EU-Zacatecas: pacto oscuro (con EU)/Editorial

EU-Zacatecas: pacto oscuro/Editorial

 Periódico La Jornada, lunes 10 de octubre de 2022 , p. 2

La semana pasada el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, establecieron un acuerdo de cooperación para “recuperar la paz” en esa entidad y “combatir a las bandas del crimen organizado”, con la participación de dependencias de la nación vecina como la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El representante de la Casa Blanca en México, en un encuentro a puerta cerrada convocado por el mandatario estatal y al cual acudieron integrantes del gobierno local, líderes empresariales y jerarcas eclesiásticos, informó que la colaboración acordada ya empezó, concretamente en asesorías a la Fiscalía Genera de Justicia de Zacatecas para el combate al lavado de dinero y el secuestro, y que tiene como perspectiva “trabajar juntos” en áreas como el combate al fentanilo, el tráfico de personas y la creación de una seguridad compartida entre México y Estados Unidos.

La noticia causó azoro e indignación por la manera furtiva en la que se negoció y anunció tal convenio, porque contraviene abiertamente el marco constitucional del país y los principios que rigen el pacto federal y porque el convenio es contrario a la estrategia de Seguridad Pública establecida por el actual gobierno federal y apoyada por Morena, el partido del gobernador Monreal.

En efecto, el artículo 89 de la Carta Magna menciona entre las facultades exclusivas del Presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, en tanto que el 117 prohíbe expresamente a las entidades federativas “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

Más allá de semejante contravención a la ley suprema, no ha de omitirse el hecho de que la concepción de Washington de los fenómenos delictivos en México ha orientado una “cooperación” a todas luces contraproducente, que el balance de la presencia y la operación de dependencias estadunidenses como la DEA en el territorio nacional dista mucho de ser positivo y que en no pocas ocasiones esas instituciones extranjeras han generado más problemas que los que se pretendía resolver.

Con esas consideraciones en mente, el gobierno federal dio por cancelada la Iniciativa Mérida que Felipe Calderón firmó con Estados Unidos y que dio a Washington carta blanca para intervenir en el manejo de la seguridad pública nacional; en su lugar, se ha propuesto el Entendimiento Bicentenario, el cual está en gran medida por construirse en un proceso que atañe a los gobiernos nacionales de ambos países.

En tales circunstancias, y ante la opacidad con la que se ha manejado el acuerdo entre Monreal y Salazar, es por demás pertinente la exhortación al primero formulada por legisladores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional para que haga público tal acuerdo y explique al detalle en qué consiste.

En tanto no lo haga, queda la impresión de que el gobernador zacatecano no sólo pasó por encima de la Constitución sino que por añadidura rompió con la política de seguridad pública que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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Senadores: pactar con gobiernos del extranjero, ilegal

Nota de Víctor Ballinas 

La Jornada, Pp

Ciudad de México. Los estados “no pueden firmar o convenir acuerdos con gobiernos extranjeros, eso está prohibido en la Constitución y en la Ley de Tratados”, coincidieron, en entrevistas por separado, los partidos Morena, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

Legisladores integrantes de esas bancadas destacaron que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación deben informar públicamente “si estaban enteradas de este acuerdo”.

El panista Damián Zepeda recalcó: “El artículo 117 de la Carta Magna y el artículo 7 de la Ley de Tratados prohíben acuerdos interinstitucionales con gobiernos extranjeros si no está enterada la cancillería, misma dependencia que deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el registro respectivo”.

Además, subrayó Zepeda, en esa ley se señala: “La Fiscalía General de la República se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración de los acuerdos interinstitucionales que se relacionan con sus atribuciones”.

Eduardo Ramírez, senador de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo al respecto: “Sí, ningún estado puede celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros, pero en el caso de Zacatecas las relaciones se han dado bajo el Entendimiento Bicentenario. El gobierno del estado no ha signado ningún acuerdo o tratado bilateral, sólo ha mantenido diálogo con el gobierno estadunidense, representado por su embajada en el país, en esas conversaciones sí hubo personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Insistió: “El gobierno del estado no está actuando de manera aislada o independiente del gobierno federal, lo cual es lo correcto en materia constitucional”.

Imelda Castro, también senadora de Morena y presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, aseveró: “Se debe revisar esto y si hay que rectificar, hacerlo. No hay que dejar la puerta abierta para que otros estados lo hagan. Si es necesario legislar, hay que hacerlo”

Castro agregó: “En lo personal voy a revisar el tema como integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. También se debe discutir en la bancada, en la Junta de Coordinación Política y, si lo amerita, el pleno debe revisarlo”.

La morenista manifestó: “No conozco los términos del convenio entre el gobierno de Zacatecas y el gobierno de Estados Unidos, habrá que revisarlo. Es la Federación la que debe ver estos asuntos. No tenemos información de si el gobernador lo platicó con las autoridades federales. Ni el canciller ni el secretario de Gobernación han dicho algo al respecto, es necesario que informen si sabían de este acuerdo”.

Manuel Añorve, senador del PRI, refirió: “La Constitución establece que ningún estado puede firmar alianzas o tratados con otro Estado ni con potencias extranjeras. Y la Ley de Tratados dice que los acuerdos interinstitucionales los debe conocer la cancillería y emitir su dictamen, es decir, si es procedente. El gobernador de Zacatecas tiene que decir si estaba enterada la cancillería y si le dio el visto bueno”.

Y, también, el canciller tiene que informar si estuvo enterado. “Quiero pensar que el gobernador notificó a la cancillería, y ésta debe dar a conocer su postura”.

De igual forma, Morena, PAN y PRI coincidieron en que en materia de seguridad “hay que usar todo tipo de herramientas, instrumentos y colaboración internacional para atacar este problema, pero en el marco de la ley y respetando la Constitución”.

Zepeda, Castro Ramírez y Añorve, por separado, insistieron en que “es correcto que se busque resolver el problema de seguridad pública y del crimen organizado, y más en zonas donde no hay control de la misma. Es correcto que los estados puedan beneficiarse de estrategias y tecnología, pero acatando la Carta Magna y las leyes”.

El jueves pasado, tras una reunión a puerta cerrada, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, informaron en conferencia de prensa que acordaron analizar un acuerdo de cooperación en el que participarán la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencias Antidrogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) con el propósito de “recuperar la paz” en el estado.