Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018..
En materia de justicia, AMLO no ofrece soluciones de fondo: el ministro Cossío/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales. Esta es la opinión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío, a pocos días de su retiro, acerca de los planteamientos del equipo del presidente electo en ese ámbito. Sobre el estilo lopezobradorista de hacer política, advierte: “Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir…”
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz afirma que el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto se desentendió de la política de justicia, mientras que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no ha perfilado lo que hará en esta materia, salvo propuestas que no apuntan hacia soluciones de fondo.
En entrevista con Proceso en vísperas de su retiro, luego de 15 años como ministro del máximo tribunal del país, subraya la urgencia de que México empiece un proceso de pacificación, no sólo por la violencia criminal, sino porque ha entrado en un proceso de polarización social que someterá a fuertes presiones a la libertad de expresión.
Hace falta un liderazgo político que se comprometa a tomar en serio el tema de la justicia en el país. “Hay un derrumbe institucional” en esa área, asegura. El caso de los tráileres deambulando con cadáveres en Jalisco es apenas una muestra de ello. Asimismo, anticipa: Si el tema de los miles de desaparecidos queda irresuelto, se convertirá en “una bomba de tiempo” que tarde o temprano estallará con la radicalización de los familiares de las víctimas.
Llegado desde la academia a la Suprema Corte en 2013, Cossío Díaz favorece la presencia de una comisión internacional para México. No para que reemplace a las autoridades encargadas de investigar los delitos y se encamine la justicia en el país, sino para capacitarlas, dado que muchas de sus acciones, por incompetencia, carecen de validez jurídica.
El próximo gobierno va a tener una gran presión en el tema, con el añadido de que podría hacer modificaciones al Poder Judicial bajo el argumento de la legitimidad de los 30 millones de votos.
“Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir. No sé para qué tanto se va a utilizar ese discurso. Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten la narrativa de una persona que viene a resolver los problemas históricos del país, la del carro completo, la de los 30 millones, la del mandato popular. Eso se va a saber en el primer año del gobierno”, considera.
En el ambiente de polarización del país asegura que la libertad de expresión también estará bajo muchas presiones. Explica: La elección manifestó que hay diferencias mucho más hondas de lo que habíamos pensado. Esa heterogeneidad es la que se está manifestando. Lo peligroso es que uno trate de acallar al otro porque se es chairo o fifí.
Para los medios, dice, es una posición delicada porque se hacen y los hacen partícipes de estos grupos. “En términos de libertad de expresión, vamos a entrar, más allá de quién ocupe la Presidencia, es un fenómeno social muy difícil”.
A veces simplificamos en que había un antes y un después con López Obrador. No, él es causa de algunas cosas buenas y malas, y es producto de una situación social mucho más compleja, dice el constitucionalista.
Considera que la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un acto profundamente simbólico: Se fue construyendo una disputa que fue una extensión de la elección del 1 de julio. Llegamos a la elección en una sociedad enormemente tensada entre quienes pensaron que simplemente había que seguir con lo que había o los que estaban a favor de un cambio radical.
En el caso del aeropuerto se llegó al punto de que era un asunto de perdedores y ganadores. La cancelación fue un acto de poder, pero también en el mantenimiento de lo otro llevaba la implicación de un acto de poder. Es un ejemplo de la deformación a la que estamos llegando en el país, asegura.
Confrontación ascendente
El ministro Cossío pasa a retiro de la Corte el 30 de noviembre próximo, en la víspera de que López Obrador asuma la Presidencia de la República. Las propuestas del próximo gobierno, al menos de lo que se ha dicho hasta ahora, para el ministro son insuficientes en comparación con los retos que enfrentará en materia justicia.
“Al país le hace falta un proceso de pacificación. Es muy importante encontrar la manera de irle bajando no sólo la conflictividad que genera la delincuencia, sino también a las muchas conflictividades que se nos están abriendo. Estamos por abrir una, incluso, entre clases sociales. Hay una escalada de dos bandos.”
Abunda: Estamos entrando en un proceso de muchos conflictos y de eso no tiene la culpa el próximo presidente. Son conflictos que no se habían podido manifestar, de clases sociales en los que las élites se están manifestando.
La intensa confrontación que hubo en redes sociales por la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las expresiones xenófobas que están ocurriendo ante las caravanas de migrantes centroamericanos expresan para el ministro ese conflicto y la necesidad de emprender un proceso de pacificación.
“Lo que me preocupa es si ese proceso de pacificación lo vamos a hacer de forma paralela a la justicia. Supongamos que se creen varias comisiones de la verdad. Cuando terminen, ¿qué van a hacer? Una de dos: O generan una resolución vinculante –con lo cual se estaría quebrando todo el orden constitucional– o una megarrecomendación, que tampoco tendría mucha efectividad.
Considera “muy peligroso” que en lugar de querer arreglar el sistema de justicia en serio, “porque el sistema de justicia penal hace agua por todos lados”, se esté creando una suerte de bypass, en la idea de que lo que importa es llegar a las verdades e identificar a los culpables. Así se construyan 20 comisiones de la verdad, seguirán siendo indispensables los órganos de impartición de justicia, recalca.
Durante su periodo como ministro, Cossío Díaz fue integrante de la Primera Sala, encargada de los casos penales y civiles que llegan a la Suprema Corte. Casos como la interpretación constitucional que permitió la prisión domiciliaria de Luis Echeverría estuvieron bajo su ponencia en la Sala, de la que fue presidente y compartió 13 años con la ahora senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Desde esa experiencia en justicia penal pone distancia sobre la propuesta del próximo gobierno de crear comisiones de la verdad para casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones de presuntos delincuentes a manos de militares cuando ya habían sido sometidos, o las masacres en San Fernando:
“Parece creerse que la pacificación va a entrar por actos de las comisiones de la verdad, de actos de buena voluntad. Y eso no es así. Hay una delincuencia pavorosa en el país. Se necesitan muy buenas investigaciones, llevarlas a los procesos. Sostener las acusaciones ante la justicia y llegar a una sentencia. Si no somos capaces de hacerlo, lo único que estamos haciendo es posponer el problema.”
Para el constitucionalista, maestro por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, el sistema de justicia penal acusatorio que se aprobó en 2008 y entró en vigor en todo el país en 2016, fue prácticamente abandonado con todo y los problemas que significó su puesta en marcha y los ajustes que se le tienen que hacer.
Apunta: El actual gobierno hace mucho que abandonó el tema. Son varios años en los que no se hizo casi nada en el tema de justicia. El otro problema es que no se oyen ideas novedosas y tampoco una preocupación para hacerse cargo y generar un liderazgo político que se comprometa a hacer lo que haya que hacer para enfrentar ese pendiente.
Entrevistado el martes 6 en lo que fue su despacho en la Suprema Corte durante tres lustros, dice que ese liderazgo no recae en el próximo presidente, quien ha dicho que cada día estará al frente de la coordinación en materia de seguridad. Pero como jefe de Estado, sobre todo con la legitimación que tendrá, “podría generar un proyecto político, en el mejor sentido de la palabra, para transformar esto que tenemos en una política de justicia”.
Hay que asumir que el sistema de justicia no está funcionando por falta de ese liderazgo. Es necesario que se diga qué se va a hacer con el sistema de justicia penal: si se va a reformar, si se va a regresar a lo que había o se va adecuar, dice en contraposición a lo que ha anunciado el gobierno que está por iniciar.
La creación de comisiones o la generación de “perdones tan abstractos” no son la mejor solución, insiste. “Vamos a perdonar a ciertos sectores porque a lo mejor se lo merecen y vamos a perdonar a determinado número de personas, pero la delincuencia seguirá estando en otro montón de lugares”.
No valen salidas paralelas
¿Cómo se va a hacer para que quien vive de robar, quien vive de la trata de personas, de la extorsión se salga de una actividad ilícita?, se plantea. Desde su punto de vista, no sólo es el dinero que le produce al delincuente, sino el sentido de pertenencia a un grupo que tiene sus narrativas, su música, sus códigos. Son condiciones mafiosas que para ellos son relevantes.
“Un perdón en las actuales condiciones no sirve de nada”, asevera. Por qué un delincuente va a querer el perdón, si mañana y pasado puede delinquir porque la probabilidad de que lo detengan es prácticamente nula. Dirán entonces que no necesita el perdón de nadie.
Desde la perspectiva del Estado, dice el ministro, un perdón así no son más palabras vacías “porque es como decir: fórmense para ver quién quiere ser perdonado. Muchos dirían: a mí me da un poco lo mismo. Algunos dirán que se fueron a amnistiar para que les borraran todo su pasado, pero al día siguiente estarán en la misma actividad porque nada se habrá transformado”.
“¿Por qué alguien se va a salir simplemente porque se le ofrezca un trabajo? Es mucho más complicado que pensar que están en la delincuencia porque no tuvieron oportunidad de empleo. A lo mejor en el origen sí, pero ahora es mucho más complicado”, dice sobre la manera en que el gobierno de López Obrador ha explicado la participación de sectores sociales, sobre todo los jóvenes, en la delincuencia organizada.
Sobre la propuesta del perdón añade: “Se puede perdonar, pero se tiene que decirle a la gente que existe una alta probabilidad de que si alguien delinque va a ser procesado. Por qué alguien va a dejar de delinquir si la probabilidad de que sea castigada es muy baja y si tiene un fuerte sentido de identidad y pertenencia con esos grupos”.
De acuerdo con el ministro, proponer salidas paralelas –parajudiciales, prejudiciales o metajudiciales– para resolver lo que la justicia no está haciendo, puede acabar por ser contraproducente. Primero porque aumentaría aún más la impunidad; y segundo, vendría un desencanto aún mayor hacia la justicia mexicana.
Las consecuencias no terminarían ahí, dice: “Se fortalecería en la sociedad la idea de que las únicas soluciones viables son como las que se están dando en Filipinas y lo que previsiblemente va a pasar en Brasil: es decir, que hay que actuar parajudicialmente y ejercer violencia por propia mano”.
O bien, más sectores de la población empezarían a contratar cuerpos de seguridad privada para que primero realicen funciones de protección y luego se conviertan en fuerzas de represión. Hay muchísimas experiencias donde se formalizan ejércitos privados para mantener zonas de actuación. Ese paramilitarismo no lo tenemos aún en México y hay que evitarlo.
De la experiencia internacional, el ministro también dice que hay una parte recuperable, que son las comisiones técnicas: “Va a llegar un momento en que tengamos una comisión internacional de justicia para México porque nos hace falta muchos conocimientos técnicos”.
Es muy bueno tener voluntad política y entusiasmo transformador, pero se necesita mucho trabajo técnico: “Para llevar a una persona a proceso y acusarla de corrupción, lavado de dinero o lo que sea, necesito entender que no es simplemente mi intuición, sino que tengo que ver un montón de evidencia bien construida para aplicar como juzgador una sentencia. Y eso mismo pasa con el Ministerio Público, los policías y los defensores”.
No se trata que una comisión internacional que sustituya a las instituciones mexicanas, sino que las asesore técnicamente. A decir del ministro, “hay muchos protocolos que se hicieron luego de lo que pasó en Ruanda, en la ex Yugoslavia o en América del Sur. Son casos distintos, pero hay mucha experiencia de qué hacer”.
Encargado de revisar las actuaciones de la autoridad en asuntos penales y civiles, y de cara a las salidas propuestas, Cossío Díaz afirma: “A veces tenemos la idea de que el Estado mexicano es grandísimo, que hay muchísimas autoridades. Pero lo que podemos ver es que muchas de las autoridades son muy incompetentes para hacer eso que el derecho les obliga a hacer. Consecuentemente, sus actos jurídicamente van a ser nulos y aquello que se quiso lograr como una buena idea, como una buena intención, como un modo de reparar males sociales acaba siendo tan malo como el problema que quisieron combatir. Con una desventaja, que después viene la decepción social”.
Podría ser el caso de los desaparecidos, un tema al que piensa dedicarse cuando se convierta en ministro en retiro, casi a los 59 años. Hay miles de familias en México que tienen “muertos vivientes”. Es dramático lo que están viviendo las familias: “No saben qué pasó con ellos. Es una cicatriz que crece y si no se resuelve bien, la sociedad lo pagará en 10 o 15 años, cuando tendremos movimientos cada vez más radicales y dolidos”.
Afirma: “Un Estado que no es capaz ni siquiera de entregar a los familiares los restos de las personas a quienes el Estado no tuvo la capacidad de proteger, se está construyendo una bomba de tiempo que estallará tarde o temprano”.
El drama que vivimos en Jalisco con los tráileres abandonados por no tener dónde depositar los cadáveres muestra simplemente una falta de capacidad institucional para tratar a los muertos, a quienes el Estado no les pudo garantizar lo más mínimo, que es la vida. No duda en calificarlo: Es un derrumbe institucional. ..
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