Suprema corte de justicia Proceso electivo bajo nubarrones/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En pleno inicio de un gobierno que plantea una transformación del Estado conforme a criterios de austeridad y combate a la corrupción “desde arriba”, el Poder Judicial de la Federación está en proceso de elegir a su máximo representante. Confrontados con los poderes Ejecutivo y Legislativo por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por la creación de la Guardia Nacional, los ministros que aspiran a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación se muestran dispuestos a sancionar el nepotismo y la corrupción, pero insisten en preservar a la justicia federal de cualquier intromisión de los otros poderes a fin de mantener su autonomía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su presidente para los próximos cuatro años en medio de una confrontación de los poderes del Estado que comenzó con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Orador y su mayoría en el Legislativo.
Ante las pretensiones del oficialismo de reformar al Poder Judicial, el nuevo representante máximo de éste tendrá como primera tarea defender la autonomía e independencia de los jueces federales, aunque al mismo tiempo deberá de reducir y transparentar el gasto.
Los cuatro aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales al frente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de vigilancia y control de los más de mil jueces y magistrados federales, lo expresaron así en sus propuestas.
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dicen estar dispuestos a reducir el gasto del PJF durante los próximos cuatro años. Pero se les adelantó la Cámara de Diputados, que el lunes 24, en la aprobación del presupuesto para el próximo año, redujo en mil 700 millones de pesos los recursos para el Poder Judicial.
El más afectado fue el CJF, al que le redujeron mil 500 millones de pesos. A la SCJN le quitaron 124 millones y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) casi 68 millones.
La reducción tuvo una clara dedicatoria: los ministros de la Corte, cuyas percepciones mensuales superiores a medio millón de pesos han sido la bandera de López Obrador contra de “los privilegios del Poder Judicial”, que también ha sido enarbolada por la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por el partido oficial, Morena.
Confrontación por salarios
Aún no están resueltas las controversias judiciales contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que tiene confrontados a los tres poderes en los tribunales y según la cual nadie en el servicio público debe ganar más que el presidente de la República.
Aprobado durante el gobierno de Felipe Calderón, ese mandato fue convertido en ley en septiembre pasado, con la llegada de la nueva legislatura de mayoría morenista. Conforme lo había fijado López Obrador, la norma estableció que el presidente de la República ganará 108 mil pesos mensuales netos, sin considerar prestaciones.
Los diputados no esperaron a la resolución de los juicios sobre la Ley de Remuneraciones y aplicaron a los ministros el principio constitucional aprobado hace nueve años, aunque la Constitución también prohíbe la reducción de los salarios durante su encargo.
Si bien tres de los 11 ministros llegaron a la Corte antes de esa reforma, los diputados decidieron bajar en casi medio millón de pesos los ingresos anuales de los ministros Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, actual presidente de la Corte, y Arturo Zaldívar, candidato a sucederlo. Al año ganarán 4 millones 169 mil 956.73 pesos, el mismo ingreso que tenían en 2009.
La única que se salvó fue la ministra Margarita Luna Ramos, quien ya formaba parte del pleno de la Corte cuando se aprobó la reforma y quien se retira en marzo próximo. Hasta entonces seguirá cobrando 4 millones 659 mil 489 pesos.
A los siete ministros restantes, por haber llegado a la Corte después de la reforma de 2009 les redujeron millón y medio de pesos al año, por lo que ganarán, libres de impuestos, 3 millones 53 mil 608 pesos. En ese grupo quedó el nuevo ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien a propuesta de López Obrador fue electo para el periodo de 2019 a 2034.
González Alcántara Carrancá, quien fue designado ministro el pasado 20 de diciembre, cumplirá su primer acto en el máximo tribunal el miércoles 2 de enero, cuando los ministros voten para designar al próximo representante del PJF. Con su voto se evitará el desaguisado de hace cuatro años, cuando tuvieron que ocurrir 32 rondas de sufragios para elegir a Luis María Aguilar.
En ese entonces, debido a la muerte del ministro Sergio Valls y a la tardanza del Senado y del Ejecutivo en designar a su sucesor, 10 votos se dividieron por igual entre Aguilar y Zaldívar. El empate al final lo rompió el entonces presidente de la Corte y ahora ministro en retiro Juan Silva Meza. Lo hizo porque, de prolongarse más la votación, habría perdido un vuelo internacional que tenía programado ese día, confiaron fuentes judiciales a Proceso.
Como ha sido habitual, la disputa por la presidencia para el periodo 2019-2022 es entre los candidatos considerados “externos” y los de carrera judicial. Los externos son el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de 49 años, y Arturo Zaldívar, de 59, quien busca por segunda vez la presidencia de la Corte y la SCJN. Ya no tendrá otra oportunidad, pues su cargo termina en 2024.
Los de carrera judicial son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, de 57 años, quien también ha buscado otras dos veces representar al PJF, y el ministro Alberto Pérez Dayán, de 58. Pardo tampoco podría postularse por tercera vez, mientras que Pérez Dayán aún estaría a tiempo, porque su retiro está previsto para el año 2027.
En 2005, cuando era magistrado, Pérez Dayán se opuso al desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México impulsado por el gobierno de Vicente Fox. Actualmente se encuentra en colisión con la Presidencia de la República y el Senado debido a que ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones al darle entrada a una acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría calificada en el Senado.
Nepotismo
En la confrontación de poderes pesan las intenciones de Morena de reformar la designación y permanencia de los jueces para “combatir el nepotismo” en el PJF.
En agosto pasado, un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) mostró que 51% de los jueces y magistrados de circuito tienen al menos un familiar en el PJF.
Según la indagación, firmada por el investigador Julio Ríos Figueroa, a nueve de cada 10 de esos familiares se les asignó plaza sin que mediara algún filtro de mérito. Además, en 25% se trata de relaciones de intercambio, en las que un juez o magistrado contrata a un familiar del titular de otros tribunales.
En diciembre de 2006, Proceso dio a conocer que hijos y familiares de los entonces ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación, estaban adscritos en esas ponencias en relaciones de intercambio. Recientemente, el portal Aristegui Noticias dio a conocer los casos de los ministros Aguilar Morales, presidente de la Corte, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En la presidencia de Aguilar Morales hubo otro escándalo: la venta de exámenes para concursar a juez de Distrito. El hecho ha incentivado las pretensiones de Morena de reformar al PJF, y que tiene como principal impulsor al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal.
Como titular de la entonces delegación Cuauhtémoc, Monreal estuvo a punto de ser destituido por la SCJN debido al incumplimiento de un laudo laboral que obligaba indemnizar a una empleada despedida en 2003.
La sombra de las reformas permeó las propuestas de los candidatos a presidentes de la Corte, quienes anteponen la necesidad de defender la independencia y autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de poderes ante la hegemonía de Morena, que además del Ejecutivo, tiene la mayoría en el Congreso de la Unión y en 17 congresos estatales.
El PJF tiene garantías constitucionales “para independizarnos de otros poderes y para resguardarnos de la sanción y el reproche de aquellos a quienes afectamos con nuestras decisiones, sean las mayorias, sean las minorias, sean los poderes fácticos, sean los poderes económicos”, señaló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su propuesta para presidir ese poder.
El extitular del Servicio de Administración Tributaria añadió: el PJF pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen de lo que percibe como desmesura y privilegios.
El proceso electoral de 2018 expresó un reclamo generalizado a favor de que las instituciones públicas sean más eficaces, que racionalicen y moderen su gasto y sean honestas y transparentes, señaló en respuesta a las presiones del lopezobradorismo para que el PJF sea más austero.
Advirtió: tampoco puede ignorarse que por el contenido programático del nuevo gobierno ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes, ante los cuales el PJF “está llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales” que impliquen esos cambios, pues tiene “un papel fundamental en el régimen democrático y en el sistema de pesos y contrapesos”.
En su programa, el ministro Pardo Rebolledo definió a la SCJN como “piedra angular en el equilibrio de poderes”, aunque propuso recortar hasta en 10% el gasto del PJF porque en la elección de este año se demostró que la sociedad “exige austeridad”.
“Se nos demanda combatir todo símbolo de nepotismo, y aun la sola apariencia de que éste pueda existir”, señaló el ministro, cuya hija Daniela Pardo trabaja en la ponencia del presidente de la Corte.
De igual forma se pronunció por métodos más rigurosos en la designación de jueces, magistrados y todo el personal del PJF, así como “castigar con todo rigor” a quienes cometan actos de corrupción.
La defensa del PJF ante los otros dos poderes también es bandera del ministro Pérez Dayán. “La Suprema Corte es un contrapeso real” y “un pilar” en la relación entre gobernantes y gobernados, pues es el revisor último del orden jurídico y hasta puede expulsar normas, señaló en alusión a la Ley de Seguridad Interior que el máximo tribunal desechó en noviembre pasado por violaciones al proceso legislativo y por considerar que los militares no deben realizar labores de seguridad pública de forma permanente.
Además, coincidió con favorecer “estrictas medidas de austeridad y racionalización de los recursos públicos”, métodos más severos para elegir jueces y sanciones severas contra servidores públicos que cometan actos de corrupción, con lo cual “la autonomía del PJF se fortalece”.
El ministro Arturo Zaldívar destacó que “el principal desafío de la SCJN y del CJF será llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontacion entre poderes o choque de trenes”. Asimismo, aseguró que el PJF debe demostrar “sensibilidad frente a los legítimos reclamos sociales”, pero “en el marco de nuestra autonomía”.
Señaló que la “percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF” se debe a “deficiencias en transparencia, comunicación y apertura”. Sin embargo, propuso medidas de austeridad, de combate al nepotismo y a la corrupción, esto con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ante el “vergonzoso episodio” de la venta de exámenes en el último concurso para la designación de jueces, Zaldívar propuso “la total transparencia de los concursos de oposición” y que en todas las reformas “las iniciativas y todas las etapas del procedimiento legislativo deben llevarse a cabo con la participación pública y abierta del PJF”.
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