Una justicia ciega, sorda y muda

 Una justicia ciega, sorda y muda
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior, 10 de febrero de 2020
• Se dice que un sistema que funciona tiene leyes laxas que se aplican de forma estricta, mientras que el que no funciona tiene leyes estrictas que se aplican de forma laxa. La aplicación de la ley, en nuestro caso, es de una enorme laxitud.
La decisión de dos diferentes jueces de liberar a dos narcotraficantes importantes como Karina, la pareja sentimental del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro, y a uno de los principales jefes de la Unión Tepito, Óscar, El Lunares, alegando en ambos casos faltas al debido proceso, ha causado indignación.
La pareja sentimental de El Marro es una de sus principales operadoras financieras, fue detenida junto con otros delincuentes con armas y drogas. El Lunares es un peligroso integrante de la Unión Tepito, responsable de asesinatos, extensiones y secuestros.

La detención de ambos se dio luego, sobre todo en el caso de El Lunares, de un exhaustivo trabajo de inteligencia, ya que semanas atrás este personaje había escapado de la vecindad llamada La Fortaleza, un centro de operaciones de la Unión Tepito donde fueron detenidas 32 personas, todas dejadas posteriormente en libertad por otra controvertida decisión judicial.
Las faltas al debido proceso, argumentadas para dejar en libertad a ambos criminales (en el caso de la pareja de El Marro la detención no se dio porque tuviera esa relación sentimental sino porque es una de sus principales operadoras financieras), son casi ridículas: en el caso de Karina (la pareja de El Marro) un juez de control estableció que los elementos federales sí contaban con una orden de cateo otorgada por un juez de control, pero cuando ejecutaron el cateo no los localizaron en el primer inmueble e irrumpieron en el de junto, donde localizaron a los cuatro detenidos. En la casa fueron decomisadas cuatro armas de fuego incluyendo una AK-47 y un rifle calibre 270; cientos de cartuchos útiles de diversos calibres, cargadores abastecidos, portafusiles y dos granadas. Los cuatro detenidos quedaron en libertad.
El caso de El Lunares es todavía más absurdo.
Fue detenido por elementos de la marina y la secretaría de seguridad capitalina en Talcoyuca, Hidalgo, pero la jueza que lo liberó argumenta que encontró “contradicciones insuperadas” en el reporte de los policías, todo porque no se señaló en el reporte que la detención fue realizada también por elementos de la Marina, cuando, incluso, esa fue la información pública y cuando en el reporte se consigna esa participación. El Lunares volvió a ser detenido al momento de dejar el penal del Altiplano pero por otro delito, secuestro exprés, pero podría librar las causas por las que fue originalmente detenido.
Todo es una suma de barbaridades. Mucho se ha especulado, después de la liberación de estos dos personajes, sobre la posibilidad de corrupción o intimidación policial de los jueces.
Prefiero no creerlo, salvo que una investigación demostrara lo contrario.
Las faltas al debido proceso, más aún si estamos hablando de fallas minúsculas y hasta poco trascendentes, no pueden terminar con la liberación de los criminales, aún de los más peligrosos.
Debe imperar, por lo menos, el sentido común a la hora de impartir justicia y regresar a la calle a un criminal peligroso. No está ocurriendo así y el desprestigio para la justicia es peligroso, sobre todo cuando hay intereses claramente regresivos contra el sistema acusatorio.
a reforma que se presentará en las próximas horas y en la que está trabajando el presidente de la Suprema Corte y la oficina Jurídica de la presidencia es una oportunidad para ajustar el sistema de justicia sin abandonar el sistema acusatorio. Pero si a la hora de aplicar las leyes no se actúa con mayor sentido común y entendiendo el espíritu de las leyes, no habrá opción posible.
Se dice que un sistema que funciona tiene leyes laxas que se aplican de forma estricta, mientras que el que no funciona tiene leyes estrictas que se aplican de forma laxa.
Estamos en el peor de los mundos: la aplicación de la ley, en nuestro caso, es de una enorme laxitud aparentando que se hace en forma estricta. Pero en ocasiones ni siquiera es así: la rigidez es discrecional.
Ovidio Guzmán se puede ir a su casa sin ser detenido y nos enteramos que aún, pese al despliegue criminal que implicó el culiacanazo, con todas sus secuelas, no existe siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Mientras, el hijo de El Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, quien ha sido liberado por distintos jueces hasta en cinco ocasiones y que espera que se cumpla una orden de extradición solicitada (como en el caso de Ovidio) por los Estados Unidos –la misma que pende de un hilo porque sus abogados dicen que no se comprobó la paternidad de El Mencho (sic)– está libre.
Ya sabemos que algo no funciona en el sistema de justicia, pero cuando ocurren este tipo de cosas se termina pensando que el sistema ya no está anquilosado sino, simplemente, que juega en contra de la gente.