Conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa
noviembre 1, 2022
En su última comparecencia de prensa conjunta, el GIEI, que apuesta ahora por convertirse en un “mecanismo de seguimiento” integrado por dos de sus cuatro expertos; dos se retiraron.
Primero, el experto Carlos Beristain indicó que el intento de acelerar los resultados ha generado una crisis en el esclarecimiento y ha impactando a la asistencia técnica que brinda el GIEI. Dijo que ante la confusión y desinformación, el GIEI presenta balance del estado actual del caso. Se han desencadenado hechos e informaciones que han aumentado la perplejidad, y pone en riesgo los avances. Es urgente retomar el camino para avanzar en una investigación seria.
La experta Claudia Paz y Paz: insistió en la relevancia de distinguir entre el informe de la Presidencia de la COVAJ y las recientes judicializaciones. “Adjudicar las judicializaciones al Informe de la Presidencia de COVAJ no responde a la realidad”. Hay contenido en Informe de la Presidencia de COVAJ que reconoce aspectos esclarecidos por el GIEI. El problema está en las capturas de pantalla. El GIEI no conoció esas pruebas. Las capturas de pantalla no son consistentes y no pueden ser usadas como prueba judicial.
Francisco Cox indicó que presentar prueba no verificada puede generar impunidad. Es una exigencia del GIEI que para continuar la asistencia técnica se asegure que toda la prueba será objeto de verificación previa. No es posible determinar la originalidad de las capturas de pantalla. El entorno visual de Whatsapp no corresponde con el de los mensajes para 2014. No existe confiabilidad del contenido. Subrayamos que nada de lo judicializado usa las capturas de pantalla de WhatsApp.
Ángela Buitrago dijo que ningún ánimo más que alcanzar la verdad ha movido al GIEI en este caso. Existe el riesgo de que procesos iniciados que están en momento cruciales no puedan sostenerse por la falta de conocimiento de los actuales fiscales. Indicó que perder la capacidad instalada en la UEILCA puede llevar a retrocesos. Continúa pendiente el acceso a documentos de inteligencia militar. El GIEI tiene información sobre la existencia de documentos militares de los que se ha negado esto por instancias castrenses. Pese a ello, los recientes eventos no deben llevar a soslayar que sin duda existe prueba suficiente respecto de las autoridades acusadas por tortura y de la responsabilidad de integrantes del 27 Batallón de Infantería.
Beristain agregó que el mandato del GIEI terminaba ayer. Dijo que han tenido reuniones con autoridades y evaluado recientes actuaciones y han propuesto un mecanismo de seguimiento, integrado por dos miembros, como medida transitoria; dos experta y expertos se retiran del caso dadas las condiciones actuales. Dijo que se debe reconducir y corregir la actuación, poner distancia con lo hecho. México debe mostrar que la voluntad política e independencia de las investigaciones pueden caminar a la par. México sigue en deuda con los familiares, tan golpeados por versiones no verificadas.
El GIEI agradeció a los padres y madres su confianza en el GIEI, y su lucha por la verdad.
Hay sin duda avances que preservar:
El trasiego trasnacional de drogas, con encubrimiento de diversos niveles de gobierno, ha quedado demostrado.
Las versiones distorsionadas del paradero de los normalistas llevaron a una crisis de confianza al gobierno anterior: Beristain.
También, las versiones distorsionadas del paradero de los normalistas llevaron a una crisis de confianza al gobierno anterior. Hay nuevos retos para que eso no vuelva a suceder.
El GIEI concluyó recordando a Pedro Casaldáliga: “Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde pero es madrugada si insistimos un poco”. (Fin del comunicado)
El abogado chileno Francisco Cox: “¿Preguntan por qué nos vamos? Primero, no se compartió información con el GIEI”, en referencia a las 467 capturas de pantalla, que la comisión presentó a familias y expertos el mismo día que las hizo públicas, sin verificación alguna.
Posicionamiento de López Obrador horas despues en mañanera del martes 1 de octubre de 2022
Mañanera del martes 1 de noviembre de 2022
Arturo Cerda, de El Financiero Bloomberg.
Señor, ayer el GIEI habló, presentó su valoración de la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa y básicamente dejó en duda la credibilidad, no le da el peso que el subsecretario a estos mensajes de texto que definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en Guerrero. Usted puso este informe como la columna vertebral para las acciones por venir, pero ahora no parecen tener el peso suficiente para respaldar esto.
Y el GIEI incluso llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho.
Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso.
¿Qué va a pasar con la investigación? ¿Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del trabajo de investigación?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información.
Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación, y se va a hacer justicia.
Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar y que se iba ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, se les descuadran sus cálculos.
Pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo. Pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando.
-¿Qué opina del trabajo del GIEI?-, pregunta el reportero
PRESIDENTE: Es que ellos se dividieron, dos se retiraron y dos se quedaron, porque así es esto, es un asunto complejo.
Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio.
Los medios de información, seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana.
-Señor, ¿pudo haber precipitaciones en el trabajo, en la subsecretaría?
PRESIDENT: No.
INTERLOCUTOR: Porque, vaya, lo que están demostrando o lo que dice el GIEI es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados; esto entonces hablaría de una fabricación.
Y si bien, yo no podría decir que el subsecretario, (Etcetera, se salió del tema AMLO):: Por eso el enojo, ese es el fondo.
-Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia ante la decepción que ellos demuestran?-, le preguntan a AMLO.
PRESIDENTE: Ya he hablado con ellos, hablé con ellos.
-Pero esto que se había presentado en el informe de la comisión, pues aquí se los presentaron a ellos, eso les dio aparentemente esperanza; hoy se dicen ellos tristes.
¿Lo podía interpretar como una decepción? ¿Cómo van a llegar a una siguiente reunión con esta situación?., le inquiere Cerda.
PRESIDENTE: Hay que ver lo que ellos piensan. Y nosotros siempre les vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar, y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio, como… ¿Cómo se llama el periódico?
INTERLOCUTOR: Yo trabajo para El Financiero Bloomberg, señor.
PRESIDENTE: Ah, o El Financiero. Ahí tenemos problemas desde hace tiempo, todo ese periódico en contra, porque el dueño de ese periódico era de los preferidos en el sexenio anterior, le dieron hasta un crédito de Nacional Financiera. (Se salió de nuevo del tema. Muy mal).
-Señor, finalmente, del asunto de Ayotzinapa, ¿cuál es su valoración del trabajo que hizo el GIEI, de esta parte final donde cuestionan las pruebas en las que presentó el informe de la comisión? Ellos han acompañado todo este proceso a lo largo de este tiempo y ha sido respetado su labor. Finalmente, ¿cuál es la valoración que hace usted de este trabajo que han hecho y particularmente de lo que presentaron ayer?.,
PRESIDENTE: En el caso de estos expertos, ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero, gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de algunas autoridades.
Fue muy buena aportación y siguen siendo muy buenas sus aportaciones; tan es así, que por eso se quedan dos y se van dos. Y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos.
Además, constantemente hacemos un llamado a que, quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayuden, porque no hay impunidad para nadie.
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Y en el inter The New York Times, punlicó la siguiente bomba...
El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron
Este verano, el gobierno anunció que había descubierto lo sucedido en el secuestro masivo de los estudiantes en 2014. Se giraron órdenes de aprehensión. Pero desde entonces, el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo.
Por Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Oscar Lopez
The NYT; 26 de octubre de 2022
CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.
En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el caso se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció. Y ahora, la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda.
En una entrevista con The New York Times, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real.
“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.
La extraordinaria admisión —junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria— indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave.
La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.
Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso.
En lugar de una victoria política, la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país se ha convertido en un inconveniente para el presidente, en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia.
“Tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron”, dijo Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. “Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”.
La noche de septiembre de 2014 en que desaparecieron, los estudiantes, como parte de una tradición que, en buena medida, era tolerada por las empresas locales de transporte, habían tomado varios autobuses para trasladarse hasta una protesta en Ciudad de México que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968.
Pero los estudiantes fueron interceptados por pistoleros, entre ellos agentes de policía municipal que los obligaron a bajar de los vehículos, les dispararon a algunos de ellos y se llevaron al resto. Se sabe poco sobre lo ocurrido después de eso.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto manejó con torpeza la investigación, al producir una versión de los hechos llamada “la verdad histórica” que culpaba a los narcotraficantes y a los policías locales, y que los investigadores internacionales pusieron en entredicho. Incluso cuando surgieron pruebas que vinculan a las fuerzas federales de seguridad con la desaparición, la mayoría de los estudiantes nunca fueron hallados.
Para López Obrador, el caso tenía un significado especial.
Las víctimas, estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, una comunidad pobre en el sur de México, forman parte crucial de su base de apoyo. La investigación profundamente defectuosa realizada en el gobierno de Peña Nieto alimentó una ola de descontento más amplia dirigida contra la clase política mexicana, lo que favoreció la candidatura de López Obrador y ayudó a llevarlo al poder en 2018.
Como presidente, el primer decreto de López Obrador estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición. Al frente de la indagatoria nombró a Encinas, un viejo amigo y exsenador.
Las familias de los estudiantes fueron convocadas a Palacio Nacional para reuniones regulares y sintieron que al fin se les tomaba en serio. El gobierno abrió una investigación penal por separado, a cargo de un fiscal especial muy respetado, Omar Gómez Trejo. Se identificaron los restos de dos estudiantes.
Pero luego de que transcurrieron tres años sin muchos otros avances significativos, López Obrador empezó a ponerse ansioso.
“El presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’”, dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió: “Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”.
Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas: voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Zerón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior.
Zerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Zerón.
Un mes después, durante una comida que duró casi tres horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el “apoyo del presidente” a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times.
“Ayúdame a desenmarañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón en el encuentro. “Yo te garantizo el apoyo del presidente”.
Cualquier duda que Zerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida.
“Al presidente no le importa meter gente a la cárcel”, le dijo Encinas a Zerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión.
“Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido, parece una medida desesperada”, dijo Kate Doyle, analista sénior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington, y experta en desapariciones. “El gobierno obviamente está batallando para reunir cualquier información a fin de poder decir que ha resuelto el caso”.
En una entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Zerón de que cooperara porque consideraba que tenía información valiosa y que solo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión.
Liora Turlevsky, abogada de Zerón, dijo que el encuentro muestra “que las acusaciones contra mi cliente constituyen un libelo de sangre”, o alegato antisemita, “y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos internos”. Zerón, dijo Turlevsky, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso.
Un vocero del presidente no respondió a los pedidos de comentario.
El viaje a Israel no brindó nueva información. Sin embargo, dos meses después, en abril, Encinas al final consiguió lo que parecía ser un gran avance: un conjunto de mensajes de WhatsApp supuestamente enviados en 2014 por delincuentes, integrantes del ejército y otros funcionarios ya implicados con la desaparición.
Los mensajes parecían establecer con espeluznante detalle cómo habían asesinado a los estudiantes los narcotraficantes y dónde se habían deshecho de los cuerpos, según una copia sin testar, o íntegra, del reporte del gobierno revisado por el Times.
Los mensajes también sugerían, por primera vez según los expertos en el caso, que un alto mando del ejército estuvo directamente involucrado en la desaparición de seis de los estudiantes.
Luego, en junio, López Obrador hizo un aviso sorpresivo: el gobierno había establecido lo que le sucedió a los estudiantes desaparecidos. “Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, dijo López Obrador.
En las semanas siguientes, los funcionarios se apresuraron para cumplir esa promesa, tomando decisiones que directamente debilitaron su propia investigación, en parte porque las personas que trabajaban codo a codo en el caso no confiaban plenamente unas en otras.
Los mensajes, que fueron compartidos con Encinas por una sola fuente como una serie de 467 capturas de pantalla, fueron cotejados con otras pruebas. Pero Encinas no compartió las capturas con la oficina de la fiscalía general a pesar de que, dijo, dichos funcionarios podían haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes.
Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte oportuno a las familias de los estudiantes.
Un sentido de urgencia similar se había apoderado de la oficina del fiscal general.
Cuando Encinas se preparaba para dar a conocer sus hallazgos en agosto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra su antecesor, Jesús Murillo Karam, quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El fiscal principal, Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, dijeron las personas enteradas. Entonces se hicieron cargos fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue apresado.
Pero el caso en su contra fue suspendido después por un juez que abiertamente amonestó a los nuevos fiscales por una labor desprolija.
Además, semanas después de causar el enojo de los líderes de las fuerzas armadas al solicitar órdenes de aprehensión en contra de oficiales militares, los fiscales dieron marcha atrás y pidieron a un juez que cancelara más de una docena de ellas, arguyendo “deficiencia probatoria” en su propio caso. La oficina de Gertz Manero también abrió una auditoría interna del caso presentado por Gómez Trejo, quien renunció luego de que lo marginaron.
Cuatro oficiales militares, entre ellos un general, siguen en custodia y esperan juicio.
La comisión de la verdad también estaba en problemas. Casi inmediatamente después de que Encinas publicara su informe, los mensajes de WhatsApp fueron objeto de cuestionamiento. Un equipo de investigadores internacionales que han estado siguiendo el caso durante años observaron que el tono de los mensajes difería del que habían detectado en otras comunicaciones interceptadas.
Luego de que públicamente surgieron dudas sobre los mensajes, Encinas los sometió a una revisión más exhaustiva. Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas.
“Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Se espera que los investigadores internacionales publiquen su propio análisis de los mensajes a finales de mes. “Estamos haciendo la verificación para los padres”, dijo Ángela Buitrago, una de las investigadoras.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultaran haber sido falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”.
“En todas las investigaciones”, dijo Encinas, “hay aciertos y errores”.
Natalie Kitroeff y Oscar Lopez reportaron desde Ciudad de México y Ronen Bergman desde Tel Aviv.
Natalie Kitroeff es corresponsal para México, Centroamérica y el Caribe. @Nataliekitro
Ronen Bergman es redactor de The New York Times Magazine, con sede en Tel Aviv. Su libro más reciente es Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations, publicado por Random House.
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Columnas sobre el tema a partir del martes:
Los delitos de Encinas/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, 1 de noviembre de 2022
La investigación del Caso Ayotzinapa está dando tumbos y provocando descrédito para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Las invenciones del subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, siguen acumulando críticas y haciendo cada vez más evidente que el funcionario, si no ahora cuando todavía lo protege el Presidente, podría terminar en la cárcel por una serie de delitos acumulados en varios de los cuales, él mismo los ha confesado públicamente.
López Obrador le encargó la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a fin de cumplir su promesa a los padres de los jóvenes de que habría justicia, pero los resultados para cerrar el caso en agosto pasado y proceder a detenciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno, se están cayendo a pedazos. La joya de su investigación, pantallazos de chats que usó para sustentar su afirmación que había sido un “crimen de estado”, resultó ser una falsa evidencia.
El último clavo de los que probablemente faltan por colocársele, se lo puso ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, que descalificó la prueba madre de Encinas. Claudia Paz y Paz, la experta guatemalteca, dijo que el grupo no conoció previamente las pruebas que presentó el jefe de la comisión presidencial para el Caso Ayotzinapa, y que una vez que las hizo pública y les entregó las capturas de pantalla, realizaron un peritaje informático forense, que arrojó que “esta evidencia inconsistente y no puede ser considerada como tal de un proceso judicial”.
Paz y Paz dijo que para saber cómo fue obtenida esa “evidencia” y las circunstancias “irresponsables de su realización”, debe haber una investigación. Esa “evidencia” fue obtenida por la comisión presidencial. No está claro si la obtuvo originalmente Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, reclutado por Encinas después de haber sido secretario técnico del GIEI, o del propio subsecretario, que por sus propias confesiones, realizó tareas más allá de lo que le marcaba la ley y usurpó funciones en varias oportunidades.
La investigación que propuso el GIEI, de llevarse a cabo, podría encontrar no sólo el origen de las capturas de pantalla, sino los contubernios detrás de ellas. Por confesión de Encinas, los pantallazos se los dio un solo testigo, presuntamente uno de los asesinos de los normalistas perteneciente a Guerreros Unidos, y pese a saber que si los entregaba a la Fiscalía General de la República serían sujetos a peritajes forenses, se los ocultó por temor a una filtración. Sólo en esta acción y su declaración correspondiente, Encinas puede señalársele como un delincuente confeso.
Lo primero, como establece un experto en la materia, la obtención de esa “prueba” no fue obtenida por una autoridad competente. Encinas no es ministerio público, y tampoco existe una autorización judicial para la extracción de información de equipos de telefonía y de intervención de comunicaciones privadas. A la ilegalidad en la que incurrió, se le añade un elemento que no está tipificado: incompetencia acompañada de dolo. No se le ocurrió, o no quiso hacer un peritaje forense para poder determinar la veracidad de esas capturas de pantalla. Esto habría sido ilegal, de haberlo realizado, pero le hubiera evitado ser un mentecato. Su pecado es doble.
Tampoco buscó corregir. Quien debió haber recibido esa “evidencia” era el ministerio público, al que mantuvo en la oscuridad por el temor, como lo admitió, a una “filtración”. Al marginarlo, eliminó a quien tenía competencia para obtener y conocer del material de prueba, con lo que rompió la cadena de custodia. Esto, aunque hubieran sido reales las capturas de pantalla, generaba una prueba viciada de origen que la convertía en nula al haber sido expuesta sin estar judicializada.
¿En qué estaba pensando Encinas? Como se describió en este espacio el lunes, en sus ajustes de cuentas contra el Ejército. Pero el hambre de sentarlo en el banquillo de los acusados, paradójicamente, lo blindó judicialmente -aunque no del daño a su imagen pública- de ello, por haber contaminado el caso contra cuatro militares del 27º Batallón de Infantería acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada por la Fiscalía General, a partir de una petición de Encinas.
En la conferencia de prensa este lunes, el GIEI dio a conocer los resultados de los peritajes que realizaron a los mensajes en las capturas de pantalla, tras lo que concluyeron que no existía confiabilidad en las imágenes y tampoco podían considerarse una prueba digital para ser judicializada. O sea, no sirven para nada.
Aunque no se sabe quién entregó los pantallazos a la comisión presidencial, tampoco coinciden con los chats de Guerreros Unidos que proporcionó la DEA al gobierno mexicano, del amplio seguimiento que hicieron de la organización criminal en 2014, y que mostraban que quien ordenó el asesinato de los normalistas no fue ninguno de los militares detenidos a instancias de Encinas, sino Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de plaza en Iguala la noche del crimen, y que el subsecretario reclutó como su testigo estrella, con el nombre de “Juan”.
“La confusión, la falta de claridad o de consistencia genera una mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad”, señaló la abogada Paz y Paz, “lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”. Todavía es más grave. Lo que hizo Encinas demostró que lo importante no era la verdad para encontrar a los criminales, sino fabricar criminales a modo, exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y militares, inventando pruebas y engañando a todos.
Lo que hizo, por confesión de él mismo, es mucho más grave que aquello por lo que acusó al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, implicado de manera circunstancial, por testigos de oídas. Encinas, y quien resulte responsable del engaño nacional, tendrían que acabar en la cárcel de haber justicia. Sus delitos no dan margen para que se declare inocente. Los hizo con dolo, malicia y perversión.
twitter: @rivapa
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El GIEI termina de hundir a Encinas/Héctor De Mauleón
La actuación de Encinas está en duda. Lo que sigue es la incertidumbre de los familiares de las víctimas, “el malestar y la pérdida de confianza”
El Universal, 1 de noviembre de 2022
El informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto pasado nació muerto. Y ayer le tocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, hacerle la autopsia.
Encinas presentó en agosto un informe cargado de “nuevas pruebas” sobre la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Se trataba de un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente contenían conversaciones de WhatsApp sostenidas por presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.
Involucraban a varios militares en los hechos.
Señalaban, por ejemplo, que el entonces coronel del 27 Batallón José Rodríguez Pérez había dado la orden de eliminar a seis estudiantes que cuatro días después de los hechos seguían con vida en una cueva, que un subteniente de apellido Pirita “ya se había encargado de los paquetes” y que el capitán José Martínez Crespo se había llevado a algunos al campo militar, donde “nadie entra”, para ver, al rato, “dónde los echamos”.
El informe sufrió el primer resquebrajamiento la semana pasada. La lluvia de fuego que le cayó encima no vino de la oposición, ni de los defensores de la llamada “verdad histórica”, sino el propio Alejandro Encinas, quien declaró a The New York Times que la fuente que le había proporcionado aquellas capturas de pantalla podría haberlas fabricado.
En esa misma entrevista Encinas admitió que la investigación del caso se había realizado en forma exprés, para darle una salida política y satisfacer las presiones del presidente López Obrador.
Quería decir que las capturas de pantalla no habían sido verificadas: que la comisión que él encabeza había dado por buenas pruebas sin sustento.
Tras el escándalo que siguió, Encinas, cobijado por el presidente, adoptó la ruta de la victimización: acusó una campaña de descalificaciones “al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados”.
La puntilla al informe, cuya parte medular eran las capturas “hechizas” de Alejandro Encinas, la propinó ayer el GIEI, cuyos expertos consideraron “una torpeza” haber presentado un reporte plagado de supuestas evidencias “que no son fiables y no son confiables”.
Tras someter dichas pruebas a análisis pericial forense, el GIEI detectó que al menos 181 tienen discrepancias tecnológicas. Una de ellas es que la doble palomita azul que aparece en algunos de los pantallazos no había sido creada en los días en que, supuestamente, los mensajes fueron enviados.
“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron captados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de las fichas su autenticidad”, dictaminó el GIEI.
Según los expertos, los resultados del peritaje informático forense “llevan a considerar esta evidencia como inconsistente”. Además de ello, “no puede ser considerada como tal en un proceso judicial”, aseguraron.
El informe del GIEI termina de cavar la tumba de la comisión presidida por Encinas y coloca a este funcionario en un predicamento mayor.
Porque de la presentación de esos pantallazos falsos y de su entrega oficial a la Fiscalía General de la República derivan delitos contra la administración de la justicia (entre otros, desvío de una indagatoria), y derivan también responsabilidades penales para quienes los fabricaron, para quienes se los entregaron al subsecretario, y también para Encinas mismo, quien los dio por válidos y fundó a partir de ellos acusaciones sin fundamento y sin pruebas.
Tras el reporte del GIEI se le cierran a Encinas las salidas. Está obligado a aclarar cómo se obtuvieron los mensajes, quién los fabricó, quién los entregó y por qué se dieron por ciertos.
El GIEI terminó de cavar la tumba de Encinas. Él podrá seguir en su puesto. Pero ya está enterrado.
Alguien quiso empatar los pantallazos con las versiones que había dado a la fiscalía su testigo estrella: El Cabo Gil.
Finalmente, el informe de Encinas fue una farsa. Hoy, su actuación está en duda y es seriamente cuestionada. Lo que sigue es la incertidumbre de los familiares de las víctimas, “el malestar y la pérdida de confianza”.
Durante años todo lo dicho por el GIEI ha sido elevado al rango de palabra sagrada. Los mismos que le dieron ese rango hoy tendrán que hacerse cargo de lo dicho en la parte primordial de su nuevo informe: las pruebas de Encinas no son auténticas y el gobierno de López Obrador, a través del fiscal general Alejandro Gertz, ha decidido sacar al Ejército de las indagatorias.
Qué vueltas da la vida.
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DUDA RAZONABLE
El GIEI y la Sedena/CARLOS PUIG
Milenio, 1 de noviembre
Fue hasta este sexenio cuando la Sedena, por compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a abrir sus documentos y expedientes sobre el caso Ayotzinapa. En su tercer informe de actividades dado a conocer hace unas semanas, aunque estaba hecho desde febrero de este año, se detallan nuevas evidencias contenidas en los archivos del Ejército al que el grupo tuvo acceso.
El tercer capítulo de ese informe hace una exhaustiva descripción de lo que aquellos documentos dicen, pero ya se señalaba ahí también que la Sedena no había entregado otros documentos que el GIEI considera claves y que son referidos en varios de los archivos revisados.
Ayer, Ángela Buitrago fue bastante clara: “el GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita proporcionar toda la información existente en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia y otros que puedan tener información clave para la búsqueda que incluyen los monitoreos o escuchas telefónicas en tiempo real del 26/09/2014 y de los días subsiguientes, incluido el 04/10/2014. Entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales de los archivos de Sedena, que muestran que se tenía un conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes del Centro Regional de Inteligencia no han sido proporcionados a pesar de que se afirma que no existen, pero el GIEI tiene información de su existencia. El GIEI ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de toda la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, sin lo cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”.
Buitrago hizo un resumen de lo que ya está en el III informe, de cómo los miembros del 27 batallón estuvieron al tanto de lo que sucedía, que fueron testigos de las detenciones y que como controlaban el C4 tenían reportes de lo que estaba pasando.
Más: “personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago y otros documentos y testimonios de testigos protegidos. A la luz de estas informaciones, se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido”.
Ya veremos cómo queda la nueva versión del GIEI anunciada ayer.
Por lo pronto está claro que, esta vez, el GIEI que existió, con la Sedena topó.
@puigcarlos
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DÍA CON DÍA
Afantasmando la justicia/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
Milenio, 1 de noviembre de 2022
El encallamiento de Ayotzinapa en el mar de los sargazos de la incredulidad mexicana, capaz sin embargo de creer cualquier cosa, es el eslabón más reciente del desfile histórico de abusos y manipulaciones que ha sido entre nosotros la procuración de justicia.
Ayotzinapa pinta para volverse un hoyo grande, del tamaño de los crímenes del 2 de octubre del 68, el asesinato de Colosio del 94 o la matanza de Acteal del 97.
Uno más de los grandes hoyos negros que van sembrando en la memoria colectiva las abusivas capacidades del Estado para acusar o para absolver, y su correlativa incapacidad de investigar y de probar casi nada, ni de lo que acusa, ni de lo que absuelve.
El gobierno puede acusar y encarcelar a quien quiera, con delitos reales o inventados, pero puede probar poco o nada de los crímenes que imputa.
Y puede absolver también, pasar por alto, los mayores crímenes imaginables, como vemos hoy todos los días en las masacres que sacuden al país, sin que la autoridad mueva un dedo para investigarlas y castigarlas.
La justicia es un reino de hechos flojos, falsos o inconcluyentes, donde mandan la política, la influencia y el dinero, frente a la indefensión total de la sociedad que no tiene poder, influencia ni dinero para defenderse, con el solo amparo de la ley y la verdad.
Se trata de un reino de justicia fantasmal del que salen sin embargo sentencias fulminantes, que tienen llenas las cárceles de personas sin sentencia, de culpables fabricados y de delincuentes que delinquen desde la prisión.
La barbaridad de este reino de verdades dudosas y opresiones ciertas creció con la ampliación reciente de los delitos que pueden castigarse con prisión preventiva, aberración jurídica que permite encarcelar a alguien con sólo acusarlo.
Hay además muchos casos de ciudadanos no encarcelados pero sí amagados con prisión, para obligarlos a una determinada conducta: un pago de impuestos, una renuncia, una obediencia al gobierno.
La lista de amagos y prisiones de estos años es larga. Su efecto neto es agregarle impunidad a la conducta judicial del gobierno y afantasmar en la sociedad el valor, el rigor y la credibilidad de la justicia.
hector.aguilarcamin@milenio.com
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EN PRIVADO
Y le fueron con el cuento de que la ley es la ley/JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
Milenio, 1 de noviembre de 2022
RETALES
2. BOMBA. El GIEI activó la bomba que el gobierno, y el mismo López Obrador, nunca vieron venir: el vuelco, desastroso, en las investigaciones de su Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa. El que Alejandro Encinas aceptara que una tercera parte de los mensajes que sirvieron para girar, a partir del 18 de agosto, 83 órdenes de aprehensión y a liberar decenas de personas no estuvieran respaldados por la verdad, prendió la mecha del cartucho que le tiraron en su palacio; y
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AMLO y los padres de los 43: ruptura inminente/Salvador García Soto
El Universal, 2 de noviembre de 2022
El primer aviso se lo mandaron a través del GIEI: el 24 de agosto pasado, dos días después de que Alejandro Encinas presentó su Informe sobre el caso Ayotzinapa, el grupo de expertos internacionales declararon que no podían validar la autenticidad y veracidad de las pruebas de las nuevas investigaciones porque no tenían acceso al expediente. Luego, como segundo aviso vinieron las manifestaciones violentas contra instalaciones públicas militares y diplomáticas, para finalmente, en los discursos del octavo aniversario de la desaparición y muerte de sus hijos, en pleno Zócalo y frente a Palacio Nacional, reclamar que este gobierno no les ha dado ni verdad ni justicia.
El tercer aviso llegó en dos entregas: primero el viernes pasado con el reportaje del diario The New York Times, que ponía en duda la autenticidad de las pruebas presentadas por Alejandro Encinas, y luego el lunes de esta semana con la conferencia de los expertos del GIEI, que confirmaron lo dicho por el diario estadounidense y dijeron que no hay certeza sobre la veracidad de las capturas de pantalla y los mensajes de WhatsApp en los que el subsecretario y titular de la Comisión de la Verdad se basó para hacer su nueva narración de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y finalmente ayer, los padres de los 43 normalistas que siempre estuvieron detrás del GIEI, rompieron el silencio y en declaraciones a EL UNIVERSAL lo dijeron sin cortapisas: “Lo mismo que hizo el gobierno de Peña Nieto, es lo mismo que querían hacer ellos (el gobierno de AMLO): engañarnos con puras mentiras”.
Hoy, a dos meses de que se presentara el Informe Encinas, y cuando crecen los cuestionamientos sobre la seriedad y veracidad de las nuevas investigaciones que realizó este gobierno, cada vez se ve más claro que los padres de los 43 normalistas no están de acuerdo con la nueva versión del gobierno de López Obrador, con la que se intentó sepultar la “verdad histórica” del peñismo y de Jesús Murillo Karam. Vaya, ni siquiera la captura y encarcelamiento del ex procurador general ha convencido a los papás de los estudiantes desaparecidos de que realmente “se está haciendo justicia”, como afirma el Presidente, y de que se les esté diciendo la verdad que les prometió el ahora mandatario, desde que estaba en campaña por la Presidencia.
Los mensajes que le han estado mandando a López Obrador los padres de los 43 normalistas son bastante claros y directos: no les convence la investigación de Encinas y no ven en la forma en que se integraron los nuevos expedientes y las nuevas órdenes de aprehensión (“con prisas y a la carrera por presiones políticas”, han dicho) ningún avance concreto y real para llegar a la promesa que les hizo el Presidente de que tendrían “verdad y justicia”, y que les darían a conocer el destino y paradero final de sus hijos, así como el castigo a los verdaderos responsables.
Todavía ayer, ante los cuestionamientos que hicieron públicos los expertos del GIEI, en este caso voceros de los Padres, el presidente López Obrador defendió con todo al subsecretario de Gobernación: “Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información y se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, dijo el Presidente.
El problema, aunque el Presidente se niegue a reconocerlo, es que las nuevas investigaciones de su gobierno han entrado en crisis ante la falta de contundencia y solidez de las pruebas presentadas en el Informe de Encinas. Si a eso se le suma el desastre interno que le estalló a López Obrador con la rebelión del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que se les adelantó a solicitar 21 órdenes de aprehensión en contra de militares y luego tuvieron que pedirle a la Fiscalía General de la República que se desistiera de 16 de esas órdenes ya giradas, que fueron anuladas por el juez, en un hecho inédito y violatorio de la Constitución y las leyes, está claro que ni aún con las buenas intenciones de este gobierno, ni con el entusiasmo del Presidente, sus indagatorias del caso Ayotzinapa lograrán llegar a buen puerto.
Porque sin el aval de los padres de los 43 normalistas, que claramente ya se han deslindado de la investigación de Encinas y que estarían a punto de romper con el gobierno de López Obrador, al que ya se atreven a comparar con Peña Nieto, porque consideran que les mintió también al prometerles la verdad y la justicia, no habrá ninguna indagatoria, detención u orden de aprehensión que valga en este gobierno para sentir que ya resolvieron un caso que seguirá abierto y, como ha sido hasta ahora, seguirá siendo bandera, consigna y hasta fuente de financiamiento para los grupos que hicieron de los 43 una demanda legítima de justicia, pero también un filón político e ideológico claramente redituable.
NOTAS INDISCRETAS…
Ana Lilia Herrera nos dijo ayer que no se irá del PRI. “Soy priista, lo he sido toda mi vida y no dejaré de serlo”, dijo la diputada que contendió por la candidatura priista y perdió en las encuestas ante Alejandra del Moral. Le preguntamos si reconocerá a Del Moral como candidata y se sentará con ella y la respuesta de la priista mexiquense fue seca y breve: “En su momento lo haré”. Y mientras Herrera Anzaldo estira la liga y busca encarecer una negociación política, sus cercanos insisten en que sí ha tenido pláticas con Movimiento Ciudadano, concretamente con Dante Delgado, para pensar en una candidatura emecista. Incluso, la diputada priista también buscó a las dirigencias del PAN y el PRD.
El problema es que tanto Marko Cortés, como Jesús Zambrano y sobre todo Dante Delgado, tienen acuerdos ya establecidos con el gobernador Alfredo del Mazo y pensar en una postulación de Ana Lilia Herrera sería romper esos acuerdos. Por lo pronto en Toluca y en el equipo de Alejandra del Moral sí hay preocupación ante el juego de Ana Lilia, porque la tarde del pasado 20 de octubre, cuando se reunieron en el edificio del PRI mexiquense todos los aspirantes priistas para que les presentaran las encuestas y ahí se les aviso que la mejor posicionada era Alejandra, Herrera como el resto aceptaron el resultado y, al término de esa reunión, la ya virtual candidata le dijo a la diputada que quería reunirse con ella en privado. “Sí, sólo déjame ir a hablar con mi gente, que me está esperando afuera y regreso para que platiquemos”.
Y efectivamente Ana Lilia salió pero nunca regresó y Alejandra del Moral se quedó esperándola para hablar, cosa que no ha sucedido hasta hoy. Formalmente es hasta enero cuando se oficializa la candidatura de Alejandra del Moral a la gubernatura mexiquense por el PRI y, por lo que se ve hasta ahora, Ana Lilia Herrera está aprovechando estos meses que faltan para deshojar la margarita y definir, si se queda en el PRI, cuál será el precio a negociar por su lealtad…Dice Silvano Aureoles que no sólo va a ser candidato a la Presidencia por la Alianza Va Por México, sino que, afirma, “voy a ser presidente”. Así, el exgobernador de Michoacán, al que su sucesor, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla ha acusado públicamente de desviar recursos públicos por hasta 5 mmdp, pero que hasta ahora ni le ha probado nada ni lo ha acusado penalmente, está ya en abierta campaña recorriendo el país y promoviendo su candidatura.
Todo el mundillo político juraba, hace un año cuando dejó el gobierno de Michoacán, que en cuanto saliera de la gubernatura “a Silvano lo van a acusar y lo van a detener”, luego del enojo que provocó en el Presidente las acusaciones que hizo públicas en México y en Washington por la presunta “intromisión del narcotráfico para favorecer a Morena en los comicios de 2021 en Michoacán”. Pues ya paso un año y lejos de estar en la cárcel, Silvano está en campaña y dice, muy seguro, que “voy a ser presidente”…Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.
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Sólo quedan los extranjeros en quienes confiar/Leo Zuckermann
Excelsior,
Entrevisté a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, después de la publicación del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) cuando ya se había filtrado la versión no testada de dicho documento. A diferencia de la llamada “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam en el sexenio pasado, aparecía evidencia del involucramiento del Ejército en el secuestro, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hace ocho años.
“Hay que ser cautos –me dijo el abogado de las familias de los desaparecidos en esa ocasión– y esperar a ver qué dice el GIEI al respecto”. Se refería al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un comité de cuatro extranjeros que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y validar los hallazgos de las autoridades mexicanas sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Yo, que he seguido durante tanto tiempo este caso, confié en los resultados que presentó el presidente de la COVAJ, Alejando Encinas, un político que consideraba serio y respetado. Me equivoqué. Tuvo razón Aguirre. Había que ser cauto y esperar los resultados de los extranjeros sobre el nuevo reporte de los mexicanos.
Días después apareció el artículo en The New York Times donde el propio Encinas confesaba que muchas de las pruebas presentadas en el Informe podrían ser falsas. La revelación me generó un gran enojo. Nuevamente, el gobierno mexicano mentía.
El lunes, el GIEI anunció los resultados del peritaje de las pruebas del COVAJ. Gloso, a continuación, los que me parecen los principales hallazgos:
– Del análisis realizado a los ficheros entregados como evidencia digital, se determinó que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes de WhatsApp que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico. No se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje.
– Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot objeto del análisis forense solicitado.
– En la versión original de WhatsApp no se utilizaba el icono de videollamada.
– Se lograron identificar algunos screenshot con un entorno visual diferente.
– Otras discrepancias muestran diferencias en la forma de escritura algo inusual en la aplicación.
– La doble palomita que verifica la lectura del mensaje por parte del receptor no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la app hasta el 20 de noviembre de 2014.
– Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envío de los mensajes. Se determinaron 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación.
– Los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de éstos.
– Las pruebas son inconsistentes y no pueden ser consideradas para un proceso judicial.
– La confusión, falta de claridad o de consistencia en las acciones generan mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza.
– Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso, si no se toma una determinación radical de examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial.
Los expertos del GIEI recomiendan una investigación sobre cómo fueron obtenidas las pruebas falsas del Informe de la COVAJ. Tienen toda la razón. Es un escándalo. Y yo me pregunto: ¿por qué el equipo de Encinas, con todos los recursos que tienen, no pudo determinar a tiempo que las pruebas que les dieron eran falsas? ¿Por qué los extranjeros sí pudieron y los mexicanos no?
Ya van dos gobiernos, el de Peña y López Obrador, que mienten sobre el caso Ayotzinapa. Ocho años después, seguimos confundidos. Cada vez más. Yo, después de tantos desaguisados, a los únicos que les voy a creer es a los extranjeros del GIEI. Como mexicano, me da pena admitirlo, pero a eso hemos llegado.
Twitter: @leozuckermann
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Las tres caídas de Encinas/Jorge Fernández Menéndez
Columna Razones/ Excelsior
Ayer, el presidente López Obrador volvió a salir en defensa del subsecretario Alejandro Encinas y dijo que era un hombre honesto. Yo no dudo de la honestidad personal del subsecretario, pero sí de su juicio político y de la forma en que ha llevado adelante no sólo la investigación del caso Ayotzinapa, sino también las diferentes e importantes responsabilidades que ha tenido a lo largo de su vida política.
Encinas es un respetado dirigente político de la izquierda histórica mexicana, eso no se lo quita nadie, pero como funcionario público y como legislador ha tenido irresponsabilidades que son inadmisibles. En 2006 era jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando fueron las elecciones en las que López Obrador perdió ante Felipe Calderón. Andrés Manuel decidió entonces bloquear el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Fueron muchos los compañeros de ruta del entonces candidato que se separaron o distanciaron de López Obrador por aquella decisión que fue costosísima para miles de capitalinos, en término económicos, comerciales, turísticos, de convivencia. El candidato perdedor decidió castigar la ciudad para protestar por un resultado electoral que no le favoreció.
El jefe de Gobierno interino de la ciudad era Alejandro Encinas, que había aspirado a ser el candidato, una posición que terminó siendo para Marcelo Ebrard. Ante el bloqueo no actuó como jefe de Gobierno, no protegió los intereses de la ciudad, actuó como militante y como colaborador activo del bloqueo. Fue un acto militante, pero, como gobernante, dañó a buena parte de sus gobernados.
En 2009, Julio César Godoy, medio hermano del exgobernador de Michoacán Leonel Godoy, fue electo diputado por el PRD, partido por el cual Encinas era coordinador de la fracción parlamentaria en San Lázaro.
El PRD sabía, desde antes de las elecciones de julio de 2009, cuando Godoy fue elegido diputado, de las pruebas que existían en su contra por su relación con el cártel de la Familia Michoacana, y en particular con su líder, Servando Gómez, La Tuta. El PRD y el gobernador Godoy decidieron mantenerlo como candidato a pesar de haber tenido acceso a las pruebas que existían en su contra, que le habían sido presentadas con anterioridad por las propias autoridades federales.
Pasada la elección y presentada la orden de aprehensión, Godoy se dio a la fuga, protegido por el partido y el gobierno local, que nunca hizo nada por localizarlo. Un año después, decidieron que era hora de darle fuero y en una operación vergonzosa, donde participaron los integrantes de la bancada perredista en San Lázaro, lo metieron a la Cámara de Diputados en forma clandestina, dentro de la cajuela de un automóvil, y estuvo un par de noches durmiendo en las oficinas del coordinador parlamentario, Alejandro Encinas. De allí Encinas lo llevó al pleno y le tomaron protesta como diputado para darle fuero parlamentario y que no pudiera ser detenido. No sólo eso: Godoy fue incorporado de inmediato, por indicaciones de Encinas, nada más y nada menos que a la Comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Fue hasta que comenzó el proceso de desafuero en la sección instructora y cuando se divulgó públicamente una larga y explícita grabación de Godoy con La Tuta que su situación comenzó a desmoronarse. Pero esa grabación no era la única: había otras 48, muchas de ellas más comprometedoras que la escuchada públicamente, además de otras pruebas testimoniales que hundieron a Godoy. Con todo, la bancada y el partido operaron para que pudiera huir antes de que fuera desaforado. No hemos vuelto a saber de Godoy Toscano.
Ahora, con la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, el subsecretario Encinas, literalmente, inventó un informe sin datos verificados, inculpó a distintos exfuncionarios, a un general de la República y a otros militares con pruebas que el propio grupo de expertos internacionales del GIEI descalificó. Son las famosas capturas de pantalla, a partir de las cuales Encinas construyó la tesis del crimen de Estado y con la cual acusó a mandos militares de estar detrás del asesinato de los jóvenes estudiantes.
Aquí dijimos, desde que se divulgaron esas capturas, que no eran verídicas. No lo eran por muchas razones, comenzando por algo evidente: el diseño de WhatsApp no era en 2014 el que se mostraba en las mismas, y los diálogos ahí presentados no sólo no resultaban siquiera verosímiles, sino que, además, se contradecían con otros plenamente verificados, como los que había proporcionado la DEA de las conversaciones entre sicarios de Guerreros Unidos esa noche (desechados por Encinas). Eran pruebas prefabricadas que alguien en abril pasado le entregó a Encinas y que éste verificó con peritos, pero que igual utilizó para su informe de agosto. Hoy la exigencia es saber quién le entregó esas pruebas prefabricadas, falsas, quién las fraguó e, incluso, qué responsabilidades recaen sobre Encinas al utilizarlas públicamente e incluso ocultarlas al Ministerio Público.
No dudo de la militancia partidaria de Encinas, pero en 2006 no fue honesto con la ciudadanía capitalina, en 2010 engañó al Congreso para darle fuero a un hombre ligado con el narcotráfico, y en 2022 construyó, sin pruebas, el informe de uno de los crímenes más dolorosos de las últimas décadas. Como funcionario público es, por lo menos, un irresponsable.
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