13 feb 2023

El caso de García Luna, hoy; El Rey el último testigo

 ― ¿Y, normalmente, la última persona que llamas a declarar es tu mejor testigo?

― No, no necesariamente. A veces, a los fiscales les gusta irse con una bomba, pero otras solo buscan atar algunos cabos sueltos.

Dolia Estévez

@DoliaEstevez

Abogado Óscar Paredes, presunto confidente de El Mayo a quien El Rey Zambada identificó en #JuicioGarciaLuna como la persona con quien se coordinaba para ver a GGL, fue acribillado en un bar en CDMX en 2010. Se dijo que fueron sicarios de los capos o de la PF que eran lo mismo.

@DoliaEstevez

Rey Zambada dijo que conocía al dueño del restaurante Champs-Élysées y a algunos del staff. Hizo un acuerdo para venderles algunos de sus "animalitos".  Entonces tenía una granja de marranos. Encuentros con GGL se daban en un salón privado en el segundo piso. 

@keegan_hamilton

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Genaro García Luna rechaza testificar

Definitivo! Genaro García Luna, no declarará en el juicio en su contra que se realiza en la corte de Nueva York.

La defensa anunció la decisión de su cliente de no testificar, algo a lo que tiene derecho. El juez Brian Cogan, que lleva la causa, preguntó si el imputado es consciente de lo que implica renunciar a su derecho de declarar, y la respuesta fue sí.

“Sí, señor. Es mi decisión”, contestó el acusado cuando le preguntó el juez Cogan si rechazaba ir al estrado.

La Corte no permitirá pruebas de bienes posteriores a 2012

El gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de cinco cargos, cuatro relacionados con las drogas y otro de falsedad de documentos

Jesús “Rey” Zambada afirmó este lunes que entregó a García Luna 5 mdd en restaurante en CDMX

El testigo protegido detalló que era 2006, cuando entregó a Genaro García Luna dos pagos en un restaurante en la Ciudad de México por un total de 5 millones de dólares, afirmó en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

El testigo identificó  a un abogado de nombre Óscar Paredes, quien fungía como el contacto entre el Cártel y García Luna.

El ”Rey” describió dos reuniones con García Luna. Ambas habrían ocurrido en el restaurante Champs Elysees. Para el primer encuentro,  Garcia Luna habría exigido un pago de 3 millones de dólares. En la cita se acordó que la relación se mantendría igual que en la administración de Vicente Fox y que García Luna y su gente seguirían trabajando para el Cártel de Sinaloa.

El Rey, que aseguró que prefería mantenerse en el anonimato, se quedó en el bar, desde donde vio entrar a García Luna con dos acompañantes; quince y veinte minutos después, se fueron con el dinero que recibieron de manos de Paredes. 

Tras ese encuentro, Paredes, que trabajaba directamente para El Mayo, dijo que García Luna le había garantizado que no perseguiría ni investigaría a El Mayo y que lo iba a dejar trabajar como hasta entonces. 

Habló de una segunda reunión en el mismo lugar, en el segundo piso, en una habitación privada, en donde se le entregaron otros dos millones de dólares a García Luna. Zambada detalló que él se encontraba hablando con Paredes antes de que llegara el exsecretario mexicano de Seguridad, pero que éste irrumpió repentinamente. El “Rey” saludó y se retiró. Contó que él buscaba mantener un bajo perfil y por eso no le gustaba que lo vieran.

En otro momento, comentó que sabía que desde el Cártel de Sinaloa le pagaban 1.5 millones dólares mensuales a García Luna.

En noviembre de 2018, durante el juicio por narcotráfico contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ‘El Rey’ ya acusó a García Luna de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

Zambada dijo que el Cartel de Sinaloa entregó sobornos millonarios a García Luna a finales de 2006. La organización criminal le entregó al menos cinco millones de dólares para reunirse en dos ocasiones con él, poco antes de que terminara el Gobierno de Vicente Fox, aseguró el declarante. “Tengo la posibilidad de tener una reunión con Genaro García Luna. Fuentes fidedignas y reales me dicen que él va a ser el secretario de Seguridad Pública”, le contó al capo Óscar Paredes, un abogado que trabajaba para el cartel y se encargaba de llevar las relaciones con miembros del Gobierno. “Hay que darle tres millones de dólares para hablar con él”, narró El Rey.

Mmm.

Jesús Reynaldo Zambada García nació el 13 de agosto de 1961 en Culiacán Sinaloa; es hermano de Ismael ‘El Mayo’.

Fue capturado en 2008, cuando la entonces PGR y autoridades de EU lo ubicaron como pieza clave; estaba a cargo del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia EU, mediante barcos, submarinos y/o aviones. Se sabe que también usaba el Aeropuerto de la CDMX para importar químicos para elaborar drogas.

Fue extraditado en 2012 a EU,  donde se declaró culpable de varios delitos asociados con el narcotráfico.

Y en 2018 fue uno de los principales testigos en el juicio contra Joaquín Guzmán.

Hoy declaró en libertad.

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Los columnas políticas hoy, lunes 13 de febrero de 2023

Confidencial/ El Financieroi.

Rey Zambada, el as bajo la manga contra García Luna

En la recta final del juicio a Genaro García Luna, la fiscalía de Estados Unidos presentará hoy sus últimas cartas en un afán de que el extitular de la SSP federal sea sentenciado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Todo apunta a que el as bajo la manga es Reynaldo Rey Zambada, hermano del Mayo. En el juicio al Chapo Guzmán, Rey Zambada dijo haber entregado sobornos, personalmente, a Genaro García Luna, quien aún en libertad y desde México, negó dicha aseveración. Hoy, en un cara a cara, se podría delinear quién miente.

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El Rey que puede incendiar la Corte/Héctor De Mauleón

Aparece una y otra vez vinculado a la compra de autoridades

El Universal, 

EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que Jesús Reynaldo, El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, será el testigo estrella que la fiscalía de Estados Unidos presentará el día de hoy durante el juicio que se sigue en Brooklyn, Nueva York, al poderoso exsecretario de seguridad en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna. 

“Un documento enviado este domingo por la defensa al juez de la causa, Brian Cogan, incluye el nombre del testigo, pero sellado con negro. Sin embargo, una búsqueda que incluya ‘Rey Zambada’ en el sitio de la corte saca a relucir el documento, el cual indica que ese es el nombre que se encuentra bajo sello negro”, relató este domingo EL UNIVERSAL. 

Este periódico agrega que fue El Rey Zambada quien destapó por primera vez el nombre de García Luna durante el llamado “Juicio del Siglo”, en contra de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán. 

Fue El Rey Zambada quien habló de los supuestos sobornos millonarios, entregados en dólares, a Genaro García Luna entre 2005 y 2007. 

El Rey Zambada es la gran figura secreta del Cártel de Sinaloa. 

Condenado fatalmente por las actividades de su hermano mayor, El Mayo, a abandonar su carrera como contador, terminó por convertirse en el hombre de mayor confianza del líder más escurridizo de esa organización: el poderoso Mayo Zambada: el fundador del cártel que durante al menos 40 años nunca ha sido detenido (si lo aprehendieron alguna vez, el gran público no se enteró), y quien es al mismo tiempo el gran amigo y compadre de El Chapo Guzmán y el mediador por excelencia dentro y fuera del Cártel. 

A la sombra de El Mayo, El Rey Zambada estuvo a cargo de las finanzas y de la nómina del Cártel de Sinaloa. Lentamente se fue haciendo cargo de otras actividades, hasta convertirse en el número dos de la facción criminal que su hermano encabezaba. 

El Rey transmitía las órdenes y los deseos de su hermano, y velaba para que se llevaran a cabo. Como encargado de las finanzas, era el responsable de los pagos a militares y policías judiciales federales, y luego, cuando esta última corporación desapareció, a agentes de la AFI y de la PFP. 

Su hermano lo envió a Cancún para que coordinara la recepción de la droga procedente de Sudamérica y la enviara de modo seguro a los Estados Unidos. Esto implicaba la compra de autoridades de todos los órdenes, distribuidas a lo largo de la ruta. 

Se cuenta que los hermanos Arellano Félix quisieron asesinarlo para vengarse de los agravios que les había hecho El Mayo. 

El Rey salió de aquel atentado a punta de tiros y más tarde pudo ver pasar frente a su tienda el cadáver de Ramón Arellano Félix, abatido en Mazatlán el mismo día en que había ido a cazar a El Mayo.  

El Rey Zambada aparece una y otra vez vinculado a la compra de autoridades, en el control de la estructura de seguridad del Cártel e incluso la búsqueda de rivales que debían ser ejecutados. 

Como se sabe, El Mayo lo envió a la Ciudad de México para controlar el paso de droga en el aeropuerto capitalino. Consiguió para su hermano un hangar por el que toneladas enteras entraban y salían sin mayor tropiezo. 

Era el responsable de llevar al Chapo sano y salvo a las juntas que este tenía con El Mayo. 

Mientras El Mayo andaba a salto de mata en la sierra, El Rey Zambada manejaba las casas de seguridad en la Ciudad de México y veía la forma de eliminar a los mandos policiacos que trabajaban al servicio del cártel rival, el de los Beltrán Leyva. 

Se ha contado hasta el cansancio que el día de 2008 que lo detuvieron en Lindavista, le llamó insistentemente al comandante Edgar Enrique Bayardo, de la Policía Federal, para pedirle que la “pitufada” (por los colores azules de los uniformes de esta corporación) fuera a rescatarlo de la gente de la SIEDO que había ido por él. 

Lo agarraron en la azotea, después de haber intentado suicidarse. Su hijo, Jesús Zambada Reyes, y el hijo de su novia, Richard Arroyo, quienes se hallaban con él, fueron los primeros en destapar la cloaca de la protección institucional que el Cártel de Sinaloa recibió a lo largo de dos sexenios. 

El Rey Zambada fue el gran testigo en el juicio contra El Chapo. Si hoy efectivamente sube al estrado, incendiará la Corte y pondrá en llamas a los medios. 

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El asalto a la razón

Hoy en NY, pifia o bala de plata/Carlos Marín

Milenio

El súbito ajuste al calendario para demostrar ante el jurado que Genaro García Luna es o no el delincuente que conspiró para introducir a Estados Unidos más de 50 toneladas de cocaína durante 18 años, hace de este lunes y mañana los días en que se verá si la fiscalía tiene algo más que tacos de lengua contra el ex secretario mexicano de Seguridad.

Demonizado allá y linchado aquí, se supone que hoy puede dispararse una bala de plata para refundirlo en prisión o si, acorde con los testimonios de un puñado de delincuentes (algunos aprehendidos por el acusado) el caso termina en batea de babas.

Con la palabra de 25 personas, en su mayoría criminales confesos, y no los “70” que la fiscalía había anunciado; sin exhibir documentos probatorios ni grabaciones inculpatorias, el proceso no tomará las ocho semanas calculadas por el juez Brian M. Cogan, pero quien encabeza los dos despachos de la defensoría de oficio parece haberlo tomado como un signo favorable a

su causa:

“¿Sorpresa? No”, dijo escuetamente el discreto abogado César de Castro.

De los testigos de cargo, por serlo más bien de oídas, evidente falta de solidez y solvencia ética, el juez desechó a seis “cooperantes”, al pornógrafo infantil y pederasta infiltrado de la fiscalía y a una prejuiciada periodista que desde hace diez años asegura que alguien la amenazó en nombre de García Luna.

Para Cogan, estas versiones se alejan mucho de la acusación, son irrelevantes, confundirían al jurado, crearían juicios dentro de un juicio y son indebidamente perjudiciales.

Inicialmente la fiscalía dijo tener un millón 135 mil 199 páginas para sustentar los cargos (208 mil 173 eran de registros financieros o comerciales de 76 entidades: 22 individuos y 54 empresas); cuatro mil 900 grabaciones (incluidas 500 horas con el presidiario informante del gobierno); la computadora del ex secretario, sus teléfonos, droga, videos de los testigos cooperantes y fotografías.

Hasta la semana pasada, sin embargo, no se mostró imagen alguna de GGL con sus presuntos sobornadores o cómplices; ningún video recibiendo dinero ni regalos, cero mensajes, cero correos electrónicos, cero grabaciones de comunicaciones del ex funcionario con narcotraficantes.

Para esta mañana se espera en especial un testimonio “significativo” (todo apunta a Reynaldo El Rey Zambada), la fiscalía presentará tres testigos propios y tal vez García Luna suba mañana martes al estrado, probabilidad que El País resumió bien:

“En este tipo de casos, es muy poco común que los acusados hablen frente al jurado porque eso abre la puerta a que la fiscalía realice un contrainterrogatorio. Bajo ese supuesto, García Luna tendría que enfrentar los cuestionamientos y responder bajo juramento, con el riesgo de ser acusado de perjurio por mentir a la corte si al final se comprueban los cargos”.

Según la estadística, más del 80 por ciento de las acusaciones federales en EU las gana el gobierno, pero hasta esta mañana persiste más que una duda razonable… 

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

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El veredicto del juicio a García Luna podría afectar a funcionarios mexicanos y agentes de EE. UU.

Por Alan Feuer y Maria Abi-Habib

THe New York Times, 11 de febrero de 2023

A medida que avanzan las últimas fases del enjuiciamiento de Genaro García Luna, quien fue un alto funcionario de seguridad en México, se convocará a un jurado para que responda la pregunta central del caso: ¿García Luna, quien llegó a ser la cara pública de la guerra contra las drogas en su país, tuvo una doble vida y recibió millones en sobornos de los mismos cárteles a los que supuestamente perseguía?

Sin embargo, el resultado del juicio tendrá repercusiones mucho más allá de la corte federal de Brooklyn, donde los miembros del jurado escucharon testimonios sobre cargamentos de cocaína, una guerra entre cárteles y grandes pagos en efectivo realizados a García Luna en lugares como un almacén repleto de drogas y un autolavado propiedad de un capo.

Una absolución podría desatar una tormenta en México, poniendo en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses para recopilar pruebas convincentes sobre la corrupción mexicana de alto nivel que, tradicionalmente, ha recibido menos escrutinio que los delitos de los líderes de los cárteles.

Pero una condena también podría tener un efecto serio pero más discreto, porque dejaría sin respuesta una de las grandes incógnitas del juicio: ¿Qué sabían los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el grupo criminal más grande de México, el Cártel de Sinaloa, cuando se desempeñó como director del organismo mexicano equivalente al FBI y luego como secretario de seguridad pública del país, un poderoso cargo del gabinete presidencial?

Cualquiera que sea el resultado, una cosa es cierta: es poco probable que afecte la sombría espiral de derramamiento de sangre de los cárteles en México o que detenga el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Los narcóticos peligrosos como el fentanilo continúan pasando por la frontera, matando a más estadounidenses en los últimos años que la violencia armada y los accidentes de tránsito combinados.

Y, a pesar de los más de 3000 millones de dólares de ayuda exterior que Estados Unidos ha dado en los últimos 15 años, las autoridades mexicanas no han podido detener el crecimiento de los cárteles, que han tomado el control de grandes regiones del país y desatado una violencia que ha dejado a cientos de miles de personas muertas, heridas o desaparecidas.

Se suponía que la acusación por cargos de narcotráfico y corrupción contra García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en Estados Unidos, marcaría una tendencia para la rendición de cuentas: sería el primero de una serie de casos de corrupción presentados contra funcionarios mexicanos en Estados Unidos, según dicen los fiscales federales estadounidenses.

Los cargos se presentaron a fines de 2019 en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, meses después de que un testigo en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo, testificara de manera espectacular sobre la entrega de maletas llenas de dinero a García Luna.

Pero, desde entonces, el apetito por esos juicios se ha desvanecido, en gran parte debido al colapso de otro caso de corrupción mexicana en Brooklyn. A finales de 2020, Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, fue detenido en Los Ángeles y acusado de cohecho y narcotráfico. Pero semanas después, luego de una intensa presión del gobierno mexicano, los fiscales retiraron los cargos y fue liberado.

Una absolución en el caso de García Luna podría sumarse al profundo sentimiento de derrota que existe entre los fiscales estadounidenses y, al mismo tiempo, le daría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevas energías para criticar el sistema legal y político de EE. UU.

Una condena podría ayudar a suavizar esos argumentos, aunque probablemente no resolvería otro problema: la duda persistente acerca de qué es lo que sabían los funcionarios estadounidenses sobre García Luna y cuándo lo supieron. El jurado ha escuchado poco en relación con las sospechas en los círculos políticos y policiales de EE. UU. sobre García Luna y de la decisión de continuar trabajando con él, a pesar de eso.

Varios agentes del orden en Estados Unidos y México se adelantaron a describir esas sospechas, pero hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hacer comentarios en público. Otros entrevistados eran exfuncionarios mexicanos o estadounidenses que ahora son consultores gubernamentales privados que trabajan en asuntos delicados.

Los rumores sobre las conexiones de García Luna con el Cártel de Sinaloa comenzaron a circular en 2001, el año en que tomó el control de la Agencia Federal de Investigación, y el mismo año en que Guzmán Loera escapó de una prisión mexicana. En los años posteriores, hubo rumores persistentes en los medios noticiosos mexicanos sobre sus vínculos con el cártel.

Michael Chavarría dijo que poco después de hacerse cargo de la oficina de la DEA en Guadalajara, México, en 2001, se dio cuenta de que la información confidencial que la agencia compartió con sus contrapartes mexicanas estaba siendo utilizada para alertar a los traficantes. Y dijo que cuando lo informó a sus superiores en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, se encogieron de hombros y alegaron que no había pruebas irrefutables.

Varios agentes estadounidenses que sirvieron en México dicen que ese era un estribillo común entre los diplomáticos y funcionarios de alto rango en la embajada.

A los oficiales de campo les decían que todo el tiempo se hacían denuncias de corrupción, sin pruebas, sobre funcionarios mexicanos y que, ante la ausencia de evidencias concretas o no clasificadas, era más importante trabajar con hombres como García Luna para combatir el narcotráfico y la violencia.

Sin embargo, a fines de 2008, cuando las acusaciones contra García Luna se hicieron más fuertes, los funcionarios estadounidenses iniciaron una investigación sobre las filtraciones de los oficiales de policía bajo su mando, según un exfuncionario estadounidense.

La investigación coincidió, según el exfuncionario, con el asesinato de un informante de la DEA que estaba infiltrado dentro de un cártel dirigido por Arturo Beltrán Leyva —quien, según testigos del juicio, era el jefe de García Luna— y con una serie de redadas fallidas, incluida una en la casa de Beltrán Leyva en Acapulco.

Dos agentes de la DEA que se encontraban en México en ese momento afirmaron que un alto funcionario de la policía mexicana cercano a García Luna ayudó a Beltrán Leyva para que saliera de la casa. Israel Ávila, contador del Cártel de Sinaloa, reforzó esa versión al declarar en el juicio que los hombres de García Luna ayudaron a Beltrán Leyva a escapar disfrazándolo de policía federal.

Aproximadamente al mismo tiempo surgieron sospechas similares sobre García Luna dentro de la policía mexicana.

Un oficial federal, Francisco Cañedo Zavaleta, presentó un informe sobre García Luna a funcionarios del Congreso mexicano en noviembre de 2008, afirmando que lo había visto con Beltrán Leyva al costado de una carretera cerca de Cuernavaca. Seis meses antes, otro oficial federal, Javier Herrera Valles, escribió una carta a Felipe Calderón, quien en ese entonces era el presidente de México, acusando a García Luna de tener vínculos con el crimen organizado.

Ambos oficiales fueron arrestados, acusados de trabajar para el Cártel de Sinaloa, y pasaron años encarcelados antes de ser absueltos por falta de pruebas.

Miguel Madrigal, un agente de la DEA que estuvo destacado en Ciudad de México, fue uno de los primeros funcionarios estadounidenses que se enteraron de manera directa de los vínculos de García Luna con Beltrán Leyva.

En 2010, según declaró en el juicio de García Luna, participó en la captura de Sergio Villarreal Barragán, uno de los principales colaboradores de Beltrán Leyva. Horas después de la detención, Villarreal Barragán declaró a Madrigal en una entrevista en la cárcel que Beltrán Leyva había sobornado en repetidas ocasiones a García Luna.

Nunca se reveló en el juicio quién más en el gobierno de EE. UU. se enteró en ese momento de estas acusaciones, aunque en 2012, Villarreal Barragán fue extraditado a Texas, donde ayudó a los fiscales federales a abrir una investigación temprana contra García Luna que terminó sin que se presentaran cargos.

Ese mismo año, el último en el cargo de García Luna, tres escándalos sacudieron a la policía federal bajo su mando, y finalmente despertaron sospechas en Washington y en la embajada en México.

En febrero de 2012, Guzmán Loera escapó por poco de una redada conjunta de Estados Unidos y México en Cabo San Lucas, saliendo por la puerta trasera de su residencia con la ayuda de agentes federales mexicanos.

Cuatro meses después, tres policías federales murieron en un misterioso tiroteo con otros oficiales en el aeropuerto internacional de Ciudad de México. En entrevistas recientes, los agentes de la DEA que en ese momento trabajaban en México dijeron que la violencia fue el resultado de un enfrentamiento entre los oficiales que se dedicaban al narcotráfico y se peleaban por las ganancias.

Luego, en agosto de 2012, dos agentes de la CIA fueron baleados y heridos después de que oficiales federales mexicanos abrieran fuego contra su vehículo. Los funcionarios estadounidenses que realizaban una investigación le pidieron a García Luna que compartiera imágenes de las cámaras de seguridad que creían que habían captado el ataque. Al principio, García Luna afirmó que las imágenes no existían, según tres funcionarios con conocimiento del caso.

García Luna fue presionado por las imágenes en una reunión tensa en Washington con altos funcionarios estadounidenses, incluido Eric Holder, el fiscal general en ese momento, y Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional, según los tres funcionarios, dos de los cuales estuvieron presentes en esa reunión. Al final, el FBI obtuvo las imágenes de otros agentes de seguridad mexicanos.

Episodios como estos pusieron a los funcionarios estadounidenses en alerta máxima sobre la policía federal bajo el mando de García Luna, dijo Eric Drickersen, quien llegó a México como miembro agregado del FBI en 2013.

También hicieron que los agentes del orden público de EE. UU. en México actuaran con más cuidado de lo habitual y se protegieran a sí mismos y a sus fuentes dentro de los cárteles, una postura que a menudo se sentía como “trabajar con una mano atada a la espalda”, dijo Drickersen.

“En México, siempre es un juego del gato y el ratón”, dijo. “Pero, a veces, es difícil distinguir quién es el gato y quién es el ratón”.

Steve Fisher y Galia García Palafox colaboraron en este reportaje.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política. Se unió al Times en 1999. @alanfeuer

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La Fiscalía y la defensa se juegan sus últimas cartas en el juicio contra Genaro García Luna

Genaro García Luna manda un beso a su esposa antes de una audiencia de su juicio en Nueva York, el 6 de febrero.

JANE ROSENBERG (REUTERS)

Elías Camhaji

El País, Nueva York - 13 FEB 2023;

El juicio contra Genaro García Luna se acerca a momentos decisivos. La Fiscalía dio un golpe de timón al anunciar que prepara la declaración de un último testigo estelar y que no llamará a más personas a la corte después del próximo lunes o martes. El giro de las autoridades estadounidenses cambia todo lo que se tenía previsto: recorta los tiempos que se tenían programados, sacude el debate político y obliga a las partes a tomar decisiones importantes. La recta final de los interrogatorios llega marcada por dos incógnitas principales: quién será el llamado as bajo la manga de los fiscales y qué decidirá el exsecretario de Seguridad Pública sobre la posibilidad de defenderse en el estrado y responder a las acusaciones por sí mismo.

“Es una decisión de él”, dijo César de Castro, que lidera la defensa, en una breve entrevista afuera de la Corte del Distrito Este de Nueva York el pasado miércoles. De Castro explicó que el equipo legal analiza cuál será la estrategia y dio a entender que, aunque la supiera, no iba a adelantar nada a los medios de comunicación ni a sus rivales. En Estados Unidos es poco común que un acusado declare en un juicio penal en su contra porque lo expone a las preguntas de la Fiscalía y lo deja en una posición vulnerable bajo el riesgo de cometer perjurio. Sin embargo, otra lectura es que el acusado vea la posibilidad de hablar como una oportunidad para inclinar el jurado a su favor y mandar el mensaje de que las autoridades no tienen un caso sólido. Con todo, si García Luna da su testimonio en la corte sería una sorpresa mayúscula.

No ha habido audiencias el jueves, el viernes ni el fin de semana. Tras bambalinas hay una pelea entre las partes sobre lo que se va a admitir como evidencia y sobre los temas que se permitirá tocar a los testigos. En el escenario de que García Luna declarara, la defensa quiso limitar los temas que pueden preguntar de los fiscales. “Tengan cuidado sobre las puertas que quieran abrir”, les dijo el juez Brian Cogan, que tiene la última palabra como administrador del juicio. Cogan ha limitado mucho del material que la Fiscalía quería presentar a la corte, como voces que dieran contexto sobre la guerra contra las drogas y líneas generales sobre el narcotráfico porque ha considerado que algunos testimonios fueron repetitivos. El juez también restringió varios materiales sobre el lujoso estilo de vida del acusado después de dejar la administración pública en 2012. Eso precipitó que las autoridades descartaran a varios testigos en su lista y que muchas personas en México interpretaran que era una muestra de debilidad en el caso.

“De hecho, muchas veces es una señal de fuerza, no de debilidad”, explica Daniel Richman, exfiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y profesor de Leyes en la Universidad de Columbia. Richman señala que la Fiscalía casi siempre tiene que calibrar dos cuestiones en su estrategia durante un juicio. Por un lado, se enfrenta a menudo a las presiones de los jueces para que el proceso vaya rápido y no sea tedioso para los miembros del jurado. “Siempre existen tensiones de este tipo entre el juez y los fiscales”, comenta. Por el otro, tienen que presentar evidencia suficiente para convencer al jurado. El académico alude a un refrán en inglés que es común entre los fiscales estadounidenses: thin to win [adelgaza para ganar]. “La idea es no plantear un caso que sea muy ‘gordo’ porque puede ser aburrido para los jurados. Si realmente quieres convencerlos, tienes que presentar un caso corto y poderoso”.

Las restricciones de Cogan sobre las pruebas que son admisibles en la corte también ha sido motivo de controversia en México. “No importa tanto que sea un caso de alto perfil o no. Más bien, tiene que ver con un conjunto complejo de reglas para la evidencia que tenemos aquí y que países donde no existe la figura del jurado no tienen”, señala Richman. El exfiscal señala que en el sistema estadounidense se cuida mucho la información que se presenta al jurado y cómo puede ser interpretada por ellos. Se busca que los testimonios sean creíbles y relevantes, pero hay mucha cautela del juez sobre partes de las declaraciones que puedan resultar confusas o distraer a los miembros del jurado. Se da un margen amplio de lo que se puede preguntar en los interrogatorios y contrainterrogatorios, pero también se exige a las partes que actúen de buena fe y que justifiquen sus preguntas. “De otro modo, se corre el riesgo de presentarles información terriblemente engañosa o falsa”, explica el académico. Sobre esas reglas se discuten un montón de excepciones y cada parte busca obtener fallos favorables en el desarrollo del juicio.

Aunque muchos de los documentos que detallan esta pugna están clasificados, otros escritos dan cuenta de que la Fiscalía quiere que el jurado vea fotografías de la riqueza que amasó García Luna cuando aún era funcionario. Parte de esas imágenes ya se han presentado a la corte, pese a las objeciones de los abogados del exsecretario. George Dietz, un investigador del Departamento de Justicia, describió el miércoles fotos que se hallaron en los dispositivos electrónicos del acusado, sobre todo de una residencia que tenía en Jiutepec, Morelos. La casa tiene una piscina, un amplio patio trasero y está rematada con una fachada blanca y un techo de teja. Héctor Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, la recordó como “una hacienda” y dijo que había espacio para que aterrizara el helicóptero que solía transportar a García Luna.

Otras imágenes que la Fiscalía quiere mostrar en el tribunal son de la casa del exsecretario en Jardines de la Montaña, un exclusivo fraccionamiento al sur de Ciudad de México. También busca que se enseñen fotografías de varios coches Ford Mustang y motocicletas Harley Davidson. Sergio Villarreal Barragán, El Grande, declaró que Arturo Beltrán Leyva regaló a García Luna una de esas motocicletas y que a partir de ahí tuvieron varios encuentros para negociar protección a su grupo criminal a cambio de sobornos. Se pretende exponer además un cuadro que mandó a pintar el acusado, su colección de armas de fuego y un restaurante. Fue a través de un restaurante que el exfuncionario quiso justificar su solicitud de ciudadanía estadounidense en 2019, de la que se desprende el cargo por dar declaraciones falsas. La lista de peticiones de los fiscales se cierra con la invitación y fotos de la fiesta por su cumpleaños 50, para demostrar que la casa de Jiutepec le siguió perteneciendo después de 2012.

Cada testimonio permite a la Fiscalía abrir una puerta para presentar evidencias. En este caso es durante la declaración de Dietz cuando los fiscales buscarán insinuar al jurado que García Luna tenía más bienes y propiedades de lo que su salario como funcionario podía pagar. Al margen de cuestionar el origen de su riqueza, también quieren presentar como evidencia que García Luna descargó documentos judiciales y siguió paso a paso los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y Édgar Veytia para argumentar que estaba al tanto de que podía ser detenido. El agente Dietz regresará al estrado el lunes para cumplir con la encomienda de ser un medio para presentar la mayor cantidad de pruebas posible.

Inmediatamente después se espera que sea llamado el llamado “testigo significativo”, como se refirieron a él las autoridades de EE UU. Las declaraciones de los testigos en los interrogatorios y contrainterrogatorios han tomado uno o dos días, por lo que es posible que la persona que declare sea el último disparo de la Fiscalía, según lo que se ha visto en estas semanas.

“Una de las partes más difíciles es cuando llamas a un testigo cooperante al estrado”, reconoce Richman. “La clave es que los jurados lo vean como realmente es. No como alguien que de repente se volvió ‘bueno’, sino como una persona que está declarando bajo presión, pero de una manera veraz”, agrega.

― ¿Y, normalmente, la última persona que llamas a declarar es tu mejor testigo?

― No, no necesariamente. A veces, a los fiscales les gusta irse con una bomba, pero otras solo buscan atar algunos cabos sueltos.

― ¿Como alguien que resuma lo que han dicho otros?

― Sí, puede ser. Puede ser algo que necesitas para tu caso o para tener una carga de prueba más sólida, aunque no sea tan interesante. En realidad, depende de muchas cosas.

Cuando la Fiscalía cierre, la pelota va a estar del lado de la defensa, que ha anticipado que no tiene intención de llamar a más testigos y que solo estudia el hecho de que hable su cliente. Hacia mediados o finales de la próxima semana, está previsto que las partes den sus alegatos finales: la última oportunidad que tienen de dirigirse al jurado antes de que el juez les explique las instrucciones para formular su veredicto y deliberen durante el tiempo que sea necesario. No hay un plazo fijo para que decidan si García Luna es culpable o no de los cinco delitos que se le imputan: tres por narcotráfico, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones.

Conspiraciones y el dilema de los cooperantes

El asunto más polémico del juicio ha sido la decisión de los fiscales de basar su caso en las declaraciones de testigos cooperantes y protegidos, como criminales y exconvictos. Las tres acusaciones contra García Luna por narcotráfico se engloban en lo que se conoce en el sistema legal estadounidense como “conspiración”. Por ejemplo, conspiración para la distribución internacional de cocaína, el segundo cargo que se le imputa. “En muchos países no existe eso, las conspiraciones son un delito muy estadounidense”, afirma Richman. El académico explica que se parte de un marco muy amplio para llevar a la justicia a personas que se ponen de acuerdo con otras para cometer un crimen. Tiene que ver con planear un acto ilegal y llevarlo a cabo, más o menos como la autoría intelectual del delito.

En este tipo de cargos, los testimonios de cooperantes que participaron en “la conspiración” son muy importantes, sobre todo si se trata de entramados complejos, como los vínculos que se buscan demostrar entre García Luna y narcotraficantes prominentes. Se parte de la idea de que cada uno de los involucrados desempeñó un papel diferente y puede dar detalles sobre una parte específica de ese plan. Richman dice que la forma como se intenta probar este tipo de delitos varía mucho, pero suele darse mucho peso a lo que declaren algunos miembros de la conspiración. También se busca complementar sus dichos con pruebas físicas: fotos, documentos o comunicaciones interceptadas. “Las autoridades intentan corroborar el testimonio de los cooperantes todo lo que pueden, pero siempre va a haber cosas que solo se conocen porque las dijeron los cooperantes”, agrega.

Eso explica también, dice el académico, por qué los abogados de la defensa suelen atacar con todo a los cooperantes y por qué también supone un riesgo para los fiscales llamarlos a declarar: pocas personas conocen mejor a un criminal que sus cómplices. “No siempre sabes qué información tiene la defensa para atacar al cooperante, no te avisan por dónde van a ir y es posible que el otro bando lo conozca mejor que tú, porque partes del supuesto de que fueron socios en una empresa criminal”, explica.

Estos testimonios suelen obtenerse bajo la promesa de obtener beneficios, como sentencias reducidas o visas, aunque la última palabra es del juez. El sistema estadounidense se vale de estos acuerdos de colaboración para armar casos de alto perfil, aunque la estrategia no está exenta de cuestionamientos. “Los estadounidenses nos dimos cuenta de que es la única forma de llevar ante la justicia casos criminales serios”, dice Richman y asegura que otros países, como Brasil o Japón, que se resistían a este tipo de estrategias ahora están más abiertos a estos pactos, sobre todo para perseguir organizaciones criminales. “Por lo general, son acuerdos que valen la pena, aunque conllevan riesgos y es importante que los jurados, los fiscales y los jueces estén conscientes de ello y reparen en la credibilidad de varios testigos”.

Elías Camhaji

Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.


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