El plan, recibido con críticas y sujeto a cambios, unifica los códigos de los 32 Estados y busca responder a la crisis de seguridad
ELÍAS CAMHAJI
El País, 15 ENE 2020;
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto dar un giro al sistema de justicia en México, endureciéndolo a través de un paquete de nueve reformas presentado este miércoles. Entre los cambios más relevantes están que los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado, y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados. Otro punto relevante es que se crea un Código Penal único: México tiene 32 códigos distintos, uno por cada Estado, lo que daba definiciones y castigos diferentes para delitos como el feminicidio.
Las reformas presentadas en el Senado han generado polémica en México dentro de diversos sectores judiciales, sobre todo por las implicaciones para la presunción de inocencia y las tareas de los jueces, lo que ha implicado que el Gobierno haya insistido en que no son definitivas. La propuesta implica una modificación de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia. Los alfiles del presidente han reconocido los lastres de la violencia, la impunidad y la corrupción y prometen un vuelco que ocupará la agenda legislativa en las próximas semanas. Los líderes parlamentarios de todos los partidos se abstuvieron de hacer comentarios hasta la presentación formal de las iniciativas, anunciada para principios de febrero.
El nuevo ordenamiento estaría apuntalado por un Código de Procedimientos Penales, que ha sido criticado por quitar restricciones con una reforma constitucional al arraigo, una medida de investigación que pone a un sospechoso a disposición del Ministerio Público hasta 40 días mientras se reúnen pruebas en su contra y que abre el debate sobre la presunción de inocencia de los ciudadanos. El arraigo solo estaba previsto para miembros de la delincuencia organizada. También se establece la "presunción de responsabilidad", en la que se puede señalar como responsable a alguien que se niegue a participar de una investigación o peritaje. Según la propuesta, las pruebas que se consigan de forma ilícita ya no serán descartadas automáticamente, sino que podrán rectificarse bajo criterio de un juez.
También se propone una reorganización de la FGR, que delimite su papel ante las nuevas disposiciones sobre extinción de dominio y la Guardia Nacional, creada el año pasado. La Fiscalía podrá solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya no según lo que estime el Ejecutivo. Según los borradores que han circulado, otro punto polémico es que los supuestos para intervenir llamadas telefónicas y para que las compañías de telecomunicaciones entreguen información sobre sus clientes serán más laxos en la investigación de delitos electorales y fiscales.
Desde su toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, la relación de López Obrador y el Poder Judicial ha sido turbulenta. El entorno más próximo al Ejecutivo ha impulsado una limpia bajo la premisa de la lucha contra la corrupción. Margarita Ríos Farjat, nombrada por el presidente como titular del Servicio de Administración Tributaria, asumió a principios de 2020 como ministra de la Suprema Corte para los próximos 15 años y ocupó el puesto que dejó vacante Eduardo Medina Mora, tras una renuncia precipitada en octubre pasado.
Detrás de la dimisión de Medina Mora había una investigación profunda en contra del entonces ministro, según constató EL PAÍS. A pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información determinó esta semana que López Obrador explicara públicamente los motivos de la renuncia del exministro, las razones aún no han quedado del todo claras. Ríos Farjat es la tercera ministra nombrada durante la Administración de López Obrador, de once puestos disponibles.
El paquete legislativo ha sido presentado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, también nombrado durante este Gobierno. "El modelo actual ha fracasado y nos ha llevado a un récord nada envidiable del 99% de impunidad", ha dicho Scherer, el brazo legal del presidente. "Los que roban un país podían andar en la calle y los que robaban 20 pesos pasaban su vida en la cárcel", ha agregado Gertz Manero sobre la nueva ley de justicia cívica, que enfatiza el trabajo comunitario, y los cambios para la reinserción de menores de edad que eviten la reincidencia en delitos más graves.
Las iniciativas surgieron a partir de un foro celebrado el 21 de octubre pasado y recogen lo que el Ejecutivo ha calificado como reformas urgentes. "Tenemos que actuar con mucho cuidado", ha advertido Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta y uno de los hombres fuertes de López Obrador en el Legislativo, en vista de un debate legislativo que se anticipa como ríspido.
Tras pasar por comisiones y la discusión en el pleno, la nueva legislación debe aprobarse en el Senado y después pasar por la Cámara de Diputados, ambos con mayoría de Morena, el partido de López Obrador. Está previsto que la suma de fuerzas de los aliados del Gobierno —el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista— allane el camino para alcanzar un voto calificado de dos terceras partes y la aprobación de al menos 17 de 32 Congresos estatales en el caso de las reformas constitucionales.
En el trasfondo de la reforma legal más ambiciosa desde 2008, cuando se estableció el Sistema Penal Acusatorio, está la crisis de seguridad que azota a México, donde fueron asesinados cerca de 27.000 personas hasta noviembre pasado y hay más de 60.000 desaparecidos, según datos oficiales. El mismo país donde cerca de nueve de cada diez delitos no se denuncian y donde cuatro de cada cinco mexicanos se sienten inseguros en el lugar que viven.
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