril de 2015 y junio de 2018 el INM realizó 6 mil 880 operativos antiinmigrantes en el tren conocido como La Bestia –equivalente a seis por día–, en cuyos vagones se trepaban los migrantes centroamericanos para atravesar México a bajo costo.
Los operativos redujeron en 90% el uso del tren “como medio de transporte de migrantes”, presumió el informe de gobierno, el cual omitió decir que, para sustituir el tren, miles de ellos se vieron forzados a caminar durante días o a contratar los servicios de traficantes de personas.
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