Jueves, 15/Nov/2018
Se estima que el mercado delictivo de las drogas asciende a entre 425.000 y 650.000 millones de dólares. Cada vez más recursos ―más de 100.000 millones de dólares al año― se destinan a la aplicación de la ley en un intento de erradicar este mercado, pero su expansión tenaz no desfallece. En el mejor de los casos, se ha logrado interrumpir de forma localizada, marginal y temporal la producción y el suministro de drogas. Los costos humanos han sido incalculables y se han constatado en una letanía de corrupción, violaciones de los derechos humanos, encarcelamiento en masa y derramamiento de sangre y muertes en la guerra contra las drogas.
Estuvimos en la primera línea de la “guerra contra las drogas” y sabemos que no estamos ganando. Luchamos contra notorios jefes de cárteles, como Pablo Escobar en Colombia (César Gaviria) y presenciamos cómo el dinero de las drogas puede corromper la política. Vimos cómo aquellos que fueron encarcelados por delitos menores relacionados con las drogas se convirtieron en delincuentes curtidos (Olusegun Obasanjo). También pudimos observar cómo Guinea-Bissau quedó rápidamente socavada por bandas de narcotraficantes para convertirse en el primer “narcoestado” de África (José Ramos-Horta).
La demanda es una realidad y siempre lo ha sido. En un régimen prohibicionista, las drogas ofrecen el tipo de márgenes de ganancias extraordinarios que pueden atraer a los empresarios delictivos más despiadados. Mientras que el precio del café puede multiplicarse por cuatro entre el productor y el consumidor, el precio de la heroína o la cocaína ilegales puede aumentar más de un 15.000 % cuando el consumidor lo compra en las calles de Europa o Estados Unidos. La oferta siempre encontrará un camino mientras haya demanda dispuesta a pagar estos precios. Los beneficios son demasiado elevados como para ignorarlos.
El fracaso del paradigma prohibicionista se destaca por los últimos datos de la ONU, que muestran que, incluso después de décadas de esfuerzos de erradicación, arrestos y derramamiento de sangre en Colombia y Afganistán, la producción de cocaína y opio ha alcanzado niveles sin precedentes.
Instamos a los Gobiernos y organismos multilaterales a que reconozcan lo que es obvio: que no podemos eliminar las drogas de nuestras sociedades, y tratar de hacerlo solo dañará más a las personas y debilitará a las comunidades, economías e instituciones democráticas. Mientras que la “guerra contra las drogas” está alineada con los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, va en contra de los ideales y valores que deberían orientar la comunidad internacional. Hay que recordar que el sistema multilateral fue concebido para promover la paz, no para dar legitimidad a tal guerra absurda. En lugar de promover los objetivos compartidos de desarrollo, seguridad y derechos humanos de la ONU, la guerra contra las drogas está haciendo exactamente lo contrario.
Pero hay una mejor solución. Debemos atrevernos a cambiar de rumbo, aceptar la realidad histórica de los mercados de drogas y explorar formas pragmáticas alternativas de gestionarlos para reducir sus posibles daños. Debemos seguir el razonamiento de que si la prohibición está empeorando las cosas, la regulación de las drogas por parte del Gobierno podría mejorarlas. Además, la regulación y la gestión de productos y comportamientos arriesgados constituye una función clave de las autoridades gubernamentales de todo el mundo. Representa la norma, desde el tabaco y los productos farmacéuticos hasta los automóviles y los equipos eléctricos. Y si la prohibición enriquece y fortalece a la delincuencia organizada, quitarle el control de los mercados de drogas tendrá el resultado contrario.
Poner en marcha una estrategia reguladora efectiva para gestionar los riesgos sanitarios y sociales de las drogas, y los mercados de drogas, forma parte de un enfoque responsable, basado en la evidencia, que trata con el mundo tal como es, en lugar de un vano afán ideológico por lograr un “mundo libre de drogas”. Creer que esto significa admitir la derrota o aprobar el uso de drogas es dudar de la capacidad de las instituciones nacionales a regular una sustancia dentro de sus fronteras.
Transitar hacia la regulación de los mercados de drogas entraña, sin duda, muchos desafíos. Los diferentes Estados enfrentarán asuntos que reflejen sus diferentes circunstancias, y nuestro nuevo informe no ignora los desafíos singulares de la regulación para las economías en desarrollo o aquellas con instituciones frágiles.
Al optar por regular, los Gobiernos pueden decidir qué productos se venden, dónde y por quién, quién puede comprarlos y dónde y cómo se pueden consumir, recuperando el control de todos los aspectos del mercado. En consecuencia, nuestros niños y niñas estarán mucho mejor protegidos contra los posibles daños de las drogas y la violencia de los mercados de drogas.
No estamos sugiriendo que la regulación de las drogas elimine por completo el mercado delictivo o libere al mundo de la delincuencia organizada. No será una “solución mágica”. Pero transitar hacia la regulación puede reducir de forma drástica la escala de los mercados de drogas ilegales, las actividades de la delincuencia organizada y el daño que causan, así como el poder e influencia general de la delincuencia organizada.
Si bien los buenos resultados del control legal responsable de las drogas solo se lograrán paulatinamente, es hora de dar los primeros pasos en este proceso y comenzar a revertir los errores monumentales del pasado. Los Gobiernos tienen la responsabilidad hacia sus ciudadanos de explorar estas posibilidades con detenimiento. Debemos regular las drogas no porque sean seguras, sino precisamente porque son arriesgadas....
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