La LOAPF, una ley humanista, pero supercontroladora/JESUSA CERVANTES...
La aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en San Lázaro durante la madrugada del miércoles 14 dividió las opiniones de las bancadas. Mientras los representantes de Morena hablan de las bondades de la reingeniería integral que proponen Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ponen el acento en la concentración de poder en el próximo mandatario. Todos estarán supeditados a él, considera la priista Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la panista Adriana Dávila llega al grado de hablar sobre los supuestos riesgos de una “dictadura”.
El andamiaje administrativo diseñado por Andrés Manuel López Obrador y afinado por la Cámara de Diputados contiene medidas radicales cuyo propósito es apuntalar su proyecto de nación. Con esa reingeniería busca terminar con las cuotas de poder y el uso discrecional del dinero practicado por el priismo y sobre el cual se meció el PAN durante dos sexenios consecutivos, de 2000 a 2012.
Para la oposición, esas medidas –que apuntan a una concentración de poder en la figura presidencial y sus hombres: Alfonso Durazo Montaño, Gabriel García Hernández, Carlos Urzúa y Julio Scherer Ibarra– presuntamente provocarán choques con las entidades federativas.
La priista diputada Dulce María Sauri Riancho advierte sobre el riesgo de que el país se extravíe en un laberinto que nunca imaginó; en contraste, su colega Adriana Dávila, del PAN, vislumbra un Estado policiaco y un amago de dictadura.
En defensa de la reingeniería administrativa, Dolores Padierna, de Morena, sostiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) –aprobada por mayoría la madrugada del miércoles 14 y que los próximos días se discutirá en el Senado para dar el último toque que reinstala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– es “humanista”.
Arguye que se apoya en el artículo primero de la Constitución, cuyo eje es el respeto a los derechos humanos. “No es centralista –abunda–, es quitar una bola de vicios que la administración pública tiene y practica desde hace 80 años”.
Los elementos concentradores
El peligro más grave de las modificaciones a ley mencionada es la concentración del poder, sostiene Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, quien dice tener vocación de salmón: nadar siempre contra la corriente.
Relata que convenció a sus 46 compañeros de bancada para exponer en tribuna los peligros que, según los priistas, entraña la nueva ley, lo que prolongó el debate hasta la madrugada del miércoles 14.
“No nos confundamos –puntualiza–. Cuando hablo de concentración de poder, hablo de concentración en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador”. Y, con base en el artículo 17 de la mencionada ley, alude a los llamados superdelegados que, insiste, estarán “bajo el mando directo del presidente de la República”.
Desgrana los cinco elementos “concentradores de poder”:
Uno: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estará a cargo de Carlos Urzúa, nombrará, removerá y tendrá bajo su control a “sus embajadores”, las llamadas Unidades de Administración y Finanzas (UAF).
Con ellos, dice, habrá una disputa con las “entidades paraestatales”, pues éstas tienen sus propias leyes.
Esas unidades, según Sauri, se encargarán de la planeación, programación, informática, recursos humanos, materiales, contabilidad, archivo y presupuesto. Habrá una en cada secretaría de Estado y entidades paraestatales. “Su facultad –insiste– es la concentración total”.
Dos: la Consejería Jurídica, a cargo de Julio Scherer Ibarra, quien designará a los encargados jurídicos de todas las áreas del sector público, “estará bajo su égida… Va a ser sumamente delicado y va a ser un choque y motivo de controversia cuando pretenda ejercer funciones la Consejería Jurídica para introducir a sus embajadores”.
La priista yucateca simplifica: si hay un reclamo de industriales por las altas tarifas eléctricas, habrá incluso amparos, y la autoridad responsable se va a ir directo, ya no sólo la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sino también el presidente. “Y aunque se los advertimos a los diputados de Morena, hicieron caso omiso”.
Tres: la oficina de Comunicación Social, al frente de la cual estará Jesús Ramírez Cuevas, también estará adscrita al presidente; se encargará de nombrar a los directores en esa materia en cada secretaría, incluso la de Gobernación. “Les dijimos que estaban vulnerando las funciones de regulación de esta secretaría”.
Cuatro: la Secretaría de Gobernación se encargará de nombrar a todos los encargados de “enlace”, lo cual significa, dice la legisladora priista, que “tendrá control sobre los interlocutores. ¿Y qué harán los titulares de las dependencias? Van a ser secretarias momias, pues los van a sentar en el escritorio y van a estar acotados por estas cinco acciones”.
Cinco: la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que a partir del 1 de diciembre será encabezada por Gabriel García Hernández, nombrará a los superdelegados o “virreyes”, a los que Sauri prefiere definir como “gobernadores federales”.
Ellos estarán en todo, dicen. Van a nombrar a delegados regionales cuya tarea será impulsar el desarrollo integral. Eso, dice, “abre el candado” para que puedan estar en los Consejos de Seguridad.
Durante la visita de Alfonso Durazo Montaño, quien será titular de la Secretaría de Seguridad “remasterizada”, los delegados participarán en los consejos; incluso podrán ser suplentes del gobernador, lo cual causó el reclamo de la bancada del PRI en San Lázaro.
Sauri Riancho insiste: “Esos gobernadores federales no sólo no abrieron la ventanita para despresurizar esa concentración de poder y evitar chocar con las facultades y soberanía de los estados; la reforzaron porque dependerán directamente del presidente”.
AMLO, el omnipotente
La exgobernadora de Yucatán lo dice directo: Andrés Manuel será un hombre poderoso. Todo se hará “como él decida. Las instituciones están hechas para eso; también la reforma administrativa”.
Sus hombres también serán “poderosos, pero el suyo será un poder delegado, no por derecho propio. La concentración –machaca la legisladora priista– está en la figura presidencial”.
Ellos son, en la Consejería Jurídica, Scherer Ibarra, que será “un poquito el coordinador de delegados; Alfonso Romo –quien podría ser el “segundo agente de relaciones públicas; la primera será Olga Sánchez Cordero– en la Oficina de la Presidencia; García Hernández; Ramírez Cuevas”. Por lo que atañe a Urzúa, dice que va a ser “el primer sufriente de la nación”.
Dolores Padierna, vicepresidenta de Morena en San Lázaro e integrante de la Comisión de Gobernación, destaca el peso de la Consejería Jurídica y lo hace en relación con los problemas de las últimas administraciones: la corrupción, que, dice, se da por falta de legalidad y dispersión de recursos.
“Ahora se va a poner en los jurídicos a gente muy avezada en la materia, de confianza; tienen que ser muy bien seleccionados porque quien está de por medio es el presidente. El Poder Ejecutivo radica en una persona, no en los secretarios, y se va a cuidar la legalidad, honestidad y eficacia. Su oficina (la de Scherer Ibarra) se encargará de que no haya actos de corrupción.”
¿Y eso no hace poderoso a Scherer Ibarra? –se le pregunta a Padierna
–Sí, lo hace poderoso porque antes la consejería sólo asesoraba al presidente o sus iniciativas de ley; estaba para otras cosas. Ahora el consejero va a estar para cuidar que toda la administración pública y todos sus actos estén apegados a derecho. Y López Obrador lo ha dicho: como nunca, se va a respetar el estado de derecho.
–Los hombres fuertes del presidente, ¿quiénes serán?
–El único fuerte será el presidente.
–¿Y los demás?
–Serán secretarios, de acuerdo con las facultades que la ley les da.
–¿Y quién tendrá mayores atribuciones?
–La Secretaría de Gobernación, pero no lo han querido ver así. Se le regresa la facultad de cuidar la gobernabilidad interna, contener las problemáticas nacionales, buscar consensos, puentes con los distintos actores. Su titular va a promover la participación ciudadana, se encargará de los desaparecidos, de las víctimas, de humanizar… La LOAPF es muy humanista y está basada en el artículo primero constitucional: el respeto a los derechos humanos.
–La oposición califica a la Segob de “florero”, de ser una secretaría de “relaciones públicas”…
–La quieren minimizar porque Enrique Peña Nieto le dio todo este aparatote y ahora dicen que nada más es para saludar. Ellos (los priistas) tienen esa lógica de que quien estaba al frente de esa dependencia era el segundo hombre o el vicepresidente. Ya no hay eso.
–¿Entonces ya no habrá hombres fuertes del presidente?
–Son servidores públicos. Desde el presidente hasta el más humilde de sus colaboradores. Que quede claro por si alguien no lo ha entendido.
Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, considera que Urzúa sí será un hombre fuerte del presidente, pues “adquirió una gran cantidad de atribuciones y poder”.
Con respecto a Scherer Ibarra, dice, es muy cercano a AMLO, pero su peso será la parte jurídica, no la política; lo mismo ocurrirá con Durazo Montaño en materia de Seguridad, igual que con Romo.
Para Adriana Dávila, diputada y vocera del PAN en San Lázaro, según la LOAPF “el presidente no permite que nadie brille. Los aparentemente fuertes van a estar bajo su mando, lo cual no está mal. A mí no me espanta que haya un solo proyecto encauzado a lo que él está pensando. Lo grave es que piense que su verdad es la verdad absoluta. Tiene al hombre de la policía (Durazo) y al hombre del dinero (Urzúa)”.
Medidas radicales
Dolores Padierna, quien participó en la discusión de la ley, al igual que el resto de los entrevistados, detalla que los cambios tienen dos grandes objetivos: acabar con la corrupción y atender a la gente. “Dos cosas con medidas radicales porque se tiene que actuar ya. El tiempo es poco y los resultados tienen que ser inmediatos”.
Como medida radical enmarca la creación de las Unidades de Administración y Finanzas en cada secretaría y órganos, que, como su nombre lo indica, se encargarán de administrar, pero no manejarán un solo centavo.
“El dinero va a estar en un solo lugar: la subsecretaría de Egresos. ¿Quieren buscar corrupción? Pues no anden buscándola, nada más habrá dinero en un lugar: Hacienda. Es una medida fuerte, complicadísima. Y Urzúa no será un supersecretario; va a tener mucha complicación para poder aterrizar el asunto, pero es la única manera de hacerlo.”
Esto es sólo otra manera de organizarse, y lo dice el artículo 90 constitucional, añade Padierna. Dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, no dispersada, no descentralizada; eso no lo dice la Constitución, pero ellos (PRI y PAN) lo hicieron así.
En la centralización del poder, la panista Dávila ve demonios: “Centralizar y controlar desde la policía, la inteligencia, el recurso, la protección civil, está siendo un esquema de control gubernamental, incluso electoral… un Estado policiaco y que va al control político del país. Los superdelegados serán una parte para regular dinero y luego el control de la policía. Con eso ya tienes su base electoral bien planeada. Creo que ver de esa manera el control político, nos lleva a una dictadura”.
El emecista Tonatiuh Bravo añade otras consideraciones que sus correligionarios consideran peligrosas: los delegados no deben participar en los consejos de seguridad, pues “ello le quita lo poco que le queda de institucionalidad a la seguridad”.
Explica: “Si tú politizas, se convierte en un campo de batalla electoral. Y los coordinadores o superdelegados son quienes fueron candidatos a gobernadores. Lo más probable es que lastimen la soberanía, pues serán intermediarios entre la federación y los estados. Serán delegados empoderados, pues no dependerán de una secretaría, sino del presidente de la República. Y eso lastima la soberanía estatal”.
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Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
Sí! Esperanza Animal demanda que se actualice la ley contra las corridas de toros
PALABRA DE LECTOR
Señor director:
El 31 de octubre de 2018 los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron que ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural.
También determinaron, si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. “Es constitucional la prohibición de las peleas de gallos porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal”.
Lo anterior es un precedente para que pueda armonizarse –sin ningún inconveniente– la aún vigente Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y dé paso a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que elimina la excepción de las corridas de toros y las sanciona.
El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la CDMX. En el Título Segundo “Carta de Derechos”, artículo 13 “Ciudad habitable”, apartado B “Protección a los animales”, claramente establece: “Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común”.
Sin embargo, pese a haberse lanzado iniciativas en el nuevo Congreso de la Ciudad de México, de nuevo vemos un “pacto de silencio” institucional sobre la crueldad y el maltrato animal. Tampoco debemos permitir llevar este tema a una consulta para evitar cumplir con su obligación. Los derechos reconocidos en la Constitución no son materia de consulta.
De acuerdo con la Carta Magna, la Temporada Grande en la Plaza México ya no debería llevarse a cabo. Se trata de un espectáculo que debiera ser ilícito, pero que se reconoce lícito por la omisión de las autoridades y los legisladores. En esta urbe se castiga con cárcel el maltrato animal; aunque un maltrato explícito que causa la muerte del animal –mediante la tortura– no se penaliza. Es un trato discriminatorio hacia los toros.
¿Es legítimo que la ley mantenga una excepción e ignore el mandato constitucional en beneficio de los empresarios, a costa del sufrimiento de los animales? ¿O que continúe por el gusto personal de unos cuantos políticos del nuevo gobierno?
Exigimos a los diputados valentía política para cumplir con su deber; fueron elegidos como representantes populares. Armonicen la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal para eliminar las corridas de toros, una práctica bárbara, rancia, anacrónica y decrépita.
Atentamente:
Mónica Hernández Castanedo y Laura
Hernández Castanedo Integrantes de Sí! Esperanza Animal, organización no gubernamental
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