GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso #2219, 12 de mayo de 2019...
Activistas, familiares de desaparecidos y el segundo visitador de la CNDH ven con preocupación la displicencia con la que, afirman, se conduce el gobierno federal en los casos de militares y policías implicados en la violación de derechos humanos. Uno de los entrevistados plantea que, así como el presidente López Obrador “sí hace públicos los nombres de las empresas y exfuncionarios que han estado involucrados en hechos de corrupción… ¿por qué no hacer lo mismo con aquellos servidores públicos señalados de violar el derecho a la vida…?”.
Gloria Leticia Díaz
Durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, elementos de la Marina, la Defensa y la Policía Federal implicados en la violación de los derechos humanos gozaron de una alta tolerancia, de acuerdo con la información recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitudes de información ciudadanas.
Hoy que esos cuerpos armados se aprestan a formar parte de la Guardia Nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se muestra displicente frente a los casos de elementos castrenses presuntamente implicados en esas prácticas ilícitas, algunos de los cuales incluso se litigan en instancias internacionales.
En entrevistas por separado, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la CNDH; José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), advierten sobre el riesgo de que los abusos castrenses y policiacos se repitan con la Guardia Nacional.
Los tres insisten en que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los indicadores prioritarios para evaluar la efectividad del nuevo cuerpo de seguridad.
“La numeralia no nos dejará mentir”, indica Guadarrama López, al tiempo que muestra las recomendaciones por violaciones a derechos humanos particulares y por violaciones graves cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (PF).
Pero sobre todo, agrega el visitador de la CNDH, no hay que olvidarse de las víctimas.
De 2006 al pasado 22 de abril las tres dependencias federales han dado pie a 266 recomendaciones del ómbudsman nacional, que en ellas identifica a por lo menos 2 mil 49 víctimas, 731 de las cuales señalan como agresores a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 259 de la Secretaría de la Marina (Semar) y a mil 59 policías federales.
En esas violaciones, algunas de las cuales son consideradas graves por la CNDH, son recurrentes los señalamientos por detención arbitraria, retención ilegal, tortura, trato cruel, inhumano o degradante y privación de la vida.
“Al no conseguir lo que andan buscando, los servidores públicos recurren a la tortura, al uso excesivo de la fuerza o al maltrato”; es decir, las violaciones empiezan con la detención, sostiene el visitador.
Resalta que si bien durante ese periodo el organismo identificó a 99 mandos de la Sedena, 84 de la Semar y 129 de la PF como responsables de abusos, fue a partir de 2010 cuando se obtuvieron 200 registros de denuncias presentadas ante el Ministerio Público federal.
De esos 200 casos, el Ministerio Público sólo consignó 44 ante juzgados de Distrito (22%), de los cuales resultaron sancionados 10 servidores públicos: cuatro marinos, dos soldados y cuatro policías federales.
La petición de la CMDPDH
Enrique Guadarrama señala que a partir de la gestión de Luis Raúl González Pérez, la CNDH instruye a las dependencias a anexar esos documentos en los expedientes laborales de los servidores públicos señalados y alerta sobre la urgencia de fortalecer los órganos de investigación.
Explica: “Uno esperaría que las instituciones tomaran la investigación y le dieran fuerza a su acción para que se sancione a los responsables, porque nosotros hacemos la investigación, entregamos los resultados a las autoridades, pero si éstas no toman en cuenta lo reflejado en la investigación por parte de la CNDH, el resultado puede ser endeble.
“Si a eso le sumamos una fiscalía que no tenga capacidades o no sea autónoma en el rigor auténtico, podemos imaginar que las situaciones de violaciones a derechos humanos pueden continuar.”
Guadarrama considera que la identificación de los servidores públicos de las tres dependencias implicados en violaciones a derechos humanos tendría que ser un punto de partida para considerar quiénes deben estar en la Guardia Nacional.
Guevara Bermúdez, quien el 18 de marzo entregó una carta en la que emplaza a Andrés Manuel López Obrador a exhibir a los servidores públicos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que forman parte de las Fuerzas Armadas, coincide con Guadarrama.
En ese documento, del que Proceso obtuvo una copia, Guevara urge al presidente a depurar la Semar y la Sedena de tropas que hayan estado involucradas en violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los superiores jerárquicos que ordenaron, propusieron, indujeron, permitieron, consintieron o no denunciaron esos abusos de los que tenían conocimiento.
El director ejecutivo de la CMDPDH exige sanciones efectivas en el ámbito penal y administrativo a los responsables de esas violaciones, demanda hacer público “el listado completo con los nombres de todos los funcionarios o exfuncionarios que hayan estado involucrados” y anuncia que su organización logró identificar a 61 soldados y marinos.
Guevara, quien aún no recibe respuesta del mandatario, insiste en que pedir sanciones y la exhibición de los violadores a los derechos humanos es consecuente con el compromiso de López Obrador de “no tener funcionarios que hayan cometido hechos delictivos”.
Y añade: “¿Por qué sí hace públicos los nombres de las empresas y exfuncionarios que han estado involucrados en hechos de corrupción cuando se trata de dinero público? ¿Por qué no hacer lo mismo con aquellos servidores públicos señalados de violar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, de violar el derecho a la integridad sexual? Creo que es tan grave o más que se mate una persona, que se torture o que se desaparezca, que el hecho que se roben dinero público”, considera Guevara.
Insiste en que ha prevalecido la falta de castigo por los abusos, y toma como ejemplo el delito de tortura, analizado a partir de solicitudes de información a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), formuladas por la CMDPDH.
Las cifras de la impunidad
De 2006 a 2018, la Procuraduría General de la República inició 10 mil 787 investigaciones penales por tortura, de las cuales 2 mil 80 aún no se resuelven.
La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la FGR, registró 2 mil 467 investigaciones penales contra la Sedena y la Semar, mil 723 y 744, respectivamente.
En cuanto a sentencias relacionadas con tortura, el CJF informó que de 2006 a 2018 “se emitieron 34 sentencias condenatorias y 15 absolutorias en relación a 21 causas penales”, de las cuales seis estaban dirigidas a personal militar, de acuerdo con la revisión que hizo la organización de versiones públicas a las que tuvo acceso.
Guevara lamenta que en la administración de López Obrador no haya “una política que demuestre que busque llevar a juicio a los efectivos castrenses cuando han estado involucrados en crímenes atroces”; peor aún, advierte “un cambio muy negativo en la política de la Secretaría de Gobernación para no establecer diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en la resolución de casos en los que hay militares involucrados”.
Guevara, quien lleva litigios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, destaca que su agrupación no ha tenido “una reunión de nivel en la que se nos pueda explicar cuáles van a ser las medidas para cumplir con esos casos que han llegado a instancias internacionales”.
En reuniones con funcionarios de bajo nivel, dice, ha observado que tienen las mismas líneas de defensa que seguían las administraciones anteriores.
Uno de esos casos es el de las hermanas González, que actualmente lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que los funcionarios de Gobernación “están negando entrar a una etapa de cumplimiento hasta que no sean sancionados los militares que cometieron violación sexual y tortura sexual en agravio de dos mujeres en Chiapas en 1994.
“Y, por otro lado, la FGR no avanza en la investigación de los responsables. Es decir, lo que tenemos es la maquinaria de impunidad perfecta que ha funcionado en los últimos 25 años y que sigue funcionando exactamente de la misma manera con la Cuarta Transformación.”
Así ocurre en casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla Pacheco –quien desapareció en 1974 en el periodo de la guerra sucia–, pese a que al respecto existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010.
“No pareciera haber ningún interés ni las herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas de la época. No ha habido ningún pronunciamiento ni señal de que quieran tomarse en serio este reto”, insiste Guevara.
Otros pendientes
Sobre el asunto llevado por la CMDPDH ante el Comité Contra la Tortura (CAT) relacionado con abusos cometidos por militares en Tijuana, Baja California, en agravio de cuatro civiles acusados injustamente de pertenecer al crimen organizado en junio de 2009, Guevara sostiene que el pasado 21 de enero el gobierno de López Obrador envió un informe con respuestas idénticas a las de los gobiernos anteriores.
La desaparición forzada de Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado en diciembre de 2009 en un ejido del municipio de Buenaventura, Chihuahua, es el caso más reciente en el que se implica al sector castrense. Y aun cuando el Estado mexicano fue condenado ante la Corte Interamericana, el asunto ha sido prácticamente invisibilizado por el gobierno de López Obrador.
La sentencia del caso Atenco, relacionada con la tortura sexual perpetrada contra 11 mujeres en un operativo policiaco en 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, fue motivo de reconocimiento por parte del gobierno de López Obrador. El 4 de abril pasado el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, incluso instaló la mesa de trabajo para el cumplimiento.
Pero en el caso de los Alvarado las cosas son diferentes. El pasado 5 de abril familiares de esos jóvenes –quienes tuvieron que dejar sus tierras tras la desaparición de Paola, Rocío Irene y José Ángel– se reunieron en Chihuahua con funcionarios para conocer el estado de las indagatorias.
Sin embargo, esos funcionarios no tenían facultades para tomar decisiones, pese a que en octubre de 2018 los familiares de los desaparecidos, sus abogados e integrantes del Cedehm se acercaron a Encinas para visualizar el mecanismo para el cumplimiento de la entonces inminente sentencia, destaca Ruth Fierro Pineda, coordinadora de la organización.
Antes de ese encuentro, dice, hubo varias cancelaciones de la subsecretaría de Encinas, por lo que solicitaron la presencia de representantes de la Sedena.
Y aclara: “Una de las cosas que dice la sentencia es que, en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, forzosamente tiene que estar presente el titular de la dependencia; además de que tiene que colaborar en las investigaciones, tanto para la localización de las víctimas y de los responsables, como para la realización de cualquier diligencia que implique al Ejército”.
Sin embargo, el funcionario de más alto rango del gobierno federal que llegó al encuentro del 5 de abril fue el encargado de la Unidad de Derechos Humanos, Aarón Mastache, y dos colaboradoras.
“Cuando preguntamos por qué no había representante de la Sedena –comenta Fierro Pineda–, nos respondieron que de la dependencia les notificaron que no acudirían a ese encuentro porque estaban evaluando cómo cumplir con la sentencia.”
En esa ocasión acudieron funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la FGR, entre ellas la agente del Ministerio Público Mariana Colín, responsable del caso.
Fierro Pineda advirtió que pese a que la sentencia de la Corte Interamericana señala a tropas de la Sedena como presuntas responsables de la desaparición de los Alvarado, las autoridades “siguen sin priorizar la línea de investigación del Ejército.
“La Corte pidió un plan de búsqueda al Estado, y lo que nos presentaron los funcionarios del gobierno de López Obrador es un plan en que la mayoría de las acciones están encaminadas a considerar que los Alvarado habrían sido víctimas del crimen organizado.
“Lo mismo sucede con las diligencias de investigación: a pesar de que los familiares habían pedido que se localizara específicamente a algunos militares como presuntos responsables, la agente dijo que había mandado oficios a la Sedena, pero que no le contestaban. Y cuando le pedimos copias de la averiguación, nos dijo que tomaba nota pero que ella no podía comprometerse.”
Para Fierro Pineda el gobierno de López Obrador tiene dos opciones en el caso Alvarado: “Puede apoyar en la búsqueda de verdad y justicia y mandar un mensaje contundente de no tolerancia y no impunidad hacia militares que violan derechos humanos, o seguir perpetrando estas violaciones y volverse corresponsable”.
El pasado 11 de abril, Proceso solicitó una entrevista con el subsecretario Alejandro Encinas para hablar acerca del cumplimiento de resoluciones de organismos internacionales, entre ellos el caso Alvarado. Hasta el cierre de la edición, el viernes 10, la respuesta no había llegado.
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