La “Extorsión”, ilícito en crecimiento/ José Sobrevilla

 La “Extorsión”, ilícito en crecimiento/ José Sobrevilla

Noroeste, 2 de noviembre de 2021

“Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa” señala el Código penal en su artículo 390; pese a ello, en México la extorsión es el único de los delitos de alto impacto (homicidio doloso, robo con violencia, secuestro y extorsión) que sostenidamente se han incrementado en la administración actual, en cuanto a su incidencia y formas de violencia para ejercer presión sobre las víctimas, terminan generando mayor estrés psicológico en la población que ha sido víctima.

Pero la ley va más allá, porque si ésta se realiza por una asociación delictuosa, servidor o exservidor público, miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o Fuerzas Armadas Mexicanas, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público; pero si es miembro de las Fuerzas  Armadas mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo, se le dará baja definitiva de la institución a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

Esto es importante porque recientemente la empresa Intélite ha circulado un reporte donde hace un recuento de lo que ha significado para el país este delito. Por ejemplo, señala, el 26 agosto de 2019 empresarios extranjeros habrían denunciado extorsiones y abusos por funcionarios de la Fiscalía General de la República, FGR, y para el 16 de septiembre del mismo año, empresarios y autoridades locales alertaron del aumento en las carpetas de investigación en este delito. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reportaba también, en diciembre 2019, que 65% de sus agremiados habrían sido víctimas de este ilícito. 

Llega 2020 y el 6 de enero, comerciantes y empresarios de la alcaldía Cuauhtémoc, anunciaban la creación de grupos de autodefensa para hacer frente a las extorsiones y, para diciembre del mismo año, Coparmex posicionaba a Durango, Morelos, Tabasco y Tlaxcala como las entidades más inseguras para los empresarios. En junio 2021, el Consejo Nacional de Organismos Empresariales denunciaba públicamente que se había incrementado en Puebla hasta un 30% las llamadas de extorsión.

Su aumento era tal que el 2 de septiembre de 2021, el presidente López Obrador reconocía que durante su gobierno el secuestro había mostrado un incremento; y los datos de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, –también de septiembre– reportaban ya que 90.6% de los empresarios en la Ciudad de México que gobierna Claudia Sheinbaum Pardo, habían sufrido extorsión.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Iniciativa Privada firmaban el 26 de septiembre (2021) un acuerdo para garantizar el anonimato en las denuncias contra el crimen organizado. No obstante, el 4 de octubre, en zonas metropolitanas, con la reapertura de actividades estancadas por el Covid-19, se agudizaba la práctica de delitos como la extorsión.

Pero, ¿Qué reportaban los medios respecto a este delito?

En primer lugar, en 2018, el ataque armado e intento de incendio a un centro nocturno en Cuernavaca el 18 de diciembre; esto por no pagar derecho de piso. Para el año siguiente, 2019, un Grupo criminal amenazaba a empresarios con cobro de piso en Chetumal (marzo); y pobladores del corredor industrial de Guanajuato reportaban (agosto) la imposición de cuotas por el crimen organizado; y la disputa territorial entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y “Los Zetas” tendría como consecuencia, (29 de agosto) el incendio de varios negocios en Coatzacoalcos, Veracruz.

Para 2020, el 29 de noviembre, –continúa el reporte Intélite– el empresario francés Baptiste Jaques Daniel Lormand fue asesinado y, aunque al principio se creía que era por presunto cobro de derecho de piso, El Universal del 1º de diciembre de ese año cabeceaba que el empresario de Polanco había sido asesinado no por unas “botellas de alta gama”, sino que había sido por “robo de mercancía”; esto es, cinco botellas con valor de un millón de pesos.

Y después, el 20 de noviembre, se daba a conocer el hallazgo del cuerpo “encajuelado” del empresario de Matamoros, Tamaulipas, Alfonso Hernández, hecho que se vinculó al Cártel del Golfo, enfrascado en una lucha demencial contra el Cártel del Noreste.

Finalmente, el 23 de enero de 2021, el presidente del Consejo Internacional Empresarial, que representa el área comercial-empresarial de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, fue ejecutado en la Ciudad de México, tras recibir amenazas. Y en Tulum, en la península de Yucatán, un 7 de marzo células del crimen organizado colgaban una manta donde amenazaban a empresarios y trabajadores; mientras que, en Salamanca, Guanajuato, un ataque con artefacto explosivo dejaba un saldo de dos muertos el 19 de septiembre pasado.

El viernes 1º de octubre (2021) en Acapulco, Guerrero, se llevaba a cabo un ataque contra la discoteca Baby’O con tres bidones de gasolina que la extinguieron por completo; y aunque el dueño negó haber recibido amenazas previas, el gobernador Héctor Astudillo sugirió que este hecho podría ser parte de una campaña de desprestigio; mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistía en que las investigaciones aún seguían en proceso, por lo que no se le debería atribuir al crimen.

Como el lector puede apreciar, el escenario no es optimista; por lo que en la prospectiva de los especialistas de Intélite la extorsión continuará su tendencia al alza en el corto y mediano plazo, al no apreciarse un combate prioritario –como sí lo hay en los homicidios y violencia en general–; por lo que “sería probable que 2021 supere las 9 mil víctimas y que en las entidades en las que se reporta más el ilícito, se consolide una noción de preocupación entre la iniciativa privada y con ella una ola de exigencias a autoridades locales y federales.

Esto podría además ir acompañado del surgimiento de organizaciones civiles pensadas para la defensa y prevención de este ilícito. Lo que también podría obligar, como ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, a consolidar esfuerzos para emprender acciones conjuntas entre empresarios, autoridades y sociedad civil en general.

En lo económico su impacto podría también limitar el crecimiento económico, lo que implicaría un obstáculo hacía la recuperación económica postpandemia y, si en 2019 cuando la extorsión tuvo su mayor índice de incidencia con pérdidas por 26.7 mmdp, ¿se imagina usted cómo serán los números para este cierre de 2021?

En el aspecto social, de acuerdo con la Encuesta de Victimización de INEGI (ENVIPE) 2021, en el 2020 el principal daño que generan las extorsiones es emocional o psicológico, representando el 36.5% del daño principal señalado entre las víctimas. En consideración de lo anterior, una agravación de la incidencia del delito también acarrearía una mayor percepción de inseguridad.

Pero, ¿Qué han dicho los columnistas y actores de opinión?

Héctor De Mauleón (El Universal, 6 de mayo) “Empresarios locales denuncian extorsiones, ‘cobro de piso’ y ‘una ciudadanía en la indefensión’… A fines del año pasado le quemaron a un empresario un parque de maquinaria y ocho camiones porque se había negado a pagar cuota […] En Tuxpan ruegan que los volteen a ver. […] “Es precisamente así —me dicen—. En Tuxpan estamos bajo La Sombra” (grupo criminal que opera en el norte veracruzano).

Alejandro Hope, del mismo medio, El Universal (15 de septiembre), “En México se pagan muchos tipos de impuestos: uno a las autoridades tributarias, otro a funcionarios corruptos y un tercero a grupo armados […] dado el clima de temor, los extorsionadores se volvieron más productivos […] a nadie debe por tanto extrañarle que se haya extendido la práctica”.

Miguel Ángel Puértolas, de Milenio Diario, “Un paquete decorado con globos y serpentinas ocultaba dentro una carga explosiva que dejó sin vida a dos personas e hirió a cuatro más. Una de las teorías que se tiene sobre el hecho es que es resultado de una negativa al famoso ‘pago de piso’ del que un sinnúmero de empresarios está siendo víctimas.”

Fred Álvarez Palafox, de La Silla Rota (22 de septiembre) “El objetivo del crimen organizado entonces, y más hoy, es el generar miedo entre la población […] Se trata de criminales que buscan un objetivo económico…”

Respecto a las soluciones y desafíos a la problemática de extorsión, Romain Le Cour Grandmaison, ha dicho que “Más allá de las cifras oficiales, el inmenso desafío de este impuesto criminal para la sociedad civil y las autoridades es que casi nadie reporta la extorsión […] Si no se rompe la cadena de temor y silencio, es imposible que se puedan diseñar políticas públicas adecuadas a los desafíos y el tamaño del problema” (The Washington Post, 22 sep.)

Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien fuera asesor en otros gobiernos en la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Cámara de Diputados, y diversos puestos directivos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto Federal Electoral (IFE), ha señalado “No creo que el cobro de piso sea un problema sin solución. […] el cobro de piso podría abatirse (al menos en los sectores de más alto riesgo como el turístico) si se forman equipos especializados para combatirlos.” (El Financiero, 04 oct.)

¿Le interesó el tema? Como puede ver, el documento encierra varias lecturas y le recomendamos su lectura total en el portal de Grupo Intélite[1] que dirige el amigo Rodolfo Sandoval Monroy.

Esta es una opinión personal del columnista

[1] https://www.intelite.mx/publicaciones/reporte-intelite.php consultado el 04.11.2021