El diezmo y las “aportaciones” que financiaron a AMLO/ Salvador García Soto
El Universal, 13 de enero de 2020
Hoy que López Obrador es presidente, cuando ya la disponibilidad de recursos no son su problema ni el de su movimiento, empiezan a surgir casos comprobados, algunos sancionados por la autoridad electoral, otros exhibidos en video y algunos más en investigaciones periodísticas, que van dando cuenta de cuáles fueron las formas y mecanismos de financiamiento que apoyaron la lucha política de más de 12 años que emprendió el ahora titular del Ejecutivo.
El ejemplo más claro y contundente de cómo se financió la creación de Morena y su formación como partido político es el reciente fallo que ayer dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó sancionar al partido oficial con 4.5 millones de pesos por los “diezmos” que entre 2013 y 2015 se cobraron y descontaron obligatoriamente a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, cuando Delfina Gómez fue la presidenta municipal de esa localidad mexiquense. El mecanismo para robar dinero del erario público de ese municipio, fue documentado por el INE y confirmado ayer por los magistrados federales, que concluyeron que esos recursos que se les quitaban a los trabajadores texcocanos, era para financiar al entonces naciente partido Morena.
El escándalo por esa operación ilegal de peculado y desvío de recursos, que significó más de 13 millones de pesos de recursos que le fueron robados a los trabajadores, según la sanción original del Consejo General del INE, fue documentado a partir de una denuncia del PAN en 2017 cuando Delfina Gómez fue candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Sin importar esas denuncias por los famosos “diezmos”, el Presidente invitó y nombró a Delfina Gómez como su secretaria de Educación en diciembre de 2020, en un nombramiento que dejaba claro a quién beneficiaron esos millones de pesos que se les descontaron obligatoria e ilegalmente a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.
Los descuentos “voluntarios” al salario no eran algo nuevo para López Obrador; cuando él fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los diputados locales del PRD en la Ciudad de México se les obligaba a donar el 10% de sus dietas “para el movimiento”, que les era descontado directamente por la administración de la entonces Asamblea Legislativa del DF y que eran entregados a la dirigencia perredista para apoyar las campañas de sus candidatos, entre ellos López Obrador en el año 2006.
Luego, en su primera campaña presidencial, en aquel 2006, el entonces candidato del PRD ordenó crear la asociación “Honestidad Valiente”, que abrió una cuenta en HSBC, en donde dijo que recibirían las “aportaciones voluntarias” de la gente que quisiera apoyar su movimiento. En aquellas cuentas ingresaron pequeños depósitos de ciudadanos que creyeron en su proyecto, pero también otros depósitos de cantidades mayores de otras “aportaciones” que se recabaron entre empresarios y hombres de dinero que apoyaron su campaña presidencial. En esa organización el operador clave fue Gabriel García Hernández, excoordinador de Programas Federales de la Presidencia de la República y actualmente senador.
En junio de 2007, un año después de aquella elección en la que AMLO denunció el “fraude de Estado” cuando perdió la presidencia frente a Felipe Calderón, el director del Comité de Comunicación y Control de HSBC México, Ramón García Gibson, ordenó cerrar la cuenta de “Honestidad Valiente” por estar vinculada a una “persona políticamente expuesta”, con lo cual ya no se conocieron ni se pudieron investigar los movimientos de esa cuenta. El periodista Ignacio Rodríguez Reyna documentó este hecho en una investigación en septiembre de 2020 en la que también dio a conocer que el mismo García Gibson ahora, en el gobierno de la 4T, es el encargado de tareas para prevenir el lavado de dinero en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Entonces, la cancelación de esa cuenta que en su momento denunció López Obrador como “una maniobra del gobierno espurio” fue hecha más bien para ocultar la información financiera de “Honestidad Valiente” o por qué el funcionario bancario que ordenó cancelarla hoy trabaja en su gobierno?
El esquema de “aportaciones” siguió vigente en las siguientes dos campañas de López Obrador. Los videos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres de papel de manos de David León entre 2015 y 2018, son la confirmación de que el movimiento lopezobradorista, ya entonces volcado en el partido Morena, siempre se financió de recursos de dudosa procedencia, en este caso al parecer provenientes de un gobierno estatal para el que trabajaba David León. El mismo Presidente reconoció que los recursos que recibían sus hermanos eran “aportaciones para el movimiento”, algo que dijo cuando estalló este escándalo que terminó en denuncias electorales y administrativas que aún no han sido concluidas ni sancionadas y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al INE seguir investigando en un fallo dictado en octubre pasado.
Pero para que no queden dudas de que este tipo de prácticas siempre han sido consentidas, avaladas y utilizadas por el movimiento lopezobradorista, este martes el Presidente realizó nombramientos y enroques en su gabinete. Y entre las funcionarias designadas llamó la atención el nombre de María del Rocío García Pérez, quien fue nombrada subsecretaria del Bienestar. Hasta el lunes García Pérez era directora del DIF Nacional y presidenta del Consejo Consultivo de ese organismo, cargo al que llegó por su cercanía y amistad con el Presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.
El 3 de mayo de 2021, en un reportaje de la periodista Nayeli Roldán, se documentó que María del Rocío implementó, desde marzo de 2019, un descuento obligatorio a los trabajadores del DIF, a los que se les exigía entregar entre el 2 y el 4% de sus sueldos como requisito para mantener sus puestos. Del caso, denunciado por los propios trabajadores, tuvo conocimiento la Secretaría de la Función Pública que desde el año pasado abrió una investigación.
De acuerdo con el reportaje publicado por el portal Animal Político, la directora del DIF amedrentaba a los trabajadores para que entregaran parte de su salario con el argumento de su amistad “de más de dos décadas con el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez”. Los montos que les descontaban a los empleados públicos iban de los 500 a los 2,500 pesos mensuales, según su nivel, y de acuerdo a listado de puestos del DIF que habla de 1,002 empleados, la recaudación mensual por esos descuentos ilegales ascendía a 658 mil 400 pesos cada mes, es decir 7.9 millones de pesos al año. Supuestamente ese dinero era “para subsanar faltantes del presupuesto en el DIF”, según les decían a los trabajadores y para financiar el “Programa Ahijado” que nunca existió oficialmente. Nadie sabe en dónde terminaron esos millones de pesos que les robaron a los trabajadores.
¿Se le sancionó por esa práctica que es un robo ilegal a los trabajadores a la señora García Pérez? No, por el contrario, se le premió con un ascenso a nivel de subsecretaria en la secretaría que maneja el presupuesto más grande de este gobierno para los programas sociales. Lo mismo que hizo con Delfina Gómez y sus “diezmos” ilegales en Texcoco; igual que pasó con Gabriel García y su “Honestidad Valiente” o con la labor de “recolectores” de sus hermanos. El Presidente no sólo sabe y permite esas prácticas de financiamiento ilegal, sino que las premia.
NOTAS INDISCRETAS…
El presidente de la Corte Arturo Zaldívar salió ayer a los medios, en una conferencia de prensa, para explicar que él no retrasó el turno del amparo interpuesto por la familia Morán, para solicitar la liberación de Alejandra Morán. Dijo el ministro que él no puede retrasar nada y que quienes acusan eso ignoran cómo funciona la Corte o bien son malintencionados al afirmarlo. Zaldívar acusó a “intelectuales, ex ministros y opinadores” de distorsionar lo que pasa en ese y otros casos que atiende la Corte y de transmitir falsamente la idea de que él “esconde en un cajón todos los casos que toquen al gobierno federal”. Hasta ahí tiene sentido y algo de verdad lo dicho por el ministro Zaldívar. Lo que no explicó claramente es que, más que acusarlo de guardar los temas en un cajón, lo que se le ha cuestionado es por qué, él personalmente, decidió el pasado 9 de noviembre pedir que la SCJN ejerciera su facultad de atracción de ese amparo, justo una semana antes de que los magistrados del primer Tribunal Colegiado de Materia Penal de la Ciudad de México fallaran sobre la impugnación del fiscal Alejandro Gertz Manero, y muy probablemente ordenara la liberación de la señora Morán. Aunque esa decisión fue avalada por el pleno de los ministros de la Corte, la petición directa de atracción la hizo Zaldívar, justo cuando el fiscal había pedido esa atracción, pero él no tenía la personalidad jurídica para solicitársela a la Corte. Eso es lo que en verdad retrasó una posible liberación de Alejandra Morán, que ahora tendrá que decidir nuevamente el pleno de ministros, con base en un proyecto que redactará el ministro Alberto Pérez Dayan, que recibió el asunto en un turno sí transparente. El efecto final que se le ha cuestionado al ministro Zaldívar es por qué no dejó que fallaran los magistrados y alargó más un asunto en el que hay sospechas fundadas de una venganza familiar del fiscal Gertz. Él les dijo en su momento a los hijos de la señora Morán que lo había hecho “para que ninguna de las dos partes pueda alegar que se resolvió por influencia de nadie”. Veremos, una vez que el asunto llegue al pleno de la Corte y se discuta y falle, si esa fue la verdadera razón que tuvo el ministro presidente… Los dados mandan capicúa. Se repite el tiro.
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