Las columnas políticas hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Negociación del maíz: el gobierno cede tarde y con migajas, mientras el País paga el bloqueo carretero.

El Gobierno Federal ha puesto fin, al menos temporalmente, a los bloqueos carreteros que paralizaron el centro y occidente del país. Sin embargo, lo que la Presidenta Sheinbaum celebró como una "solución" en su mañanera, en realidad se siente más como un acuerdo pírrico: un triunfo negociador que costó caro en términos de caos ciudadano y que ofrece un paliativo insuficiente a los productores.

La Iinsuficiencia del parche económico

Tras más de 24 horas de parálisis y una negociación maratónica en la Secretaría de Gobernación (Segob), el campo obtuvo una limosna, no una solución de fondo. El aumento acordado de 950 pesos por tonelada de maíz como apoyo marginal es una cifra que palidece frente a la demanda inicial de $7,200 pesos.

La propia voz del campo lo confirma. El agricultor Mauricio Pérez admitió que "No obtuvimos lo que se había proyectado," señalando que la presión solo logró un acuerdo "a medias" que deja a los productores a merced de la incertidumbre del mercado abierto.

Aunque el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz (SMOMCM) para fijar precios de referencia antes de la siembra y promover acuerdos directos, este es un plan a futuro. El apoyo inmediato de $950 y la promesa de que las harineras pagarán un "precio más alto" no compensa la caída del 21% del precio internacional del grano ni la urgencia del costo de producción actual. Es una estrategia de mediano plazo aplicada como cura de choque a una crisis aguda.

 El colapso anunciado: indolencia ante el impacto ciudadano

La crítica más severa no se dirige solo a la cifra, sino a la inacción gubernamental que permitió que la crisis escalara.

El Gobierno fue incapaz de anticiparse o desactivar la protesta antes de que la legítima desesperación de los agricultores asfixiara las principales arterias viales. El costo de esta ineficacia fue pagado por miles de mexicanos: 33 puntos carreteros y 13 plazas de cobro bloqueadas, con la economía de la logística detenida y la paciencia social agotada.

La frustración que escaló a "mentadas de madre" en las terminales es el reflejo de una indignación colectiva que incluye a los ciudadanos que quedamos varados (y sí, fui una de las personas afectadas) por una crisis que las Secretarías de Agricultura y Gobernación debieron haber prevenido.

Al reaccionar solo bajo la presión extrema y el caos total, el gobierno demuestra una peligrosa tendencia a manejar las crisis por reacción y no por planeación. El "acuerdo pírrico" de la madrugada es un parche de última hora a un problema estructural de precios de garantía. Al hacerlo, no solo frustra al campo, sino que obliga a la ciudadanía a pagar el costo de su ineficacia con horas de vida detenida y pérdidas económicas. El costo de la "solución" se sintió más en las carreteras que en el presupuesto.

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Detención de Simón Levy: ¿aplicación de la ley o venganza política?

El anuncio de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre la detención de Simón Levy en Portugal, y el subsecuente drama de su supuesta liberación, no es solo un procedimiento legal; es un caso de estudio sobre la instrumentalización de la justicia.

La narrativa oficial se aferra al protocolo: la aprehensión fue una consecuencia directa de las siete inasistencias de Levy a audiencias entre 2021 y 2025. Este mensaje es claro: el sistema tiene consecuencias internacionales gracias a Interpol. Sin embargo, este rigor procesal levanta sospechas al aplicarse con tal celo a un opositor prominente de la Cuarta Transformación, sugiriendo una posible motivación más allá de la legalidad estricta.

Frente a la seriedad de los comunicados institucionales —avalados por la  Claudia Sheinbaum:  "Parece que sí", dijo la presidenta, en Portugal, creo. Y (la detención) es de una ficha que había ahí, una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en Ciudad de México”, expuso.

Pero Levy despliega una contranarrativa radical: niega la detención y alega haber sido víctima de un "atentado". Al cambiar el foco del incumplimiento legal a un supuesto intento de asesinato, el exfuncionario politiza por completo el proceso, intentando deslegitimar las órdenes de aprehensión como un acto de persecución política y no de justicia.

El contraste es abismal: la versión de la Fiscalía, precisa sobre fechas y delitos (ambientales, amenazas), contra la declaración de Levy, dramática y sin verificación independiente. En este escenario polarizado, la justicia pierde credibilidad. El caso se reduce a un dilema: ¿estamos presenciando la confirmación de que nadie está por encima de la ley, o la prueba de que el aparato legal funciona como un arma selectiva contra los adversarios políticos?

¿Quién es Simón Levy Dabbah?

Es un empresario, abogado y ex funcionario mexicano que en la última década ha sido una de las figuras más visibles en política, la inversión internacional y la promoción económica del país.

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Adán avaló empresas de Seguridad de líder de "La Barredora": El Universal..

Vínculos entre el exgobernador de Tabasco y actual líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y el exdirector de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la banda criminal "La Barredora", a través de empresas de seguridad privada que siguen operando, hoy.

Fuente: El Universal | 29/10/2025 | Reportero: Daniel Lizárraga.

 En 2019, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, nombró a Hernán Bermúdez Requena como director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a pesar de que este último, junto a su hermana Elba Guadalupe, controlaba —a través de presuntos prestanombres— cinco compañías de seguridad privada.

Ademas, López Hernández, en su carácter de notario público (Notaría 27 de Villahermosa), intervino en la constitución o validación de cambios en los consejos de administración de dos de estas cinco empresas (SEVIPRO e Impacto Seguridad Profesional), lo que sugiere que conocía su existencia y sus vínculos.

Las cinco sociedades anónimas relacionadas con los hermanos Bermúdez Requena son: Impacto Seguridad Profesional, SEVIPRO, Multicolores Integrados, Agentes de Protección y Sistemas Logísticos en Seguridad Privada.

Fueron creadas entre 1995 y 2009, y todas siguen formalmente abiertas según el registro público, incluso con Hernán y Elba Guadalupe Bermúdez Requena, y el difunto Ramón Requeijo Abad, en sus consejos de administración.

En junio de 2020, durante la gestión de López Hernández como gobernador, Agentes de Protección y SEVIPRO fueron incluidas en la lista de proveedores de Tabasco, aunque se especificó que sus licencias de operación estaban vencidas.

Vínculo criminal y asesinato que quedó en el olvido..

Un informe de inteligencia del Ejército (Guacamaya Leaks) señaló que los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez distribuían cocaína desde 1999.

Ramón Requeijo Abad, un policía de élite español y hombre de confianza de Hernán Bermúdez, fue el representante y administrador de Impacto Seguridad Profesional hasta su asesinato por asfixia en 2002 en Tlalnepantla, Estado de México.

 Requeijo Abad fue detenido en 1998 por amenazas y posesión ilegal de armas. En ese momento, se identificó como comandante judicial, pero la policía reconoció que era un agente de Impacto Seguridad Profesional, que brindaba vigilancia al entonces gobernador Roberto Madrazo. Fue liberado por orden de Hernán Bermúdez, entonces director del reclusorio.

Andrés Manuel López Obrador ya había alertado sobre la complicidad entre Requeijo, Hernán Bermúdez y Roberto Madrazo en su libro “Entre la Historia y la Esperanza”, señalando a Requeijo como el cerebro de la vigilancia en la Quinta Grijalva.

Las cinco empresas continúan formalmente abiertas a la fecha.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó haberles otorgado permisos para la portación de armas.

A pesar de las irregularidades y su operación con licencias vencidas en 2020, la Fiscalía y otras secretarías en Tabasco han rechazado tener relación con ellas.

El Universal trae el tema con garra…, recomiendo leer completo el reportaje

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Las columnas políticas hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Confidencial/ El Financiero

Diputados, ¿y el Comité de Ética?

A los diputados faltistas se les puede sancionar, advierte su presidenta, la panista Kenia López Rabadán. “Es claro el reglamento: la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados habrá de ejecutar una sanción para algún legislador o legisladora, cuando esa sanción sea definida por el Comité de Ética”. El detalle es que este comité no existe en San Lázaro. “Todos sabemos que no se ha constituido el Comité de Ética y yo, de manera muy respetuosa, lo digo de verdad de manera institucional, ojalá y se logren los acuerdos para que se constituya”. A ver si se ponen de acuerdo.

Porque ‘es un gran compañero’

Ante las protestas de colectivos feministas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del escritor Paco Ignacio Taibo II, quien la semana pasada, en la “mañanera del pueblo”, hizo declaraciones que demeritan la capacidad de las mujeres para escribir un buen libro. Mientras en las calles poetas, narradoras, académicas y activistas feministas exigieron la destitución del director del Fondo de Cultura Económica, la mandataria rechazó la idea: “No, no, para nada. Es un gran compañero. Ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras mujeres mexicana”, atajó.

Reproche entre consejeros

El trabajo de Jorge Montaño Ventura al frente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE fue criticado por su compañera consejera Dania Ravel y lo calificó como deficiente. La molestia radica en que, a un mes de haber iniciado los trabajos para designar a 17 consejerías de los OPLE, en la sesión de ayer se presentó un documento incompleto que omitía los consensos a los que se había llegado para la designación en algunos estados. Se ve que hay buen ambiente laboral.

El Mundial, sin guías de turistas

Ya viene el Mundial y el INBAL decidió dejar a más de 13 mil guías de turistas fuera de la Red Nacional de Museos y Zonas Arqueológicas. Más de mil “embajadores y difusores de la cultura” del país denunciaron ante la Cámara de Diputados que se les impuso un reglamento unilateral para hacer su labor, que les cobrarán por entrar a los centros culturales y que ordenaron condiciones “difíciles de cumplir”. Otra prueba de que el gobierno busca “sacar dinero hasta debajo de las piedras”, lamentaron las priistas Gabriela Galván y Mónica Sandoval.

Más denuncias contra Adán

El líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sigue acumulando denuncias en su contra. Ahora se suma, otra más, de la exdiputada panista María Elena Pérez-Jaén, quien presentó una denuncia ante la Contraloría Interna de la Cámara alta. “La vine a ingresar por las presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y fiscales”, dijo. Afirmó que la denuncia es en seguimiento a las 37 que ya presentó ante la FGR, pues agotará “todas las instancias”. Al tabasqueño, por cierto, no se le vio muy preocupado.

En defensa del refresco

Quien se sumó a la defensa de los refrescos en la discusión del Paquete Económico 2026 en el Senado fue Manuel Añorve, líder de la bancada del PRI, quien hasta emitió un Facebook Live para afirmar que no hay una estrategia de salud tras los llamados impuestos saludables. El legislador resaltó que hasta colocó en su escritorio una latita roja, marcada son su apellido en blanco, como la actual publicidad del refresco que el expresidente López Obrador bautizó como “agua puerca”. Hasta en eso difieren.

A rendir cuentas de seguridad

Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno en la CDMX, hoy comparece en el Congreso capitalino el titular de Seguridad Pública, Pablo Vázquez, quien presentará resultados de su gestión, donde destaca una disminución de 12% en delitos de alto impacto en la ciudad, y de 10% en cuanto a reducción de homicidios. Ya veremos si la oposición lo recibe con dardos o si su comparecencia resulta un día de campo.

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Estrictamente Personal

El ‘conglomerado criminal’ sigue vivo/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, octubre 29, 2025 

Hace tiempo que nada se sabe de la investigación del contrabando de combustible, cuya red criminal se fraguó en los más altos niveles de la Marina y operaba bajo la sombra del secretario, el almirante Rafael Ojeda.

El gobierno ha tratado de que este caso se evapore de la opinión pública, y de contener el acto de corrupción más grande en la historia de México, en los sobrinos políticos del exsecretario, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna. Pero sería un error de la presidenta Claudia Sheinbaum pensar que la gangrena de la corrupción institucional la va a poder frenar con el olvido.

La estructura criminal que fue descubierta casi al azar por la necesidad de apaciguar al presidente Donald Trump y echar agua a su amenaza de imponer aranceles, quedándose en el nivel en el que buscan congelarla, es la afrenta más grande a la presidenta Sheinbaum, porque el enorme paraguas de protección que tenía la red y la trama de complicidades en los tres niveles de gobierno la desafió.

Se sintieron tan poderosos los criminales que, durante casi el primer semestre de su joven gobierno, siguieron contrabandeando combustible disfrazado de aceite. No lo lograron porque detrás de ella, para bien y para mal, estaba la Casa Blanca.

Las presiones de Estados Unidos a México para proceder penalmente contra funcionarios y políticos de Morena derivaron en el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, resultado de la investigación solitaria de una almirante inicialmente soslayada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, que abrió –sin saberlo en su momento– la cloaca que ahora quieren tapar.

Lo que ha encontrado la fiscalía general es una telaraña del horror en las entrañas del gobierno de López Obrador, ahogados en la corrupción militares, funcionarios federales, agentes aduanales, abogados, contadores y empresas legalmente establecidas que ganaron ilícitamente cientos de miles de millones de pesos.

La anatomía del contrabando de combustible está trazada en la orden de aprehensión en contra de 13 miembros de la Marina, incluidos los Farías Laguna, que en ese momento estaban en activo. Se trata de un documento de 512 páginas originado en la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, que señala que es una organización con estructura definida, encabezada por los hermanos Farías Laguna, cuya “organización criminal” se encuentra implicada en el ocultamiento de hidrocarburos a su entrada al país, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

Esta red, de acuerdo con la orden de aprehensión, es un “conglomerado criminal” gestado por lo menos desde hace dos años y “vigente aún”, que se encuentra dividida en “subcélulas”, que tienen perfectamente definidas sus funciones. Dentro de las que hasta el momento han sido identificadas, hay “células” de servidores públicos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y un método para la cooptación de autoridades y el transporte de hidrocarburos.

La telaraña construida en el gobierno obradorista sigue vigente y es altamente peligrosa, según la fiscalía general, que advierte atentados contra quienes la enfrenten.

“Existe un riesgo para las víctimas, los testigos y la comunidad, toda vez que estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para su protección y continuar funcionando”, advierte la fiscalía general en la orden de aprehensión. Entre las “circunstancias que rodean el hecho delictivo de manera periférica”, agrega, se encuentran los secuestros con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Este gran caso ha causado el asesinato de dos personas que estaban investigando el contrabando de combustible. Uno, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, fue asesinado poco después de haber denunciado institucionalmente la red de corrupción. La orden de aprehensión incluye un diagrama que dibujó de la red huachicolera, en cuyo centro ubicó al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, el Capitán Sol, que era intermediario entre los hermanos Farías Laguna y una veintena de oficiales, encargado de comunicaciones y sobornos.

La fiscalía general armó la estructura de mando criminal, encabezada por los hermanos Farías Laguna: Fernando, el frente de los negocios criminales –que está prófugo–, y Manuel Roberto, responsable de la administración y las finanzas de la red –que está detenido–. El segundo piso lo ocupaban Solano Ruiz, excoordinador externo de Aduanas, el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, enlace entre los titulares de las aduanas, y el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, director de Supervisión de Aduanas Marítimas. En el tercer piso estaban el civil Francisco Javier Antonio Martínez, gerente de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria de Tampico, y el capitán de navío Víctor Hugo Perry Pérez, titular de la Aduana en Ensenada.

Las revelaciones sobre el contrabando de combustible no empezaron con las denuncias del contralmirante Guerrero sino meses antes, cuando comenzó a circular un panfleto donde se denunciaba a los sobrinos políticos de Ojeda y a varios mandos navales. El secretario se indignó y buscó chivos expiatorios, pero no la destruyó. Al contrario, la solapó y encubrió, como hizo el gobierno de López Obrador. Era un gran negocio que alimentaba la maquinaria de Morena y llenaba los bolsillos de algunos próceres del movimiento. Entre 2019, cuando empezó el contrabando de combustible, y 2023, solamente el tráfico de diésel generó más de 71 mil millones de pesos en impuestos no pagados.

Demasiado dinero para que alguien tratara de acabarlo y demasiados involucrados para dejar cabos sueltos. Las muertes de Abraham Jeremías Pérez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, que oficialmente se suicidó, y del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, que oficialmente murió durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, siguen siendo un misterio.

Las muertes extrañas han parado, coincidiendo con el interés de topar la investigación en los hermanos Farías Laguna. Pero nada está dicho. El negocio continúa y las ganancias también. “Un poco menos”, dijo recientemente la presidenta, reconociendo que no han podido erradicarlo. Tampoco los riesgos, ante la capacidad de fuego considerable de los grandes beneficiarios de esta red criminal.