Las columnas políticas, HOY, domingo 11 de NOVIEMBRE DE 2018..

Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana convocaron a una marcha a realizarse el 14 de noviembre, ante el asesinato de Valeria Cruz Medel...
Me sumo...
“La Universidad Veracruzana reprueba todo acto de violencia en cualquiera de sus expresiones que lastiman al corazón de la vida universitaria y de Veracruz lesionando profundamente nuestro tejido social”, afirman los promotores de la marcha.

Según el gober, Ángel Yunes, Valeria fue asesinada al ser confundida con una mujer vinculada a actividades delictivas por El Richy, quien fue ejecutado horas después.
Mmm.
Algo no muy increíble...
¿Y quién mató al Richi?
Por lo pronto hay detenido...
El Gober Yunes Linares informó que entre ellas se encuentra el delincuente apodado como "El Canek", quien podría ser el autor intelectual del crimen.
En rueda de prensa,  detalló que los detenidos son: Jesús del Carmen N., José Enrique N., Guillermo N., Luis Ángel N., y José Luis N., alias "El Canek" o "Caner", líder de la célula de delincuencia que opera en la zona.
Yunes Linares reiteró la hipótesis de que Valeria confundida con otra mujer, que también asistía a ese gimnasio y era miembro del grupo contrario a estos hombres.

De acuerdo con el gobernador Yunes Linares al comparar las fotos de Valeria con la mujer con la que fue confundida hay ''un gran parecido físico''
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 Las columnas políticas, HOY, domingo 11 de NOVIEMBRE DE 2018..
 Frentes Políticos/Excelsior...
I. Problema macro. Aunque Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, minimizó la falla en la instalación de una pieza en la planta de Cutzamala y aseguró que quitarla fue la mejor decisión que pudo tomar la Comisión Nacional del Agua, pues ya era preocupante el alargamiento de tiempo en el restablecimiento del suministro, las consecuencias apenas comienzan. José Antonio Cruz Álvarez Lima, senador de Morena, informó que su bancada promoverá la comparecencia de Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, para explicar quién pagará los 50 millones de pesos tirados a la basura por un error imperdonable, que además dejó varios días a la capital del país sin un eficiente suministro de agua. ¿Podrá?
II. Fallas. Los encargados de la diplomacia mexicana no están cumpliendo bien su trabajo, pues poco han podido hacer para impedir que, una tras otra, caravanas centroamericanas ingresen a territorio nacional, y menos aún por saldar pronto este capítulo de miserias exportadas, que han traído, además, enfrentamientos entre éstas. Un ejemplo es lo sucedido este viernes, cuando la caravana de hondureños rechazó al grupo de salvadoreños que arribó a Matías Romero, Oaxaca, para unirse y caminar juntos hacia la frontera con Estados Unidos. ¡Los corrieron bajo la amenaza de destazarlos! Mientras el país enfrenta la situación, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, ya tiene las maletas en la mano. Y su estrategia es hacerse el desentendido.
III. ¿Malos manejos? Jaime Francisco Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hace unas semanas aseguró que en lo que resta del año no habría más aumentos a las tarifas eléctricas de usuarios domésticos. Y aunque declaró que 99% de los hogares mexicanos ha tenido una disminución de esta tarifa de 16%, en términos reales en relación al cierre de 2012, los recibos que llegan a estos hogares lo desmienten. Tan sólo en Quintana Roo, ciudadanos se unieron contra la CFE por el aumento de 100% a las tarifas. La Procuraduría Federal del Consumidor estatal tiene 400 quejas por aumentos en los recibos de empresas y particulares. ¿Miente don Jaime Francisco Hernández?
IV. Coherencia. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, afirmó que el Tren Maya y la refinería en Atasta, Campeche, se irán a consulta. Recalcó que este tipo de ejercicios formarán parte de su gobierno, pese a que haya sectores de la población a los que no les parezca. “Primero vamos a iniciar la construcción en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, porque ahí están las instalaciones, ahí hay una terminal marítima, ahí llega el petróleo del Golfo”. Además, no se descarta que la otra refinería se haga en Atasta, en Ciudad del Carmen, Campeche. Treinta millones de votos le dan fuerza a su palabra. Sabe lo que hace, tiene años planeándolo. No se espanten, mejor participen en las consultas.
V. Jóvenes ejemplares. Los mexicanos Isaí Fajardo Tapia y Rigoberto Reyes Morales, ambos estudiantes de doctorado en el Instituto de Tecnología de Kyushu, en Japón, y quienes por su talento fueron seleccionados en el equipo compacto de 23 personas provenientes de 13 países, para desarrollar el satélite Ten-Koh, que fue lanzado con éxito por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Esto es una espléndida noticia y mucho tiene que ver Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una muestra más de que no se debe abandonar la ciencia. Tomen nota
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Tmplo Mayor/Reforma
UN OFICIO con tono de S.O.S. fue enviado desde la sede nacional del PAN a todos sus militantes: por favor, salgan a votar en las elecciones de hoy para presidente nacional y dirigentes estatales.
Y ES QUE en la dirigencia blanquiazul tienen miedo de que, a la hora que se revele el número total de votos, el partido se vea prácticamente en los huesos.
DE HECHO, el padrón panista se ha reducido desde los tiempos de la Presidencia de Vicente Fox, cuando era de 2 millones de militantes, a 1 millón cuando gobernaba Felipe Calderón, a los 281 mil que hay actualmente.
Y SI HOY fueran a las urnas menos de 100 mil panistas para decidir entre Marko Cortés y Manuel Gómez Morin como nuevo presidente del partido, quedaría en evidencia una crisis mayúscula.
MÁS ALLÁ de que la forma en la que Ricardo Monreal presentó la iniciativa que busca prohibirles cobrar comisiones a los bancos, sin consensuarlo con la dirigencia de Morena o avisarle al Presidente electo, nomás no cayó bien entre muchos morenistas, en el fondo, hay otro asunto que los dejó muy molestos.
SUCEDE que entre los sectores más afectados por el desplome en la Bolsa Mexicana de Valores que provocó el "monrealazo" estuvo el de las Afores que tienen invertidos recursos en el mercado bursátil.
LOS FONDOS para el retiro, que ya habían salido trasquilados con un 4 por ciento de minusvalía tras la cancelación del NAIM, recibieron un nuevo trancazo. Y si algo no quieren en el nuevo gobierno es entrar en conflicto con los trabajadores.
MUCHAS COSAS han cambiado con la llegada de la mayoría morenista al Senado y una más podría ser que la Medalla Belisario Domínguez sea este año para una eterna candidata que ha sido menospreciada por priistas y panistas.
SE TRATA de la ex senadora, ex candidata presidencial y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, cuya candidatura para ese galardón es impulsada por quien será la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle.
YA SE VERÁ si en esta ocasión sí se les hace a los militantes de la izquierda histórica ver a una de las suyas recibiendo la medalla más importante que otorga el Congreso.
MAÑANA habrá noticias importantes en Azcapotzalco. El alcalde Vidal Llerenas recibirá a la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para presentar un programa para rescatar la Zona Industrial de Vallejo.
SIN DUDA será interesante ver qué nueva vocación le quieren dar a esos terrenos que lucen prácticamente abandonados de unos años para acá.
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BAJO RESERVA/El Universal
Se pelean por los restos del PRI
El viejo partido, el PRI, perdió la Presidencia de la República, perdió la mayoría de las gubernaturas, perdió su dominio sobre las Cámaras… y ahora van por sus estructuras. Como efecto de las elecciones de julio, Morena tiene el poder de pegar en las bases de los sindicatos. Con la licencia que pedirá al escaño el senador Germán Martínez Cázares, para irse al IMSS, subirá su suplente, Pedro Haces Barba, nada menos que el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México (Catem), quien, nos dicen, trae consigo el proyecto de terminar por extinguir a los cetemistas. Para este lunes, en Tijuana, se verá de qué está hecha esa agrupación, que ha convocado a congreso general.
Tribunal electoral se vacuna de sospechosismos
Los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación alistan para la segunda quincena de noviembre el fallo sobre la pasada elección de gobernador de Puebla, que recientemente impugnó el ex senador Miguel Barbosa y que ganó la panista Martha Erika Alonso. Nos dicen que algunos magistrados ven factible la anulación de la elección en ese estado, aunque habrá que ver cuál es la resolución final. Lo que sí es un hecho es que los integrantes del Tribunal quieren que este fallo se dé antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, para evitar sospechas de que la decisión fue “línea” del gobierno morenista.
Un difícil voto para Ricardo Anaya
Nos comentan algunos panistas que dentro del Partido Acción Nacional se preguntan: ¿por quién votará el ex abanderado presidencial, Ricardo Anaya, en la contienda para dirigir al PAN? Marko Cortés hubiera sido su primera opción hace no mucho tiempo, pero ahora los queretanos están distanciados. Manuel Gómez Morín, el otro candidato, tampoco es opción sencilla de escoger, pues el nieto del fundador del partido ha atacado públicamente a Anaya con el fin de golpear a Cortés. Lo más probable, nos dicen, es que Anaya se abstenga de participar en esta ocasión.
Viene lo duro para los diputados
Nos comentan que esta semana comenzarán las verdaderas marchas forzadas en San Lázaro, pues arrancan con la dictaminación de las iniciativas para darle forma a lo que quiere Andrés Manuel López Obrador para su cuarta transformación. La primera iniciativa serán las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear las secretarías de Seguridad y Atención Ciudadana y del Bienestar, y de ahí se vienen otras más. La idea es aprobar, por lo menos, seis iniciativas para antes del 1 de diciembre, pues también se viene el Paquete Económico y muchas de las modificaciones ya deben estar consideradas en el Presupuesto de Egresos de 2019.
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TRASCENDIÓ/Milenio 
Que las comisiones e intereses bancarios que se cobran en México son un abuso cercano a la usura, sostuvo el senador Ricardo Monreal en un tuit sobre la iniciativa que él subió y después enfrió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, provocando dos días de agitación en el ámbito financiero.
Aunque refiere que la situación es “inadmisible” y continuará su trabajo legislativo, gente de Morena prevé que el zacatecano se cuadre a las órdenes de AMLO, como lo hizo durante la competencia por la candidatura a la Jefatura de Gobierno.
Que el PRD y Movimiento Ciudadano han pactado una alianza en el Senado para evitar la aplicación de los llamados gasolinazos, pues en los últimos años el precio del hidrocarburo se ha incrementado de manera importante. Para poner en marcha su plan, el coordinador parlamentario perredista, Miguel Ángel Mancera, ha decidido pasar de las palabras a los hechos...
¿Cuáles serán las acciones? Eso es lo que no se tiene muy claro; sin embargo, ambos partidos deben tener algo presente: la mayoría en el Senado lo detenta Morena; es ese partido el que marca la agenda legislativa actual y, por si fuera poco, ese tema no está entre sus prioridades
En el pasado no sirvieron de mucho los exhortos hechos por Samuel García, de MC, y parece que los de Mancera tendrán el mismo destino.
Que luego de cinco días en CdMx, la estancia de los migrantes centroamericanos dejó no solo miles de toneladas de basura, incluidas las de ropa donada por los capitalinos, sino un gasto importante, que será anunciado mañana por el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.
Aunque el mandatario afirmó que ningún apoyo se hizo castigando el presupuesto de las dependencias involucradas en esta estrategia humanitaria, se sabe que la inversión no fue menor. Hay que recordar que se habilitó el estadio Jesús Martínez Palillo con carpas para recibir a más de 4 mil migrantes, quienes a diario demandaron alimentos, colchonetas y hasta electricidad para recargar sus teléfonos móviles. Y eso que solo ha llegado la primera caravana.
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Rapsodia Morena/Juan E. Pardinas
Reforma 11 Nov. 2018
¿Qué tienen en común Freddie Mercury y Andrés Manuel López Obrador? Uno fue el vocalista estrella del grupo de rock Queen y el otro es el presidente electo de México. El primero fue un músico británico de origen indio, el otro un político mexicano oriundo de Tabasco. Por más que hagamos un esfuerzo es casi imposible encontrar un paralelo en las biografías de dos personajes tan disímbolos. Sin embargo, la película Rapsodia Bohemia contiene una escena con un diálogo genial, donde el líder de una banda de rock puede dar una lección útil para un jefe de Estado.
Freddie Mercury se había separado del grupo de músicos que le dio fama y fortuna, pero su carrera como solista fue un amargo fracaso. En su intento por salvar a la banda, el vocalista convocó a una junta con sus excompañeros para pedir disculpas y buscar reunificar al grupo. Su monólogo de mea culpa fue más o menos así: "Fui despreciable, engreído y egoísta, un imbécil básicamente. Podría flagelarme... o simplemente preguntarles qué necesitan para perdonarme... contraté a mucha gente y les decía exactamente qué quería que hicieran y el problema fue que lo hicieron. No hubo ningún rechazo, ninguna edición. En pocas palabras, los necesito... y ustedes a mí". El divo del rock reconoció los riesgos de que nadie lo cuestionara con preguntas incómodas. Su liderazgo sin contrapesos había transformado su talento musical en una mediocridad. ¿Qué le puede enseñar la experiencia de Freddie Mercury a AMLO?
En estos largos y tumultuosos meses, desde el contundente triunfo de Morena, queda claro que el Presidente electo está urgido de tener en su entorno cercano a personas dispuestas a decirle la neta. Hay verdades incómodas, pero al enunciarlas en voz alta se pueden descifrar los efectos indeseados de cada decisión. Al parecer, la cancelación del aeropuerto de Texcoco se tomó sin considerar todos los problemas que se engendrarán con este improvisado acto de autoridad.
Va como muestra un pleito judicial. Si la consulta pública carece de sustento legal para romper los contratos del NAIM, un tribunal administrativo podría establecer que las consecuencias resultantes de este acto tampoco tienen bases legales. Si un funcionario aprueba el uso de dinero público para pagar una indemnización, que no está respaldada por la ley, ese empleado de gobierno estaría cometiendo un acto con repercusiones administrativas y penales. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que estas faltas prescriben hasta siete años después de haberlas cometido. Los funcionarios que avalen y ejecuten los pagos del aeropuerto serán héroes sacrificados de la cuarta transformación, ya que se estarán poniendo en riesgo de acabar ante los tribunales, simplemente por cumplir las órdenes del Presidente electo.
Los contratistas afectados, si no reciben sus indemnizaciones a su plena satisfacción y con el visto bueno de los tribunales, se pueden ir sobre el patrimonio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que es propietario del 99% de las acciones del aeropuerto actual. Existe la posibilidad y la ruta jurídica para que, mediante la decisión de un tribunal, los demandantes exijan un porcentaje de la propiedad y los flujos financieros del actual aeropuerto de CDMX.
Con los esquemas de protección a la inversión considerados en los tratados comerciales firmados por México, los inversionistas extranjeros podrían recurrir a cortes de arbitraje internacional, con lo que el gobierno mexicano necesitará recurrir a despachos legales en distintas partes del mundo.
El gobierno de Morena ni siquiera ha empezado y los pleitos legales por la cancelación del aeropuerto tampoco. ¿Qué hubiera ocurrido si AMLO hubiera tenido un diálogo franco con su equipo, como Freddie Mercury se lo pedía a Queen? Probablemente se hubieran dado cuenta que terminar el aeropuerto de Texcoco saldría mucho más barato que cancelarlo.
@jepardinas
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Nuevo diálogo/Eduardo Caccia
Reforma, 11 Nov. 2018
La violencia, verbal y física, que venimos acumulando en México desde hace décadas debe detenerse, si no por la mesura de las figuras que habrán de encabezar la nueva administración federal (y que en buena medida ya ejercen el poder sin haberlo asumido formalmente), sí por parte de la sociedad civil a partir de un involucramiento inteligente. Parafraseando el discurso de Al Pacino en su papel de entrenador en la película Un domingo cualquiera: "o nos salvamos como sociedad, o morimos como individuos".
Apoyar a "ninis" no será suficiente para disuadir a muchos jóvenes de enrolarse en las filas del crimen dado el altísimo índice de impunidad. Arrastramos generaciones de mexicanos que tienen como modelo de vida a capos de la peor calaña. Nuestro sistema social está produciendo criminales. Y quienes no lo son están enfrentados en posiciones polares como "chairos" contra "fifís", "pueblo bueno" contra "minoría rapaz". En esta lucha del blanco contra el negro necesitamos un nuevo diálogo que nos lleve a la tersura del gris, una zona de entendimiento y sanación.
Acabo de conocer "Impactos que dejan huella" del artista plástico tapatío Álvaro Cuevas, cuya obra me impactó profundamente. Arrastrado por un pasado familiar con víctimas mortales por armas de fuego, Álvaro rastreó en las ruinas de sus apellidos para encontrar que era del lado materno donde se acumulaba un patrón de desgracia y agresión. Encontró que no sólo había víctimas, como creían, también victimarios; entendió el fenómeno como una compensación sistémica. Para romper el círculo decidió conseguir armas de fuego confiscadas para convertirlas en obras de arte e iniciar un diálogo de conciliación no sólo para su propia familia sino para toda la sociedad.
Después de un riguroso proceso con la Sedena, Álvaro ha recibido varios cargamentos de armas (deshabilitadas) de diversas formas y calibres, uno de ellos con piezas que fueron usadas en el crimen del cardenal Posadas, en Guadalajara. Fiel creyente en la energía de los objetos, el artista tapatío me cuenta su historia y estira su brazo para mostrarme que la piel se le eriza cuando explica sus motivos.
A través de la cultura se puede revertir el fenómeno de la violencia si empezamos a sembrar mensajes de conciliación, cambiar el diálogo cambiará el ánimo y éste la conducta. "El cuerpo dispara lo que el espíritu carga", me dice Álvaro, nombrado "Embajador de la Paz" por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. No solo sus obras tienen el lenguaje metafórico de la transformación, sus palabras parecen editadas con la sabiduría que oxida los metales. Próximamente hará piezas con pólvora y el nombre de la colección alcanza un simbolismo explosivo: "En pólvora eres y en polvo te convertirás".
En un país que canta sin reflexionar "Mexicanos al grito de guerra", necesitamos transformar la arenga bélica en una exclamación contra la violencia. Nada mejor que convertir objetos de muerte en piezas de naturaleza pacifista. Convencido de que está haciendo una revolución cultural, mientras todos los días hay crímenes que ya vemos con la normalidad de un atardecer o nos sorprende el grito estremecedor de una madre en una sesión de la Cámara de Diputados, el escultor suelda metales, tuerce cañones y cargadores, reacomoda gatillos y empuñaduras, graba una huella digital en un proyectil que ya no encontrará una víctima. Las armas transformadas en esculturas son ya una nueva conversación; un hombre de metal apunta con su dedo, el observador agudo notará lo que fue el cañón de una pistola. Otro individuo metálico extiende sus brazos e inclina las manos como sosteniendo un libro invisible, la idea del escultor es que ahí va un libro real.
El gris es el territorio común donde habitan el blanco y el negro, es el espacio fértil de entendimiento para la verdadera transformación de México. Escribo esto todavía conmovido por la última metáfora que les compartiré del artista:
"Quiero transformar la mierda en abono, creo que soy un gusano capaz de hacerlo".
En la soledad de un taller, un hombre deforma la violencia para formar silenciosas palabras de metal. Que su grito de guerra nos convoque. México se ha convertido en el país donde una bala espera un cuerpo. Ya basta.
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 Advierte Sandoval “grave riesgo…”
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
Advierte Sandoval “grave riesgo…”
El arzobispo emérito de Guadalajara hizo un llamado al gobierno en ciernes a que atienda a la moral natural que debe ser respetada y practicada por toda persona
Claridoso y frontal como es, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez arremetió contra el próximo gobierno que, sostuvo, no acaba de asumir de manera formal y ya ha comenzado a incumplir sus promesas de campaña, abona a acrecentar el temor de la población de que pudiera tratarse de un régimen de corte ultraizquierdista, alienta la preocupación de que (con su actuar) pudiera destruir la economía y, en particular, amenaza con hacer suya la agenda de la llamada Ideología de Género.
En un mensaje difundido vía redes sociales, el arzobispo emérito de Guadalajara asegura que “aún no toma posesión el nuevo gobierno de la República y ya las cosas no se ven tan color de rosa… como antes de las elecciones”. No inicia su gestión la nueva administración sexenal y ya hay un cierto desencanto porque existe el temor, la preocupación de que “despilfarre el dinero, financiando programas populistas… acostumbrando a la gente a recibir sin trabajar, y eso no es bueno”.
Ello, sin embargo, no parece preocupar tanto al aguerrido jerarca católico como la previsible adopción por parte del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador de la agenda de la Ideología de Género que, advierte, ha comenzado a plasmarse en el intento de legalizar a nivel nacional la práctica criminal del aborto y, posteriormente, dar paso a la eutanasia o, incluso, a la manipulación y perversión de la niñez y/o juventud confundiéndoles sobre su naturaleza somática…
Ya algunos de los integrantes del nuevo gobierno, del gabinete (nominado) o en las Cámaras, se han expresado en ese sentido y han realizado mociones que implican “dar a la población el mensaje de que se puede matar al ser humano, de que la vida humana no vale nada… de que el derecho fundamental a la vida desaparece y cosas parecidas”. Ello, amén de permitir o promover la homosexualidad en todos los aspectos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ulterior derecho a adoptar “desconociendo el derecho de los niños a tener un padre y una madre…”.
Sandoval Íñiguez, quien en otro momento se confrontó públicamente con el ahora nominado próximo titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisamente en el marco del debate de la legislación que aprobó el aborto en la capital, destacó ahora que la imposición de propuestas como las mencionadas “vienen de fuera…” son consignas que se aceptan por parte de nuestros gobernantes —“aún a contrapelo de sus convicciones…”— porque “son presiones que vienen acompañadas de dádivas, de préstamos fáciles y de amenazas…” si no lo hacen.
Luego, hizo un llamado al gobierno en ciernes, a quienes nos han de gobernar, a que atiendan a la moral natural que debe ser respetada y practicada por toda persona; “que atiendan a la mayoría del pueblo que es cristiano y tiene su fe y su moral; si es un gobierno democrático, que gobierne democráticamente… si han hecho encuestas (consultas) para todo, que hagan una encuesta seria, bien llevada y bien planeada sobre la Ideología de Género, a ver qué les responde el pueblo…”.
Eso pedimos, sólo eso... “que esos males que se avizoran no vengan; que algunas de las expectativas de la gran mayoría con este nuevo gobierno puedan ser realidad, que no haya un desencanto, una desilusión que hunda más a nuestro pueblo en la desesperación, en la pobreza, en la miseria…”, advirtió a manera de conclusión el prelado.
ASTERISCOS
* En el marco del Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, organizado por Infonavit y ONU-Habitat, el titular del Instituto, David Penchyna Grub, destacó la labor realizada por el mismo durante el sexenio, en particular, la asignación de uno de cada tres empréstitos autorizados durante sus 40 años de historia, la devolución de poco menos de 100 mil millones de pesos a pensionados y la derrama económica conseguida de 1.3 billones de pesos, entre 2012 y a la fecha.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Ni un peso más para los exmandatarios/
ÁLVARO DELGADO
Una prebenda inconstitucional llegó a su fin: pagar las onerosas pensiones de los expresidentes de México será, de ahora en adelante, un delito, tal como lo establece la reforma al artículo 127 de la Constitución, promovida por el diputado Pablo Gómez. Si Peña Nieto les quiere pagar este mes a los exmandatarios (o a sus viudas), “va a correr un riesgo”, advierte el morenista. Para Ernesto Villanueva, autor con Hilda Nucci del libro Los parásitos del poder, de Ediciones Proceso, lo que urge ahora es legislar sobre los conflictos de interés en que incurren los exmandatarios.

Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.
Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.
“Para luchar contra el Estado corrupto (…) se debe empezar pegándole a los mecanismos emblemáticos del Estado corrupto”, subraya el legislador de Morena, quien afirma que los desproporcionados ingresos de los expresidentes eran ofensivos ante la miseria del sistema pensionario de México. 
“En la cúspide de la burocracia dorada estaban ellos y el simbolismo de quitarles la pensión es acabar con esa concepción de que la burocracia dorada tiene derecho a todo”, subraya el también autor de la reforma constitucional que, desde 2009, prohibía estos abusos y que, con la nueva ley, establece que pagar las pensiones implica delito, inclusive para Enrique Peña Nieto.
“Las pensiones siempre han sido ilegales, pero hace nueve años, cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución, quedaron en condición de inconstitucionalidad y ahora pagarlas es delito. Entonces si Peña les quiere pagar noviembre, va a correr un riesgo.”
–¿Incurriría en responsabilidad?
–Puede… podría.
La ley define –en sus artículos 127 bis y 127 ter– los delitos que se cometen por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se castigan inclusive con cárcel.
El 127 bis establece que “además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita (…) el servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”.
Como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, dispone en su artículo 10 que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, las pensiones presidenciales quedaron proscritas.
Ahora, conflictos de interés
Y es que los privilegios de los expresidentes se fundaron, desde su origen, en simples acuerdos que ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca tuvieron validez legal. 
A partir de 1976, al concluir el sexenio de Luis Echeverría, los expresidentes disfrutan, además de una pensión equivalente a la de un secretario de Estado –205 mil pesos actuales–, de aviones, vehículos blindados, funcionarios con sueldos de hasta subsecretario, cientos de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP), servicio médico militar, pago de predial, telefonía, choferes y hasta jardineros (Proceso 2163).
En ningún país, ni en Estados Unidos, existen los privilegios de los que han gozado José López Portillo y Miguel de la Madrid, ya fallecidos, así como Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ahora deberán vivir sólo con sus propios recursos.
A excepción de Echeverría y Salinas, Zedillo, Fox y Calderón siguen trabajando y perciben ingresos.
Calderón cobró 8 millones 267 mil 515 pesos por honorarios sólo en 2016, como declaró su esposa, Margarita Zavala. Es miembro del consejo de administración de Avangrid, empresa ligada a la española Iberdrola.
Fox, además de controlar los donativos y negocios del Centro Fox, tiene ingresos como conferencista e inversionista en el sector energético, en la empresa EIM Capital, y él mismo ha anunciado que, una vez que se legalice, incursionará en el negocio de la mariguana.
Zedillo, a su vez, ha sido miembro de la Junta Directiva de Citigroup, del consejo ejecutivo de Procter & Gamble, de la fundidora de aluminio Alcoa y de Union Pacific, concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México; mantiene en secreto el monto de sus honorarios.
Justamente por eso Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor, con Hilda Nucci, de Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, anticipa que, una vez que se acabaron los abusos de los que han ocupado la Presidencia de México, es urgente legislar sobre sus conflictos de interés.
“Un tema muy importante que se ha dejado de lado ante la avalancha y lo oprobioso de los privilegios de los expresidentes, pero que está en la lógica del cumplimiento del estado de derecho y de las mejores prácticas internacionales, es el tema del conflicto de interés”, subraya y pone el caso de Zedillo, quien trabaja para empresa de ferrocarriles que él privatizó.
“Resulta que es una empresa trasnacional que invirtió en México y de pronto el señor Zedillo se va de miembro del consejo de administración y gana una cantidad impresionante”, reprueba el académico, y afirma que, por la información privilegiada que tiene un expresidente, es necesario que sea regulada su actividad, así como la de los miembros de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Es una segunda batalla. Hay también que regular esto. Eso todavía nadie lo ha identificado, pero va a ser el segundo paso. Ellos creen que ya terminó todo, al fin que nadie se ha dado cuenta, pero vamos sobre eso”, subraya Villanueva, y puntualiza que los expresidentes, como Peña, que ya no recibirá ni un mes de pensión, tienen que trabajar para vivir. 
“Que trabajen como lo hace Bill Clinton, con conferencias, y el propio Barack Obama”, aconseja el académico; señala que, aunque la ley es sólida, podría haber jueces que presenten impugnaciones que, “en una lógica absurda”, ellos mismos se resuelvan mutuamente. 
Y más: “La estrategia del Poder Judicial, hasta donde sé, es buscar que sean organismos internacionales los que hagan presión al gobierno de Andrés Manuel para que desista en el caso del Poder Judicial, argumentando o tratando de identificar independencia judicial con altos sueldos, que nada tiene que ver”. 
“Estado corrupto”
Gómez Álvarez y Villanueva coinciden, en entrevistas por separado, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde el martes 6 –a menos de un mes de la toma de posesión de López Obrador–, tiene solidez jurídica y pone punto final a los abusos presidenciales.
En el caso de las pensiones, Salinas y Zedillo renunciaron a ellas; Calderón donó el monto total, a partir de febrero de 2017, a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que atiende a niños con cáncer, mientras que las viudas de López Portillo y de De la Madrid, Alejandra Acimovic Popovic (Sasha Montenegro) y Paloma Cordero Tapia, reciben 80% neto del sueldo total.
Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.
Esta última parte, la referida a la seguridad, la propuso el PRI en las negociaciones, pero pasó el tiempo y nada se hizo, pese a que la propia disposición ordenaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados expedir leyes para hacer efectivo el contenido de ese artículo y para sancionar su incumplimiento.
“¿Quién cumplió? Nadie, ni un estado ni el Congreso de la Unión. ¡Nueve años de omisión, de desobedecer este precepto! Además, el transitorio del decreto de aprobación del artículo 127 les daba un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. ¡Pasaron nueve años! Y todavía están de chillones, no querían que se aprobara”, cuenta Gómez.
–¿Quiénes se opusieron?
–El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, todos.
Aunque está contento con la eliminación de las pensiones a los expresidentes, “ya se acabó”, Gómez advierte que lo complejo será aplicar la ley a los funcionarios del sistema financiero del Estado que reciben, también “ilegalmente”, pensiones millonarias, como a José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y ahora secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“Están fuera de la ley”, dice, “porque se liquidaron y se pensionaron sólo mediante disposiciones internas aprobadas por sus órganos de gobierno”.
“Pasaban por los bancos, porque los presidentes los mandaban ahí a terminar su carrera de financieros del Estado, y les contaban la antigüedad de todos los puestos que habían tenido en Hacienda y en las secretarías. A Gurría le contaron desde que iba por las tortas, siendo estudiante, en la Secretaría de Hacienda, ahí empezó a trabajar.”
–¿Implica mucho dinero?
–Es bastante. Tienen su propio sistema pensionario, pero como no hay decreto legislativo ni ley, son resoluciones tomadas por los órganos de gobierno del sector financiero, de la banca y de las demás dependencias financieras del Estado, no sabemos ni siquiera cuántos son ni quiénes son.
Advierte: “Eso se va a acabar, porque están fuera de la ley, aunque ya estaban fuera de la Constitución. Cuando yo decía esto, me respondían: ‘Bueno, pero como no hay ley reglamentaria y tampoco hay sanciones, nos vale’. Ahora ya las hay. Las sanciones administrativas ya las puedes ver en la ley y penales también ahí”. 
Y concluye: “No se trata de dejar de gastar solamente por la cuantía, sino por la indecencia del gasto. No son prestaciones decentes cuando la inmensa mayoría de los servidores públicos tienen pensiones muy bajas, ni se vale que tengan pensiones que no hay en ninguna parte del mundo para servidores públicos”.
Gómez afirma que la eliminación de las pensiones presidenciales es sólo una parte del proceso de desmantelamiento del “Estado corrupto”, que incluye la eliminación en la Constitución de la partida secreta presidencial y del Ramo 23.
“Queremos eliminar el Ramo 23 también como un símbolo”, dice, y se emitirán leyes como la de austeridad y de la administración pública, que en el caso de los delegados en los estados sean enlaces de los gobiernos estatales ante la Federación.
“Lo que queremos evitar son las mordidas, el tráfico de influencias, el influyentismo, la tracalería. Porque el Estado corrupto es un fenómeno que, en buena medida, ­consiste en que la corrupción se convierte en forma de gobierno. Ese es el punto. En ­todos los Estados hay corrupción, pero no todos los Estados son corruptos. El mexicano sí es un Estado corrupto y, como tal, articula la gobernanza mediante la corrupción. 
Calderón, el exceso 
En Los parásitos del poder (Ediciones Proceso, 2015), Villanueva y Nucci acreditaron que los privilegios de los expresidentes de México no se tienen ni en los países más ricos. El volumen señala que los privilegios de los expresidentes nunca tuvieron sustento jurídico y por eso es fácil eliminarlos con la ley, pero lo que ayudó también fue el cambio en el reglamento del EMP que hizo Calderón el último día de su sexenio, cuando se aumentó a 425 los efectivos para el resguardo y seguridad de él y de sus familiares. 
Michoacano como Calderón, a Villanueva le consta el despliegue del EMP para cuidar a la madre del titular del Ejecutivo: “Era un pelotón completo afuera de la casa de la señora, en el centro de Morelia. Y estas personas tenían que comer, se hospedaban en un hotel cercano, si bien de tres estrellas, pero había que pagar lavado de ropa y otros gastos”.
Era ostensible también el despliegue del EMP que cuidaba a Luisa María Calderón, sobre todo cuando fue candidata a gobernadora de Michoacán, en 2011 También Margarita Zavala era resguardada por muchos elementos, como a Villanueva le tocó verla en Veracruz este mismo año.
“Me tocó causalmente. Yo estaba en el mismo hotel y la gente que trabaja conmigo en seguridad identificó a toda la gente de seguridad disfrazados de paisanos. Contamos, nada más adentro, unos 25, además de los que estaban afuera, otros 10 por lo menos.”
Villanueva minimiza los señalamientos de personeros de Calderón en el sentido de que quitarle la custodia del EMP a los expresidentes pone en riesgo su vida y que el responsable será López Obrador.
“El presidente de la República no puede garantizar la seguridad de los expresidentes. Eso no está establecido en la Constitución ni en la ley, y en ningún lugar del mundo. Ese es simplemente un argumento psicológico, efectista para tratar de justificar lo injustificable y más en el caso Calderón.”
Además, dice, él debe hacerse cargo de las decisiones que tomó al margen de la ley, como el “michoacanazo” y la muerte que jamás se comprobó del narcotraficante Nazario Moreno. “Una persona debe ser responsable de lo que hace y más si lo hace al margen de la legalidad”.
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Fox en su paraíso/VERÓNICA ESPINOSA...
SAN CRISTÓBAL, Gto.- Aquí las vidas del expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, no tienen sobresaltos. Esta comunidad es su hogar, la sede del centro de estudios y biblioteca que construyeron; en ella pusieron también el ojo como patrimonio turístico-social que explotan mediante su hotel, su restaurante, eventos sociales…
La agenda de los Fox transcurre entre la organización de foros y conciertos y el reciente congreso CannaMex (para promover productos elaborados con mariguana).
La carretera de León a Cuerámaro es una hasta el acceso a San Cristóbal, y otra de ahí en adelante. Señalamientos frecuentes del Centro Fox, ampliación a dos carriles, iluminación, repavimentación regular, enmarcado todo en las enormes torres que conducen la energía eléctrica y la torre de radiocomunicaciones ubicada a la entrada de la comunidad.
De la transformación de la vialidad y del aspecto de la comunidad ha dado cuenta Proceso en diversas ocasiones, desde que Fox ganó la elección presidencial y, desde Los Pinos, viajaba domingo a domingo a descansar en la casita situada unos kilómetros antes de San Cristóbal, convertida hoy en cabaña con lago artificial y un edificio anexo –construido a costa del erario– para el personal al servicio del expresidente.
En San Miguel, con el espaldarazo del gobierno que encabezó el actual diputado­ federal del PAN Ricardo Villarreal, la fundación construyó el nuevo edificio del centro de rehabilitación Crisma, obra en la que se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos y cuyo terreno fue entregado por el municipio.
En Crisma, según la información oficial del portal del Centro Fox, se atiende a más de 200 niños con problemas de discapacidad neurológica y motora. Vamos México divulga en la página del Centro Fox datos sobre lo que supuestamente dona u otorga a asociaciones, particulares o comunidades.
Fox, por su parte, celebró a principios de octubre en el Centro Fox la cumbre de negocios Citek. Fue la quinta realización de este foro, esta vez con el rimbombante título de “Ciudadano global: una ética de ciudadano para el mundo”.
En los últimos años de su mandato, el exgobernador panista Miguel Márquez fue un asiduo asistente a las actividades del centro. Su sucesor, el también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, asistió como invitado especial e inauguró el foro Citek, a pocos días de iniciado su sexenio.
Desde ahora, el Centro Fox promueve la siguiente edición de CannaMex. Como férreo promotor de la legalización de la mariguana, el exmandatario se mueve holgadamente en el círculo de políticos, activistas y empresarios que han encontrado en la comercialización de la cannabis una veta. Antes, Fox promovió la reforma petrolera e incursionó en la agenda de negocios de los inversionistas privados cuando ésta entró en vigor. 
“Hoy sigo trabajando firme por mi país. Desde mi hogar, San Cristóbal, donde trabajamos, en Centro Fox y Fundación Vamos México, proyectos de liderazgo, filantrópicos y educativos”, resumió en la carta que hizo pública el jueves 8, en la que dio a conocer su postura ante la eliminación de las pensiones para los expresidentes. 
Aseguró: “No hay piedras en el camino; al contrario, estamos quitando las que encontramos desde nuestro andar. Mi compromiso jamás cambiará, con o sin pensión, será siempre el mismo: Yo seguiré trabajando desde Centro Fox por México y por su gente”.
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Lo que se lleva Peña Nieto/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Enrique Peña Nieto es el presidente que ha tenido el salario más alto de la historia de los mandatarios mexicanos; con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos será el primero que no pueda cobrar nada después del viernes 30, al concluir su administración.
Durante su sexenio, Peña Nieto gozó de varios incrementos salariales: en 2012, conforme a su declaración patrimonial inicial, ganó 193 mil 478 pesos mensuales. Para diciembre de 2017 sus ingresos se habían incrementado a 242 mil 465 pesos netos; casi 50 mil pesos mensuales más.
Estas cifras se obtuvieron al dividir entre 12 el monto de ingresos netos anuales reportados al portal Declaranet, en el cual los servidores públicos deben publicar sus declaraciones patrimoniales.
Las cifras de la declaración patrimonial contrastan con las reportadas al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot); ahí se ubicaba en alrededor de 205 mil pesos mensuales, al iniciar la administración, su remuneración bruta; son 223 mil pesos mensuales los que se exhiben actualmente, inferiores a lo registrado en Declaranet.
Una consulta realizada el viernes 9 muestra una discrepancia mayor: según el Sipot, Peña Nieto gana 152 mil 334 pesos mensuales netos y no cuenta con ninguna prestación. Suponiendo que a esa cantidad se le sumara un aguinaldo de 223 mil pesos, así como 539 mil 710 pesos del Seguro de Separación Individualizado –que si aparece en Declaranet–, sumaría 2 millones 590 mil 710 pesos anuales, cantidad que no corresponde con la declarada como percepción neta anual asentada en este último portal mencionado, pues asciende a 2 millones 909 589 pesos.
Si bien establecer sus ingresos no es tarea fácil debido a las diferentes imprecisiones, la pensión que le correspondería sería aproximadamente por esos 223 mil pesos mensuales si la mencionada ley, promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, no se hubiera materializado.
Tampoco es que se vaya a ir en blanco. A lo largo del sexenio, una prestación denominada Seguro de Separación Individualizado, que mantuvo la alta burocracia federal y también se suspenderá en el nuevo gobierno, le permitirá salir con una bolsa superior a los 4 millones 200 mil pesos; la mitad viene del presupuesto, la otra mitad, de su salario.
Esta última cifra es un aproximado, pues sólo cuando concluya su administración y emita su declaración patrimonial final, podrá saberse el monto de sus ingresos, ahorros y bienes oficialmente declarados para 2018.
Evolución patrimonial
Con base sólo en sus declaraciones patrimoniales, como servidor público en los primeros cinco años de gobierno, Peña Nieto tuvo ingresos por 14 millones 456 mil 946 pesos.
En el mismo periodo logró incrementar sus ahorros e inversiones sin transparencia en el origen.
Al iniciar la administración, en diciembre de 2012, tuvo ingresos por actividad financiera de 32 mil 500 pesos, en tanto que bajo el concepto “otros” ganó 12 mil 227 pesos. Para mayo de 2013 esos ingresos se habían multiplicado: por actividad financiera declaró 65 mil pesos, mientras que el concepto “otros” se multiplicó 11 veces, para un total de 146 mil 723 pesos.
Las variaciones en sus ingresos se registraron especialmente a partir de su declaración de 2015, seis meses después del escándalo de la “Casa Blanca” que lo forzó a abrir su declaración patrimonial: en mayo de 2014 había reportado ingresos anuales por cargo público, actividad financiera y “otros”, por 3 millones 370 mil 796 pesos, pero para 2015 sus ingresos se redujeron por unos 150 mil pesos en el concepto “otros”.
En noviembre de 2014, tras el mencionado escándalo –la adquisición de una mansión en las Lomas de Chapultepec sufragada por fuera del sistema financiero por Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista favorito del peñismo, oficialmente en 54 millones de pesos–, Peña Nieto dio a conocer los costos y el tipo de operación con el que adquirió nueve inmuebles. Lo hizo en El Noticiero de Joaquín López Dóriga. Luego remitió a Declaranet.
Aunque Peña Nieto había prometido en campaña hacer pública su declaración patrimonial, decidió abrir esos datos a casi dos años de iniciada su administración, en medio de la cobertura internacional por la residencia que terminó asumiendo como suya la primera dama Angélica Rivera.
Entonces como ahora, la declaración patrimonial no establece los lugares donde se ubican sus propiedades ni exhibe escrituras, documentos contractuales ni otros instrumentos jurídicos que comprueben lo plasmado en el reporte. Sólo establece que seis de las nueve propiedades fueron donadas por su padre y su madre, mientras que una más la heredó de su fallecida esposa, Mónica Pretelini. Únicamente compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años. Según su declaración patrimonial habría comprado una casa en 1982 por 924 viejos pesos. Explicaría después que fue una compra realizada por sus padres pero a su nombre, en ejercicio de la patria potestad.
Como ocurre en este caso, hay otros apartados, fechas y montos inconsistentes.
Por ejemplo, en 1988 su padre le habría donado un terreno de mil metros cuadrados con un valor de 11 mil 200 viejos pesos, de manera que al quitarle los tres ceros quedaría en 11 pesos actuales. Un año después, también su padre le donó un terreno rústico de 2.4 hectáreas por un valor de 647 viejos pesos.
El 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento con un valor de 2.6 millones de pesos (mdp). La herencia tendría que haber ocurrido en vida, pues Pretelini murió seis años después, en enero de 2007.
Peña Nieto compró una casa en diciembre de 2005, apenas iniciado su periodo como gobernador del Estado de México, con un valor de 5.6 mdp. La pagó de contado.
Las dimensiones de las casas y terrenos habían sido explicitadas desde su primera declaración, pero el valor de los inmuebles no está actualizado y sólo se presenta el valor correspondiente a la fecha de celebración de las operaciones.
Luego seguirían las propiedades que adquirió por donación de su madre que, según la explicación, las obtuvo a su vez por donación de su esposo. Se trata de un terreno de 2 mil 547 metros cuadrados, con un valor de 6.9 mdp, donado en 2009. Además, otras tres propiedades donadas en 2011: una casa de 150 metros cuadrados con un valor de 611 mil 253 pesos; otra casa de 338 metros cuadrados con un valor de 455 mil 600 pesos, y un terreno de casi seis hectáreas con un valor de 5.1 mdp y que, según explicó, son tierras de cultivo.
Otros bienes
Peña Nieto no tiene vehículos automotores, según su declaración patrimonial. Pero sí joyas y obras de arte, muebles y otros objetos valiosos, aunque a lo largo del sexenio no ha reportado incremento en ningún concepto, es decir, no ha comprado una joya, obra de arte y ni siquiera un reloj.
En mayo de 2007 habría pagado de contado 1 millón 900 mil pesos en joyas y relojes. Ese mismo año heredó de su fallecida esposa 2 mdp en obras de arte y cuenta con inversiones por 3 mdp en monedas y metales. 
El 8 de diciembre de 2011 su madre le donó más obras de arte por 1 mdp, así como relojes y joyas por otro millón. Además, valuados también en 1 mdp, recibió en donación muebles y objetos varios.
La revisión de cada una de sus declaraciones patrimoniales muestra que en esos conceptos no hay variación y, si nos atenemos a sus ahorros e inversiones declarados, hasta diciembre de 2017 el mandatario habría incrementado sus fondos durante cinco años en 5.9 mdp, pues en 2013 declaró tener 10.48 mdp, y en su última declaración, 16.24 mdp.
Ya sin el cargo público, los ingresos de Peña Nieto se reducirán significativamente, conforme a la información publicada, pues bajo el concepto “otros” y por actividad financiera, reporta apenas 618 mil pesos en todo 2017, su mejor año, lo que equivale a 51 mil 532 pesos mensuales, la quinta parte de su ingreso actual.
Así, el próximo viernes 30, Peña Nieto se irá con su nómina, el aguinaldo, los 4.2 mdp de su seguro para el retiro y los 5.9 mdp que ahorró mientras fue presidente. Un total de 10.5 mdp y nada más..
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018..
"Valadés defiende la polarización salarial": Martí Batres/
Acerca de las críticas que hizo en las páginas de este semanario el jurista Diego Valadés sobre las iniciativas de reforma impulsadas por Morena en el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, responde que la defensa que hace el constitucionalista de los salarios del Poder Judicial implica mantener la injusta polarización salarial que se intensificó en los regímenes panistas y en el de Enrique Peña Nieto. En entrevista, Batres también revela que el impulsor de esos cambios legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el presidente electo esté solo en su proyecto. 

Existe “una casta divina” de la alta burocracia federal a la que “no puedes tocar, no la puedes alterar porque reacciona”, y una serie de “ideólogos de la desigualdad” que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal y ante la promulgación de leyes como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, destaca el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.
En entrevista con este semanario, el legislador responde a las críticas y señalamientos realizados por el constitucionalista Diego Valadés (Proceso 2192), a quien considera “un jurista de la desigualdad” porque “lo que busca defender es la existencia de una polarización en la que un trabajador puede ganar 5 mil pesos y en el mismo aparato administrativo su superior puede obtener hasta 500 mil pesos”.
“Hay zonas de nuestro sistema público-administrativo en la que puede haber una diferencia de 100 a 1” en las percepciones salariales, argumenta Batres, y ­subraya que la “gran polarización salarial” se generó durante los gobiernos del PAN. 
“¿Cuándo crecieron sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Vicente Fox. En ese lapso también proliferaron los organismos autónomos. Son los años en que se puso de moda la gerencia pública”, afirma el expresidente de Morena.
Batres, tres veces legislador federal y exasambleísta capitalino, responde también a la crítica de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está “aislado” y que no existe “coordinación” entre las bancadas de Morena en el Congreso y el equipo del futuro mandatario.
“Ese es otro de los errores de Valadés. No ha acabado de entender que el principal impulsor de esta ley (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) es Andrés Manuel López Obrador. En la primera reunión que tuvimos los legisladores con él en julio de este año, cuando aún no era presidente electo y nosotros no habíamos tomado posesión, él planteó 12 puntos y en uno de ellos pidió que se encargara el diputado federal Pablo Gómez sobre la ley de salarios máximos”, relata.
–El argumento de Valadés es que esta ley se promulgó con erratas. Que ya no existe el Distrito Federal ni el concepto de salarios mínimos, entre otros puntos –se le comenta.
–No es correcto, porque para eso existen transitorios de otras legislaciones recientes donde ordena que donde dice Distrito Federal ahora diga Ciudad de México, etcétera. 
“Fue muy interesante lo que hicieron los diputados. ¿Por qué aprueban una ley de hace siete años? La aprueban para que quede publicada antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, porque así ya tienes un mandato legal. La firmamos Porfirio Muñoz Ledo y yo (como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado). 
“Terminó el proceso legislativo y se le mandó al Ejecutivo federal. El presidente tenía 30 días para hacer observaciones y tenía después 10 días para publicarla. Las observaciones son el veto. No lo hizo; pudo haberlo hecho. Terminó el plazo. Pasaron 10 días y no la publicó. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 72, inciso b? Que ‘una vez transcurrido este segundo plazo, el presidente de la cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo’”, explica Batres, leyendo este fragmento del artículo 72 constitucional que se modificó recientemente para eliminar el llamado “veto de bolsillo”.
Y le vuelve a contestar al exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras su entrevista con Álvaro Delgado: “Ahí se equivoca Valadés también. Dice que el presidente del Senado no debió haber ordenado su publicación. ¿Cómo que no debía haberla ordenado? ¡Me lo está diciendo un constitucionalista! El presidente del Senado no tenía de otra más que ordenar su publicación. Es muy lamentable que esto lo diga un jurista”.
–¿Por qué el Ejecutivo federal no hizo nada ante esta ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y elimina, entre otras cosas, las pensiones de los expresidentes y fija un tope salarial máximo de 108 mil pesos?
–Eso no lo puedo saber. Probablemente es un tema que no compartía. Si bien el Ejecutivo federal no la publicó, tampoco la vetó. El hecho de que él no la publicara no impedía su publicación. Yo no le reclamo este hecho, más bien reconocemos que no la vetó.
–¿Esta fue una decisión que se compartía con el presidente electo López Obrador?
La compartía plenamente. Desde la primera reunión que tuvimos con él en julio y en la pasada reunión del lunes (5 de noviembre), celebró su publicación. Es decir, no es cierto lo que dice Diego Valadés cuando dice que los legisladores actúan en contra de López Obrador. Cuando afirma que habrá una crisis burocrática, es falso. No hay evidencia ni siquiera de que vayan a renunciar muchos funcionarios de la alta burocracia.
“Es que viven en su burbuja. No entienden nada de lo que pasó y está pasando desde el 1 de julio. Desde mi perspectiva, es histórico ponerle un tope a los altos mandos y también fue histórica la manera en la que se publicó. ¿Qué lo permitió? La nueva composición del Poder Legislativo.”
La polarización inició con el PAN
A decir de Batres, “no hay evidencia” de que un alto ingreso genere menos corrupción y, en el caso del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros pueden adelantarse tomando medidas de austeridad, como las realizadas por el Congreso.
“Recuerdo en 2002 el caso de un presidente municipal de Ecatepec que se asignó un sueldo de 420 mil pesos, cuando el salario mínimo de aquel entonces sería un poco más de mil pesos. Había trabajadores de Ecatepec que ganaban menos de 4 mil pesos. En aquel entonces también estaban muy elevados los sueldos en ­Tlalnepantla, Naucalpan, pero en años más recientes hubo alguien que se asignó un sueldo de más de 500 mil pesos”, dice Batres.
–¿Este fenómeno es antiguo o se acentuó con los dos gobiernos del PAN y luego con el retorno del PRI?
–La gran polarización salarial en la administración pública llega a su máxima agudización en los gobiernos del PAN. Ahí te das cuenta de la influencia de la ideología conservadora llevada a lo público. ¿Cuándo crecen sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Fox. Comienza el despegue.
–¿No fue con Zedillo?
–No, sobre todo con Fox. En este lapso también proliferan los organismos autónomos. Estamos hablando de un país que en el año 2000 tenía ya grandes desigualdades, y en lugar de enfrentarlas se profundizan.
–¿A qué atribuyes esto? ¿A la ideología conservadora o a la visión gerencial del gobierno?
–A su visión gerencial del gobierno. Ellos quieren formar una casta público-gerencial. Por cierto, son los años en que se pone de moda la gerencia pública. Recuerdo que en 2000 se impartió un diplomado en la Cámara de Diputados sobre Gerencia, Política e Investigación de la Opinión Pública, de la Universidad George Washington.
–Escuché a la exministra y senadora Olga Sánchez Cordero decir que no está de acuerdo con la disminución de los salarios en el Poder Judicial. ¿Hay contradicción en este tema?
–Hay posturas personales y posturas institucionales. El movimiento que triunfó el 1 de julio, como fuerza política, ha enarbolado mayor equidad salarial. Que no puede haber salarios tan elevados habiendo salarios tan bajos. No se trata de que todos ganen igual, sino de que la distancia se acorte.
–Los defensores de los salarios altos argumentan que es un blindaje contra la corrupción y que también los técnicos o especialistas necesitan este tipo de salarios porque es el mercado el que define estos ingresos. ¿Salario alto es menor corrupción?
–No tenemos evidencia de que así sea. Y en cambio, lo que sí podemos ver como evidencia histórica es que en la época de los salarios más altos se elevó la corrupción. No es cierto que esto fue una medicina.
–¿Por ejemplo, en el Poder Judicial, los altos salarios disminuyeron la corrupción?
–No tenemos evidencia de que así haya sido. Lo que sí sabemos es que el periodo más elevado de impunidad es éste. El 98% de los casos no se resuelven en el ámbito judicial-penal. 
–¿Este saqueo de recursos públicos se resuelve sólo disminuyendo salarios?
–No, tiene que haber un paquete de medidas, pero si observamos lo que se está planteando en el Congreso, es un paquete grande e interesante: la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, ponerles un tope arriba para que los salarios altos no crezcan. Siempre el tope salarial ha sido abajo; ahora que se le pongan arriba.
“Está planteada también la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes obtenidos de la corrupción los recupere el erario. Bienes líquidos y materiales. Está también la revisión del catálogo de delitos, como el de corrupción, el de encubrimiento y, por otro lado, el robo de combustible, el fraude electoral, como delitos graves. También forma parte de un esquema de combate a la corrupción.
“Hay otro tema, que es quitarle fuerza a esta persecución que se hace de los negocios, del sistema de extorsión institucionalizada. Hay un ‘pago de piso’ institucional. El funcionario va por su mochada, si no, cierra el negocio.”
–¿Cómo embona esto en la agenda de las reformas legislativas y del aparato de gobierno que anunció López Obrador? Por ejemplo, la compactación del aparato público y la descentralización de secretarías. 
–Forma parte de ello porque es una visión completa de la austeridad y honestidad. No son lo mismo, pero tiene una visión de aprovechar mejor los recursos públicos. El tema de austeridad tiene qué ver: se está planteando disminuir arriba.
Los sexenios de De la Madrid y de Salinas fueron los de mayor adelgazamiento del Estado, pero desde la parte de abajo. Un millón de trabajadores fueron echados a la calle con el delamadridismo. Ahora se está planteando un adelgazamiento desde arriba. Dejaron muy cachetón al Estado; estaba obeso de arriba.
“El tema de los altos salarios se veía también como un asunto de competitividad. ¿Te das cuenta de la esquizofrenia del discurso de la competitividad laboral? Cuando se trata de salarios de los trabajadores deben ser muy bajos, porque eso nos hace más competitivos ante el mercado internacional, pero a las altas esferas para ser competitivos hay que darles salarios muy altos a los mandos. Es contradictorio y tremendamnte injusto.
“Por otro lado, un grupo muy reducido ve su propia realidad. No se da cuenta de que fuera de ese círculo hay miles y miles de mexicanos muy preparados con ingresos muy bajos. Tenemos profesionistas, científicos con sueldos muy bajos.”
La burocracia, “casta divina”
Al plantearle al presidente de la Mesa Directiva del Senado si Morena está rompiendo un sistema de castas, Batres contesta:
–Es una casta divina. No la puedes tocar. No la puedes alterar porque reacciona. Generó una identidad y espíritu de cuerpo. Esta casta es la que tiene los seguros de gastos médicos privados; obviamente las aseguradoras en algo se sentirán identificadas. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos sólo en el aparato federal.
–¿Existe esta casta también en el Poder Judicial?
–-Debemos escuchar a los ministros, debe haber transformación. Lo deseable es que este proceso sea impulsado en cada uno de los ámbitos. Un ejemplo es el propio Poder Legislativo, que comenzó a aplicar sus planes de austeridad. 
“Aquí en el Senado eliminamos un bono de bienvenida de casi 400 mil pesos por senador. Se les daba eso nada más por llegar. Eliminamos el complemento de aguinaldo, que era de 80 días de sueldo, no de 40. Eliminamos los estímulos por evaluación que son bonos. Se le daba a cada legislador después de aprobada cada reforma estructural.
“Eliminamos los vehículos asignados a los senadores y a los altos mandos. Se quitó la peluquería y el salón de belleza para los senadores. Se bajó 30% el salario de los altos mandos de la administración. Disminuyeron 50% los recursos de las bancadas, y las comisiones de 64 a 34.
–¿Era tan escandaloso el dispendio aquí como en la Cámara de Diputados?
–En la Cámara de Diputados, cuando llegué en 2000, me tocó un proceso de ajuste interesante que ocurrió en el periodo 1997-2000: se creó el servicio de carrera, se contuvo el aumento del presupuesto en general. Me tocó enfrentar una rebelión de diputados de todos los partidos que querían un bono de 1 millón de pesos. El argumento es que era un bono de marcha, como una liquidación.
“Ya en 2012, cada vez que aprobaban una reforma estructural había bonos de desempeño para cada diputado. En esa época comenzaron a proliferar los moches, los bonos, (y se mantuvieron) a lo largo de estas dos últimas legislaturas.”
–¿Qué debe hacer el Poder Judicial en esta materia?
–El Poder Legislativo, de manera autónoma, pudo tomar sus decisiones. Yo esperaría que fuera así en el Poder Judicial. Tengo la esperanza de que en cada órgano, más allá de las legislaciones, vayan tomando sus propias decisiones.
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AMLO-Proceso Diálogo pendiente
Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018..
LA TRANSICIÓN
“La diferencia entre Proceso y otros medios es que, en la revista, si acertamos, si nos equivocamos, somos nosotros. No hay nadie, nadie, que nos dicte, que nos obligue a publicar una sola palabra”.
Estos conceptos de Julio Scherer García, director fundador de Proceso, definen la libertad e independencia con las que ejercemos en esta publicación, sin concesiones, el oficio periodístico.
Proceso reafirma hoy, en la celebración de sus 42 años de existencia,El miércoles 7, Jesús Ramírez, coordinador de comunicación del próximo gobierno, declaró tajante a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula que no habrá entrevista con Proceso.
 su espíritu crítico hacia el poder y quienes lo detentan, del signo ideológico o de la bandera política que fueren. Lo mismo hacia sus actos u omisiones que a sus palabras, que por igual alientan o laceran a la sociedad que eventualmente les da el mandato.
El lunes 5 el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la más reciente edición de Proceso de “amarillista” y “sensacionalista”. Rechazamos el vituperio, indigno de un hombre de Estado. En la parte final de un mensaje que difundió por redes sociales, expuso:
“Somos libres y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla de la libertad de expresión y se niega el derecho de réplica. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No. No va a ser así. Tenemos que debatir, de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo, circular, y libertades plenas y para todos: para el que critica en los medios y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica, y voy a ejercer ese derecho y que nadie se sienta ofendido, lo voy a hacer de manera respetuosa.”
Proceso nunca le ha negado el derecho de réplica a nadie. Hemos decidido tomarle la palabra al presidente electo: que exista el diálogo. Como periodistas que somos, ateniéndonos a las reglas del oficio, le solicitamos formalmente una entrevista con Proceso, con plena libertad para ambas partes. Abordaríamos los temas principales de la agenda nacional, entre otros uno elemental para que se conozcan las reglas del juego: cómo serán las relaciones entre los medios de comunicación y el poder público en tiempos de lo que él llama la Cuarta Transformación.
Esperamos su respuesta. 
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018..
En materia de justicia, AMLO no ofrece soluciones de fondo: el ministro Cossío/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales. Esta es la opinión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío, a pocos días de su retiro, acerca de los planteamientos del equipo del presidente electo en ese ámbito. Sobre el estilo lopezobradorista de hacer política, advierte: “Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir…” 

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz afirma que el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto se desentendió de la política de justicia, mientras que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no ha perfilado lo que hará en esta materia, salvo propuestas que no apuntan hacia soluciones de fondo.

En entrevista con Proceso en vísperas de su retiro, luego de 15 años como ministro del máximo tribunal del país, subraya la urgencia de que México empiece un proceso de pacificación, no sólo por la violencia criminal, sino porque ha entrado en un proceso de polarización social que someterá a fuertes presiones a la libertad de expresión.

Hace falta un liderazgo político que se comprometa a tomar en serio el tema de la justicia en el país. “Hay un derrumbe institucional” en esa área, asegura. El caso de los tráileres deambulando con cadáveres en Jalisco es apenas una muestra de ello. Asimismo, anticipa: Si el tema de los miles de desaparecidos queda irresuelto, se convertirá en “una bomba de tiempo” que tarde o temprano estallará con la radicalización de los familiares de las víctimas.

Llegado desde la academia a la Suprema Corte en 2013, Cossío Díaz favorece la presencia de una comisión internacional para México. No para que reemplace a las autoridades encargadas de investigar los delitos y se encamine la justicia en el país, sino para capacitarlas, dado que muchas de sus acciones, por incompetencia, carecen de validez jurídica.

El próximo gobierno va a tener una gran presión en el tema, con el añadido de que podría hacer modificaciones al Poder Judicial bajo el argumento de la legitimidad de los 30 millones de votos. 

“Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir. No sé para qué tanto se va a utilizar ese discurso. Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten la narrativa de una persona que viene a resolver los problemas históricos del país, la del carro completo, la de los 30 millones, la del mandato popular. Eso se va a saber en el primer año del gobierno”, considera.

En el ambiente de polarización del país asegura que la libertad de expresión también estará bajo muchas presiones. Explica: La elección manifestó que hay diferencias mucho más hondas de lo que habíamos pensado. Esa heterogeneidad es la que se está manifestando. Lo peligroso es que uno trate de acallar al otro porque se es chairo o fifí.

Para los medios, dice, es una posición delicada porque se hacen y los hacen partícipes de estos grupos. “En términos de libertad de expresión, vamos a entrar, más allá de quién ocupe la Presidencia, es un fenómeno social muy difícil”.

A veces simplificamos en que había un antes y un después con López Obrador. No, él es causa de algunas cosas buenas y malas, y es producto de una situación social mucho más compleja, dice el constitucionalista.

Considera que la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un acto profundamente simbólico: Se fue construyendo una disputa que fue una extensión de la elección del 1 de julio. Llegamos a la elección en una sociedad enormemente tensada entre quienes pensaron que simplemente había que seguir con lo que había o los que estaban a favor de un cambio radical. 

En el caso del aeropuerto se llegó al punto de que era un asunto de perdedores y ganadores. La cancelación fue un acto de poder, pero también en el mantenimiento de lo otro llevaba la implicación de un acto de poder. Es un ejemplo de la deformación a la que estamos llegando en el país, asegura.

Confrontación ascendente

El ministro Cossío pasa a retiro de la Corte el 30 de noviembre próximo, en la víspera de que López Obrador asuma la Presidencia de la República. Las propuestas del próximo gobierno, al menos de lo que se ha dicho hasta ahora, para el ministro son insuficientes en comparación con los retos que enfrentará en materia justicia.

“Al país le hace falta un proceso de pacificación. Es muy importante encontrar la manera de irle bajando no sólo la conflictividad que genera la delincuencia, sino también a las muchas conflictividades que se nos están abriendo. Estamos por abrir una, incluso, entre clases sociales. Hay una escalada de dos bandos.”

Abunda: Estamos entrando en un proceso de muchos conflictos y de eso no tiene la culpa el próximo presidente. Son conflictos que no se habían podido manifestar, de clases sociales en los que las élites se están manifestando. 

La intensa confrontación que hubo en redes sociales por la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las expresiones xenófobas que están ocurriendo ante las caravanas de migrantes centroamericanos expresan para el ministro ese conflicto y la necesidad de emprender un proceso de pacificación. 

“Lo que me preocupa es si ese proceso de pacificación lo vamos a hacer de forma paralela a la justicia. Supongamos que se creen varias comisiones de la verdad. Cuando terminen, ¿qué van a hacer? Una de dos: O generan una resolución vinculante –con lo cual se estaría quebrando todo el orden constitucional– o una megarrecomendación, que tampoco tendría mucha efectividad.

Considera “muy peligroso” que en lugar de querer arreglar el sistema de justicia en serio, “porque el sistema de justicia penal hace agua por todos lados”, se esté creando una suerte de bypass, en la idea de que lo que importa es llegar a las verdades e identificar a los culpables. Así se construyan 20 comisiones de la verdad, seguirán siendo indispensables los órganos de impartición de justicia, recalca.

Durante su periodo como ministro, Cossío Díaz fue integrante de la Primera Sala, encargada de los casos penales y civiles que llegan a la Suprema Corte. Casos como la interpretación constitucional que permitió la prisión domiciliaria de Luis Echeverría estuvieron bajo su ponencia en la Sala, de la que fue presidente y compartió 13 años con la ahora senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Desde esa experiencia en justicia penal pone distancia sobre la propuesta del próximo gobierno de crear comisiones de la verdad para casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones de presuntos delincuentes a manos de militares cuando ya habían sido sometidos, o las masacres en San Fernando:

“Parece creerse que la pacificación va a entrar por actos de las comisiones de la verdad, de actos de buena voluntad. Y eso no es así. Hay una delincuencia pavorosa en el país. Se necesitan muy buenas investigaciones, llevarlas a los procesos. Sostener las acusaciones ante la justicia y llegar a una sentencia. Si no somos capaces de hacerlo, lo único que estamos haciendo es posponer el problema.” 

Para el constitucionalista, maestro por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, el sistema de justicia penal acusatorio que se aprobó en 2008 y entró en vigor en todo el país en 2016, fue prácticamente abandonado con todo y los problemas que significó su puesta en marcha y los ajustes que se le tienen que hacer.

Apunta: El actual gobierno hace mucho que abandonó el tema. Son varios años en los que no se hizo casi nada en el tema de justicia. El otro problema es que no se oyen ideas novedosas y tampoco una preocupación para hacerse cargo y generar un liderazgo político que se comprometa a hacer lo que haya que hacer para enfrentar ese pendiente.

Entrevistado el martes 6 en lo que fue su despacho en la Suprema Corte durante tres lustros, dice que ese liderazgo no recae en el próximo presidente, quien ha dicho que cada día estará al frente de la coordinación en materia de seguridad. Pero como jefe de Estado, sobre todo con la legitimación que tendrá, “podría generar un proyecto político, en el mejor sentido de la palabra, para transformar esto que tenemos en una política de justicia”.

Hay que asumir que el sistema de justicia no está funcionando por falta de ese liderazgo. Es necesario que se diga qué se va a hacer con el sistema de justicia penal: si se va a reformar, si se va a regresar a lo que había o se va adecuar, dice en contraposición a lo que ha anunciado el gobierno que está por iniciar.

La creación de comisiones o la generación de “perdones tan abstractos” no son la mejor solución, insiste. “Vamos a perdonar a ciertos sectores porque a lo mejor se lo merecen y vamos a perdonar a determinado número de personas, pero la delincuencia seguirá estando en otro montón de lugares”. 

No valen salidas paralelas

¿Cómo se va a hacer para que quien vive de robar, quien vive de la trata de personas, de la extorsión se salga de una actividad ilícita?, se plantea. Desde su punto de vista, no sólo es el dinero que le produce al delincuente, sino el sentido de pertenencia a un grupo que tiene sus narrativas, su música, sus códigos. Son condiciones mafiosas que para ellos son relevantes. 

“Un perdón en las actuales condiciones no sirve de nada”, asevera. Por qué un delincuente va a querer el perdón, si mañana y pasado puede delinquir porque la probabilidad de que lo detengan es prácticamente nula. Dirán entonces que no necesita el perdón de nadie.

Desde la perspectiva del Estado, dice el ministro, un perdón así no son más palabras vacías “porque es como decir: fórmense para ver quién quiere ser perdonado. Muchos dirían: a mí me da un poco lo mismo. Algunos dirán que se fueron a amnistiar para que les borraran todo su pasado, pero al día siguiente estarán en la misma actividad porque nada se habrá transformado”. 

“¿Por qué alguien se va a salir simplemente porque se le ofrezca un trabajo? Es mucho más complicado que pensar que están en la delincuencia porque no tuvieron oportunidad de empleo. A lo mejor en el origen sí, pero ahora es mucho más complicado”, dice sobre la manera en que el gobierno de López Obrador ha explicado la participación de sectores sociales, sobre todo los jóvenes, en la delincuencia organizada.

Sobre la propuesta del perdón añade: “Se puede perdonar, pero se tiene que decirle a la gente que existe una alta probabilidad de que si alguien delinque va a ser procesado. Por qué alguien va a dejar de delinquir si la probabilidad de que sea castigada es muy baja y si tiene un fuerte sentido de identidad y pertenencia con esos grupos”.

De acuerdo con el ministro, proponer salidas paralelas –parajudiciales, prejudiciales o metajudiciales– para resolver lo que la justicia no está haciendo, puede acabar por ser contraproducente. Primero porque aumentaría aún más la impunidad; y segundo, vendría un desencanto aún mayor hacia la justicia mexicana.

Las consecuencias no terminarían ahí, dice: “Se fortalecería en la sociedad la idea de que las únicas soluciones viables son como las que se están dando en Filipinas y lo que previsiblemente va a pasar en Brasil: es decir, que hay que actuar parajudicialmente y ejercer violencia por propia mano”. 

O bien, más sectores de la población empezarían a contratar cuerpos de seguridad privada para que primero realicen funciones de protección y luego se conviertan en fuerzas de represión. Hay muchísimas experiencias donde se formalizan ejércitos privados para mantener zonas de actuación. Ese paramilitarismo no lo tenemos aún en México y hay que evitarlo.

De la experiencia internacional, el ministro también dice que hay una parte recuperable, que son las comisiones técnicas: “Va a llegar un momento en que tengamos una comisión internacional de justicia para México porque nos hace falta muchos conocimientos técnicos”. 

Es muy bueno tener voluntad política y entusiasmo transformador, pero se necesita mucho trabajo técnico: “Para llevar a una persona a proceso y acusarla de corrupción, lavado de dinero o lo que sea, necesito entender que no es simplemente mi intuición, sino que tengo que ver un montón de evidencia bien construida para aplicar como juzgador una sentencia. Y eso mismo pasa con el Ministerio Público, los policías y los defensores”. 

No se trata que una comisión internacional que sustituya a las instituciones mexicanas, sino que las asesore técnicamente. A decir del ministro, “hay muchos protocolos que se hicieron luego de lo que pasó en Ruanda, en la ex Yugoslavia o en América del Sur. Son casos distintos, pero hay mucha experiencia de qué hacer”. 

Encargado de revisar las actuaciones de la autoridad en asuntos penales y civiles, y de cara a las salidas propuestas, Cossío Díaz afirma: “A veces tenemos la idea de que el Estado mexicano es grandísimo, que hay muchísimas autoridades. Pero lo que podemos ver es que muchas de las autoridades son muy incompetentes para hacer eso que el derecho les obliga a hacer. Consecuentemente, sus actos jurídicamente van a ser nulos y aquello que se quiso lograr como una buena idea, como una buena intención, como un modo de reparar males sociales acaba siendo tan malo como el problema que quisieron combatir. Con una desventaja, que después viene la decepción social”. 

Podría ser el caso de los desaparecidos, un tema al que piensa dedicarse cuando se convierta en ministro en retiro, casi a los 59 años. Hay miles de familias en México que tienen “muertos vivientes”. Es dramático lo que están viviendo las familias: “No saben qué pasó con ellos. Es una cicatriz que crece y si no se resuelve bien, la sociedad lo pagará en 10 o 15 años, cuando tendremos movimientos cada vez más radicales y dolidos”.

Afirma: “Un Estado que no es capaz ni siquiera de entregar a los familiares los restos de las personas a quienes el Estado no tuvo la capacidad de proteger, se está construyendo una bomba de tiempo que estallará tarde o temprano”.


El drama que vivimos en Jalisco con los tráileres abandonados por no tener dónde depositar los cadáveres muestra simplemente una falta de capacidad institucional para tratar a los muertos, a quienes el Estado no les pudo garantizar lo más mínimo, que es la vida. No duda en calificarlo: Es un derrumbe institucional.